José Luis Gutiérrez Valdez
Expediente 133/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 7 actuaciones registradas, la última del 12 de junio de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 133/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 7
- Última actuación
- 12/06/2017
Partes del expediente
- José Luis Gutiérrez Valdez
- Yadira Teresita Rojas Valdivia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 7.
- Principal
VIII.- Por recibido el oficio suscrito por el Presidente de la Junta Especial Numero Veintinueve de la Federal y de Conciliación y Arbitraje, Toluca, Estado de México, presentado en este órgano de control constitucional el nueve del mes y año en curso, registrado en el libro de correspondencia con el número de orden 012995 por medio del cual, acusa recibo del oficio número 18122/2017, de uno de junio de dos mil diecisiete, a través del cual se devolvieron copias certificadas del expediente laboral J.29/1096/2016. se agrega a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya lugar. En atención a su contenido, se tiene por desahogado el requerimiento formulado en auto de uno de junio de dos mil diecisiete (foja 40), por tanto, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en el citado proveído. Por otra parte, como está ordenado en auto de diecisiete de marzo del presente año (fojas 35 y 36), remítase el presente juicio en que se actúa como asunto concluido al archivo de este juzgado para su resguardo.
- Principal
VIII.- Visto el estado procesal que guardan las presentes actuaciones de las que se advierte que en proveído de diecisiete de marzo de dos mil diecisiete (fojas 35 y 36), causó ejecutoria el presente juicio de amparo, y se ordenó su archivo; sin embargo, se omitió remitir a la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, las siguientes constancias que se hacen consistir en lo siguiente: 1. Copias certificadas de diversas constancias del expediente laboral J.29/1096/2016. En consecuencia, se ordena desglosar las constancias que obran de la foja diecinueve a la veintidós, previa certificación de su desglose que se deje en autos y devolver a su lugar de origen las copias certificadas antes señaladas, para los efectos legales correspondientes; asimismo, se requiere al Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, para que de conformidad con lo que establece el artículo 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 2° del último ordenamiento legal en cita, acuse el recibo de estilo correspondiente en el término de tres días, a fin de que este Juzgado de Distrito esté en aptitud de emitir el acuerdo que en derecho corresponda. Con el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien a mil veces la unidad de medida y actualización de conformidad con los preceptos 238 y 260, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Asimismo, en el presente juicio de amparo, obran constancias exhibidas por la parte quejosa en el escrito inicial de demanda (foja 5); por tanto, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de noventa días, por conducto de persona autorizada para ello, comparezca a éste órgano jurisdiccional a recoger los documentos exhibidos en el presente asunto, debiendo dejar en su lugar copia simple de los mismos para la debida constancia legal, al tratarse de un asunto concluido, con el apercibimiento que de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos junto con el expediente.
- Principal
VIII.- Con fundamento en lo establecido en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos de su precepto legal 2°, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora bien, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió el auto de veintitrés de febrero del dos mil dieciséis (fojas 23 a 26), por el cual se sobreseyó en el presente asunto, con fundamento en lo previsto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha determinación ha causado estado, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. En virtud de lo anterior y en atención a la certificación de cuenta, se estima que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitir este asunto al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes.
- Principal
VII. Visto el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, mediante el cual rinde informe justificado, y remiten copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente laboral J.29/1096/2016 de su índice estadístico, para acreditar la constitucionalidad del acto que se le atribuye; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°, agréguese a los autos el oficio de cuenta para que surta los efectos legales conducentes. Es aplicable, la tesis XXI.2o.16 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, publicada en la página 1081 del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 2001, Novena Época, con número de registro 189948, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el informe y anexo de referencia, y hágase relación de ellos en la audiencia constitucional. Con fundamento en el artículo 119 y 123 de la ley de la materia, dada su propia y especial naturaleza, téngase por ofrecido, admitido y desahogado el medio de prueba consistente en el anexo de referencia; sin perjuicio de hacer relación de él en la audiencia constitucional. Ahora, en consideración a la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, se debe examinar la aleguen o no las partes, previamente a cualquier otra cuestión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo y en los razonamientos que rige la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Por su parte, el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, señala que el sobreseimiento procede cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contenidas en el artículo 61 de la Ley de Amparo. De igual manera el artículo 61, fracción XXI, dispone: "El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" En relación con lo dispuesto en el referido precepto legal, es pertinente señalar que los efectos del acto reclamado no cesan, sino cuando la autoridad deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce de la garantía violada. Ahora, en términos de lo dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que proteja al peticionario tendrá por objeto restituirlo en el cabal goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado en que se encontraban antes de la trasgresión cometida, si el acto reclamado es de carácter positivo; y si es de naturaleza negativa, el efecto de la protección consistirá en obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía infringida y cumplir con lo que la misma exija. Así, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos jurídicos. En el presente juicio la parte quejosa Yadira Teresita Rojas Valdivia, reclama la exageradamente lejana fecha de audiencia fijada por la Junta Especial Número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, para dar contestación a la reconvención planteada por el tercero perjudicado Chupa Chups Industrial Mexicana, sociedad anónima de capital variable, dentro del expediente 1096/2016; sin embargo, de las constancias remitidas por la responsable, se advierte que el diecisiete del mes y año en curso, la autoridad responsable dejó sin efectos las doce horas del once de agosto de dos mil diecisiete y en su lugar fijó las once horas del veintitrés de marzo de este año (foja 22). A la referidas documentales se les otorga pleno valor probatorio por reunir los requisitos establecidos en el párrafo segundo del ordinal 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2°, así como en términos de la jurisprudencia publicada con el número 226, en la página 153, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917 a 1995, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 394182 de contenido: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." En efecto, si la parte quejosa aduce que la autoridad fijó una fecha muy lejana para la celebración de la audiencia para dar contestación a la reconvención planteada por el tercero perjudicado Chupa Chups Industrial Mexicana, sociedad anónima de capital variable, dentro del expediente 1096/2016; sin embargo, de manera posterior la responsable remitió copia certificada del proveído de diecisiete de este mes y año, por medio del cual dejó sin efectos dicha data y en su lugar fijó una nueva para las once horas del veintitrés de marzo de este año, evidencia la actualización de la causa de improcedencia de referencia, pues han cesado los efectos del acto reclamado, por lo que el presente juicio de amparo deviene improcedente, pues aun cuando, al momento de la presentación de la demanda, existía violación a derechos fundamentales previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la fecha, ésta ha cesado. Lo anterior es así, al tomar en consideración que de conformidad con lo establecido en el artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, para el caso de que a la parte agraviada, se le concediera la protección constitucional solicitada, sus efectos serían, por tratarse de un acto negativo, los de obligar a la autoridad responsable a respetar la garantía consagrada en nuestra Ley Fundamental y, por ende, se pronunciara respecto de la solicitud formulada por la parte quejosa, de tal manera que si eso ya aconteció, es inconcuso que el acto de autoridad reclamado ya no agravia al impetrante de amparo, pues la violación que en determinado momento pudo cometerse en contra de sus derechos fundamentales, ya fue reparada, como si se le hubiere concedido el amparo y protección de la Justicia Federal. A lo anterior, se apoyó en la jurisprudencia 2a./J.59/99, publicada en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo IX, Junio de 1999, del número de registro 193758, cuyo texto y rubro son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Así las cosas, al configurarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, es procedente sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V de la ley en cita. Sin que obste a lo anterior, que el sobreseimiento se decrete fuera de audiencia, pues al surgir en el procedimiento una causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia que con ningún medio de convicción pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento sin necesidad de esperar a la audiencia constitucional porque de estimarse lo contrario, implicaría el retardo en la impartición de la justicia, lo cual contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Se estima aplicable, al caso la jurisprudencia 2a./J.10/2003, publicada en la página 386 del Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Tomo XVII, materia común, Novena Época, número de registro 184572 cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En el libro de gobierno háganse las anotaciones correspondientes y comuníquese a las partes que la fecha para la audiencia constitucional prevista para las once horas con cinco minutos del nueve de marzo actual, se deja insubsistente, por las consideraciones expuestas anteriormente.
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