José Luis Gutiérrez Ayala
Expediente 469/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 40 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 469/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 40
- Última actuación
- 13/09/2023
Partes del expediente
- José Luis Gutiérrez Ayala
- JOSÉ LUIS GUTIÉRREZ AYALA y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 40.
- Principal
Ciudad de México, a trece de septiembre de dos mil veintitrés. ****************************************Téngase por recibido el oficio que remite el Juzgado Decimoquinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a través del cual, remite el juicio de amparo 792/2023, de su índice, al considerar que corresponde a este órgano jurisdiccional conocer del asunto por razón de turno.****************************************Ello, toda vez que expone que los actos reclamados que dieron origen al presente sumario 469/2021-V y los combatidos en el procedimiento 792/2023, tienen su origen en la causa penal ********************del índice de la Centro de Justicia Penal Federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente; por lo que se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 46, fracción II, del citado Acuerdo General, dado que se demuestra la existencia de conocimiento previo del asunto por parte de este órgano jurisdiccional.****************************************Atento a ello, acúsese de recibo al estilo correspondiente al homólogo e infórmese que se acepta la competencia declinada.****************************************Por tanto, a fin de radicar debidamente el presente procedimiento en este órgano de control constitucional, remítanse los autos del juicio de amparo 792/2023, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, a efecto de que, con la finalidad de equilibrar la carga de trabajo, lo returne a este juzgado; hecho lo anterior, provéase lo conducente.****************************************Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a tres de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado en que se encuentran los presentes autos, se advierte que el término que concede el artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes impugnaran el acuerdo de treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio, ha transcurrido; en consecuencia, con fundamento en el artículo 202 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, SE DECLARA CONSENTIDO; por tanto, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno y nada habiendo que cumplimentar, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Dese el aviso correspondiente a las autoridades responsables. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que SE CONCEDIÓ el amparo y la protección de la Justicia Federal; en consecuencia, este expediente es CONSERVABLE, en términos de lo dispuesto por el artículo 17, fracción III, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el penúltimo párrafo del citado numeral, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su depuración dentro de los noventa días siguientes. Finalmente, previo a la trasferencia correspondiente, se instruye al secretario, a efecto de que certifique que la versión electrónica del expediente coincida en su totalidad con la impresa. Notifíquese.
- Incidental
Ciudad de México, a tres de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos del incidente de suspensión en que se actúa, se advierte que no obra algún medio de defensa legal por resolverse ni diligencias pendientes de practicar; por tanto, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y archívese como asunto concluido. En cumplimiento a los criterios establecidos en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se provee: Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Ahora bien, se advierte que se NEGÓ LA SUSPENSIÓN DEFINITIVA; por lo que el ORIGINAL del incidente de suspensión es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción III, del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. De conformidad con lo dispuesto en el referido artículo 17, del Acuerdo General de marras, consérvese por el término de tres años en el archivo de este juzgado de Distrito. Por otro lado, de conformidad con el artículo 19, fracción II, inciso a), del Acuerdo General aludido, se considera que el DUPLICADO del incidente de suspensión, debe ser DESTRUIDO; por tanto, de conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y en debido acatamiento a lo establecido por los artículos 77 y 196 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional procede a resolver si de las constancias existentes en el presente juicio, se ha restituido a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados en términos de lo establecido en la ejecutoria dictada en el presente juicio; lo anterior, en atención a que su cumplimiento es de orden público y análisis oficioso. A efecto de establecer si con las constancias remitidas por la Jueza de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal federal en la Ciudad de México, con sede en el Reclusorio Oriente, se cumple con la ejecutoria de amparo, resulta necesario precisar que el acto reclamado por el que se otorgó la protección constitucional, se hizo consistir en: "b) Resolución de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revocación, que interpuso la defensa del quejoso en contra del referido auto que declaró improcedente señalar audiencia para declarar el sobreseimiento en la citada causa penal.". El dieciocho de febrero de dos mil veintidós (fojas 151 a 161), por un lado se sobreseyó en el juicio; y, por otro, se concedió el amparo. Inconforme con tal determinación el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, interpuso recurso de revisión (foja 175). En sesión virtual de veinte de abril de dos mil veintitrés, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, en el recurso de revisión ********************, por unanimidad de votos, confirmó la sentencia recurrida por diversas razanos y concedió la protección de la Justicia Federal para los efectos siguientes (fojas 200 a 213): "a) Deje insubsistente la resolución de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de revocación, que declaró improcedente tal medio de impugnación, en contra del auto de diecisiete de junio de ese mismo año, en la causa penal ********************. b) Dicte otra en la que resuelva el recurso de revocación atendiendo a los lineamientos aquí precisados; esto es: Resuelva la cuestión sobre si el juez de control puede celebrar audiencia que se pronuncie acerca del sobreseimiento de la causa sin que se hubiere celebrado audiencia inicial en la misma; De ser afirmativa tal respuesta, entonces se debería señalar audiencia para pronunciarse respecto del sobreseimiento; De ser negativa no se señalaría dicha audiencia, sin embargo, se expondría de forma fundada y motivada porqué es patente esa imposibilidad jurídica.". El nueve de mayo de dos mil veintitrés, se recibió tal determinación y se requirió a la autoridad responsable su cumplimiento (fojas 214 y 215). El quince y diecisiete de mayo siguientes, se recibieron los oficios registrados con los folios 7793 (foja 221) y 8011 (foja 225), con los que la autoridad responsable informó sobre el cumplimiento: i. El once de mayo de este año, dejó sin efectos la resolución de revocación de veintitrés de junio de dos mil veintiuno, dictada en la causa penal ********************, que declaró improcedente tal medio de impugnación, en contra del auto de diecisiete de junio de ese mismo año (foja 321 vuelta). ii. El quince de mayo último, dictó otra en la que declaró infundado el recurso de revocación, en contra del auto de diecisiete de junio de dos mil veintidós, emitido en la causa penal ******************** (fojas 225 vuelta a 235). Asimismo, resolvió la cuestión consistente en que si el juez de Control puede celebrar audiencia en la que se pronuncie acerca del sobreseimiento de la causa sin que se hubiere celebrado audiencia inicial. Al efecto, determinó que como no se ha llevado a cabo tal audiencia inicial, el juez de Control no puede tener intervención a efecto de resolver el sobreseimiento solicitado, en atención a la etapa procedimental en que se encuentra la causa penal. En ese orden, como su respuesta fue en sentido negativo, de manera fundada y motivada expuso por qué es patente esa imposibilidad jurídica, en los términos siguientes: "(.) Considerando Único. El artículo 465 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece: (.) De la transcripción precedente se observa que el recurso de revocación procede contra resoluciones: a. De mero trámite. b. Que se resuelvan sin sustanciación. Entendiéndose por mero trámite que está encaminado a la marcha del proceso, tendente a poner un asunto en estado de resolución. Así como por resoluciones que se resuelvan sin sustanciación: aquellas emitidas de plano; es decir, sin agotar una tramitación especial o procedimiento específico previo a su emisión, pues, no se prevé la exigencia de emplazar o notificar a la parte contraria de una petición de su contraparte, ni otorgarle un plazo para contestarla o contradecirla. Al respecto, tiene aplicación el criterio jurisprudencial emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2022001, de la décima época, materia penal, tesis: 1a./J. 35/2020 (10a.), de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 77 en agosto de 2020, tomo III, página 2760, de rubro y texto: (.) Ahora, en estricto cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el amparo en revisión ********************, en sesión celebrada el veinte de abril de dos mil veintitrés, se pronuncia en los términos siguientes: La suscrita considera infundados los agravios propuestos para revocar la determinación impugnada, pues no es viable señalar audiencia de sobreseimiento porque aún no se ha llevado a cabo audiencia inicial en el presente asunto. En efecto, el artículo 211, describe las etapas del procedimiento penal, en los términos siguientes: (.) De conformidad con lo establecido en el artículo 211, del Código Nacional de Procedimientos Penales transcrito, el Código procedimiento penal, se integra por tres etapas: la de investigación que comprende dos fases, de investigación inicial y de investigación complementaria; la intermedia; y, la de juicio. De igual forma, el citado precepto legal es preciso en establecer que el ejercicio de la acción inicia: a) Con la solicitud de citatorio a audiencia inicial; b) Con la puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial; o, c) Cuando se solicita la orden de aprehensión ? comparecencia. En tanto que, el proceso inicia con la audiencia inicial, y termina con la sentencia firme. Ahora, en relación con las etapas del procedimiento penal, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la ejecutoria que generó la jurisprudencia de rubro 'VIOLACIONES A DERECHOS FUNDAMENTALES COMETIDAS EN UN PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO, NO SON SUSCEPTIBLES DE ANALIZARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO OCURREN EN ETAPAS PREVIAS AL JUICIO ORAL', estableció que cada una de esas etapas tiene una función específica que, conforme al principio de continuidad del proceso, previsto en el primer párrafo del artículo 20 constitucional, se van sucediendo irreversiblemente unas a otras, lo que significa que sólo superándose una etapa es que se puede comenzar con la siguiente, sin que exista posibilidad de renovarlas o reabrirlas. Razón por la cual, las partes en el procedimiento, se encuentran obligadas a hacer valer sus inconformidades en el momento o etapa correspondiente; y de no hacerse así, se entiende, por regla general, que se ha agotado la posibilidad de solicitarlo. En lo que aquí interesa, en relación a la primera etapa, esto es, la preliminar o de investigación, sostuvo que tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Inicia con una denuncia o una querella y está a cargo -en una fase inicial- del Ministerio Público, así como de la policía actuando bajo su conducción y mando, cuyas diligencias deben quedar registradas en una carpeta investigación que para el efecto se integre. Ahora bien, cuando el Ministerio Público lo considere oportuno, o cuando estime necesaria la aplicación de medidas cautelares, podrá formalizar la investigación por medio de la intervención judicial. Para ello, conforme a lo que establece el artículo 16 constitucional, si el indiciado fue detenido en flagrancia o en atención a una orden de caso urgente, deberá ser puesto a disposición del Juez de Control en un plazo no mayor a cuarenta y ocho horas, quien convocará a una audiencia para verificar la legalidad de la detención y, de ser el caso, formulará la imputación correspondiente, a partir de la cual iniciará la fase complementaria. Por su parte, cuando no medie detenido, bastará que el Ministerio Público solicite al Juez de Control la celebración de una audiencia para la formulación de la imputación, donde se le hará saber al indiciado el desarrollo de una investigación en su contra. Si el indiciado no asiste o se trata de delitos que ameriten prisión preventiva oficiosa, el Ministerio Público podrá solicitar orden de aprehensión para asegurar su comparecencia, en audiencia privada. Luego, dentro de la audiencia, generalmente denominada como inicial (de control de detención y formulación de imputación), el Juez de Control se asegurará de que el imputado conoce sus derechos y concederá la palabra al Ministerio Público, quien deberá exponer verbalmente: el hecho delictivo imputado; las circunstancias de modo, tiempo y lugar de su comisión; la forma de intervención atribuida; y el nombre de su acusador. Posteriormente, el Juez de Control podrá imponer las medidas cautelares que considere pertinentes y resolverá sobre la vinculación a proceso dentro de la misma audiencia inicial o en su continuación; la cual se deberá celebrar dentro del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el imputado fue puesto a su disposición, el cual podrá duplicarse a petición de este último. Así las cosas, el Juez de Control podrá decretar auto de vinculación a proceso si considera que existen datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, el cual podrá ser impugnado vía recurso de apelación y, en su caso, vía juicio de amparo indirecto. Además, en este acto, el Juez de Control deberá fijar fecha para la audiencia de cierre de la investigación, tomando en consideración la naturaleza de los hechos atribuidos y la complejidad de la misma; la cual deberá celebrarse dentro de un plazo de dos a seis meses, dependiendo de si la pena máxima del delito excede o no de dos años de prisión. En esta fase de investigación complementaria o formalizada, se practican las diligencias necesarias para la investigación del hecho punible y de sus autores o partícipes, esto es, las partes realizan actos de investigación tendentes a preparar u obtener los medios de prueba que, en su momento, ofrecerá en la audiencia intermedia. En este orden de ideas, el cierre de investigación concluye con decisión del Ministerio Público de formular o no acusación en contra del imputado. De esta manera, existe la posibilidad de que esta etapa no concluya con una acusación, sino que el Ministerio Público solicite el sobreseimiento de la causa o la suspensión del proceso. Luego, el Código Nacional del Procedimientos Penales, como se ha dicho, prevé tres supuestos en los que inicia el ejercicio de la acción penal por parte del Ministerio Público, dos de ellos, en concreto, son las denominadas formas de conducción del imputado al proceso, reguladas, en lo que interesa, por sus artículos 141 y 142, en el sentido de que tras la presentación de una denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, el Ministerio Público podrá anunciar que obran en la carpeta de investigación datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y exista la probabilidad de que el imputado lo haya cometido o participado en su comisión, y solicitar entonces al Juez de Control: citatorio al imputado para la audiencia inicial; orden de comparecencia, a través de la fuerza pública, en contra del imputado que habiendo sido citado previamente a una audiencia no haya comparecido, sin justificación alguna, u orden de aprehensión en contra de una persona cuando el Ministerio Público advierta que existe la necesidad de cautela. Destaca que de esas etapas del procedimiento, es únicamente durante la primera y, específico, en la fase de investigación inicial, donde el Ministerio Público dirige las actuaciones, y esto lo realiza hasta antes de que se ejercite la acción penal, en donde se solicite audiencia para formular imputación. Siendo así que a partir de la fase de investigación complementaria (inmersa en la primera de las mencionadas etapas), se da inicio al proceso penal acusatorio y oral. Primero bajo la dirección del juez de control, a partir de que se formula la imputación; y luego de iniciada la etapa de juicio, con la dirección del juez de enjuiciamiento. Proceso penal que concluye con el dictado de sentencia firme. Bajo este orden, de conformidad con el último párrafo del el proceso penal acusatorio y oral inicia con la audiencia inicial termina con la sentencia firme. En ese supuesto, nos encontramos en la etapa de investigación en su primera fase (inicial), dado que el imputado quedó a disposición de este Centro de Justicia para la formulación de la imputación, pero, no ha dado inicio el proceso al no haberse celebrado, todavía, la audiencia inicial. Ahora, el artículo 327 del código nacional, invocado por el inconforme como fundamento para llevar a cabo la audiencia de sobreseimiento, se encuentra implícito dentro del Título VI, audiencia inicial, el cual contempla, en forma de prelación, los artículos siguientes: (.) Dicho capitulado lleva un orden claro para la secuencia del proceso, el cual, evidentemente, comienza con la audiencia inicial y así va describiendo de manera cierta el estado sucesivo que prosigue a cada fragmento procesal, por lo que el precepto 327 se encuentra posterior al cierre de investigación que, ineludiblemente, es después de la audiencia inicial. Concatenado a lo anterior, del contenido del primer párrafo de esa porción normativa se observa: (.) Entonces si cualquiera de las partes: fiscalía, imputado o defensa, pueden solicitar al órgano jurisdiccional el sobreseimiento de la causa es porque, forzosamente, ya inició el proceso con el desahogo de la audiencia inicial, pues, previo a ello se encontraría en sede ministerial. (.) De lo expuesto se observa que la extinción de la acción penal y sobreseimiento puede acontecer en: a) etapa de investigación inicial, b) investigación complementaria, c) en la intermedia o de preparación a juicio; c) de juicio y d) ejecución; en el primer caso, resuelve la representación social, en el segundo, tercero, cuarto y quinto, el órgano jurisdiccional: Juez de Control o de Ejecución y/o Tribunal de Enjuiciamiento, pero, para el caso que nos ocupa, esto es, la solicitud de sobreseimiento realizada por ********************, no puede ser atendida por esta juzgadora porque no nos encontramos en alguna de las etapas antes expuestas dentro de las cuales pueda tener intervención este órgano jurisdiccional. En efecto, esta Jueza de Distrito, en este momento procesal se encuentra imposibilitada legalmente para estudiar alguna de las causas de sobreseimiento propuestas (las previstas en el artículo 327, fracciones VI y X, del Código Nacional de Procedimientos Penales), pues aún no se ha iniciado el proceso, acorde con lo establecido en el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, pues de conformidad con el último párrafo del citado precepto, el proceso penal acusatorio y oral da inicio con la audiencia inicial y termina con la sentencia firme, por lo que, en el caso particular, no ha iniciado el proceso penal al no haberse verificado la audiencia inicial y dicho artículo no establece ninguna otra forma de juicio más que con la audiencia inicial. En ese entendido, será hasta que inicie el proceso penal y, que las partes cuenten con información precisa y suficiente, que el imputado ******************** podrá hacer valer la solicitud de audiencia de sobreseimiento, bajo el principio de contradicción y, de esa manera, pueda ser analizada por la suscrita. Es aplicable, la tesis con registro digital 20210143, emitida porel Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de rubro y texto: 'SOBRESEIMIENTO EN LA CAUSA PENAL. ES IMPROCEDENTE DECRETARLO DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL. (.).'. Criterio que establece que una vez abierta la investigación complementaria y, por ende, el proceso, el sobreseimiento de la causa sólo puede decretarlo el Juez. Así como, en lo conducente y por analogía, la diversa registrada con el consecutivo 20239573, del contenido siguiente: 'PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL EN EL SISTEMA PENAL ACUSATORIO. PARA SU ESTUDIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, ES NECESARIO QUE HAYA INICIADO EL PROCESO Y EXISTA PRONUNCIAMIENTO DE FONDO DEL JUEZ DE CONTROL SOBRE EL TEMA; DE LO CONTRARIO, SE ACTUALIZA LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN XXIII, DE LA LEY DE AMPARO, DE CONFORMIDAD CON EL DIVERSO 211, ÚLTIMO PÁRRAFO, EN RELACIÓN CON SU FRACCIÓN I, INCISO B), DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES (.).'. Tesis que expone, el obstáculo jurídico que existe para pronunciarse respecto al estudio de la prescripción y, por ende, el sobreseimiento sino ha iniciado el proceso penal, como en el caso acontece. Lo anterior es así, porque, a ningún fin práctico llevaría, fijar una audiencia para debatir el sobreseimiento planteado, cuando de antemano se sabe que sería infructuosa porque no se puede entrar al estudio del tema, por no haber sido celebrada la audiencia inicial que es la única que da cabida a la apertura del proceso penal y no una diversa como la de sobreseimiento, porque ésta no está prevista dentro del código único nacional, específicamente en el artículo 211, para dar paso al proceso penal. Aunado a lo anterior, conviene señalar que de una interpretación sistemática de los artículos 316, fracción IV, 327 y 485, fracción VIII, del Código Nacional de Procedimientos Penales, puede colegirse que el legislador estableció que la audiencia inicial es una de las etapas procesales idóneas para examinar aspectos como el tipo penal aplicable a los hechos propuestos por la fiscalía, porque en ella tiene lugar el auto de vinculación a proceso, que para su emisión exige -entre otros requisitos- la existencia de datos de prueba que establezcan la comisión de un hecho señalado en la ley como delito y además exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, así como que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. En consecuencia, propuestos y, por ende, se estima infundados los agravios improcedente fijar audiencia de sobreseimiento en términos del artículo 327, fracciones VI y X solicitada por ********************, por no haberse celebrado aún la audiencia inicial; en consecuencia, se confirma el auto impugnado. Máxime que la investigación inicial a cargo de llevarla y dirigirla hasta este momento del Ministerio Público no se suspende, interrumpe ni cesa, hasta después de celebrada la audiencia inicial, supuesto no acontecido en el presente asunto. Similares consideraciones fueron sustentadas por los Cuarto y Noveno Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver los amparos en revisión ******************** y ********************, respectivamente. (.).". Así, a través de las constancias que obran, las que al no haber sido objetadas, tienen pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo en términos de su artículo 196, esto es, sin excesos ni defectos, ya que como se advierte de párrafos precedentes, se ajustó a los lineamientos ahí contenidos. Atento a lo expuesto previamente y con fundamento en el artículo 196, párrafo cuarto, de la ley de la materia, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido; lo anterior, para todos los efectos legales a que haya lugar. Hágase del conocimiento de las partes esta resolución, para los efectos del numeral 201 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.
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