José Luis Gurrola Jara
Expediente 1023/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 20 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 1023/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 10/08/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- José Luis Gurrola Jara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
En diez de agosto de dos mil quince, el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, CERTIFICO: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió del veinticuatro de julio al seis de agosto de dos mil quince, sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiuno de julio del año en curso, dentro del juicio de amparo número 1023/2015.- DOY FE. En la misma fecha, el Secretario José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con la certificación que antecede y con el estado que guardan los presentes autos.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a diez de agosto de dos mil quince. Visto el estado que guardan los presentes autos y certificación de cuenta asentada por el Secretario adscrito a este Juzgado, en el sentido de que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintiuno de julio de dos mil quince; en tal razón, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley Reglamentaria en consulta, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Por otra parte, en su oportunidad y con fundamento en los puntos vigésimo, fracción III y vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que el expediente principal como el cuaderno original del incidente de suspensión SÍ SON SUSCEPTIBLES DE DESTRUCCIÓN, en razón de que en relación al primero se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y en el segundo se negó la suspensión definitiva; además de que este Juzgado considera que no revisten valor jurídico o histórico que amerite su conservación; en atención a ello, glósese al principal el original del incidente. Asimismo, el CUADERNO DUPLICADO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN correspondiente al presente juicio de amparo ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, dado que no contiene valor jurídico o histórico por el cual deba conservarse; por tanto, guárdese por separado dicho cuaderno, para que una vez que transcurra el término de seis meses a que se refiere el citado punto vigésimo, se lleve a cabo su destrucción. Una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto Décimo Primer del Acuerdo en cita, por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el Acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, devuélvase a la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del distrito judicial de Río Grande, Zacatecas, el duplicado de la causa penal 22/2007, que en su oportunidad remitió como apoyo a su informe justificado. NOTIFÍQUESE POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo acordó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe. Luis.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.- En Zacatecas, Zacatecas, a las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, día y hora señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 1023/2015, presentes en audiencia pública el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, conforme a lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del Secretario de Juzgado licenciado Faustino Rodríguez Flores, con quien actúa y da fe, la declaró abierta sin contar con la asistencia de las partes, de conformidad con el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente. Acto seguido, el Secretario da lectura a las constancias que integran el presente juicio de garantías, sin que sea necesario hacer mención expresa de ellas, acorde a lo establecido en la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 185, Tomo IV, primera parte, julio a diciembre de 1989, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que refiere: "PRUEBAS DOCUMENTALES. SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en ese acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". En relación con lo anterior, el Secretario encargado del despacho acuerda: Téngase por hecha la relación de constancias, por leídas las mismas, por rendido el informe justiciado de la Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar ambas del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, Jueces Primero, Segundo y Tercero del Ramo Penal, estas del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas, Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Miguel Auza, Zacatecas, Director de la Policía Ministerial en el Estado de Zacatecas, Agente de la Policía Ministerial, con sede en Río Grande, Zacatecas, y Comandantes de la Policía Ministerial en Sombrerete, Miguel Auza, y Fresnillo, estos en el Estado de Zacatecas, en términos del numeral 117 de la Ley de Amparo vigente. A continuación, en el período de pruebas, el Secretario da cuenta con las documentales ofrecidas por la autoridad responsable Juez Segundo de Primera Instancia del Distrito Judicial de Sombrerete, Zacatecas, consistentes en copias certificadas del auto de sobreseimiento y del auto que lo declaró ejecutoriado, dictados dentro del proceso penal 30/2002, así como con el duplicado del Proceso Penal 22/2007, exhibido por el Juez Segundo de Primera Instancia de Río Grande, que remitieron en apoyo a sus informes justificados. Al respecto, el Secretario encargado acuerda: Con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, se tienen por desahogadas de acuerdo a su propia y especial naturaleza las documentales, antes señalado. Se declara cerrado el período probatorio y se pasa al de alegatos; en el que la Secretaria da cuenta con el pedimento número 288/2015, signado por la Agente del Ministerio Público de la adscripción, adjuntado a foja 35 de autos, por lo que con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo se tienen por hechas sus alegaciones. En consecuencia, no existiendo más diligencias pendientes por desahogar, se levanta la presente Acta en términos del artículo 124, de la Ley de Amparo vigente, y se procede al estudio de las constancias relativas para dictar la sentencia que en derecho corresponda. Resolución Constitucional Visto para resolver el juicio de amparo indirecto número 1023/2015, promovido por Alba Isela Hinojosa Herrera y José Luis Gurrola Jara, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar con residencia en Río Grande, Zacatecas y otras autoridades, que considera violatorio de los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y Resultando: I. Presentación de la Demanda. Mediante escrito presentado el doce de junio de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Alba Isela Hinojosa Herrera y José Luis Gurrola Jara demandaron el amparo y protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por el acto que enseguida se precisan: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Como autoridad ordenadora, Juez Primero y Juez Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Río Grande, Zacatecas, Juez Primero del Ramo Penal de Fresnillo, Zacatecas, Juez Segundo del Ramo Penal de Fresnillo, Zacatecas, Juez Tercero Penal de Fresnillo, Zacatecas, Juez Primero de Primera Instancia de Sombrerete, Zacatecas, Juez Segundo de Primera Instancia de Sombrerete, Zacatecas y Juez Mixto de Primera Instancia de Miguel Auza, Zacatecas. Como autoridad ejecutora Director de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas, quien tiene su domicilio bien conocido en las oficinas de la corporación en la ciudad de Zacatecas; Comandantes de la Policía Ministerial en Fresnillo, Sombrerete, Río Grande y Miguel Auza, todos del Estado de Zacatecas. IV.- ACTO RECLAMADO: De las autoridades responsables, reclamo la orden de aprehensión y/o comparecencia y/o presentación y/o localización girada en mi contra por las autoridades ordenadoras, actos que indudablemente pretenden violar mis garantías de seguridad jurídica y legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 Constitucionales en relación con la Ley de Amparo en vigor. II. Substanciación del Juicio. Por razón de turno correspondió el conocimiento de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad capital, que en auto de doce de junio de dos mil quince, la registró y admitió a trámite bajo el número 1023/2015; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su informe justificado, se otorgó intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación y, se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional, iniciada al tenor del acta que antecede. Considerando: I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, Zacatecas, es competente para resolver el presente juicio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 Constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV y 107 de la Ley de Amparo en vigor, así como en los diversos 48 y 52, fracción IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, la competencia para conocer de este asunto, se sustenta en el Acuerdo General 3/2015 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiuno de noviembre de dos mil catorce. II. Precisión, inexistencia y certeza de actos reclamados. II.1. Precisión. Previo a analizar la certeza de los actos reclamados, debe precisarse cuáles son éstos, en términos de lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Para tal efecto, se atenderá a los lineamientos que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en el sentido de analizar íntegramente la demanda y actos reclamados con criterio amplio, no restrictivo para determinar la verdadera intención del promovente, sin cambiar su alcance y contenido, prescindiendo de los calificativos sobre inconstitucionalidad que realice, en términos de las Jurisprudencias P./J.40/2000 y P.VI/2004. En ese sentido, de una lectura integral del libelo constitucional y anexos que forman un todo, se advierte que los actos reclamados en la presente instancia constitucional, consisten en: a). La orden de aprehensión. b). Su ejecución. II.2.1. Certeza: Es falso el acto reclamado a las autoridades responsables Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, Juez Primero del Ramo Penal de Fresnillo, Zacatecas, Juez Segundo del Ramo Penal de Fresnillo, Zacatecas, Juez Tercero del Ramo Penal de Fresnillo, Zacatecas, Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar de Sombrerete, Zacatecas, Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Miguel Auza, Zacatecas, Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas con sede en Fresnillo, Zacatecas y el Agente de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con sede en Río Grande, Zacatecas, consistente en la orden de reaprehensión decretada en la causa penal 22/2007, por la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas, en contra de Alba Issela Hinojosa Herrera y José Luis Gurrola Jara, por el delito de FRAUDE, cometido en detrimento de Juan Martínez Castro; sin que la parte quejosa hubiera aportado prueba alguna para desvirtuar su negativa. En ese contexto, al no haberse demostrado su existencia es que deba decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con apoyo en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63.- El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;" (.) Al respecto es aplicable la tesis del contenido siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. NO REQUIERE RAZONARSE. La autoridad responsable al negar la existencia del acto que se le atribuye, no necesita justificar o razonar su negativa.". De la misma manera sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Jurisprudencia del tenor siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". II.2.2. Certeza. El Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Sombrerete, Zacatecas, así como La Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar con sede en Río Grande, Zacatecas, al rendir su informe con justificación reconocieron la existencia de los actos que se les atribuyen, precisados en los incisos a), y b), de este considerando, en su punto II.1. Resulta aplicable al caso, la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Si bien es verdad las autoridades responsables Comandante de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Comandante de la Policía Ministerial en Sombrerete, Zacatecas y Juez de Primera Instancia y de lo Familiar de Miguel Auza, Zacatecas y Director General de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, ambas con sede en esta ciudad de Zacatecas, negaron el acto que se les reclama; empero, al aceptar el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar con sede en Sombrerete, Zacatecas, así como la Juez Segundo de Primera Instancia con sede en Río Grande, Zacatecas, la existencia de una orden de aprehensión, debe estimarse con relación a estas autoridades que es de inminente ejecución, por lo que deberán cumplimentarla en su momento dada su condición de autoridades ejecutoras. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en la Octava Época, visible en la página cincuenta y seis del tomo III, enero a junio de mil novecientos ochenta y nueve, de consulta rápida bajo el número de registro electrónico número 227,890, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGADO POR AUTORIDADES EJECUTORAS Y ADMITIDO POR LA AUTORIDAD ORDENADORA. DEBE TENERSE POR CIERTO. Si las autoridades ejecutoras en su informe justificado, negaron la existencia del acto reclamado, pero aquellas a quienes se les atribuye haberlo ordenado lo aceptan, indudablemente que las autoridades ejecutoras por razón de jerarquía tienen obligación de darle cumplimiento a tal orden, por lo tanto, debe tenerse como cierto el acto a ellas reclamado." Además, la certeza del acto reclamado, se corrobora con el duplicado del proceso penal 22/2007, que remitió la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, en apoyo a su informe justificado; documentales que revisten plena eficacia probatoria, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de éste último ordenamiento legal, se desprende la orden reclamada, la cual fue emitida por la referida Juez Segundo de Primera Instancia de Río Grande, Zacatecas, de ahí que haya quedado plenamente demostrada la certeza del acto. En este sentido, es aplicable, la tesis del rubro y texto siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." III. Procedencia del Juicio de Amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." Así, este órgano jurisdiccional advierte de manera oficiosa la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, toda vez que han cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . XXI.-Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Así pues, de la demanda de garantías se advierte que los quejosos Alba Isela Hinojosa Herrera y José Luis Gurrola Jara, reclaman la orden de aprehensión dictada en su contra por la Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Río Grande, Zacatecas, así como su cumplimiento. En efecto, del duplicado del proceso penal número 22/2007, que remitió la Juez responsable se infiere que el quince de mayo de dos mil siete, se giró orden de aprehensión en contra de los impetrantes de garantías, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de FRAUDE cometido en perjuicio de Juan Martínez Castro. A su vez, del duplicado del citado proceso que como anexo remitió la Juez Segundo de Primera instancia, con residencia en Río Grande, Zacatecas, se desprende que en el mismo obra el acuerdo de dieciséis de junio del año en curso, por el cual declaró prescrita la acción penal y el sobreseimiento en favor de Alba Isela Hinojosa Herrera y José Luis Gurrola Jara por lo que dejó sin efecto el mandamiento de captura por ella emitido (fojas 70 a 73), así como el auto por el cual causó ejecutoria dicha determinación (foja 74). Por otra parte, del informe justificado rendido por el Juez Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de Sombrerete, Zacatecas, de la copia certificada que adjuntó al mismo, se advierte el diecinueve de febrero de dos mil catorce, en los autos del proceso penal número 30/2014, de su índice, se infiere que declaró prescrita la acción penal y el sobreseimiento, a favor de Alba Issela Hinojosa Herrera y José Luis Gurrola García, respecto del delito de FRAUDE ESPECÍFICO cometido en perjuicio de Manuel Martínez Ramos, por Io que dejó sin efecto las órdenes de aprehensión y reaprehensión de fechas tres de septiembre de dos mil tres y treinta de marzo de dos mil seis, respectivamente. Determinación que se declaró ejecutoriada por acuerdo de veintiséis de febrero de dos mil catorce (fojas 24 a 29). Así las cosas, resulta incuestionable que en la especie se actualiza la causa de improcedencia en estudio, toda vez que durante la tramitación del juicio de garantías, dejó de surtir efectos la determinación por la que se restringía la libertad personal de los quejosos, consistente en las órdenes de aprehensión dictada en su contra el quince de mayo de dos mil siete y tres de septiembre de dos mil tres, por lo que, cesaron los efectos de la privación de su libertad derivada de las ordenes de aprehensión reclamadas, toda vez que se restituyó a los quejosos en el goce de la garantía individual violada, quedando éstos en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido y es incuestionable que se está en presencia de una cesación de efectos, toda vez que como ya se dijo, por una parte se declaró prescrita la acción penal y auto de sobreseimiento a favor de los quejosos y por tanto, dejaron de surtir efectos las determinaciones por las que se restringía su libertad personal. Sirven de sustento a lo anterior, las Jurisprudencias números 9/98 y 59/99 ambas de la Novena Época, emitidas por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del país, impresas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomos VII, Febrero de mil novecientos noventa y ocho; así como el IX, Junio de mil novecientos noventa y ocho, consultables en las páginas 210 y 38; respectivamente, cuyos rubros y textos a la letra dicen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo"; y "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." A su vez, tiene sustento a lo antes expuesto, la Jurisprudencia número 7, emitida por el SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO, visible en la página 748, Tomo VIII, Agosto de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN. CESAN SUS EFECTOS CUANDO SE DICTA AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS PARA PROCESAR.- La causal prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, establece que el juicio de amparo es improcedente cuando "... hayan cesado los efectos del acto reclamado", lo que significa que mediante una resolución posterior que sea emitida por la propia autoridad responsable, el acto reclamado sea revocado o destruido, así como los efectos que haya producido, hipótesis que se actualiza cuando la autoridad responsable libra en contra del quejoso orden de aprehensión y con posterioridad, al resolver su situación jurídica dicta en su favor auto de libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, en virtud de que dicha orden de aprehensión ha dejado de existir, reponiendo al indiciado en el mismo estado en que se encontraba antes de que se ordenara su captura, sin que lo anterior, se contraponga al criterio establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al establecer la jurisprudencia número 55/1996, cuyo rubro es: "ORDEN DE APREHENSIÓN. NO CESAN SUS EFECTOS CUANDO SE DICTA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1113 DE LA PRIMERA SALA) Y ANÁLISIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.", toda vez que se trata de una situación diversa, ya que el Juez responsable al dejar insubsistente la orden de aprehensión y decretarle en el auto de término constitucional, la libertad por falta de elementos para procesar, con las reservas de ley, restituye al quejoso en el goce de la garantía individual violada, quedando éste en una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido. En el entendido de que el sobreseimiento decretado debe hacerse extensivo en cuanto a los actos reclamados a las autoridades ejecutoras Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia de la ciudad de Río Grande, Zacatecas, Jueces Primero, Segundo y Tercero, todos del ramo Penal de Fresnillo, Zacatecas; Juez Primero y Segundo de Primera Instancia de Sombrerete, Zacatecas y Juez Mixto de Primera Instancia de Miguel Auza, Zacatecas; Director de la Policía Ministerial del Estado de Zacatecas; Comandantes de la Policía Ministerial en Fresnillo, Sombrerete, Río Grande y Miguel Auza, todos del Estado de Zacatecas, al no impugnarse por vicios propios, sino en vía de consecuencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia número 516, visible en la página 339, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de al Federación de 1917-1995, del contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS. Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios.". En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie durante la tramitación de este juicio constitucional cobra vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; motivo por el cual con fundamento en el diverso artículo 63, fracción V, del ordenamiento legal invocado, procede SOBRESEER el presente juicio de garantías promovido por Alba Isela Hinojosa Herrera y José Luis Gurrola Jara. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- SE SOBRESEE en el presente juicio de garantías promovido por Alba Isela Hinojosa Herrera y José Luis Gurrola Jara, por su propio derecho, respecto de los actos y autoridades precisados en el resultando primero del presente fallo por los motivos expuestos en su considerando tercero. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo resolvió y firma el licenciado Jorge Martín González Zamora, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del Titular, de conformidad con lo establecido en el artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, asistido del Secretario con quien actúa, licenciado Faustino Rodríguez Flores.- DOY FE. L'FRF.
- Incidental
En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL OCHO DE JULIO DE DOS MIL QUINCE, hora y día señalados para la celebración de la audiencia incidental relacionada con el juicio de amparo 1023/2015, por lo que se refiere a los Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia y del o Familiar y Comandante de la Policía Ministerial, todos con sede en Río Grande, Zacatecas; Jueces Primero, Segundo y Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar y Comandante de la Policía Ministerial, todos con residencia en Sombrerete, Zacatecas; Juez de Primera Instancia y de lo Familiar y Comandante de la Policía Ministerial, ambos con sede en de Miguel Auza, Zacatecas, el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa con el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe, encontrándose en audiencia pública, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo vigente, la declaró abierta, sin contar con la asistencia de las partes ni de persona alguna que legalmente las represente. Acto continuo, el Secretario procede a hacer relación de las constancias que integran el presente cuaderno incidental, entre las que destacan: Copia de la demanda de garantías; auto de quince de junio de dos mil quince, en el que se admitió a trámite el presente incidente de suspensión; constancias de notificación a las partes respecto de la substanciación de esta incidencia; y el informe previo de las autoridades responsables antes citadas. Al respecto, el Juez, acuerda: Téngase por hecha la anterior relación de constancias para los efectos legales conducentes y por rendido el informe previo de las referidas autoridades responsables. Acto continuo, en el periodo de pruebas, el Secretario hace constar que ninguna de las partes las ofreció. Cerrado el período probatorio se pasa al de alegatos; y con apoyo en el artículo 124 de la Ley de Amparo vigente, se tienen por formulados los que hizo valer la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado, en su pedimento 315/2015, recibido en la Oficialía de Partes de este Juzgado Federal el seis del mes y año en curso. Consecuentemente, al no existir más actuaciones y constancias que relacionar, se procede a dictar la interlocutoria correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 1023/2015; y, R E S U L T A N D O: 1. ALBA ISSELA HINOJOSA HERRERA Y JOSÉ LUIS GURROLA JARA, promovieron juicio de amparo y solicitaron la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados al Juez Primero de Primera Instancia y de lo Familiar del Distrito Judicial de Río Grande, Zacatecas y otras autoridades, que hizo consistir en la orden de aprehensión, comparecencia, presentación y localización giradas en su contra. 2. Por auto de quince de junio del año en curso, se dio trámite al presente incidente, en que se concedió la suspensión provisional de los actos reclamados; se requirió a las autoridades responsables su informe previo; se notificó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y en resolución de veintidós de junio del año en curso, se resolvió sobre la suspensión definitiva respecto de las autoridades responsables que ya habían rendido informe previo, difiriéndose en cuanto a las restantes, por lo que se citó a las partes a la audiencia incidental, que ahora se celebra por cuanto hace los Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia y del o Familiar y Comandante de la Policía Ministerial, todos con sede en Río Grande, Zacatecas; Jueces Primero, Segundo y Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar y Comandante de la Policía Ministerial, todos con residencia en Sombrerete, Zacatecas; Juez de Primera Instancia y de lo Familiar y Comandante de la Policía Ministerial, ambos con sede en de Miguel Auza, Zacatecas, al tenor del Acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución. C O N S I D E R A N D O: I. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas es legalmente competente para resolver el presente incidente de suspensión, por tener competencia legal para conocer del juicio de garantías del cual se origina la incidencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I y 107, fracciones VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33 y 138 de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. II. Por razón de técnica jurídica y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, el cual señala que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados que se obtengan del estudio y análisis conjunto de la demanda de garantías, atendiendo a la tesis de jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Bajo esa tesitura, los actos reclamados por los quejosos esencialmente consisten en la orden de aprehensión, comparecencia, presentación y localización giradas en su contra. III. Las autoridades responsableslos Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia y del o Familiar y Comandante de la Policía Ministerial, todos con sede en Río Grande, Zacatecas; Jueces Primero, Segundo y Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar y Comandante de la Policía Ministerial, todos con residencia en Sombrerete, Zacatecas; Juez de Primera Instancia y de lo Familiar y Comandante de la Policía Ministerial, ambos con sede en de Miguel Auza, Zacatecas, al rendir su respectivo informe previo negaron expresamente la existencia del acto que se les reclama, sin que el impetrante hubiera aportado elemento probatorio alguno para desvirtuar esas negativas; en consecuencia, lo que procede es negar la suspensión definitiva que se solicita, en cuanto a dichas autoridades responsables, al no haber materia sobre la que pudiera decretarse. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 1008, visible en la página 1630 de la Segunda Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que a la letra dice: "INFORME PREVIO.- Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma y, consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado al no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario.". Sin que pase inadvertido que las autoridades responsables Jueces Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar de los Distritos Judiciales de Río Grande y Sombrerete, ambos del Estado de Zacatecas, en su respectivo informe previo que rindieron manifestaron, que dentro de su índice se encuentra radicada la causa penal 22/2007 y 30/2002-II; respectivamente, dentro de las cuales que se giró orden de aprehensión en contra de los aquí quejosos por el delito de fraude, decretándose en ambas el sobreseimiento a su favor por prescripción de la acción penal en su contra. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO.- Se NIEGA a ALBA ISSELA HINOJOSA HERRERA Y JOSÉ LUIS GURROLA JARA, la suspensión definitiva contra los actos que reclama a los Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia y del o Familiar y Comandante de la Policía Ministerial, todos con sede en Río Grande, Zacatecas; Jueces Primero, Segundo y Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Fresnillo, Zacatecas; Jueces Primero y Segundo de Primera Instancia y de lo Familiar y Comandante de la Policía Ministerial, todos con residencia en Sombrerete, Zacatecas; Juez de Primera Instancia y de lo Familiar y Comandante de la Policía Ministerial, ambos con sede en de Miguel Auza, Zacatecas, por los motivos precisados en el considerando III de esta interlocutoria. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo resolvió y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado José de Jesús Martínez Torres, Secretario que autoriza y da fe.
- Incidental
En siete de julio de dos mil quince, el Secretario licenciado José de Jesús Martínez Torres, doy cuenta al Juez con un pedimento y un oficio con registros 13362 y 13321.- CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, a siete de julio de dos mil quince. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el pedimento 315/2015, signado por la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; y en atención a su contenido, con apoyo en el artículo 144 de la nueva Ley de Amparo, téngasele por formulando alegatos en los términos que consta en su libelo, los cuales deberán relacionarse en la audiencia incidental. Asimismo, como lo solicita, con apoyo en el numeral 278 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, una vez que se dicte la resolución que corresponda en el presente incidente de suspensión, expídasele a su costa copia simple de la misma, previa toma de razón que por su recibo se asiente en autos. Por otra parte, téngase por recibido el oficio signado por el Agente de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de Justicia del Estado, con residencia en Río Grande, Zacatecas, por el que rinde informe previo; y tomando en consideración que el veintinueve de junio del año en curso se tuvo por recibido el mismo y se acordó en cuanto a su contenido el treinta siguiente; por tanto, el comunicado de mérito glósese a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda. NOTIFÍQUESE POR LISTA A LAS PARTES. Lo proveyó y firma el licenciado Manuel Augusto Castro López, Juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Secretario que autoriza, licenciado José de Jesús Martínez Torres.- DOY FE.
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