José Luis Hernández
Expediente 626/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 22 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 626/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 29/06/2023
Partes del expediente
- José Luis Hernández
- José Luis Hernández y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación con que se da cuenta, se desprende que los quejosos ********************, no se inconformaron en contra de la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés (fojas 130 a 132), emitida dentro del juicio de amparo 626/2022-I, en la que se declaró la imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia protectora de amparo; en consecuencia, conforme a lo establecido en los artículos 196, 201 y 202 de la Ley de Amparo, se tiene por consentido dicho fallo. En virtud de lo anterior, toda vez que no existen cuestiones pendientes por resolver, ni mandatos por cumplimentar, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido, ya que, como se vio, la resolución protectora ha sido cumplida; por tanto, se ordena su archivo. En otro orden, de conformidad con el artículo 17, fracción III, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diez de mayo de dos mil veintitrés, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el siete de junio del mismo año, se determina que el presente expediente es susceptible de conservación, ya que se concedió la protección constitucional. En la inteligencia de que una vez transcurrido el término de tres años, este Juzgado de Distrito deberá realizar su transferencia al depósito documental designado para tal efecto, de conformidad en lo dispuesto por el numeral 26 del referido acuerdo. Finalmente, cabe precisar que el artículo 20, párrafo segundo, del Acuerdo General antes aludido, establece que en el acuerdo de archivo de los expedientes judiciales deberá constar la orden de notificación personal a las partes para acudir al órgano jurisdiccional dentro del plazo de noventa días naturales a recuperar los documentos originales que en su caso hubieren exhibido en el expediente, con el apercibimiento que de no hacerlo en el término indicado éstos serán destruidos; sin embargo, toda vez que en el juicio en que se actúa no existen documentos originales presentados por las partes, es innecesaria dicha notificación personal. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, secretario que actúa y da fe.
- Principal
De conformidad con el artículo 27, fracción I, inciso C), de la Ley de Amparo, notifico a la parte quejosa, el proveído dictado el treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, por medio de lista, al no haber acudido a este Juzgado de Distrito a recibir la notificación respectiva de manera personal.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado actual que guardan los autos se desprende que el acto reclamado con la demanda de derechos fundamentales del expediente que nos ocupa, se hicieron consistir en la ilegal retención de los quejosos José Luis Hernández y Dalmer Manuel Flores Vargas. Previos los trámites legales correspondientes, el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós (fojas 65 a 79), se dictó sentencia dentro de dicho juicio de amparo, en la cual se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, para los siguientes efectos: "Hagan saber a los quejosos José Luis Hernández y Dalmer Manuel Flores Vargas, la posibilidad de ejercer su derecho a continuar el procedimiento migratorio fuera de las Instalaciones de la Estancia Migratoria en la que se le alojó, siempre y cuando cumpla con los requisitos legales establecidos en el artículo 102 de la Ley de Migración, como son otorgar garantía suficiente en la forma legalmente establecida (póliza de fianza, billete de depósito o cualquier otro medio permitido legalmente) a consideración de la autoridad; establecer el domicilio en el que permanecerá, no ausentarse de dicho lugar sin previa autorización de la autoridad; presentar responsiva firmada por un mexicano u organización de este país; una vez informado ello; con libertad de jurisdicción determine lo que en derecho proceda. Asimismo, tampoco se soslaya que actualmente los quejosos José Luis Hernández y Dalmer Manuel Flores Vargas, se encuentran en libertad, esto es, fuera de la estancia provisional migratoria; sin embargo, ello obedece a la concesión de la suspensión de plano otorgada por este órgano de control constitucional y no con motivo de una determinación de la autoridad responsable" Por lo que, al causar ejecutoria el día veintiocho de marzo del año en curso (fojas 111 y 112), como lo dispone el artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se requirió el cumplimiento a tal determinación. En proveído de diecisiete de mayo de dos mil veintitrés (foja 125), se tuvo por recibido el correo electrónico enviado por el licenciado Víctor Hugo Pérez Guerrero, agente Federal de Migración, de esta ciudad, por medio del cual, en acatamiento a lo requerido por este Juzgado de Distrito, informó el impedimento que tenía para dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto. Las razones que dio para ello, se encuentran contenidas en la actuación que llevó a cabo el treinta de marzo de dos mil veintitrés, en la que, entre otras cosas, asentó que no pudo notificar a los quejosos José Luis Hernández y Dalmer Manuel Flores Vargas, los efectos de la sentencia emitida en este asunto; esto es, hacer de su conocimiento la posibilidad de ejercer su derecho a continuar el procedimiento migratorio fuera de las Instalaciones de la Estancia Migratoria en la que se le alojaron, siempre y cuando cumplieran con los requisitos legales establecidos en el artículo 102 de la Ley de Migración, como eran otorgar garantía suficiente en la forma legalmente establecida (póliza de fianza, billete de depósito o cualquier otro medio permitido legalmente) a consideración de la autoridad; establecer el domicilio en el que permanecerían, no ausentarse de dicho lugar sin previa autorización de la autoridad; presentar responsiva firmada por un mexicano u organización de este país; una vez informado ello; con libertad de jurisdicción determinar lo que en derecho proceda; lo anterior, porque dichos agraviados, salieron de la estación provisional migratoria, perteneciente a esa oficina de representación local, el pasado veintidós de junio de dos mil veintidós, una vez que dieron cumplimiento con lo establecido en la suspensión de plano otorgada por este Tribunal Federal en el asunto que nos ocupa. Asimismo, porque los mencionados quejosos nunca se presentaron a firmar ante esa autoridad administrativa migratoria; además precisó, que los mencionados peticionarios del amparo, ya no pudieron ser localizados en los domicilios que habían ofrecido y en donde refirieron esperarían el final de su juicio de amparo. Con ello se le dio vista a las partes por el término de tres días, para que manifestaran lo que a su interés legal conviniera, sin que las mismas la hubieran desahogado, tal y como se advierte de la certificación de cuenta, no obstante de que el proveído respectivo les fuera notificado de manera personal. Una vez analizadas las constancias de mérito, se estima que la autoridad responsable representante de la Oficina Local del Instituto Nacional de Migración, en Matamoros, Tamaulipas, se encuentra imposibilitado para acatar en sus términos el fallo protector emitido en esta contienda, conforme a lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, en virtud de que la misma no pudo hacerle saber a los aquí quejosos la posibilidad de ejercer su derecho a continuar el procedimiento migratorio fuera de las Instalaciones de la Estancia Migratoria en la que se le alojaron, siempre y cuando cumplieran con los requisitos legales establecidos en el artículo 102 de la Ley de Migración, como eran otorgar garantía suficiente en la forma legalmente establecida (póliza de fianza, billete de depósito o cualquier otro medio permitido legalmente) a consideración de la autoridad; establecer el domicilio en el que permanecerían, no ausentarse de dicho lugar sin previa autorización de la autoridad; presentar responsiva firmada por un mexicano u organización de este país; una vez informado ello; con libertad de jurisdicción determinar lo que en derecho proceda. Lo anterior es así, en virtud de que dichos peticionarios del amparo nunca se presentaron a firmar ante esa autoridad administrativa migratoria, en las fechas que refirió; asimismo, porque los mencionados quejosos, ya no pudieron ser localizados en los domicilios que habían ofrecido y en donde refirieron esperarían el final de su juicio de amparo. Atento a las consideraciones expuestas, se reitera, se declara la imposibilidad jurídica para cumplir con la sentencia protectora del presente juicio de amparo; en ese sentido, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Lo anterior encuentra sustento además, en la jurisprudencia 90/2007, aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 140, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Materia Común, junio de 2007, Novena Época, que a la letra dice: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO. De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración. Ello es así porque conforme a la Ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho conviniera y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla." En resumen, para efectos estadísticos, se precisa: La sentencia protectora se dictó el diecinueve de septiembre de dos mil veintidós. 2. Dicho fallo causó ejecutoria el veintiocho de marzo del año actual. 4. El oficio relativo al cumplimiento se recibió el quince de mayo de dos mil veintitrés. 5. La data de la última notificación relativa a la vista del cumplimiento es dieciocho de mayo de dos mil veintitrés; y, 6. Finalmente, en esta propia fecha, que lo es treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, se declaró la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio. Finalmente, en congruencia con lo que antecede, hágase saber a la parte quejosa que cuenta con el término de quince días para interponer el recurso de inconformidad en contra del presente pronunciamiento, de conformidad con los numerales 201 y 202 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Notifíquese personalmente. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el correo electrónico enviado por el licenciado Víctor Hugo Pérez Guerrero, Agente Federal de Migración, al que anexa el acuerdo emitido el treinta de marzo de dos mil veintitrés, dentro del expediente INM/DFTAM/CUB/105/2019; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Ahora bien, de dicha determinación se observa que el Encargado de la Oficina del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, en acatamiento a lo requerido por este Juzgado en proveído de veintiocho de marzo de dos mil veintitrés, informa el impedimento que tiene para dar cumplimiento al fallo protector emitido en el presente asunto. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes, por el término de tres días para que manifiesten lo que a su interés legal convenga; en la inteligencia que este órgano jurisdiccional en el momento procesal oportuno, procederá a analizar de oficio sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables. Notifíquese personalmente.Así lo acuerda y firma el Juez Francisco Javier Cavazos Argüelles, Titular del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jorge Gabriel Béjar Gómez, Secretario que actúa y da fe. JuanPa
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