José Luis Gordillo Serna

Expediente 132/2023 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. 10 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
132/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
07/11/2023

Partes del expediente

  • Víctor Millán Hinojosa
  • José Luis Gordillo Serna
  • Teresa Hernández Quiroz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Queja

    Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que en el proveído de diez de octubre de dos mil veintitrés, se dio vista a la parte recurrente *** por el término de tres días para que realizara manifestaciones respecto a que en el presente asunto existen elementos para considerar que se podría actualizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo; ahora bien, de autos se desprende que dicho plazo transcurrió del treinta de octubre al seis de noviembre de dos mil veintitrés, sin que se haya realizado alguna manifestación, por ende, devuélvase este expediente a la ponencia del Magistrado Casimiro Barrón Torres.

  2. Queja

    Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que en sesión de cinco de octubre de dos mil veintitrés, el Pleno de este órgano jurisdiccional determinó devolver los autos a la Secretaría de Acuerdos a efecto de dar vista a la parte recurrente ***, con la causa de improcedencia que este Tribunal advirtió de oficio se actualizaría, acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, en virtud de que se advierte: "QUINTO. Estudio. Se analizan los agravios de forma conjunta por tener una estrecha relación entre sí, conforme lo dispuesto en el artículo 76 de la Ley de Amparo. I. Sustitución procesal. En su primer agravio, el recurrente aduce en esencia que la resolución recurrida es ilegal ya que el A quo ubica el estado procesal en la etapa de ejecución de laudos cuando esto es incorrecto, pues erróneamente establece que procede el desechamiento de la demanda de amparo porque se encuentra el expediente en ejecución, sin embargo la resolución combatida mediante amparo indirecto, no establece ninguna circunstancia propia del ejecución, puesto que no se ha iniciado aún el procedimiento de ejecución, pues si bien es cierto que el mencionado tercero interesado en el amparo indirecto, promueve una ejecución, también es cierto que el mismo admite no tener personalidad para hacerlo, dado que su poderdante había fallecido un año antes, y justo cuando la junta le requirió para que se presentara personalmente su cliente para dar inicio al procedimiento de ejecución, es que le informa a la junta que había fallecido, en tal virtud, lo que se combate es la falta de legitimidad del promovente para solicitar la ejecución, la falta de legitimidad del promovente para promover la sustitución procesal, y en el caso concreto, se insiste en que todavía no iniciaba el procedimiento especial de ejecución. En su segundo agravio, el recurrente afirma que el procedimiento incidental de sustitución procesal es un procedimiento que se tramita en forma independiente a la etapa procesal en la que se encuentre el procedimiento ordinario o especial que se esté tramitando, pues la naturaleza del procedimiento incidental de declaración de beneficiarios deriva de las características sustantivas que persigue, y no del nombre o de la tramitación incidental que le pueda ser atribuida por las partes o por la autoridad laboral. Agrega que en los procedimientos incidentales se ventilan excepciones dilatorias o perentorias que tienen por objeto circunstancias que si bien afectan el procedimiento principal, deben resolverse de forma independiente, por lo que primero se debía resolver sobre la procedencia de la sustitución procesal que se tramita en la vía incidental, dejando suspendido el procedimiento de ejecución del laudo, y una vez resuelto, la persona o personas que resulten declaradas como beneficiarios del actor en el juicio principal ***, deberán promover la ejecución del laudo. En tal virtud, la Junta Especial Número Cinco de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, al tener conocimiento que el actor en el juicio principal *** había fallecido, y el tener certeza de tal acto, debía de haber remitido los autos, nuevamente a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca para que ésta resolviera sobre la supuesta sustitución procesal, dado que el procedimiento de ejecución se encuentra interrumpido dado el fallecimiento señalado, pues se insiste en que la sustitución procesal no es un procedimiento dentro del procedimiento de ejecución, sino que se trata de un procedimiento independiente, encaminado a determinar si los promoventes, en este caso, la supuesta sobrina, tenía el carácter de beneficiaría económica del trabajador fallecido. En su tercer agravio, el recurrente señala que el juez omitió realizar un análisis previo a los tiempos del procedimiento tanto de ejecución como de sustitución procesal, pues como se desprende de los antecedentes expuestos en la demanda de amparo indirecto, el actor en el juicio principal *** falleció precisamente el 13 de octubre de 2021, el licenciado *** promueve la ejecución de laudos el 10 de junio de 2022, y dado que lo hizo erróneamente, vuelve a promover el 6 de julio de 2022, sin embargo a pesar de despachar auto de ejecución vuelven a promover la ejecución del laudo el 17 de noviembre, y la junta señalada como autoridad responsable en la demanda de amparo indirecto, requiere al promovente para que presente personalmente al actor en el juicio *** para despachar la ejecución, es decir, la junta no había iniciado aún el procedimiento especial de ejecución, y de hecho lo condiciona a la presentación del actor en forma personal, y cuando la junta toma conocimiento de que éste había fallecido, incurre en diversas irregularidades, dado que requiere al promovente cuando éste ya no tenía personalidad que lo legitimada para actuar en el procedimiento, lo que precisamente es lo que se combate a través de la demanda de amparo indirecto, en este orden de ideas es importante hacer valer, qué el procedimiento de ejecución no había dado inicio tal y como se hizo valer en el primer concepto de violación o agravio, y ya que no se está en procedimiento especial de ejecución, lo que está en discusión es precisamente el hecho de que quien promovió supuestamente en nombre del trabajador fallecido, para solicitar la sustitución procesal, carecía de personalidad para hacerlo, pues el mandato que lo legitimaba como apoderado legal del trabajador fallecido, estaba extinguido, desde el momento en que el mandante u otorgante del poder falleció, de tal suerte que la persona que promueve la supuesta sustitución procesal, lo hace sin legitimación, por lo tanto no promovió dentro del procedimiento de ejecución, sino que se está promoviendo con la única y dolosa intención de interrumpir la prescripción del laudo, mientras ganaba tiempo para buscar a alguna persona que pudiera fungir como supuesto beneficiario del trabajador fallecido, que es en todo caso el acreedor del laudo. Finalmente, en su cuarto agravio, el recurrente aduce que la resolución fue ilegal, ya que resuelve no sólo confundiendo los procedimientos especiales de ejecución de sentencia o laudo y el de sustitución procesal, sino que además le impone al quejoso recurrente una encrucijada legal, toda vez que se pretende que el quejoso recurrente promueva hasta que se haya resuelto la ejecución del laudo, es decir hasta que se haya concluido esta, pero no se refiere en su resolución al diverso procedimiento de sustitución procesal, de tal suerte que si no se combate desde este momento y por esta vía del amparo indirecto la resolución interlocutor ya que declara improcedente el incidente de personalidad por falta de legitimación activa, promovido dentro del procedimiento incidental de sustitución procesal, le dejara en completo estado de indefensión para inconformarse al respecto si esperara hasta qué se llevará a cabo o no la ejecución del laudo, lo que resultaría no solamente ilegal sino que además violaría el derecho del quejoso recurrente de ser oído y vencido en el procedimiento especial incidental de personalidad por falta de legitimidad activa dentro del procedimiento incidental especial de sustitución procesal dada la muerte del actor en el juicio principal ***. Ahora bien, se advierte que fue ilegal que el Juez de Distrito desechara la demanda al considerar actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción IV, interpretada en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo; pues estableció que el juicio laboral de origen se encontraba en etapa de ejecución, por lo que el acto reclamado consistente en la resolución interlocutoria del incidente de personalidad de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, no era la última resolución dictada en la fase de ejecución del laudo, por lo que debía desecharse la demanda al no ser procedente el juicio de amparo. En el caso que nos ocupa, del estudio integral de la demanda de Amparo, se aprecia que la parte quejosa señaló los siguientes antecedentes del acto reclamado: (.) Como se advierte de los antecedentes anterior, se observa que la resolución reclamada de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en el que se resolvió declarar improcedente el incidente de personalidad por falta de legitimación, promovido por la hoy recurrente, se dictó en relación con el incidente de sustitución procesal que promovió la parte actora en el juicio de origen. Ahora bien, es fundado el argumento en estudio, pues fue ilegal lo resuelto por el A quo, en virtud de que este Tribunal Colegiado de Circuito determina que la naturaleza del juicio del procedimiento especial de declaración de beneficiarios deriva de las características sustantivas que persigue, y no del nombre o de la tramitación incidental que le pueda ser atribuida por las partes o por la autoridad laboral. Esto es así, porque la Junta fijó la audiencia para determinar si es procedente la sustitución procesal en el juicio de origen, fuera de la etapa de ejecución, pues la responsable deberá determinar en primer lugar quien es el beneficiario de la condena ordenada en el laudo dictado en el juicio de origen, y luego de eso, deberá continuar con el procedimiento de ejecución. Por lo que dicho procedimiento de sustitución procesal no se encuentra dentro de la etapa de ejecución del juicio de origen, pues se debe resolver sobre la procedencia de la sustitución procesal que se tramita en la vía incidental, dejando suspendido el procedimiento de ejecución del laudo, y una vez resuelto, la persona o personas que resulten declaradas como beneficiarios del actor en el juicio principal ***, deberán promover la ejecución del laudo. Sin embargo, sus argumentos son inoperantes, porque se advierte una causal de improcedencia diversa a la estudiada por el A quo. En efecto, de la lectura del escrito de demanda de amparo promovida por***, se advierte que hacen valer como acto reclamado, la resolución interlocutoria de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, dictada en el expediente laboral J.4/471/2015, en la que se declaró improcedente el incidente de personalidad por falta de legitimación, que emana de un procedimiento de sustitución procesal, solicitado por el Licenciado ***, representante del trabajador fallecido ***. Ahora bien, de los antecedentes narrados en la demanda de amparo, se observa que ***, demandó de *** y otros, diversas prestaciones; seguido el procedimiento laboral en sus trámites legales, se emitió laudo condenatorio en contra de dichos demandados, y se procedió a su ejecución. En ese contexto, el treinta de noviembre de dos mil veintidós, el Lic. ***, representante del trabajador, presentó ante autoridad responsable, promoción a través de la cual bajo protesta de decir verdad hizo del conocimiento de la Junta que, cuando intentó localizar al señor *** para hacerle del conocimiento del acuerdo de fecha 18 de noviembre de 2022, sus familiares le informaron que habla fallecido, por lo que solicitó se señalara fecha para la celebración del incidente de sustitución procesal en el que solicitó a la Junta como única prestación que tuviera a bien designar un beneficiario del de cujus. El veintitrés de enero de dos mil veintitrés, la Junta, emitió acuerdo en el que requiere al promovente para que acreditara su dicho y exhibiera copia del acta de defunción del señor *** concediéndole tres días para tal efecto, por lo que el trece de febrero del mismo año el licenciado *** dio cumplimiento al requerimiento y señaló como dependiente económica del de cujus a María Cristina Romero Palma. Conforme lo anterior, el demandado promovió incidente de personalidad por falta de legitimación en contra del Lic. ***, el cual fue resuelto por la Junta declarándolo improcedente. Precisado lo anterior, es procedente mencionar que laudo condenatorio de veintiuno de octubre de dos mil veinte, constituye una determinación que establece una situación jurídica determinada, para el pago de las prestaciones a que ya fueron condenado el quejoso; por tanto, es claro que a través de la resolución de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, que declaró improcedente la falta de personalidad de ***, dentro de la etapa para la celebración de la audiencia de sustitución procesal promovida por éste, y que éste no afecta los intereses jurídicos del aquí recurrente, ya que ningún perjuicio o menoscabo por concepto de un agravio personal y directo, resiente el patrón en su esfera jurídica con la designación de beneficiarios, pues tal situación no incide en la procedencia de la acción principal, sino que tal y como su nombre lo indica, únicamente se circunscribe a determinar quién se verá beneficiado o favorecido en lugar del trabajador fallecido. En el mencionado contexto, el patrón demandado en el juicio laboral, independientemente de quién resulte beneficiario, al haber resultado procedente una acción laboral y por tanto, existir condena en su contra en cantidad determinada y líquida, tendrá que cumplirla, por lo cual, la resolución que se dicte en el incidente de sustitución procesal, no afecta su interés jurídico y, por ende, el juicio constitucional instaurado en contra de la resolución por la que se declaró improcedente el incidente de personalidad que emana de la etapa para la celebración de la audiencia de sustitución procesal, es improcedente, actualizándose en la especie la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, la cual establece "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]." En efecto, ningún perjuicio o menoscabo por concepto de un agravio personal y directo, resiente el patrón en su esfera jurídica con la designación de beneficiarios, pues como se dijo, no incide en la procedencia de la acción principal; en todo caso, quien sí resentiría un agravio con la designación en el incidente de que se trata, sería alguna persona que se considerara con un mejor derecho dentro del orden de prelación que al efecto previene el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo, pero de ninguna manera el patrón demandado. Lo anterior con independencia de que la Junta, haya dado vista al demandado con el trámite del incidente de sustitución procesal, a la parte patronal y a su vez haga valer lo que a sus intereses convenga en torno a dicho incidente, pues no implica que se genere un derecho para su posterior impugnación mediante el juicio constitucional, pues no se actualiza algún perjuicio en su contra, si se parte de la base de que, de cualquier forma, el patrón se encuentra obligado a entregar la cantidad a la que fue condenado a través del laudo, a quien se designe como beneficiario. Además, aun cuando no fuere procedente el incidente de sustitución procesal el demandado no se liberaría de cubrir el crédito laboral pendiente con el finado trabajador, ya que en el supuesto de que no se acreditara el derecho de alguna persona a recibir el pago de la condena, el beneficio procedería en favor del Instituto Mexicano del Seguro Social, en términos del artículo 501, fracción V, de la Ley Federal del Trabajo. Siendo aplicable la jurisprudencia 2a./J. 22/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital: 196119, la que enseguida se transcribe: "BENEFICIARIOS EN MATERIA LABORAL, DECLARACIÓN DE. EL PATRÓN CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA IMPUGNAR SU RESOLUCIÓN. De una interpretación armónica de los artículos 115, 501, 503, 892 a 899 y demás relativos de la Ley Federal del Trabajo, se concluye que el procedimiento de beneficiarios y dependencia económica, que tiene como única finalidad que se declare por parte de la autoridad laboral, quién es el que habrá de suceder al trabajador fallecido en el beneficio de una condena en contra del patrón, respecto de una acción previamente instaurada, sólo podría impugnarse por alguna de las personas que se considerara con mejor derecho en términos de las fracciones I a V, del mencionado artículo 501, pero la determinación adoptada en el procedimiento respectivo no genera un perjuicio o agravio personal y directo en la esfera jurídica del patrón, habida cuenta de que al existir una condena previa en su contra, independientemente de quién resulte beneficiario, él tendrá que cumplirla, lo que actualiza la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción V, del artículo 73 que, aplicado en concordancia con el artículo 74, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, conduce al sobreseimiento del juicio." Es importante destacar, que aun cuando la resolución reclamada es la resolución del veintisiete de junio de dos mil veintitrés, en la que se determinó declarar improcedente improcedente la falta de personalidad de *** lo cierto es que no le depara alguna afectación al patrón, pues dicha resolución emana de la solicitud de éste para la celebración de la audiencia de sustitución procesal, por lo que, como ya se dijo, aun cuando no fuere procedente el incidente de sustitución procesal el demandado no se liberaría de cubrir el crédito laboral pendiente con el finado trabajador, por tanto la personalidad de quien promovió en dicho incidente, no le exime de cumplir con la condena impuesta. En ese orden de ideas, fue acertado que el Juez de Distrito desechara la demanda de amparo promovida por el quejoso, ahora recurrente, pero por diversas razones, al actualizase la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. En ese sentido, al ser fundados pero inoperantes los argumentos vertidos por el recurrente, debe resolverse como infundado el recurso de queja. (.)" Por lo anterior, con fundamento en lo establecido en el artículo 64 de dicho ordenamiento legal dese vista a la quejosa ***, por el plazo de tres días computado a partir de que se le notifique este proveído a efecto de que manifiesten lo que a su derecho convenga y una vez que transcurra dicho plazo, con o sin desahogo de la vista, devuélvanse los autos a la ponencia respectiva.

  3. Queja

    ...Por recibido el oficio de cuenta proveniente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de México, por medio del cual informa que el proyecto de laudo programado para celebrarse el veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés no fue desahogado, por lo que una vez que sea aprobado el laudo lo informara; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2°, agréguense a los autos para los efectos legales conducentes y se tiene a la autoridad responsable informando la imposibilidad que tiene para acatar el fallo protector.

  4. Amparo en revisión

    Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del cual se advierte que la autoridad responsable aún no ha dado cumplimiento a la ejecutoria concesoria de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Valle de Toluca, Estado de México, para que en el plazo razonable de diez días, cumpla en su totalidad con los efectos indicados, o bien, manifieste la imposibilidad legal o material que tenga para hacerlo. Dicho plazo se determina con base en que el último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo otorga al órgano jurisdiccional la discrecionalidad de fijar un plazo razonable y estrictamente determinado para el cumplimiento de las sentencias de amparo. En el entendido, que en el transcurso del plazo concedido resulta innecesario que la autoridad responsable remita constancias relativas a las gestiones que realice a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo dictada en autos, es decir, la autoridad responsable deberá remitir las constancias respectivas, hasta el momento en que haya dado cumplimiento total al fallo constitucional. Se apercibe a la autoridad responsable, que en caso de no cumplir oportunamente el presente requerimiento, con fundamento en el artículo 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien unidades de medida de actualización (UMA), conforme a lo dispuesto por el artículo Segundo Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

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