José Luis Guzmán Medina
Expediente 163/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 163/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de San Luis Potosí · San Luis Potosí
Partes del expediente
- José Luis Guzmán Medina
Actuaciones
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, veintisiete de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede, se advierte que el auto de doce de abril de dos mil veintiuno por el que se desechó la demanda de amparo, promovida por ..., no fue recurrido dentro del término de cinco días, previsto en el numeral 98 de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. En ese contexto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente concluido, el cual NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, dado que no se encuentra en ninguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21 inciso d), del acuerdo en cita, el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir de que se ordenó su archivo, puesto que se determinó desechar la demanda de amparo; en ese orden de ideas, una vez cumplido dicho término, dentro de los treinta días siguientes, deberá ser destruido, de acuerdo a lo que ordena el artículo 8.1.2 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de abril de dos mil veintiuno. Demanda de Amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ..., contra actos que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial con residencia en el municipio de Cárdenas, San Luis Potosí y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 163/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. Dicho artículo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y, de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Lo anterior, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte de forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y que debe interpretarse en su integridad, por lo que, si la parte quejosa señala de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el juez de distrito lo corrija, a fin de que el promovente no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. En esta tesitura, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado es el acuerdo dictado el treinta de marzo de dos mil veintiuno por el Juez Mixto de Primera Instancia de del Cuarto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Cárdenas, en el juicio extraordinario civil 436/2019 de su índice, en el que desechó de plano el recurso de revocación que interpuso el demandado (aquí quejoso) en contra del acuerdo de veintitrés de marzo del año en cita, en el que no le acordó favorable la exhibición que hizo de las rentas del inmueble materia de la litis, con el fin de dar por terminado el controvertido. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, los que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Esto es así, dado que de la lectura de la demanda de amparo, de entre lo que se destaca los antecedentes del acto reclamado, que el quejoso expresó "bajo protesta de decir verdad"; se advierte que éste es parte procesal del juicio civil de génesis (demandado), y que no promueve su demanda ostentándose como tercero extraño a juicio, ni en estricto sentido ni por equiparación. Además no se advierte que en el acuerdo que se señala como acto reclamado: a) Se haya tenido por cumplida la sentencia que resolvió el juicio extraordinario civil por desocupación 436/2019 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Cárdenas; o b) Que se haya decretado la imposibilidad del cumplimiento de dicha sentencia; o c) Que el juez natural del proceso haya ordenado el archivo definitivo del expediente. En esta tesitura, se aprecia que no se está en el supuesto para la procedencia del juicio de garantías, porque una vez iniciada la etapa de ejecución de sentencia, conforme a la ley de la materia, resulta improcedente el juicio de amparo en contra de resoluciones dictadas o actuaciones practicadas intermedias en ese periodo; puesto que el controvertido constitucional únicamente resulta procedente frente a la última resolución dictada en esa etapa de ejecución, en donde se podrán alegar las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Es importante destacar que el periodo que abarca la etapa de ejecución de sentencia, constituye la satisfacción de la obligación emanada del fallo dictado en el juicio respectivo, lo que estriba en un verdadero título que proviene directamente de la condena determinada en la sentencia y dicha ejecución puede llevarse a cabo de manera forzosa o voluntaria; es volitiva, cuando quien se encuentra obligado otorga cumplimiento espontáneamente; en cambio es forzosa, cuando la satisfacción se alcanza a través de los medios previstos por la ley con independencia de la voluntad del obligado o aún en su contra. En este orden de ideas, la etapa de ejecución inicia cuando existe la declaratoria por parte de la autoridad judicial de que el fallo dictado se ha elevado a la categoría de cosa juzgada, obligando a las partes a estar y pasar por lo fallado, con la consiguiente obligación para quien perdió la contienda, de efectuar el pronto y cabal cumplimiento en la satisfacción de la condena a favor del actor, pues es inconcuso que los derechos litigiosos emanados de la controversia, al dictarse el fallo y considerarse con efectos irrecurribles, en virtud del auto que la declara ejecutoriada, dota al enjuiciante de la posibilidad de pedir en el menor término posible y dentro de los cauces de la ley, el cumplimiento de la condena. Sobre esta tesitura, el periodo de ejecución debe entenderse como un lapso en el que debe privar la celeridad. El espíritu sobre la prontitud en la integración y término de dicha fase procesal se encuentra recogido en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuya finalidad primordial lo constituye el hecho de que el juicio de garantías indirecto resulta improcedente contra todos aquellos actos que tiendan a la obstrucción del proceso de ejecución del que se habla, limitando la posibilidad que las partes puedan acudir a su promoción, sino es frente a la última determinación dictada en el procedimiento ejecutorio respectivo, o sea, aquélla que decreta el cumplimiento total de lo sentenciado o en su defecto la imposibilidad para dar cumplimiento o se haya ordenado el archivo del expediente. Es así que la razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de garantías fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer el proceso de ejecución, por constituir el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, logra restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo en mente, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia a la última resolución que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que En este orden de ideas, el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, constituye una actuación proveniente de un órgano jurisdiccional y emitido en la etapa de ejecución de sentencia en el juicio natural, sin embargo y de acuerdo a las premisas anteriores este acto no constituye la última resolución de esa fase (de ejecución), pues en él no se ha aprobado el cumplimiento total de lo sentenciado o que se haya decretado la imposibilidad para ello u ordenado el archivo definitivo del expediente. Por lo que las violaciones procesales que en su caso pudieran derivar del acto tildado de ilegal, es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto hasta en tanto se pronuncie en el juicio natural el aludido mandato. Ahora, no debe pasarse inadvertido que la única circunstancia que exime al solicitante de protección constitucional para interponer el amparo sin esperar el dictado del último acuerdo en la ejecución de sentencia (habiendo sido parte en el proceso) es cuando éste no haya sido llamado a juicio o habiendo sido emplazado no se haya realizado conforme a las reglas que marca el procedimiento, lo que en el caso en concreto no acontece, en virtud de que las propias aseveraciones del quejoso se advierte que compareció al juicio de origen como parte procesal De ahí que sea notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de amparo promovido por la quejosa, ello de acuerdo a lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se desecha la demanda de amparo promovida por José Luis Guzmán Medina, en contra de los actos que reclama al Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Cárdenas y otra autoridad; ello con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del trámite el resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 constitucional. Autorizados. Ahora bien, por cuanto hace a la autorización en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que el quejoso pretende realizar respecto de ..., se advierte que no proporciona los números de cédula profesional respectivos, o en su defecto el número de registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; y en tales condiciones, no es posible realizar la consulta correspondiente en Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de verificar si dichas personas cuentan con el requisito en mención. Atento a lo anterior, se tiene a . como autorizados de la parte quejosa, únicamente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 del citado ordenamiento legal, es decir, a efecto de oír y recibir notificaciones. De igual manera, se tiene a ..., como autorizado para oír notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado el peticionario de amparo. Domicilio. Del mismo modo, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Morelos, número 23, colonia Francisco Villa, de esta ciudad, código postal 79010. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA.- CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA ESTA DETERMINACIÓN AL QUEJOSO QUE DICE: Número de expediente: 163/2021 Acuerdo: Ciudad Valles, San Luis Potosí, doce de abril de dos mil veintiuno. Demanda de Amparo. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por ..., contra actos que reclama del Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial con residencia en el municipio de Cárdenas, San Luis Potosí y otra autoridad, que considera violatorios en su perjuicio de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Registro. Atento a lo anterior, se ordena formar y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes respectivamente, bajo el número 163/2021. Digitalización. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Desechamiento. Ahora bien, del examen integral que ordena el artículo 113 de la Ley de Amparo, resulta necesario analizar si es procedente o no la demanda de amparo en cuestión, para estar en aptitud legal de proveer lo que en derecho corresponda sobre su admisión o desechamiento. Dicho artículo dispone lo siguiente: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Del dispositivo transcrito se advierte que el juez de distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo y, de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano. Lo anterior, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte de forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda y que lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. La jurisprudencia transcrita indica que la demanda de amparo es un todo y que debe interpretarse en su integridad, por lo que, si la parte quejosa señala de manera imprecisa o errónea el acto que combate, pero del análisis integral del escrito correspondiente se advierte el error en que incurrió, lo correcto es que el juez de distrito lo corrija, a fin de que el promovente no vea obstaculizado su derecho de acceso a la justicia. En esta tesitura, del análisis de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado es el acuerdo dictado el treinta de marzo de dos mil veintiuno por el Juez Mixto de Primera Instancia de del Cuarto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Cárdenas, en el juicio extraordinario civil 436/2019 de su índice, en el que desechó de plano el recurso de revocación que interpuso el demandado (aquí quejoso) en contra del acuerdo de veintitrés de marzo del año en cita, en el que no le acordó favorable la exhibición que hizo de las rentas del inmueble materia de la litis, con el fin de dar por terminado el controvertido. Precisado lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo, éste último interpretado en sentido contrario, los que establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; Esto es así, dado que de la lectura de la demanda de amparo, de entre lo que se destaca los antecedentes del acto reclamado, que el quejoso expresó "bajo protesta de decir verdad"; se advierte que éste es parte procesal del juicio civil de génesis (demandado), y que no promueve su demanda ostentándose como tercero extraño a juicio, ni en estricto sentido ni por equiparación. Además no se advierte que en el acuerdo que se señala como acto reclamado: a) Se haya tenido por cumplida la sentencia que resolvió el juicio extraordinario civil por desocupación 436/2019 del índice del Juzgado Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Cárdenas; o b) Que se haya decretado la imposibilidad del cumplimiento de dicha sentencia; o c) Que el juez natural del proceso haya ordenado el archivo definitivo del expediente. En esta tesitura, se aprecia que no se está en el supuesto para la procedencia del juicio de garantías, porque una vez iniciada la etapa de ejecución de sentencia, conforme a la ley de la materia, resulta improcedente el juicio de amparo en contra de resoluciones dictadas o actuaciones practicadas intermedias en ese periodo; puesto que el controvertido constitucional únicamente resulta procedente frente a la última resolución dictada en esa etapa de ejecución, en donde se podrán alegar las violaciones cometidas durante ese procedimiento. Es importante destacar que el periodo que abarca la etapa de ejecución de sentencia, constituye la satisfacción de la obligación emanada del fallo dictado en el juicio respectivo, lo que estriba en un verdadero título que proviene directamente de la condena determinada en la sentencia y dicha ejecución puede llevarse a cabo de manera forzosa o voluntaria; es volitiva, cuando quien se encuentra obligado otorga cumplimiento espontáneamente; en cambio es forzosa, cuando la satisfacción se alcanza a través de los medios previstos por la ley con independencia de la voluntad del obligado o aún en su contra. En este orden de ideas, la etapa de ejecución inicia cuando existe la declaratoria por parte de la autoridad judicial de que el fallo dictado se ha elevado a la categoría de cosa juzgada, obligando a las partes a estar y pasar por lo fallado, con la consiguiente obligación para quien perdió la contienda, de efectuar el pronto y cabal cumplimiento en la satisfacción de la condena a favor del actor, pues es inconcuso que los derechos litigiosos emanados de la controversia, al dictarse el fallo y considerarse con efectos irrecurribles, en virtud del auto que la declara ejecutoriada, dota al enjuiciante de la posibilidad de pedir en el menor término posible y dentro de los cauces de la ley, el cumplimiento de la condena. Sobre esta tesitura, el periodo de ejecución debe entenderse como un lapso en el que debe privar la celeridad. El espíritu sobre la prontitud en la integración y término de dicha fase procesal se encuentra recogido en la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuya finalidad primordial lo constituye el hecho de que el juicio de garantías indirecto resulta improcedente contra todos aquellos actos que tiendan a la obstrucción del proceso de ejecución del que se habla, limitando la posibilidad que las partes puedan acudir a su promoción, sino es frente a la última determinación dictada en el procedimiento ejecutorio respectivo, o sea, aquélla que decreta el cumplimiento total de lo sentenciado o en su defecto la imposibilidad para dar cumplimiento o se haya ordenado el archivo del expediente. Es así que la razón que inspiró la creación de la regla de procedencia anterior fue impedir que el juicio de garantías fuera utilizado como instrumento para retardar o entorpecer el proceso de ejecución, por constituir el resultado de un mecanismo a través del cual el Estado dirime conflictos suscitados entre particulares y, de esa forma, logra restablecer la estabilidad quebrantada como consecuencia de éstos, la sociedad está interesada en que su ejecución se realice con celeridad, en el menor tiempo posible. Con ese motivo en mente, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia a la última resolución que pusiera fin a ese procedimiento, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el mismo que En este orden de ideas, el acuerdo de treinta de marzo de dos mil veintiuno, constituye una actuación proveniente de un órgano jurisdiccional y emitido en la etapa de ejecución de sentencia en el juicio natural, sin embargo y de acuerdo a las premisas anteriores este acto no constituye la última resolución de esa fase (de ejecución), pues en él no se ha aprobado el cumplimiento total de lo sentenciado o que se haya decretado la imposibilidad para ello u ordenado el archivo definitivo del expediente. Por lo que las violaciones procesales que en su caso pudieran derivar del acto tildado de ilegal, es susceptible de combatirse a través del juicio de amparo indirecto hasta en tanto se pronuncie en el juicio natural el aludido mandato. Ahora, no debe pasarse inadvertido que la única circunstancia que exime al solicitante de protección constitucional para interponer el amparo sin esperar el dictado del último acuerdo en la ejecución de sentencia (habiendo sido parte en el proceso) es cuando éste no haya sido llamado a juicio o habiendo sido emplazado no se haya realizado conforme a las reglas que marca el procedimiento, lo que en el caso en concreto no acontece, en virtud de que las propias aseveraciones del quejoso se advierte que compareció al juicio de origen como parte procesal De ahí que sea notoria y manifiesta la causa de improcedencia del juicio de amparo promovido por la quejosa, ello de acuerdo a lo previsto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, se desecha la demanda de amparo promovida por José Luis Guzmán Medina, en contra de los actos que reclama al Juez Mixto de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial del Estado de San Luis Potosí, con residencia en Cárdenas y otra autoridad; ello con el objeto de que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del trámite el resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por el derecho de prontitud en la impartición de justicia, previsto en el artículo 17 constitucional. Autorizados. Ahora bien, por cuanto hace a la autorización en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, que el quejoso pretende realizar respecto de ..., se advierte que no proporciona los números de cédula profesional respectivos, o en su defecto el número de registro del Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales; y en tales condiciones, no es posible realizar la consulta correspondiente en Registro Nacional de Profesionistas de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, a efecto de verificar si dichas personas cuentan con el requisito en mención. Atento a lo anterior, se tiene a . como autorizados de la parte quejosa, únicamente en términos de la parte final del segundo párrafo del artículo 12 del citado ordenamiento legal, es decir, a efecto de oír y recibir notificaciones. De igual manera, se tiene a ..., como autorizado para oír notificaciones e imponerse de autos, por así haberlo solicitado el peticionario de amparo. Domicilio. Del mismo modo, téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Morelos, número 23, colonia Francisco Villa, de esta ciudad, código postal 79010. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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