Jose Luis Guzman Flores

Expediente 267/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 16 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
267/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
11/07/2022

Partes del expediente

  • Jose Luis Guzman Flores
  • Gabriel Guzman Flores

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de julio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, a quien en dado caso le pudieran perjudicar las determinaciones que aquí se dicten, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia dictada el trece de junio de dos mil veintidós; en la cual se determinó sobreseer en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente como asunto concluido y glósese el incidente de suspensión original para que obre como corresponda. De conformidad con los artículos 21, primer párrafo, inciso a) y tercer párrafo, 22, 23 y 24 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales s/n, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte; este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído que no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Ahora, tomando en consideración que en el presente asunto se formó por duplicado y separado el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a esta fecha, acorde al artículo 20, fracción II, inciso a), del citado acuerdo procédase a la destrucción del duplicado. Por otra parte, en razón de que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, y toda vez que resulta innecesaria la conservación de las constancias que hizo llegar en su informe justificado la autoridad responsable Magistrada Titular del Tribunal Unitario Agrario Distrito 18 y las que hizo legar la Agente del Ministerio Púbica Adscrita a la Primera Agencia de Trámite de Tepoztlán, se ordena la devolución de las mismas, en el entendido que el sello de recepción de las mismas hará las veces de acuse. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 21 del acuerdo en cita, en razón de que los documentos exhibidos en este expediente no amerita su notificación personal, por tanto, se ordena por lista. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de junio de dos mil veintidós. Acuerdo vía remota. Se emite el siguiente acuerdo por escrito y vía remota, en términos del artículo 13 del Acuerdo General 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, reformado en cuanto a su vigencia por el similar 9/2022, ambos del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Agréguese para que obre como corresponda el escrito signado por el autorizado de la parte tercera interesada, por medio del cual solicita copia certificada de la sentencia dictada en este juicio de amparo, designando autorizados para recibirlas. Atento su contenido, deberá estarse a lo acordado en proveído de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, en el que se autorizó la expedición de copias simples o certificadas de cualquier documento o actuación que obre en autos, sin que sea necesario que medie promoción alguna para ello. Asimismo, se autoriza para recibirlas en su nombre a las personas que designa en su escrito de cuenta. Notifíquese. Así lo acuerda y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Arnulfo Torres García, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte tercero interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de trece de mayo de dos mil veintidós, el cual dice: Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, tiene vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 267/2022. R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el veintitrés de marzo de dos mil veintidós, mediante el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y remitido el veinticuatro de marzo siguiente, por razón de turno, a este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, **********, ambos de apellidos **********, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra la [1] Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, [2] Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho y [3] Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, por los actos reclamados siguientes: -IV.- ACTO RECLAMADO.- De la autoridad ordenadora, se reclama la privación de nuestros derechos de propiedad y posesión, llevados ilegalmente, sin que al efecto se haya seguido juicio en nuestra contra, en el que se hayan cumplido las formalidades esenciales del procedimiento. De las autoridades ejecutoras el cumplimiento de la orden para el desalojo por parte de la autoridad ordenadora pretendiéndolo ejecutar el actuario en compañía del apoyo policiaco ordenado en autos dentro del expediente **********. En el cual somos terceros extraños a juicio.- 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 14, 16 y 27 de la Constitución Federal. 3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de veinticinco de marzo de dos mil veintidós, este juzgado admitió 1 a trámite la demanda de amparo, pidió a las autoridades responsables su informe justificado, dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, requirió a la Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, para que proporcionara el nombre y domicilio de los terceros interesados, a efecto de emplazarlos al juicio, le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que alguna de las partes haya realizado manifestación al respecto; y, fijó día y hora para la audiencia constitucional. Una vez rendido el informe justificado de la Magistrada responsable, mediante auto de veinticinco de abril de dos mil veintidós, este juzgado ordenó emplazar con el carácter de terceros interesados a **********, todos de apellidos **********, así como a ********** y **********, en los domicilios proporcionados para tal efecto, siendo emplazados los tres primeros el dos de mayo siguiente, quienes comparecieron a juicio, formularon alegatos y ofrecieron pruebas; y, los dos últimos, previo domicilio proporcionado por la parte quejosa a requerimiento de este juzgado, fueron emplazados el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, respectivamente. En consecuencia, el ocho de junio de dos mil veintidós, tuvo verificativo la audiencia constitucional, conforme a lo asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el 2 numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que los actos reclamados son la perturbación en los derechos de propiedad y/o posesión del bien inmueble que los quejosos aducen les pertenece, así como su ejecución, atribuida a autoridades administrativas, con ejecución material en la circunscripción de este Juzgado Federal que ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias1. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: De la [1] Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho: La perturbación en los derechos de propiedad y/o posesión de los quejosos, respecto de la fracción de terreno que a cada uno les corresponde del bien inmueble denominado "*************, derivado de la inspección judicial ordenada en el expediente *************, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, promovido por **********, ********** Y ********** todos de apellidos **********, en contra de ********** y **********-aquí terceros interesados-, al ostentarse los quejosos como terceros extraños auténticos, por no ser parte en dicho juicio agrario. Del [2] Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho y [3] Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos: La ejecución de dicho acto Lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37, primer párrafo de la Ley de Amparo, que dispone: -Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. (.).- 3 Con la precisión de que si bien los quejosos en la demanda de amparo señalaron en el capítulo correspondiente al acto reclamado, además de la privación de sus derechos de propiedad y/o posesión de las fracciones del predio que aducen les corresponden, la ejecución de una orden de desalojo; también es cierto que de la integridad de la demanda se tiene que los actos los hacen derivar de los hechos suscitados el uno de marzo de dos mil veintidós, en donde el Actuario responsable les solicitó le permitieran el acceso al predio para llevar a cabo una diligencia de inspección judicial, sin que de tal solicitud se advierta la intención de desalojar a los quejosos del bien inmueble; por tanto, se tienen como actos reclamados los ya señalados. lll. Existencia de los actos reclamados. Se tienen por ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables [1] Magistrada del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, [2] Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho y [3] Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, pues si bien al rendir su informe justificado negaron su existencia, enseguida realizaron manifestaciones que evidencian su certeza, por lo que se considera cierto2. Además, la Magistrada responsable remitió copias certificadas del expediente agrario **********, entre las que se encuentra la diligencia de uno de marzo de dos mil veintidós, en la que el Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, en cumplimiento a lo ordenado en auto de veinticinco de enero del año citado, acudió al predio -**********-, a efecto de llevar a cabo la inspección judicial, a su vez ordenada en la audiencia de ley de seis de diciembre de dos mil veintiuno, así como también obra en tales constancias el acuerdo de uno de marzo de dos mil veintidós, en el que se reprogramó la diligencia de inspección judicial y ordenó solicitar mediante oficio al Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, 2 Sirve de aplicación la tesis con registro digital 211004, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: -ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA.- 4 se proporcionaran veinte elementos policiacos para salvaguardar la integridad del personal comisionado por el Tribunal Agrario para dicha diligencia (fojas 40 a 43, 76, 85, 86 y 87 del anexo I); documentales a las cuales se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y que se estiman suficientes para acreditar la existencia de los actos reclamados. En consecuencia, no se actualiza la causa de sobreseimiento que hizo valer en su informe justificado el [3] Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, contenida en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo3, relativa a que no se probó la existencia de los actos reclamados, pues como se precisó, si se acreditan éstos pues se solicitó su auxilio para el desahogo de la diligencia de inspección judicial. IV. Improcedencia del juicio de amparo. La actualización de causas de improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y estudio preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes4. En el caso, la Magistrada responsable señaló que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 615 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I6, Constitucional y 5, fracción I7, de la Ley de 3 -Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)- 4 -Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.- 5 -Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o. de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia.-. 6 -Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; 5 Amparo en cita, puesto que los quejosos no acreditaron su interés jurídico. Se considera que sí se actualiza tal causa de improcedencia, porque si bien el artículo 107, fracción I, Constitucional y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén que tendrá el carácter de quejoso quien aduzca un interés jurídico o legítimo, los mismos preceptos determinan que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa, lo que implica que sea titular del derecho fundamental que estime violado y que esté dirigido en su contra. En ese sentido, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir ante la autoridad correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Lo anterior considerando que el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos.8 Cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J.16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: (.)- 7 -Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.) Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa (.)- 8 Ilustra la consideración anterior, la jurisprudencia de la entonces Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro electrónico: 245886, de rubro: -INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, QUÉ DEBE ENTENDERSE POR PERJUICIO PARA LOS EFECTOS DEL.- 6 -INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE.-9 En el caso, los quejosos reclaman de la Magistrada responsable la orden de perturbación en los derechos de propiedad y/o posesión respecto de la fracción de terreno que los quejosos aducen les corresponde a cada uno, del bien inmueble denominado -**********-, ubicado en **********, derivado de la inspección judicial ordenada en el expediente **********, del índice del Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho, promovido por **********, todos de apellidos **********, en contra de ********** y **********-aquí terceros interesados-, al ostentarse los quejosos como terceros extraños auténticos, por no ser parte en dicho juicio agrario; y, refieren en la demanda de amparo que al corresponder los bienes a un tercero ajeno a tal juicio agrario, con los actos reclamados se les ocasiona un perjuicio, pues se les pretende privar de sus posesiones sin concederles derecho de audiencia. Para acreditar la posesión de la fracción de terreno que aducen les corresponde a cada uno de los quejosos, éstos exhibieron el original de los contratos de cesión de derechos posesorios de once de noviembre de dos mil trece, celebrado el primero, entre **********(sic), en su carácter de cedente y **********, como cesionario, y el segundo celebrado entre **********(sic), en su carácter de cedente y **********, como cesionario, respecto de una fracción del predio -**********-, ubicado en **********, con las medidas, colindancias y superficies que se establecen en cada uno de los actos jurídicos señalados; sin embargo dichos documentos carecen de fecha cierta y por tanto, no resultan suficientes para acreditar el interés 9 Época: Octava Época; Registro electrónico: 206338; Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación; Núm. 82, Octubre de 1994; Materia(s): Común; Página: 17. 7 jurídico de los quejosos en este juicio. Es así, en virtud de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que los documentos provenientes de terceros que consignan contratos, para que tengan eficacia plena, deben tener fecha cierta y ello acontece: a) a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) a partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y, c) desde la muerte de alguno de los contratantes. En ese sentido, se debe tener como fecha cierta de un documento privado aquélla a partir del día en que se incorpore o inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, dado que dicho registro es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. Asimismo, adquiere fecha cierta cuando se celebra ante fedatario público o funcionario autorizado pues existe certeza sobre la fecha en que fue elaborado, ya que es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y cuenta con facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley, a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce así, a garantizar la certeza de la fecha de su realización, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. Finalmente, el fallecimiento de alguno de los contratantes también genera certidumbre en la fecha del documento, pues al ocurrir el deceso no existiría posibilidad de prefabricar un pacto de voluntades por no poder contrariarse el orden cronológico y natural de los eventos. 8 Apoya el anterior acotamiento la jurisprudencia 1a./J.46/99, con registro digital 192662, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: -INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.-, cuyo criterio se retoma en la diversa jurisprudencia 1a./J. 18/2016 (10a.), sustentada por la citada Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, de rubro y texto siguiente: -DOCUMENTO PRIVADO DE COMPRAVENTA. PARA EFECTOS DE ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO DE QUIEN SE OSTENTA COMO PROPIETARIO DE UN INMUEBLE EN UN JUICIO DE AMPARO, ADQUIERE FECHA CIERTA CON EL FALLECIMIENTO DE CUALQUIERA DE SUS TESTIGOS FIRMANTES. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 52/97, de la cual derivó la jurisprudencia 1a./J. 46/99, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.", determinó que los documentos privados, no objetados, en los que constan actos traslativos de dominio de bienes inmuebles, surten plenos efectos probatorios cuando sean de fecha cierta, lo que ocurre: 1) a partir del día en que se celebran ante fedatario o funcionario público autorizado; 2) desde que se inscriban en el Registro Público de la Propiedad; y, 3) a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes. Ahora bien, esta última expresión no debe interpretarse en sentido restrictivo, esto es, como referente sólo a las partes que con su firma manifestaron su voluntad de transmitir y adquirir la propiedad de un bien raíz, sino que también abarca a quienes lo suscribieron exclusivamente en su calidad de testigos, pues el concepto de "fecha cierta" de un documento privado por fallecimiento de quien lo suscribió, deriva de la imposibilidad física de que puedan suscribirlo en fecha posterior a su deceso y anterior al acto de autoridad reclamado en amparo; por lo que dada la mayor certeza que ese aspecto aporta sobre la fecha de celebración del acto traslativo del inmueble que obre en un documento privado, este último es apto para acreditar el interés jurídico de quien se ostente como su propietario en un juicio de amparo.-10 Asimismo, cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño al juicio, lo jurídicamente relevante, es que la propiedad o posesión que dice tener, para que sea objeto de protección constitucional, debe tener una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción de que se tiene tal derecho, como se señala en la jurisprudencia P./J. 1/2002, con 10 Con registro digital: 2012310. 9 registro electrónico 187733, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que sirve de sustento por identidad de razón, del rubro y texto siguiente: -POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común.- Sin embargo, de los contratos de cesión de derechos que exhibieron los quejosos no se advierte que hayan sido presentados ante alguna autoridad o fedatario público, tampoco se demostró el fallecimiento de alguno de los firmantes o que en 10 su caso, hubiesen sido presentados ante algún Registro Público para su inscripción, sino que de éstos únicamente se deriva que figuró con el carácter de cedente **********(sic), así como **********, ambos de apellidos **********, como cesionarios, respectivamente, con relación a una fracción del predio -**********-, ubicada en **********, con las medidas, colindancias y superficies señaladas en cada uno de los actos jurídicos correspondientes, pero de esos contratos no se desprenden datos fehacientes y jurídicos de que quien comparece en dicho pacto de voluntades con el carácter de cedente estuviera facultado para transmitir la titularidad y/o posesión de las fracciones del bien inmueble, que respectivamente cedió a favor de los quejosos, así como tampoco se prueba que los impetrantes de amparo tengan la posesión de dicho bien inmueble por virtud de dicho acto jurídico, que en la demanda de amparo aducen que ahí viven, tienen su ganado y han sembrado algunas partes. Lo anterior, debido a que la posesión es un poderío de hecho; y, en el caso, los quejosos no ofrecieron diverso medio de prueba del cual se pueda constatar que ejercen en forma física o material una posesión respecto de las fracciones del predio objeto del contrato de cesión de derechos posesorios; pues como se dijo, cuando los quejosos se ostentan como terceros extraños al juicio, la posesión para que sea objeto de protección constitucional, debe tener una base objetiva que fundada y razonablemente produzca convicción de que se tiene tal derecho. Es así, porque el artículo 96511 del Código Civil del Estado de Morelos, dispone que la posesión de una cosa es un poderío de hecho en virtud del cual una persona la retiene y realiza en ella actos materiales de aprovechamiento o de custodia; y, en el caso, los quejosos no demostraron con ningún medio de prueba ejercer 11 -ARTÍCULO 965.- NOCIÓN DE POSESIÓN. Posesión de una cosa es un poderío de hecho en virtud del cual una persona la retiene y realiza en ella actos materiales de aprovechamiento o de custodia. (.)- 11 una posesión física o material respecto de las fracciones que refieren les fueron cedidas, a efecto de establecer que efectivamente las tienen en posesión, con las modalidades establecidas por la ley, que en su caso, les pudiera dar derecho a poseerlas, así como que efectivamente ahí viven, tienen su ganado y siembran algunas partes, como lo afirmaron en la demanda de amparo. En consecuencia, la prueba documental que exhiben los quejosos, relativas a los contratos privados de cesión de derechos posesorios de once de noviembre de dos mil trece, no resultan suficientes para acreditar su interés jurídico en este juicio, porque además de que dichos actos carecen de fecha cierta y que los quejosos tampoco demostraron con diverso medio de prueba la posesión material de las fracciones del predio que aducen les fueron cedidas, de los referidos contratos se advierte que se ostentó como cedente **********(sic), de quien no se demostró que contara con algún derecho de propiedad y/o posesión respecto de las fracciones del predio -**********-, ubicadas en **********; y que en consecuencia, se encontrara facultado para disponer de éstas y cederlas a los aquí quejosos. Asimismo, como se dijo, no se demostró que dichos actos jurídicos reúnan alguno de los supuestos establecidos por la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no se acreditó que se hubiesen celebrado ante alguna autoridad o fedatario público, tampoco que fueran incorporados o inscritos en el Registro Público de la Propiedad, ni el fallecimiento de alguno de los firmantes; es decir, las partes contratantes o de los testigos que suscribieron dichos documentos, por lo que en su caso, solo surte efectos entre los particulares participantes en tales actos, pero no acreditan el interés jurídico de los quejosos en este juicio. Por otro lado, respecto a las manifestaciones realizadas por los terceros interesados **********, todos de apellidos **********, en vía de alegatos; tales planteamientos no forman parte de la litis, por lo que es innecesario su análisis12. Asimismo, en razón de la actualización de la causa de improcedencia en estudio, es innecesario analizar las diversas que hicieron valer los citados terceros interesados, pues ningún fin práctico tendría, toda vez que es suficiente con acreditar una de ellas para sobreseer en el juicio. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, Constitucional y 5, fracción I, de la Ley de Amparo en cita, se sobresee en el presente juicio en términos del numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Sobreseimiento que se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos a las autoridades responsables [2] Actuario adscrito al Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciocho y [3] Comisionado Estatal de Seguridad Pública del Estado de Morelos, por no reclamarse por vicios propios. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: Único. Se SOBRESEE en el presente juicio promovido por **********, ambos de apellidos **********, contra los actos reclamados y las autoridades responsables señaladas, por las razones precisadas en este fallo. Notifíquese personalmente; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Erika de la Cruz Uribe, quien autoriza y da fe, el trece de junio de dos mil veintidós, en que lo permitieron las labores del juzgado.

  4. Principal

    se tiene a la Agente del Ministerio Púbico oficiante, dando cumplimiento a lo ordenado en autos; con el contenido de dichas constancias dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes.

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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