José Luis Granjeno Rodríguez

Expediente 88/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 5 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
88/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
12/02/2021

Partes del expediente

  • José Luis Granjeno Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Visto lo de cuenta, con fundamento en el artículo 210- A, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo a los lineamientos previstos en el numeral 2°, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales conducentes, el correo electrónico enviado a través de la cuenta opelayo@baja.gob.mx, al que adjunta el oficio firmado por la Coordinadora Penal Zona Costa, Defensoría Pública Estatal, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, en atención al requerimiento formulado en autos, designa a los asesores jurídicos adscritos a la citada institución, licenciados Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina, para brindar el servicio de asesoría jurídica al quejoso José Luis Granjero Rodríguez. En mérito de lo expuesto, con fundamento en los artículos 1o. y 14 Constitucionales, resulta procedente dar vista con la totalidad de las actuaciones que conforman el presente juicio de amparo, a los referidos asesores jurídicos, para que vigilen la representación legal de los intereses del quejoso en el asunto que nos ocupa, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, debiendo emprender las acciones conducentes para evitar dejar al directamente agraviado en estado de indefensión, pese a que la misma deba ser examinada de oficio por el juzgador de amparo, al tratarse de una cuestión de orden público. Lo anterior, acorde a los lineamientos previstos en los artículos 8 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y 25 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, instituido en el Estado Mexicano a través del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número XXIV.2o. J/21, del rubro siguiente: "PERSONA PRIVADA DE SU LIBERTAD, PROVISIONAL O DEFINITIVAMENTE. ATENTO A QUE CONFORMA UN GRUPO VULNERABLE POR SU CONDICIÓN DE INTERNO, SI PROMUEVE JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y DE SU DEMANDA NO SE ADVIERTE QUE HAYA SEÑALADO UN ABOGADO QUE LA REPRESENTE, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ASIGNARLE UN DEFENSOR PÚBLICO PARA QUE LA ASESORE ADECUADAMENTE Y SE POTENCIALICE SU DERECHO HUMANO A UNA DEFENSA ADECUADA, YA QUE OMITIRLO ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO HA DE PRIVILEGIARSE EL EXAMEN DE LA DECISIÓN DE FONDO, AL TRAER CONSIGO MAYOR BENEFICIO AL QUEJOSO." Por consiguiente, resulta procedente turnar los autos al Actuario Judicial de la Adscripción, a fin de que se sirva notificar en forma personal el contenido del presente proveído a cualesquiera de los defensores Marianna Lizbeth García y Jesús Mendoza Medina, ambos adscritos a la Dirección Estatal de Defensoría Pública, Coordinación Penal, con sede en esta ciudad, respecto de quienes, la remitente señala como domicilio para ser notificados el ubicado en: Plaza Mundo Divertido, Vía Rápida José Fimbres Moreno, locales 41-43, fraccionamiento San José, de esta ciudad. 1 Sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación el siete de abril de dos mil diecisiete, Décima Época En el entendido, de que, tomando en consideración que dicha Defensa representará los intereses del quejoso, y tendrá también el carácter de autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, las notificaciones personales previstas en el numeral 26, fracción I, inciso a), de dicha normatividad, podrán practicarse al impetrante, por conducto de los defensores de referencia. Finalmente, se tiene a la oficiante designando en términos del numeral 24 de la Ley de Amparo, a las personas que para tal efecto señala.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y certificación secretarial de cuenta, se advierte que aún no obran los acuses de recibo de los oficios 18459 y 18463, de veinticuatro de agosto de dos mil veinte, dirigidos a las autoridades Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión y Director del Diario Oficial de la Federación, ambos con sede en la Ciudad de México; por medio de los cuales se les notifica la reanudación del procedimiento, conforme lo establecido en el artículo 2, fracción I, en relación con el numeral 20, del mencionado Acuerdo General 21/2020 el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, mismos que fueron reexpedidos el cinco y diez de noviembre de dos mil veinte. En consecuencia, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se consagra que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia en los plazos y términos que fijan las respectivas leyes, así como en lo dispuesto en el artículo 28 fracción III de la Ley de Amparo, requiérase vía telegráfica a las autoridades antes citadas, para que dentro del término de veinticuatro horas, por la misma vía, informen la hora y fecha en que hayan recibido los comunicados antes mencionados. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento a lo que aquí se ordena, precisamente en el término concedido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 fracción I, en relación con el 259 ambos de la Ley de Amparo, se les impondrá multa por el equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato judicial aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento. Por tanto, a fin de dar tiempo a lo anterior, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose las diez horas con nueve minutos del veintidós de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo dicha diligencia. En relación a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 25 del Acuerdo 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, hágase saber a las partes que de resultar necesario se podrán desahogar diligencias, recibir alegatos y celebrar la audiencia constitucional, a través de los medios tecnológicos disponibles. Finalmente, intégrense a los autos para que obren como legalmente corresponda los escritos signado por el representante legal de la moral quejosa, atento a su contenido, se tiene por ofrecida la prueba documental que adjunta a su ocurso, así como por hechas las manifestaciones que en vía de alegatos hace valer, de las cuales, se acordará lo relativo a su admisión y desahogo en la audiencia constitucional que en este juicio se celebre, en términos de lo dispuesto en el los artículos 119, 123 y 124 de la Ley de Amparo

  3. Principal

    Vista la razón actuarial de cuenta, se advierte que el agraviado José Luis Granjero Rodríguez, ratificó la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo y asimismo refirió al fedatario judicial, que no se encuentra incomunicado, que actualmente se le instruye un proceso penal ante el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, del cual desconoce su número; sin embargo, precisó que aún no se dicta sentencia. Así entonces, vista de nueva cuenta la demanda de amparo promovida por Esther Rodríguez Solano, a favor de José Luis Granjero Rodríguez, contra actos del Titular del Centro de Reinserción Social La Mesa, en esta ciudad previo a emitir el pronunciamiento correspondiente en cuanto a la admisión o desechamiento de la referida demanda y dada la naturaleza de los actos reclamados, resulta pertinente analizar primeramente el contenido de los numerales 5°, fracción I, 6°, 15, 112 y 113 de la Ley de Amparo, así como del diverso precepto legal 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismos que a la letra dicen: ... De los preceptos legales transcritos se advierte que para la procedencia del juicio de amparo por regla general, para reconocer a quien promueve el carácter de parte quejosa, ya sea por interés jurídico o legítimo, éste deberá estar legitimado para ello y ser titular del derecho subjetivo que le afecta de manera personal y directa. Sin embargo, resulta pertinente traer a colación que el artículo 15 de la Ley de Amparo, se prevé una excepción a la regla indicada, esto es así, ya que dicho dispositivo legal legitima a "cualquier persona" para que en nombre del agraviado presente la demanda, siempre y cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que éste se encuentre imposibilitado para promover el amparo. En el caso que nos ocupa, cabe destacar que la demanda de garantías fue presentada por Esther Rodríguez Solano, a favor de José Luis Granjero Rodríguez, por actos que hizo consistir en la orden de traslado del lugar donde actualmente se encuentra recluido José Luis Granjero Rodríguez, así como su ejecución. Actos que de acuerdo al contenido de los artículos 15 de la Ley de Amparo y 22 constitucional, no son de los considerados como aquellos que traigan como consecuencia una afectación a su integridad física y personal, ni mucho menos se advierte que el agraviado se encuentre impedido para promover él directamente el amparo respecto de los actos que pretende introducir a la litis, tal y como lo hace valer la promovente Esther Rodríguez Solano, en el escrito de demanda. Resaltando que, al ser entrevistado por el Actuario judicial de la adscripción, José Luis Granjero Rodríguez le refirió que no se encuentra incomunicado. En ese tenor, se concluye que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 5o, fracción 1 y 6º de la Ley de Amparo y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, Esther Rodríguez Solano, no se ubica en el supuesto de excepción que le otorgaría legitimación procesal para instar el juicio de amparo a favor de diversa persona. Por lo que, conforme lo establecido en los preceptos legales 62 y 113 de la Ley de Amparo, quien aquí resuelve, advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII del ordinal 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, resultando procedente desechar de plano la demanda de garantías promovida por Esther Rodríguez Solano, atento a los razonamientos expuestos en párrafos supra. Por lo anterior, se dejan sin efecto las providencias dictadas en el presente expediente, háganse las anotaciones de estilo en el libro de gobierno respectivo y, en su oportunidad, una vez que quede firme el presente proveído, archívese como asunto totalmente concluido.

  4. Principal

    Se notifica personalmente a la parte tercero interesada José Antonio Rojas Ribera, el proveído de diecinueve de enero de dos mil veintiuno, por medio de lista, en términos del numeral 29 de la Ley de Amparo, para todos los efectos legales a los que haya lugar. Tijuana, Baja California, veinte de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretaria de cuenta, se advierte que mediante circular CAP/3/2020, de veinte de diciembre de dos mil veinte, emitida por el Coordinador de Asesores de la Presidencia y Secretario de las Comisiones de Receso y Especial del Consejo de la Judicatura Federal, se determinó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, el cual tendría vigencia del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, periodo que se amplió del doce al dieciocho de enero siguiente, mediante similar SECNO/1/2021, de ocho de enero del año en curso. Asimismo, que mediante la diversa circular SECNO/4/2021, de dieciséis de enero de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la propuesta de medidas que deben adoptarse en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19, se indicó que entre otros, en el Estado de Baja California, a partir del diecinueve de enero del año en curso, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia de que se trata. Del mismo modo, del estado que guardan los presentes autos se aprecia que por acuerdo de dos de diciembre de dos mil veinte, se señalaron las diez horas con siete minutos del dieciocho de enero de dos mil veintiuno, para la celebración de la audiencia constitucional. Por tanto, tomando en consideración lo anterior, en términos de lo dispuesto en el artículo 2, fracción I, en relación con el numeral 20, del mencionado Acuerdo General 21/2020, se reanuda el trámite del presente asunto en el estado procesal en que se encontraba el dieciocho de diciembre de dos mil veinte. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar; en el entendido que, conforme a lo establecido en la fracción II, del dispositivo legal invocado en primer término, la reanudación de los plazos operará hasta en tanto se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional. En ese contexto, toda vez que del estado procesal que guardan los autos, se aprecia que no ha sido celebrada la audiencia constitucional en el presente juicio, se señalan las diez horas con siete minutos del dos de marzo de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo. En relación con lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del Virus Covid-19, hágase saber a las partes que para el trámite del presente asunto, de resultar necesario se podrán realizar diligencias, recibir alegatos y celebrar la audiencia constitucional a través de los medios tecnológicos disponibles. Por otra parte, del estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante proveído de dieciocho de septiembre del dos mil veinte, se proporcionó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, el Registro Federal de Contribuyente de los quejosos Humberto Castro Limón, José Alfredo Castro Limón, Alfredo Aispuro Dimas, Ramona Alicia Rubio Montoya, Fernando Salazar Hernández, Luz María Soto Ceja, Amanda Rosario Romo López, Griselda Fuentes Jáuregui, Alma Berenice Romo López, David Daniel Muñoz Hernández, Marcos Daniel Alvarado Barrera, Mayra Patricia Camacho Leyva, José Alfredo Castro Leal, Ernesto Baca Alcántara, Francisco Javier Castro Rubio, Juan Navarrete Orozco, Julio César Alba Hernández y Olivia Armenta Armenta, a fin pudiera estar en aptitud de dar cumplimiento al requerimiento que se le formuló el cuatro de febrero del año en curso. Asimismo, el dieciocho de septiembre, diez de octubre y veinticinco de noviembre del año próximo anterior, se le requirió para que, dentro del término de tres días, informara a este Juzgado de Distrito, si los citados quejosos, tienen cuenta de cheques, ahorros, inversiones, o cualquier otra, que permitan determinar su solvencia económica; sin que a la fecha obre informe o manifestación al respecto por parte de dicha autoridad. En consecuencia, requiérase de nueva cuenta a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con residencia en la Ciudad de México, para que con apoyo en el numeral 297 fracción II del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles, dentro del término de tres días de cumplimiento al requerimiento formulado en el presente juicio de amparo. Para lo anterior, se proporciona como cuenta de correo electrónica la de este juzgado de Distrito 2jdo15ctoaj@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que confirme su recepción por la misma vía o en su caso, en teléfono móvil del Secretario de guardia que aparece registrado en el Sistema de Registro y Control de Guardias de los Juzgados de Distrito y los Tribunales de Circuito del Consejo de la Judicatura Federal. Con el apercibimiento que de no dar cabal cumplimiento al presente mandato judicial, de manera justificada, se le impondrá multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo establecido por el artículo 259, en relación con el numeral 237 fracción I, de la Ley de Amparo, medida de apremio que se estima prudente fijar en dicho monto, a fin de cumplir el mandato aquí establecido y lograr la eficaz prosecución del procedimiento.

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