José Luis Guzmán Oramas

Expediente 748/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 10 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
748/2019
Año
2019
Actuaciones
10
Última actuación
26/01/2022

Partes del expediente

  • José Luis Guzmán Oramas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve los autos del presente juicio de amparo; asimismo adjunta copia certificada de la resolución dictada en el amparo en revisión 372/2019; en la cual el Tribunal de Alzada, resolvió en lo conducente: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Luis Guzmán Oramas, contra los actos y autoridades precisados en el resultando primero de esta ejecutoria." En consecuencia, acúsese recibo, regístrese su llegada; glósense únicamente las constancias originales que obran en el cuaderno de antecedentes derivado del juicio en que se actúa, toda vez que las demás son copias certificadas del propio expediente y carecen de valor institucional, por tanto, procédase a la destrucción de estas últimas y con apoyo en la fracción I, inciso k, del artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la ejecutoria de mérito y remítase copia de la ejecutoria de mérito a la autoridad responsable, realícense las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Décimo Octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de depuración y carece de relevancia documental, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término del cual deberán seguirse los lineamientos establecidos en el citado numeral del propio acuerdo. En tal virtud, hágase saber a las partes que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente distintas a la demanda y la sentencia, de igual forma, toda vez que en el presente asunto no se presentaron ni exhibieron documentos originales, no le es aplicable el plazo de noventa días hábiles que dispone el párrafo segundo del artículo vigésimo primero del referido acuerdo general para recuperarlos. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica a la secretaria que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. DEVOLUCIÓN DE CONSTANCIAS. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, devuélvase al Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, la copia certificada de la causa penal 1972/2017, que remitió en apoyo a su informe justificado, la cual obra por cuerda separada en un tomo. Notifíquese.

  2. Principal

    MESA 9.VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del juicio de amparo 748/2019-9 y un tomo de prueba por cuerda separada, e informa que dicho Tribunal admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto por Carlos Alberto Castro Castillo defensor particular de José Luis Guzmán Oramas parte quejosa en este asunto, el cual fue radicado bajo el número 372/2019 de lo que este órgano jurisdiccional se da por enterado para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    MESA 9.-VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 748/2019-9, promovido por José Luis Guzmán Oramas, contra actos de la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, por estimarlos violatorios de los artículos 1, 14, 16, 19, 20 apartado A, fracciones I, II, V, VI, VIII, IX y X, apartado B, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII, IX y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, RESULTANDO PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito recibido el veintitrés de mayo de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y turnado a este órgano jurisdiccional el veinticuatro siguiente, José Luis Guzmán Oramas solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y autoridad que a continuación se detallan: ACTO RECLAMADO 1 La emisión de la resolución dictada en los autos de la carpeta administrativa 1972/2017, de treinta de abril de 2019, en todo su contenido, consistente en la determinación de no pronunciarse sobre el sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal, en razón los supuestos señalados en el escrito de 06 de diciembre de 2018, pues no motiva ni fundamenta del por qué, no procede los argumentos del sobreseimiento aducidos respecto a la fracción I del artículo 327, del Código Nacional de Procedimientos Penales [.]." AUTORIDAD RESPONSABLE 1 Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco. SEGUNDO. ADMISIÓN DE LA DEMANDA. El seis de junio de dos mil diecinueve, previa aclaración, se admitió a trámite la demanda de que se trata, registrada con el número de expediente 748/2019-9; se requirió a la autoridad señalada como responsable para que rindiera informe justificado; se ordenó emplazar al tercero interesado; se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción; y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo verificativo en términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como en términos del Acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el quince de febrero de dos mil trece. Lo anterior, en virtud de que la autoridad responsable tiene su residencia en la circunscripción donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Antes de analizar lo referente a la certeza de los actos reclamados, es necesario precisar cuáles son éstos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74 , fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de garantías. Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como acto reclamado: La resolución dictada por la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco el treinta de abril de dos mil diecinueve, en la carpeta administrativa 1972/2017, que determina no procedente el sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal. TERCERO. CERTEZA DE ACTOS RECLAMADOS. Es cierto el acto reclamado al haberlo aceptado la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco (foja 33), lo cual se corrobora con la copia certificada de la causa penal 1972/2017, que remitió al mismo. Documentos que tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 130, 197, 202 y 217, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, ya que fueron expedidos por servidor público en ejercicio de las atribuciones que legalmente le competen. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Quinta Época, de rubro "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". De igual forma, sirve de apoyo la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el número 278, en el Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, página 231, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO". CUARTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. El presente juicio carece de causal de improcedencia aducida por las partes y atendiendo a lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, tampoco se advierte de oficio la actualización de alguna. QUINTO. ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO. De las constancias certificadas de la causa penal 1972/2017 remitida por la juez de mérito, se advierte los siguientes antecedentes al caso: 1.- El seis de diciembre de dos mil dieciocho, el quejoso José Luis Guzmán Oramas, por conducto de su defensor particular, presentó escrito relativo a la carpeta administrativa 1972/2017 del índice del Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, mediante el cual solicitó el sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal (fojas 372 a 384 del tomo de pruebas). 2.- El siete de diciembre de dos mil dieciocho, el Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco determinó que no ha lugar a acordar procedente dicha petición en razón que el supuesto mencionado no reúne los requisitos exigidos por el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales (foja 385 del tomo de Pruebas). 3.- Inconforme con dicha determinación el quejoso interpuso amparo indirecto 1959/2018-9, del índice de este Juzgado, el cual fue admitido a trámite el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 435 a 455 del tomo de pruebas). 4.- El uno de abril de dos mil diecinueve, se concedió el amparo y protección del Justicia Federal al quejoso José Luis Guzmán Oramas, para los siguientes efectos: "Por lo anterior, al resultar fundados los conceptos de violación suplidos en su deficiencia en términos del artículo 79, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo, lo procedente es otorgar el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados a fin de que el Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, restituya a los quejosos en el goce de los derechos constitucionales, los cuales fueron transgredidos en su perjuicio y en consecuencia, se dejen las cosas en el estado en que estaban hasta antes de la existencia del acto reclamado. Esto es, para el efecto de que deje insubsistente las determinaciones de treinta de noviembre y siete de diciembre de dos mil dieciocho, dictadas en los autos de la carpeta de administrativa 1972/2017 de su índice, y  Con plenitud de jurisdicción emita otros debidamente fundados y motivados, en los que resuelva sobre la petición de sobreseer la causa por extinción de la acción penal." 5.- En cumplimiento a tal determinación la responsable emitió la siguiente determinación, en cuanto al aquí quejoso José Luis Guzmán Oramas: "Acuerdo concerniente al acto reclamado consistente en el acuerdo del siete de diciembre de dos mil dieciocho. Primero. Se tiene por recibido a las trece horas con siete minutos del seis de diciembre del año en curso, el escrito presentado por el defensor particular del acusado José Luis Oramas, licenciado Carlos Alberto Castro Castillo, mediante el cual manifiesta que acuerde a las causas que motivaron el diferimiento de la audiencia de veintiséis de noviembre del dos mil dieciocho, consistente en la no comparecencia de la fiscalía, solicita el sobreseimiento de la causa por extinción de la acción penal. En consecuencia dígasele al citado profesionista que no ha lugar acordar favorable su petición en razón que el supuesto mencionado no reúne los requisitos exigidos por el artículo 327 del Código de Procedimientos Penales en vigor, pues de la literalidad al numeral antes previsto, se advierte que: El sobreseimiento procederá cuando: I. El hecho no se cometió II. El hecho cometió no constituye delito; III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado IV. El imputado no esté exento de responsabilidad penal, V. Agotada, la investigación del Ministerio Público estime que no cuenta con elementos suficientes para fundar una acusación; VI. Se hubiese extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; VII. Una ley o una reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso: VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado: IX. Muerte del imputado o; X. En los demás casos en lo que lo disponga la ley. Luego entonces, del análisis a lo expuesto por el profesionista antes aludido se advierte que con oficio FGE/TAB/1617/2018, del diecisiete de octubre del año próximo pasado y presentado en este Juzgado de control el veintitrés del citado mes y año se tuvo al Fiscal General del Estado por presentando acusación en la presente causa penal 1972/2017 y acordada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho; debidamente notificado al citado profesionista por comparecencia voluntaria ante este Juzgado de control y si bien el veintitrés de noviembre del año en curso fue diferida la audiencia intermedia, cierto es también que en la misma fue reprogramada la audiencia para el diez de diciembre de dos mil dieciocho y que además estado presente el hoy promovente en la audiencia diferida manifestó únicamente que solicitaba copia de audio y video; sin pasar desapercibido que en la fecha programada fue también diferida por incomparecencia del multicitado defensor particular; ante ello, su argumento no es atinente a pensar jurídicamente que por el momento nos encontramos en los supuestos que refiere en su escrito , previsto en las fracciones I, y III del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales; por lo que se definiría hasta en tanto se resuelva en definitiva la presente causa penal; reiterándose que no ha lugar a decretar el sobreseimiento solicitado por el defensor particular licenciado Carlos Alberto Castro Castillo. [.] (foja 675 del tomo de pruebas). Lo que constituye el acto reclamado. 6.- En diez de mayo de dos mil diecinueve, se declaró cumplida la ejecutoria en el amparo 1959/2018-9 (fojas 744 y 745 del tomo de pruebas). SEXTO. PLANTEAMIENTO Y DECISIÓN DE ESTE ORGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL. En términos generales, la parte quejosa aduce que la juez responsable transgrede en su perjuicio los artículos 1, 14, 16, 19 y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Al respecto, esencialmente el quejoso alega como conceptos de violación que al haberse solicitado el sobreseimiento de la causa la responsable debió de haber actuado conforme a lo que le exige la norma adjetiva; sin que haya motivado y fundado el por qué no procede el sobreseimiento denunciado en las fracciones I, III, V y VI, del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que debió citar los preceptos legales aplicables al caso, así como motivar su determinación, señalar con precisión las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas en forma pormenorizadas que haya tenido en consideración para la emisión de la resolución que se impugna; por lo que, al haberse acreditado la falta de fundamentación y motivación la misma no cumple con las formalidades esenciales del procedimiento por violaciones a sus derechos y garantías constitucionales. Es infundado el concepto de violación precitado, ya que el acto reclamado no vulnera los derechos fundamentales que aduce, como se advierte de las consideraciones que se exponen a continuación. En efecto, el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.". El precepto trascrito contiene el derecho fundamental a la legalidad, consistente en que todo acto de autoridad debe estar fundado y motivado. La exigencia de fundamentación se entiende como el deber que tiene la autoridad de expresar, en el mandamiento escrito, los preceptos legales que regulen el hecho y las consecuencias jurídicas que pretenda imponer. Presupuesto que tiene su origen en el principio de legalidad que en su aspecto imperativo consiste en que las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite. Mientras que la exigencia de motivación se traduce en la expresión de las razones por las cuales la autoridad considera que los hechos en que basa su proceder se encuentran probados y son precisamente los previstos en la disposición legal que afirma aplicar. Asimismo, es necesaria una correlación entre los fundamentos jurídicos y los motivos de hecho, lo que supone un razonamiento de la autoridad para demostrar la aplicabilidad de los preceptos legales invocados a los hechos de que se trate. La anterior consideración tiene sustento en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el número 204, está publicada en el tomo VI, Materia Común, del Apéndice 2000 al Semanario Judicial de la Federación, página 166, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas". Consideraciones similares informan la jurisprudencia 1a./J. 139/2005, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, diciembre de dos mil cinco, página 162, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE". Debe distinguirse entre falta e indebida fundamentación y motivación en los actos de autoridad; la falta de dichos presupuestos constitucionales es la omisión total de expresar el dispositivo legal aplicable al particular y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso se ajusta a la hipótesis normativa. En cambio, la indebida fundamentación ocurre cuando la autoridad invoca precepto legal, pero resulta inaplicable al caso, mientras que la indebida motivación se actualiza cuando la autoridad expresa razones para emitir su acto, sin embargo éstas no se adecuan a la hipótesis normativa o bien ésta se interpreta en forma errónea. En ese contexto, se considera que la resolución reclamada se encuentra suficientemente fundada y motivada, pues la autoridad responsable para la emisión de la misma se apoyó en lo dispuesto en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y señaló que por el momento no se encuentra en los supuestos que refiere en su escrito, previsto en las fracciones I y III del citado numeral, sino que se definiría hasta en tanto se resolviera en definitiva la causa penal, por lo que no ha lugar a decretar el sobreseimiento solicitado. Además tomando en consideración que dicho proveído que ahora reclama fue emitido en cumplimiento al diverso juicio de amparo 1959/2018, del índice de este juzgado, el cual fue concedido para el efecto de que con plenitud de jurisdicción resolviera sobre la petición de sobreseer la causa por extinción de la acción penal; lo cual la responsable realizó, pues como ya se dijo determinó que por el momento no se encuentra en ninguno de los supuesto del numeral 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En virtud de que el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, se tuvo al Fiscal General del Estado presentando acusación en la causa penal 1972/2017, la cual fue acordada el veinticuatro siguiente; y que el veintitrés de noviembre fue diferida la audiencia intermedia y reprogramada para el diez de diciembre de dos mil dieciocho, y que en la fecha programada fue diferida por la incomparecencia también del defensor particular, es por ello que la responsable determinó que su argumento no es atinente a pensar jurídicamente que por el momento se encuentra en los supuestos del artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin que pase inadvertido que en el diverso juicio de amparo 1959/2018, del índice de este Juzgado se haya concedido la protección constitucional para que se resolviera debidamente fundado y motivado sobre la petición de sobreseer la causa por extinción de la acción penal, en virtud de que la sentencia que otorga la protección constitucional contra un acto que carece de fundamentación y motivación, tendrá el efecto de dejar insubsistente el acto reclamado y que la autoridad dicte nueva resolución subsanando los vicios formales que le afectaron, por lo que lo alegado en el presente juicio de amparo relativo a que el acto reclamado no se encuentra debidamente fundado y motivado, dado que ello fue la materia del juicio de amparo anterior que promovió. En efecto, de la resolución reclamada se desprende que la autoridad responsable al emitirla fundó su determinación en el artículo 327 del Código Nacional de Procedimientos Penales, asimismo dio los motivos por los cuales no era procedente lo solicitado respeto al sobreseimiento de la causa penal por extinción de la acción penal. Pues dicho numeral señala las causa por las cuales procede el sobreseimiento: I. El hecho no se cometió; II. El hecho cometido no constituye delito; III. Apareciere claramente establecida la inocencia del imputado; IV. El imputado no esté exento de responsabilidad penal; V. Agotada, la investigación del Ministerio Público estime que no cuenta con elementos suficientes para fundar una acusación; VI. Se hubiese extinguido la acción penal por alguno de los motivos establecidos en la ley; VII. Una ley o una reforma posterior derogue el delito por el que se sigue el proceso; VIII. El hecho de que se trata haya sido materia de un proceso penal en el que se hubiera dictado sentencia firme respecto del imputado; IX. Muerte del imputado, o X. En los demás casos en lo que lo disponga la ley. Pues tal y como lo consideró la responsable no se dan los supuestos señalados por el quejoso específicamente las fracciones I y III, por lo que tuvo a bien determinar que no había lugar a decretar el sobreseimiento solicitado. De ahí que se estimen infundados los conceptos de violación planteados por el impetrante de amparo. En las relacionadas circunstancias, se niega al quejoso la protección de la Justicia Federal solicitada. SÉPTIMO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de seis de junio de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio de amparo, se les señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales, conforme lo establece el artículo 8° de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; no obstante, omitieron manifestarse al respecto. Empero, conforme lo establecen los artículos 6°, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 18 del ordenamiento legal antes invocado y 8° del reglamento precitado, los órganos jurisdiccionales deben proteger dicha información en las constancias y actuaciones judiciales, con independencia de que las partes se opongan expresamente a la publicación de sus datos personales; por ende, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio identificado con el número 01/2011, emitido por el Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, al resolver la Clasificación de Información 241/2010-J, de veintisiete de enero de dos mil once, bajo el rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONEN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a José Luis Guzmán Oramas, respecto del acto reclamado y la autoridad responsable precisada en el resultando PRIMERO, por las razones y fundamentos establecidos en el considerando SEXTO de este fallo. SEGUNDO. En atención a lo señalado en último considerando de esta resolución, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales.

  4. Principal

    MESA 9.-VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Vistos: agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Juez de Control de la Región Nueve de Centro, Tabasco, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento efectuado en proveído de quince de julio del año en curso (foja 72), remite copia certificada de la causa penal 1972/2017 de su índice; por tanto con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se imponga de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la constancia que anexó, de la que se hará relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora, en virtud de lo voluminoso de la constancia remitida por la autoridad oficiante, para facilitar el manejo del presente juicio, fórmese el tomo I de pruebas por cuerda separada de este asunto.

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