Jose Luis Guzman Barrera

Expediente 677/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo, Gro. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
677/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
27/11/2020

Partes del expediente

  • Jose Luis Guzman Barrera

Actuaciones

  1. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a veintisiete de noviembre de dos mil veinte. Agréguese a los autos el oficio remitido por medio del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), signado electrónicamente el Secretario de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, residente en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio a través del cual fue remitido por incompetencia el juicio de amparo 677/2020, promovido por *** e informa que el Tribunal de su adscripción aceptó la competencia planteada y se avocó al conocimiento del asunto. En consecuencia, hágase la anotación en el libro de gobierno respectivo, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el expediente carece de valor institucional e histórico y no es considerado de relevancia documental, además de que no aporta mayores elementos al acervo conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, específicamente en el artículo 21, inciso j), del capítulo octavo, relativo a los expedientes destruibles, se determina que este expediente es SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez transcurridos tres años, contados a partir de la emisión de este proveído. Notifíquese.

  2. Principal

    Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a doce de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por José Luis Guzmán Barrera, por propio derecho, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, con residencia en esta ciudad. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE con el número 677/2020; fórmese expediente impreso y electrónico. Antes de proveer respecto de la procedencia del juicio constitucional, conviene determinar con exactitud la intención del promovente de la acción constitucional, armonizando de esta manera los datos y elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia; cabe invocar al respecto la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. En ese orden, se advierte que de manera literal la parte quejosa precisó como acto reclamado el siguiente IV. LA LEY O ACTO DE CADA AUTORIDAD QUE SE RECLAME. Reclamo de la autoridad responsable, la sentencia definitiva de fecha nueve de octubre del dos mil veinte, dictada en el Juicio Ejecutivo Mercantil, expediente número 123/2018-2 que se tramita bajo el índice del H. Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo. En tal sentido, se tiene que la parte quejosa impugna a través de esta instancia constitucional la sentencia definitiva de nueve de octubre de dos mil veinte, dictada en el juicio ejecutivo mercantil 123/2018-2, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de los Bravo, residente en esta ciudad; lo cual se corrobora con la copia simple de la referida sentencia que anexó a su escrito de demanda, la cual es un indicio suficiente para este juzgador que corrobora el dicho del quejoso. Se cita por las razones que la sustentan la tesis 2a. VII/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, registro: 192413, localizable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, Febrero de 2000, materia común, página 282, de rubro y texto son del tenor literal siguiente COPIAS. SÓLO TIENEN VALOR INDICIARIO AUN CUANDO ESTÉN CERTIFICADAS, SI NO HAY CERTEZA DE QUE SE COTEJARON CON LOS ORIGINALES. Conforme a los artículos 129 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, las copias certificadas tienen pleno valor probatorio siempre que su expedición se realice con base en un documento original o de una copia certificada por un fedatario o funcionario público en ejercicio de sus funciones. En tal virtud, cuando en la certificación no existe certeza respecto al origen de los documentos de donde se hace derivar el cotejo, éstos conservan el valor indiciario que corresponde a las copias y, por ende, su apreciación queda al prudente arbitrio del juzgador. Ahora bien, este Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guerrero, estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías dado que la resolución que se reclama debe ser impugnada mediante el juicio de amparo directo, por tratarse de una sentencia que resuelve el juicio en lo principal. En efecto, tratándose de amparo directo, la Constitución General de la República, en su artículo 107, fracción V, inciso b, establece "Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes ... V. El amparo contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, sea que la violación se cometa durante el procedimiento o en la sentencia misma, se promoverá ante el Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda, conforme a la distribución de competencias que establezca la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en los casos siguientes ..- En materia administrativa, cuando se reclamen por particulares sentencia definitivas y resoluciones que ponen fin al juicio dictadas por tribunales administrativos o judiciales, no reparables por algún recurso, juicio o medio ordinario de defensa legal. Por su parte, la Ley de Amparo previene en su artículo 170, lo siguiente Artículo 170. El juicio de amparo directo procede I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo. Sobre el mismo tema, el artículo 37, fracción I, inciso b, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, refiere Artículo 37. Con las salvedades a que se refieren los artículos 10 y 21 de esta ley, son competentes los Tribunales Colegiados de Circuito para conocer I. De los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, cuando se trate . b En materia administrativa, de sentencias o resoluciones dictadas por tribunales administrativos o judiciales, sean locales o federales; Conforme a las disposiciones, constitucionales y legales transcritas, que regulan el juicio de amparo en la vía directa, se advierte que es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, cuando se promueve contra resoluciones definitivas, sean éstas sentencias o laudos, así como contra resoluciones que pongan fin al juicio, pronunciadas por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales no proceda ningún medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En términos del numeral 170 de la Ley de amparo, transcrito en párrafos que anteceden, sentencias definitivas son aquellas resoluciones que deciden el juicio en lo principal; en tanto, las resoluciones que ponen fin al juicio, son aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de las cuales, las leyes que las regulan, no conceden ningún medio de defensa ordinario, por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas. En el caso, el acto reclamado en el presente juicio de garantías, como antes se dijo, lo constituye una sentencia definitiva que resuelve el juicio en lo principal y por ello se considera que encuadra dentro de los supuestos que establece el artículo 170 de la Ley de Amparo, que conceden competencia, en razón de la vía, a los Tribunales Colegiados de Circuito, para conocer, mediante el juicio de garantías unistancial de la demanda respectiva. Luego, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 47 de la ley de la materia, remítanse las actuaciones del presente juicio de amparo, a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados en Materias Civil y de Trabajo del Vigésimo Primer Circuito, en turno, con residencia en esta ciudad, para que la turne al órgano jurisdiccional que corresponda y éste determine lo procedente, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Sirve de apoyo la Tesis I.3o.P.1 K 10a., emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, Junio de 2014, Tomo II , Materia Común, Página 1617, Décima Época, con número de registro 2006692, de rubro y texto siguiente COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. CONFORME A LA LEY DE LA MATERIA VIGENTE, LA RECURRIBILIDAD DE LA SENTENCIA DEFINITIVA ES UN ASPECTO RELACIONADO CON LA PROCEDENCIA DEL JUICIO, POR TANTO, AL DETERMINAR AQUÉLLA, NO DEBE ANALIZARSE SI CONTRA DICHA RESOLUCIÓN SE INTERPUSO O NO ALGÚN MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA. Al reclamarse en amparo la sentencia definitiva que en primera instancia decidió el juicio en lo principal, dicho acto es competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito, en términos del artículo 170, fracción I, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues para definir el concepto de sentencia definitiva y, por ende, determinar la vía y la competencia del órgano jurisdiccional para conocer del amparo donde se reclaman este tipo de actos, ya no debe analizarse la posible procedencia o no de algún recurso, al no ser exigible este aspecto en la actual legislación, a diferencia de lo que ocurría bajo la vigencia de la abrogada Ley de Amparo, en su artículo 46, primer párrafo; por tanto, al no ser parte integrante de la competencia de los mencionados tribunales la procedencia de algún medio ordinario de defensa, y toda vez que la actual legislación, para definir los actos reclamables en amparo directo, únicamente establece que se entenderá por sentencias definitivas las que deciden el juicio en lo principal, sin incluirse el requisito de la admisión del recurso, se concluye que la posible recurribilidad del acto dejó de ser un aspecto relacionado con la competencia, para pasar a ser un elemento vinculado con la procedencia del juicio de amparo, en términos del citado artículo 170, fracción I, párrafo tercero; consecuentemente, conforme a la nueva dinámica regida por los principios de competencia, oportunidad y procedencia del juicio de amparo directo, al determinar la competencia para conocer del juicio de amparo contra la sentencia definitiva, no debe analizarse si en su contra se interpuso o no algún medio ordinario de defensa, pues ello es un aspecto relacionado con la procedencia del juicio y no de la vía de trámite. Con copia de la demanda fórmese cuaderno de antecedentes en sustitución del juicio principal. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica el promovente en su escrito de demanda, y como su autorizada únicamente para oir y recibir notificaciones e imponerse de los autos, sin las restantes atribuciones que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo a ***, toda vez que no cuenta con registro de cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Asimismo, téngasele señalando para el efecto de establecer contacto el siguiente correo electrónico ****; de lo anterior, este Juzgado Federal toma conocimiento, para los efectos legales procedentes. Lo anterior, sin que haya lugar a notificar personalmente el presente acuerdo al promovente en atención a la jurisprudencia P./J. 12/96, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la federación y su Gaceta, Novena Época, tomo III, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primera, página 55, cuyo rubro establece DEMANDA DE AMPARO RECIBIDA POR EL SECRETARIO AUTORIZADO EN LUGARES EN QUE EXISTEN VARIOS JUZGADOS DE DISTRITO, REMITIDA A LA OFICIALIA DE PARTES COMÚN Y TURNADA A DIVERSO JUZGADO AL DE SU ADSCRIPCION, EL AUTO ADMISORIO NO DEBE NOTIFICARSE PERSONALMENTE, que en lo conducente establece ... es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado. De conformidad en el artículo 158, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se autoriza a los Secretarios adscritos a este Juzgado Federal, para firmar los oficios que deriven del presente juicio. Hágase saber que el presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis; así como el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expiden los Lineamientos Básicos para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del Comité de Transparencia del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de Diciembre de dos mil dieciséis. Notifíquese.

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