José Luis Guerrero Jiménez

Expediente 112/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 3 actuaciones registradas, la última del 19 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
112/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
19/03/2021

Partes del expediente

  • José Luis Guerrero Jiménez

Actuaciones

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, DIECINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Visto lo de cuenta, se advierte que no se interpuso recurso alguno en contra del proveído dictado el veintitrés de febrero del año en curso, dentro del término previsto por el arábigo 98 de la Ley de la materia, como se aprecia de la certificación que antecede; entonces, con fundamento en los ordinales 355 y 356, fracción II, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, por disposición de su numeral 2, se declara que ha causado estado, para todos los efectos a que haya lugar, y toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con fundamento en el ordinal 214 de la Ley en comento, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Luego, con fundamento en el artículo 21 incisos b) y d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; que prevé que son susceptibles de destrucción aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluidos y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en el antepenúltimo y penúltimo párrafo, del citado precepto; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en dicho acuerdo; este Órgano Jurisdiccional determina que el presente expediente es destruible. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en los incisos b) y d), del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías se desechó de plano la demanda de garantías en cuestión, carece de relevancia documental y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTITRÉS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE. Se tiene por recibido el ocurso de cuenta suscrito por electrónicamente por Emiliano Zapata Sandoval Blasco, autorizado de la parte quejosa, y anexo relativo a la evidencia criptográfica del documento en cuestión, a través del cual realiza manifestaciones respecto de la vista con cumplimiento que se le dio el dieciocho de los cursantes; en ese sentido, agréguense a los presentes autos en la inteligencia de que serán tomadas en consideración al momento de calificar el fallo protector. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISIETE DE ENERO DE DOS MIL VEINTIUNO. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, a través de la cual solicita el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 112/2021, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado, asimismo, con fundamento en los artículos 1, 3, 4, 13, 21, 22, 25 y 35 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deba digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En el entendido de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12 del diverso Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. Ahora bien, analizada la demanda, se hace necesario requerir al promovente, de conformidad con los artículos 112 y 114, fracción I, II, III y IV, de la Ley de Amparo en Vigor, para que dentro del término de CINCO DÍAS siguientes al en que surta efectos la notificación de este proveído, de conformidad con el penúltimo párrafo del citado numeral 114 de la Ley de la Materia aplicable, bajo protesta de decir verdad, cumpla con la siguiente prevención: 1.- Precise si comparece al presente juicio de amparo por su propio derecho, o en representación de algún sindicato. De ser el caso, exhiba constancia original o certificada con la cual acredite dicha representación. Lo anterior, en virtud de que del inicio del escrito de demanda, se advierte que el quejoso refiere comparecer al presente juicio por propio derecho; sin embargo, de la fracción X, del capítulo de conceptos de violación, se desprende que el quejoso refiere que la reforma a la Ley Burocrática del Estado de Nayarit, que impugna es regresiva, pues elimina derechos ya reconocidos, ejercidos y gozados por los trabajadores afiliados al sindicato que él representa. Cobra aplicación por analogía la Jurisprudencia P./J. 23/2009, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página siete, Tomo XXIX, Abril de dos mil nueve, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "PERSONALIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. EL ARTÍCULO 13 DE LA LEY RELATIVA REQUIERE QUE, PREVIAMENTE A LA ADMISIÓN DE LA DEMANDA, EL PROMOVENTE EXHIBA LAS CONSTANCIAS QUE ACREDITEN EL RECONOCIMIENTO DE DICHO PRESUPUESTO PROCESAL ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE. El artículo 13 de la Ley de Amparo dispone que cuando alguno de los interesados tenga reconocida su personalidad ante la autoridad responsable, tal personalidad será reconocida en el juicio de amparo para todos los efectos legales, siempre que compruebe tal circunstancia con las constancias respectivas. Del análisis de dicho precepto puede arribarse a la conclusión de que la exhibición de las referidas constancias debe realizarse al momento de presentar el escrito inicial de demanda, en el entendido de que, de no hacerlo así, el juez o tribunal del conocimiento deberán requerir al promovente en términos de lo dispuesto por el artículo 146 de la Ley de Amparo, para que en el plazo de tres días exhiba las constancias referidas, apercibido que de no hacerlo así, se tendrá por no interpuesta la demanda en aquellos casos en que se afecten únicamente intereses patrimoniales, o bien se dará vista al Ministerio Público en los demás casos. Lo anterior es así, pues las únicas excepciones a la regla de acreditar la personalidad previamente a la admisión de la demanda se encuentran referidas a las materias penal y agraria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 16 y 215 de la Ley de Amparo, ya que en términos del primer numeral citado, bastará la simple manifestación del quejoso en el sentido de tener el carácter de defensor del quejoso para que se admita la demanda, sin perjuicio de que se solicite al juez o tribunal la certificación correspondiente; mientras que el segundo de los preceptos citados dispone que cuando no se hayan acompañado los documentos que justifiquen la personalidad, el juez o tribunal que conozca del juicio de amparo, con independencia del requerimiento que formule a los promoventes, solicitará por separado a las autoridades agrarias para que le informen si efectivamente cuentan con la personalidad con que se ostentaron, sin perjuicio de conceder la suspensión provisional de los actos reclamados. Sostener una interpretación distinta de lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, esto es, que la exhibición de las constancias que acrediten el reconocimiento de la personalidad ante la autoridad responsable puede realizarse en cualquier etapa del procedimiento, podría generar la posibilidad de que se tramitara un juicio de amparo iniciado por quien carece de representación para promoverlo, lo que implicaría una labor estéril por parte del tribunal del conocimiento en la tramitación y decisión del asunto, además de que se causarían perjuicios a las partes del proceso, con el consecuente menoscabo de sus intereses, porque se ven sometidos no sólo a las molestias impuestas por los trámites, medios de apremio y diligencias de desahogo de pruebas, sino también a otros efectos, como los que derivan de la suspensión del acto reclamado, del otorgamiento de garantías para su ejecución e incluso de las sanciones en que puedan incurrir por su desacato." 2.- Aclare cuál es el acto reclamado. 3.- Mencione si desea señalar como autoridad responsable a la Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit. 4.- De ser el caso, precise de manera clara el número de expediente de donde deviene la determinación a la que se refiere como "incompetencia decretada por la Junta Especial Número Dos de con Conciliación y Arbitraje del Estado", así como el estado procesal en que éste se encuentra y la fecha en que fue notificado de dicha determinación. Lo anterior es así, pues del capítulo relativo a la norma general y actos reclamados, la parte quejosa señala como tales, la inconstitucionalidad de diversos preceptos de la Ley Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, aprobada el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, así como el primer acto de aplicación de dicha ley, consistente en el oficio número CEPTEN/575/2020 de fecha diez de diciembre de dos mil veinte, emitido por el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Nayarit; mientras que en el capítulo de conceptos de violación, pareciera que menciona como primer acto de aplicación de la Ley Laboral Burocrática, la incompetencia decretada por la autoridad responsable Junta Especial Número Dos de Conciliación y Arbitraje del Estado. De ahí que existe incertidumbre respecto del acto que reclama. Es aplicable a lo anterior, por analogía la tesis XX.57 K, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, página 871, Marzo de mil novecientos noventa y seis, Novena Época, cuyo rubro y texto, señalan: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS. De conformidad con la naturaleza y fines del juicio de amparo, el acto reclamado a las autoridades, debe señalarse con claridad y precisión, en virtud, de que, a través del mismo sólo puede juzgarse sobre la legalidad o no de lo reclamado en los términos en que se hace la reclamación y se acredita ante la responsable, toda vez que esto resulta indispensable para establecer la relación procesal en los juicios de garantías; por tanto, ante la falta de precisión y claridad de los actos reclamados debe requerirse al quejoso que dé cumplimiento a esos requisitos apercibido que de no hacerlo se tendrá por no interpuesta la demanda, sin que sea válido considerar que ante la obscuridad de la misma debe desecharse ésta, en razón que de conformidad con el artículo 146 de la Ley de Amparo, ante omisiones de tal naturaleza, se concede al peticionario de garantías la oportunidad de corregirlos mediante un escrito aclaratorio, siendo categórico el contenido del numeral en cita, en el sentido de que si no se cumple con el requerimiento, el Juez Federal deberá tener por no interpuesta la demanda". Sustenta lo anterior, la tesis jurisprudencial emanada del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la página cuatrocientos veintisiete, Tomo XIII, Mayo de mil novecientos noventa y cuatro, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO, ACLARACIÓN DE LA. PROCEDE CUANDO SE OMITE LA FECHA DE CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO (ARTICULO 146 DE LA LEY DE AMPARO). No señalar en la demanda de garantías el dato referente a la fecha de conocimiento de los actos reclamados, debe considerarse una irregularidad en el libelo que es suficiente para ordenar su aclaración, habida cuenta que, además de que el artículo 116, fracción IV, de dicha Ley, dispone que todo quejoso está obligado a manifestar, bajo protesta de decir verdad: "... cuáles son los hechos o abstenciones que le constan y que constituyen antecedentes del acto reclamado...", sin conocerse ese antecedente no sería posible efectuar el cómputo para saber si la demanda aludida se presentó o no en tiempo; de ahí que el incumplimiento de ese requisito quede comprendido entre aquellas deficiencias señaladas por el artículo 146 de la Ley invocada, que confiere facultades expresas al juez de Distrito para prevenir al promovente y, en su caso, tener por no interpuesta la demanda, cuando no se hiciere la aclaración respectiva. En la inteligencia de que el último precepto citado no limita las facultades del juzgador federal para exigir la aclaración sólo cuando se omitan los requisitos que señala el referido artículo 116, sino que en forma amplia y discrecional le permite observar cualquier irregularidad que pudiese obstaculizar el trámite a fin de que sea subsanado". En esas condiciones, se hace del conocimiento del quejoso que es él quien debe dar cumplimiento a la prevención formulada en párrafos que anteceden en razón de que ésta debe ser cumplida por el propio promovente del amparo, ya que es éste quien, bajo protesta de decir verdad, debe manifestar los hechos, abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos de violación, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quienes promueven el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". Hágase saber al peticionario de garantías que el escrito aclaratorio de la demanda de amparo se debe presentar con las copias necesarias que señala el ordinal 110 de la ley de la materia, a fin de distribuirlas entre las partes. Sustenta lo anterior por identidad jurídica, la Jurisprudencia por contradicción tesis número 9/2000, que emitió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, visible en la página setenta y nueve, Tomo XIII, abril de dos mil uno, cuyo y texto señalan: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. LA ACLARACIÓN DEL ESCRITO RELATIVO DEBE EXHIBIRSE CON EL NÚMERO DE COPIAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 120 DE LA LEY DE AMPARO. Si bien el referido precepto establece que con la demanda se exhibirán las copias necesarias para correr traslado a las partes, y para integrar el incidente de suspensión, sin hacer referencia expresa al escrito aclaratorio, también lo es que dicha disposición le resulta aplicable, pues este último, junto con el escrito inicial, integran la demanda de amparo.". Se apercibe al promovente, que en caso de no acatar lo establecido en el presente proveído, dentro del término concedido, se tendrá por no presentada la demanda en términos del precepto 114 de la legislación en comento. Asimismo, apercíbase al peticionario de amparo, que en caso de que afirmen hechos falsos u omitan los que les consten en relación al amparo que se provee, se procederá de conformidad con lo establecido en el numeral 261, del ordenamiento legal invocado, que a la letra establece: "Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y.". Luego, en términos del artículo 22 y 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a la parte promovente para que procure la continuación del presente expediente en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. En tanto tramite u obtenga cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, debe proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. También podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), por medio del referido portal, aunque no se cuente con firma electrónica, siempre que el acto reclamado en el juicio se contemple en el artículo 15 de la Ley de Amparo, o se equipare a estos supuestos a juicio del órgano jurisdiccional. c) Enviando la promoción u oficio, debidamente firmado en forma autógrafa y digitalizado (escaneado), directamente al correo electrónico del juzgado. En este caso, para constatar el origen de la gestión y atribuir fehacientemente a las partes la remisión del documento, personal secretarial o actuarial del juzgado, podrá ponerse en contacto telefónico con el promovente y hacer constar mediante videoconferencia la ratificación, levantando la certificación correspondiente y dando cuenta con ello para dictar el acuerdo que corresponda. d) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes de este órgano judicial, la promoción u oficio, de lunes a viernes, de las 8:30 a las 13:30 horas. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. Se apercibe que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. Lo anterior, con la finalidad de cumplir con las medidas de distanciamiento social y coadyuvar a frenar la propagación del COVID-19. LUGAR PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Por otra parte, con base en lo establecido por el artículo 108, fracción I, en relación con el dispositivo 27, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte promovente el que indica en su ocurso de cuenta y como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a ****, toda vez que su cédula profesional se encuentra registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, mientras que únicamente se tienen como autorizados en términos restringidos del citado numeral a los diversos profesionistas que menciona, por así haberlo indicado el promovente. Asimismo, en relación a su petición de obtener copias mediante uso de cámaras, grabadoras o lectores ópticos de las actuaciones que obran en el presente expediente; en consecuencia, de conformidad a lo establecido en la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de fecha dieciocho de marzo de dos mil nueve y de acuerdo con lo dispuesto en el dispositivo antes mencionado, las partes previa autorización del Juzgado Federal, pueden obtener copia de cualquier constancia o documento que obre en autos y por economía procesal, se autoriza el uso de medios electrónicos, para obtener reproducción de las constancias que obren en este expediente, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma de conformidad respectiva. En el entendido de que tal autorización estará vigente hasta en tanto se ordene el archivo del presente asunto y no se hace extensiva sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. Lo anterior encuentra sustento, por analogía, en la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página dos mil ochocientos cuarenta y siete, Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que indica: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA". HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHABILES. En obvio de mayores dilaciones, desde este momento se habilitan días y horas, para practicar las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, siempre y cuando exista imposibilidad de practicarlas en días y horas hábiles, de conformidad con el numeral 21 de la ley de la materia. LEY DE TRANSPARENCIA. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el precepto 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, hágase del conocimiento de las partes que pueden manifestar su oposición a que se publiquen sus datos personales. NOTIFÍQUESE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit · 10,797 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano