José Luis González Sánchez

Expediente 901/2023 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
901/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • José Luis González Sánchez

Actuaciones

  1. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. SE RECIBE ESCRITO [19136]. Téngase por recibido el escrito de cuenta signado por ********************, quien se ostenta como apoderado legal de ********************, por medio del cual y en cumplimiento a la prevención que se le formuló en autos, manifiesta lo siguiente: "1. Exhiba el original del poder notarial que anexa en copia digitalizada a su escrito de demanda, a efecto de acreditar la personalidad que ostenta, o bien, señale la calidad del documento electrónico que exhibe (original, copia certificada o copia simple) y manifieste bajo protesta de decir verdad si es copia íntegra e inalterada del original del documento impreso. Tal como se me requiere, manifiesto a su Señoría BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que el documento digitalizado corresponde a copia certificada del testimonio señalado, y de igual manera BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, señalo que la misma es copia íntegra e inalterada de su original, sin modificación alguna, además y en el ánimo de que se acredite sin lugar la calidad que ostento, acompaño a la presente copia certificada del instrumento público, acompañada de copia simple, a fin de que su señoría coteje la misma certifique y me sea devuelta la copia certificada por ser necesaria para diversos trámites inherentes a mi encargo. 2. Aclare qué acto en sí es el que reclama en la presente instancia constitucional, toda vez que de su escrito inicial de demanda se advierte lo siguiente: I. Si es únicamente el desahogo de la prueba pericial ordenada mediante oficio sin número suscrito por el Agente del Ministerio Público Investigación Agencia I de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán; En ese entendido, señalo a su señoría que es precisamente este el acto reclamado, tal como en el apartado propio de mi escrito inicial de demanda de garantías pretendí establecer, aclarando que como lo dije en el escrito inicial, el acto reclamado consiste en la práctica del dictamen pericial mientras implique la destrucción, mutilación, confiteo, alteración, daño, o cualquier técnica que implique la inutilización del documento, ya que cualquier alteración a los mismos implicaría el que mi representado se vea vulnerado en sus garantías constitucionales tal como se describió en el escrito inicial, y por ende se solicita el amparo y protección de la justicia federal a fin de evitar el daño en cualquier modalidad a los cuatro documentos fundatorios. II. En caso de que ello sea así, indique respecto de cuál de los juicios mercantiles ejecutivos que menciona es por el que desea tramitar el presente asunto; lo anterior, toda vez que hace alusión a cuatro controvertidos distintos tramitados en diversos Órganos Jurisdiccionales; Así las cosas, se señalan los cuatro juicios, toda vez que como lo dije en mi escrito anterior SE TIENE EL TEMOR FUNDADO DE QUE SE DAÑEN, ALTEREN, MUTILEN, DESTRUYAN, se haga CONFITEO, de los documentos fundatorios en los cuatro juicios, y a la fecha tengo conocimiento que en los cuatro juicios ya obra oficio similar emitido por la responsable agente del ministerio público, con la misma finalidad, practicar dictamen pericial en todos y cada uno de los títulos de crédito, por lo que se señalan los cuatro juicios, los tres oficios, que de hecho el oficio dirigido al juzgado tercero, en efecto en el mismo oficio se solicita el acceso a los dos expedientes y a los dos pagarés, entonces a fin de cumplir con la prevención que se me hace, señalo los cuatro expedientes, los cuatro documentos fundatorios pagarés, y los tres oficios tendentes a practicar el dictamen pericial siempre que implique la alteración de los documentos tal como se ha venido señalando. III. En su caso, si señala como acto reclamado precisamente el oficio sin número, suscrito el ******************** actual por el Agente del Ministerio Público Investigación Agencia I de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dirigido al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de esta ciudad, mediante el cual solicita a dicha autoridad coadyuvar con ella a efecto de dar las facilidades necesarias al Perito en Materia de Criminalística de Campo Especializado en Grafoscopía, con el objeto de llevar a cabo la inspección de documentos que obran en el expediente con número ******************** sobre demanda ejecutiva mercantil por el pagaré de ********************, suscrito supuestamente en esta ciudad por un importe de ********************, con fecha de vencimiento el ******************** y se le den las facilidades al perito en mención con la finalidad de que recabe las muestras necesarias para el perfeccionamiento del dictamen pericial correspondiente dentro de la Carpeta de Investigación con Número Único de Caso ******************** instruida en contra del promovente del amparo ******************** por los delitos de fraude y otros; Se señalan como lo dije antes, los tres oficios de características similares, sin número todos, y que corresponden a la carpeta de investigación con número único de caso ********************, dirigidos a los juzgados primero, segundo y tercero de primera instancia civil del partido judicial de Uruapan, Michoacán, el dirigido al juzgado tercero pidiendo el acceso a los dos expedientes que ante tal autoridad se ventilan, Y DE LOS QUE SE PRETENDE LA PRÁCTICA DE LOS DICTÁMENES PERICIALES. IV. Finalmente, mencione si lo que desea reclamar es la omisión o falta de llamamiento a la Carpeta de Investigación con Número Único de Caso ******************** instruida en su contra por los delitos de fraude y otros. Señalo a su señoría, que de momento no es la intención, y en su momento formularé en lo personal demanda de garantías, sobre tal circunstancia EN LO QUE CORRESPONDE A MI PERSONA. 3. Precise a qué autoridad en específico le atribuye el acto que reclame en la presente instancia constitucional. Al agente del ministerio público, la emisión de los oficios tendentes a practicar los dictámenes periciales en los documentos fundatorios de los cuatro juicios mercantiles, si los mismos implican la destrucción, alteración, mutilación, confiteo, daño, tal como se ha venido señalando. A los jueces de primera instancia, la permisión del acceso a los documentos para la práctica de los dictámenes, si los mismos implican la destrucción, alteración, mutilación, confiteo, daño, tal como se ha venido señalando". CUMPLE PREVENCIÓN. Atento lo anterior, téngase a la parte quejosa desahogando la prevención que se le formuló en auto de ******************** de la anualidad en curso, en los términos descritos en los párrafos que anteceden y con fundamento en los numerales 6° y 10 de la Ley de la Materia y conforme a las copias cotejadas ante Notario Público del instrumento notarial número ********************, tomo ********************, libro ********************, folio ********************, pasado ante la fe del Notario Público número ********************, con ejercicio y residencia en ********************, que anexa a su escrito aclaratorio de demanda. PRECISIÓN DEL PROBLEMA. Ahora bien, de la lectura íntegra del escrito aclaratorio de demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa comparece a reclamar, esencialmente lo siguiente: El desahogo de la prueba pericial ordenada en diversos juicios ejecutivos mercantiles mediante oficio sin número suscrito por el Agente del Ministerio Público Investigación Agencia I de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, ordenada dentro de la Carpeta de Investigación con Número Único de Caso ******************** instruida en contra del promovente del amparo ********************, por el delito de fraude, fraude procedimental, falsificación o alteración y uso indebido de documento, cometido en agravio de ********************. ANÁLISIS DE PROCEDENCIA. Al ser preferente su estudio, este Juzgado de Distrito analiza de oficio la procedencia de la demanda de amparo, pues conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de ese mismo ordenamiento, deberán analizarse de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se desechará de plano la demanda; tal como se estipula el precepto 113 de la Ley de amparo que dice: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Ahora bien, de la lectura integral del escrito aclaratorio de demanda, esta juzgadora estima que en el asunto en estudio se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5, fracción I, de la Ley de Amparo. En la especie, se desecha de plano la demanda de garantías, habida cuenta que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como así lo dispone el artículo 113, de la Ley de la materia, cuyo análisis se desarrollará a continuación. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y los numerales 5, fracción I, y 6 de la propia Ley de Amparo, disponen: "Artículo 107. I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; ." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. .". "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley". En interpretación del interés jurídico e interés legítimo aludido en este cuerpo normativo, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), de rubro y texto: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente. Este criterio jurisprudencial es obligatorio en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, y determina que: 1. El juicio de amparo indirecto se sigue siempre a instancia de parte agraviada y tiene tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, con lo que atribuye consecuencias de derecho desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. 2. Atento a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad emisora, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés jurídico o legítimo que le asiste y no inferirse con base en presunciones. 3. Los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se aduce vulnerado y b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. 4. Para probar el interés legítimo debe acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, sea de manera individual o colectiva y c) el promovente pertenezca a esa colectividad. 5. Lo anterior porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. 6. Los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por lo que la ausencia de alguno basta para que el amparo sea improcedente. Ahora, el artículo 21, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dispone: "Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. Por su parte, los numerales 131, 211, 212, 213, 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 131. Obligaciones del Ministerio Público. Para los efectos del presente Código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones: I. Vigilar que en toda investigación de los delitos se cumpla estrictamente con los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados; II. Recibir las denuncias o querellas que le presenten en forma oral, por escrito, o a través de medios digitales, incluso mediante denuncias anónimas en términos de las disposiciones legales aplicables, sobre hechos que puedan constituir algún delito; III. Ejercer la conducción y el mando de la investigación de los delitos, para lo cual deberá coordinar a las Policías y a los peritos durante la misma; IV. Ordenar o supervisar, según sea el caso, la aplicación y ejecución de las medidas necesarias para impedir que se pierdan, destruyan o alteren los indicios, una vez que tenga noticia del mismo, así como cerciorarse de que se han seguido las reglas y protocolos para su preservación y procesamiento; V. Iniciar la investigación correspondiente cuando así proceda y, en su caso, ordenar la recolección de indicios y medios de prueba que deberán servir para sus respectivas resoluciones y las del Órgano jurisdiccional, así como recabar los elementos necesarios que determinen el daño causado por el delito y la cuantificación del mismo para los efectos de su reparación; VI. Ejercer funciones de investigación respecto de los delitos en materias concurrentes, cuando ejerza la facultad de atracción y en los demás casos que las leyes lo establezcan; ********************. Ordenar a la Policía y a sus auxiliares, en el ámbito de su competencia, la práctica de actos de investigación conducentes para el esclarecimiento del hecho delictivo, así como analizar las que dichas autoridades hubieren practicado; ********************I. Instruir a las Policías sobre la legalidad, pertinencia, suficiencia y contundencia de los indicios recolectados o por recolectar, así como las demás actividades y diligencias que deben ser llevadas a cabo dentro de la investigación; IX. Requerir informes o documentación a otras autoridades y a particulares, así como solicitar la práctica de peritajes y diligencias para la obtención de otros medios de prueba; X. Solicitar al Órgano jurisdiccional la autorización de actos de investigación y demás actuaciones que sean necesarias dentro de la misma; XI. Ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos que establece este Código; XII. Brindar las medidas de seguridad necesarias, a efecto de garantizar que las víctimas u ofendidos o testigos del delito puedan llevar a cabo la identificación del imputado sin riesgo para ellos; XIII. Determinar el archivo temporal y el no ejercicio de la acción penal, así como ejercer la facultad de no investigar en los casos autorizados por este Código; XIV. Decidir la aplicación de criterios de oportunidad en los casos previstos en este Código; XV. Promover las acciones necesarias para que se provea la seguridad y proporcionar el auxilio a víctimas, ofendidos, testigos, jueces, magistrados, agentes del Ministerio Público, Policías, peritos y, en general, a todos los sujetos que con motivo de su intervención en el procedimiento, cuya vida o integridad corporal se encuentren en riesgo inminente; XVI. Ejercer la acción penal cuando proceda; X********************. Poner a disposición del Órgano jurisdiccional a las personas detenidas dentro de los plazos establecidos en el presente Código; X********************I. Promover la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias o formas anticipadas de terminación del proceso penal, de conformidad con las disposiciones aplicables; XIX. Solicitar las medidas cautelares aplicables al imputado en el proceso, en atención a las disposiciones conducentes y promover su cumplimiento; XX. Comunicar al Órgano jurisdiccional y al imputado los hechos, así como los datos de prueba que los sustentan y la fundamentación jurídica, atendiendo al objetivo o finalidad de cada etapa del procedimiento; XXI. Solicitar a la autoridad judicial la imposición de las penas o medidas de seguridad que correspondan; XXII. Solicitar el pago de la reparación del daño a favor de la víctima u ofendido del delito, sin perjuicio de que éstos lo pudieran solicitar directamente; XXIII. Actuar en estricto apego a los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución, y XXIV. Las demás que señale este Código y otras disposiciones aplicables." "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal. El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. La investigación no se interrumpe ni se suspende durante el tiempo en que se lleve a cabo la audiencia inicial hasta su conclusión o durante la víspera de la ejecución de una orden de aprehensión. El ejercicio de la acción inicia con la solicitud de citatorio a audiencia inicial, puesta a disposición del detenido ante la autoridad judicial o cuando se solicita la orden de aprehensión o comparecencia, con lo cual el Ministerio Público no perderá la dirección de la investigación. El proceso dará inicio con la audiencia inicial, y terminará con la sentencia firme." "Artículo 212. Deber de investigación penal Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." "Artículo 251. Actuaciones en la investigación que no requieren autorización previa del Juez de control. No requieren autorización del Juez de control los siguientes actos de investigación: I. La inspección del lugar del hecho o del hallazgo; II. La inspección de lugar distinto al de los hechos o del hallazgo; III. La inspección de personas; IV. La revisión corporal; V. La inspección de vehículos; VI. El levantamiento e identificación de cadáver; ********************. La aportación de comunicaciones entre particulares; ********************I. El reconocimiento de personas; IX. La entrega vigilada y las operaciones encubiertas, en el marco de una investigación y en los términos que establezcan los protocolos emitidos para tal efecto por el Procurador; (REFORMADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) X. La entrevista de testigos; (ADICIONADA, D.O.F. 17 DE JUNIO DE 2016) XI. Recompensas, en términos de los acuerdos que para tal efecto emite el Procurador, y XII. Las demás en las que expresamente no se prevea control judicial. En los casos de la fracción IX, dichas actuaciones deberán ser autorizadas por el Procurador o por el servidor público en quien éste delegue dicha facultad. Para los efectos de la fracción X de este artículo, cuando un testigo se niegue a ser entrevistado, será citado por el Ministerio Público o en su caso por el Juez de control en los términos que prevé el presente Código." "Artículo 252. Actos de investigación que requieren autorización previa del Juez de control. Con excepción de los actos de investigación previstos en el artículo anterior, requieren de autorización previa del Juez de control todos los actos de investigación que impliquen afectación a derechos establecidos en la Constitución, así como los siguientes: I. La exhumación de cadáveres; II. Las órdenes de cateo; III. La intervención de comunicaciones privadas y correspondencia; IV. La toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, cuando la persona requerida, excepto la víctima u ofendido, se niegue a proporcionar la misma; V. El reconocimiento o examen físico de una persona cuando aquélla se niegue a ser examinada, y VI. Las demás que señalen las leyes aplicables." Conforme a este marco normativo la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo que, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de Control y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Es así, porque del contenido del escrito inicial de demanda de amparo y del libelo aclaratorio de la misma, no se desprenden datos que pongan en evidencia que en el caso se impugnan actos que pudieran comprometer los derechos humanos del quejoso, pues solo es el desahogo de una prueba pericial en materia de criminalística de campo especializada en grafoscopía y tampoco se advierte del oficio en mención que se haya ordenado la alteración, mutilación, perforación, destrucción o daño en los documentos a inspeccionar como lo refiere la parte quejosa. Por tanto, la integración de una investigación no afecta per se el interés jurídico de éste -el quejoso- porque no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden constitucional o legal, por lo que al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de garantías, por notoria e indudable improcedencia (integración de la carpeta de investigación NUC: ********************). Apoya a lo anterior por identidad jurídica la jurisprudencia PC.********************.P. J/1 P (11a.), del Pleno en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro y texto: "RADICACIÓN E INTEGRACIÓN DE LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, SALVO QUE SE RECLAMEN AFECTACIONES A DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN GENERAL Y LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 252 DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES. De conformidad con los artículos 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 131, 211, 212, 213, 251 y 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que la integración de la carpeta de investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal; por ende, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso, salvo los casos autorizados constitucional y legalmente, previstos en el artículo 252 del Código Nacional de Procedimientos Penales. De ahí que, cuando se señale como acto reclamado la radicación e integración de la carpeta de investigación, sin impugnar actos en la investigación que pudieran comprometer derechos humanos, debe desecharse la demanda de amparo indirecto, pues es manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, al no afectarse el interés jurídico del quejoso, pues en la etapa temprana del proceso penal en que se desarrollan tales actos -investigación inicial- el derecho de defensa del indiciado está salvaguardado en la medida en que con la judicialización de la carpeta se transitará a una etapa de investigación complementaria, a fin de que un Juez garantice el referido derecho fundamental -entre otros- y determine lo conducente respecto de la situación jurídica del imputado, máxime que ni siquiera con la rendición de informes justificados podría desvirtuarse dicha causal, pues la continuación del procedimiento penal (etapa de investigación) por mandato constitucional es de orden público y de interés social." También son criterios orientadores las tesis aisladas, siguientes: "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. SU INICIO NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL IMPUTADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE . De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, el inicio de la carpeta de investigación no produce una afectación real y actual en la esfera jurídica del imputado, porque el hecho de que la víctima, ofendido o cualquier persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito, denuncie o formule querella contra determinado individuo y, como consecuencia de ello, el Ministerio Público, dentro de sus facultades, tenga que iniciar una carpeta de investigación, no constituye un acto de molestia o privativo contra quien se imputó algún hecho, por lo que el juicio de amparo indirecto promovido en su contra es improcedente". "INVESTIGACIÓN INICIAL. LA INTEGRACIÓN DE LA CARPETA RESPECTIVA POR EL MINISTERIO PÚBLICO DURANTE ESTA ETAPA DEL PROCEDIMIENTO PENAL ACUSATORIO ORAL, POR REGLA GENERAL, ESTÁ EXENTA DEL CONTROL CONSTITUCIONAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, POR NO AFECTAR EL INTERÉS JURÍDICO NI LEGÍTIMO DEL GOBERNADO. Conforme a los artículos 21, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 211, fracción I, inciso a), 212, 213, 214, 216, 217, 218 y 251 del Código Nacional de Procedimientos Penales, la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. En efecto, el inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendiente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Se afirma lo anterior, porque de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama la integración de la carpeta mencionada, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 5o., fracción I, de la ley de la materia, relativa a la falta de interés jurídico y legítimo del quejoso, ya que no le causa una afectación real y actual, directa, ni derivada de su especial situación frente al orden jurídico, aunque esta regla general puede admitir excepciones que deben examinarse en lo particular." "CARPETA DE INVESTIGACIÓN. POR REGLA GENERAL, SU INTEGRACIÓN NO CAUSA UNA AFECTACIÓN REAL Y ACTUAL EN LA ESFERA JURÍDICA DEL INDICIADO, POR LO QUE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE, HECHA EXCEPCIÓN CUANDO SE VEA COMPROMETIDO ALGÚN DERECHO HUMANO DEL QUEJOSO. De conformidad con los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 61, fracción XXIII, en relación con el 5o., fracción I, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto procede contra actos que causen una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso. Por otra parte, el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales define a la investigación como una de las etapas del procedimiento penal acusatorio, que a su vez comprende dos fases, la inicial y la complementaria. En éstas, el Ministerio Público se erige como parte y, entre sus obligaciones, está la de recibir las querellas y/o denuncias sobre hechos que puedan constituir un delito y dirigir la investigación, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en ella. De esta manera, si la integración de la carpeta de investigación es consecuencia directa de la noticia criminal cuyo objeto es que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño, entonces, por regla general, su integración no causa una afectación real y actual en la esfera jurídica del indiciado, circunstancia que torna improcedente el juicio de amparo indirecto promovido en su contra, con excepción de los casos en los que se vea comprometido algún derecho humano del quejoso, como podría ser, tratándose de órdenes de cateo, intervención de comunicaciones privadas, toma de muestras de fluido corporal, vello o cabello, extracciones de sangre u otros análogos, lo que deberá analizarse en el caso específico. Estimar lo contrario, entorpecería la facultad del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y existe la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión." "SISTEMA PENAL ACUSATORIO. LOS ACTOS DEL MINISTERIO PÚBLICO TENDENTES Y PROCESALMENTE INDISPENSABLES EN LA SECUENCIA DE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN, YA SEA INFORMAL O JUDICIALIZADA, AL SER DE ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL, NO PUEDEN CONSIDERARSE COMO GENERADORES DE AFECCIÓN AL INTERÉS JURÍDICO DEL QUEJOSO, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Si bien es cierto que el Ministerio Público, al integrar una averiguación previa o una carpeta de investigación en su fase inicial, actúa como autoridad, pues el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo atinente, dispone que está facultado para llevar a cabo aquellas diligencias necesarias para esclarecer posibles hechos delictuosos, también lo es que el desahogo de diligencias para tal fin, per se, no causa un daño o perjuicio al gobernado contra el cual se iniciaron las investigaciones correspondientes, a menos que en ellas, como lo han sostenido los tribunales federales desde otras épocas, se ordenara por la autoridad ministerial que se le privara ilegalmente de la libertad, de sus posesiones o derechos. Por lo anterior, también resulta improcedente el amparo cuando se reclama el hecho de que el Ministerio Público acuerda sobre la consignación de la averiguación y ejercita la acción penal, pues es al Juez de Control a quien le corresponderá resolver sobre el pedimento del representante social, cuya determinación, en todo caso, sería la que vendría a afectar la esfera jurídica del quejoso; porque el Ministerio Público, al consignar y pedir la orden de captura o solicitar audiencia para la formulación de la imputación, no hace sino cumplir con una función de su cargo y carácter inicial de autoridad, lo cual es de orden público e interés social y que consiste en la práctica de las diligencias necesarias para la investigación y esclarecimiento de los hechos presuntamente constitutivos de delito; de manera que en el actual sistema procesal de corte acusatorio en el que la investigación además se divide en fases, la solicitud de la representación social para la celebración de la audiencia de imputación (ya sea por orden de captura o de citación), así como la pretensión o concretización de la formulación de la imputación misma, por el Ministerio Público, no son sino actos tendentes y procesalmente indispensables en la secuencia de las fases de investigación respectivas y, por ello, se revisten del carácter de actos de autoridad pero de interés público, como parte de la función indagatoria y de persecución de los delitos que es obligación del representante social y, por lo mismo, dado el interés social que subyace en ello, no pueden considerarse como generadores de afección al interés jurídico del quejoso, pues no existe ningún derecho particular oponible al interés general, relativo a la investigación de los delitos en un auténtico Estado democrático de derecho. Ello, aunado a que, a partir de la judicialización de la investigación, en relación con los actos que ameritan control judicial, es claro que respecto de éstos, dicha institución ministerial carece del carácter de autoridad respecto de la decisión que recaiga a lo solicitado, y sólo funge como parte de una fase de sustitución secuenciada de lo que se entiende como proceso penal para los efectos del amparo, en términos de la parte final de la fracción I del artículo 170 de la Ley de Amparo. Luego, si no existe perjuicio a dicho interés, ni agravio personal y directo a la esfera jurídica del indiciado o persona sujeta a investigación, el juicio de amparo indirecto es improcedente. Esta Juzgadora, considera conveniente precisar que regularmente no es dable desechar una demanda de amparo por el hecho de no acreditar el interés jurídico o el legítimo, pues tal interés puede acreditarse hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Lo anterior lo expuso así la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 331/2016, en la que analizó tanto el interés jurídico como legítimo para la procedencia del juicio de amparo indirecto y que derivó en la Jurisprudencia de rubro: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO", al referir textualmente: ".en principio, la ausencia de interés sobre el acto reclamado no constituye un motivo de improcedencia manifiesto e indudable, pues esos elementos pueden introducirse, incluso, hasta la audiencia constitucional, a efecto de satisfacer el presupuesto.". Sin embargo, también se estableció en tal ejecutoria, que en cada asunto debe analizarse, como presupuesto de procedencia, el interés que impere acorde con la naturaleza del acto reclamado y con base en la situación y pretensión que aduzca la parte quejosa o en la que se advierta que se encuentre frente al indicado acto, con la finalidad de determinar si efectivamente se configura una afectación jurídicamente relevante que le permita acudir a la instancia constitucional. En el caso, se llegó a la anterior conclusión, porque dada la naturaleza del acto reclamado, el quejoso no tiene la posibilidad de acreditar durante la secuela del juicio, un interés que le permita combatir el acto reclamado, toda vez que el mismo no afecta su esfera de derechos. Ello es así, porque el acto que reclama de la autoridad ministerial relativo al desahogo de la prueba pericial ordenada mediante oficio sin número dentro de una carpeta de investigación -NUC: ********************-, constituye una labor fundamental del Ministerio Público y ni la Constitución Federal ni la ley secundaria confieren a los gobernados el derecho de oponerse a la integración de una indagatoria que en su caso, pudiera culminar en la solicitud de una orden de aprehensión como forma de conducción a proceso, aun cuando sea en su contra, lo cual justifica la inexistencia de ese derecho, pues considerar su existencia sería tanto como anteponer el interés particular de una persona al interés de la sociedad en la prosecución del procedimiento penal. Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de derechos fundamentales y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Máxime que, acorde a lo manifestado por la parte quejosa en su escrito inicial de demanda, específicamente en el capítulo relativo a "IV.- ACTOS RECLAMADOS", la inspección de los documentos materia de reclamo en la presente instancia constitucional se llevó a cabo el ******************** actual, lo cual también lo informa así en su libelo de cuenta ********************, quien se ostenta como apoderado legal de la persona moral "********************", ********************, parte agraviada dentro de la Carpeta de Investigación de la que derivan los actos reclamados, con lo cual se actualiza de la misma manera la hipótesis de improcedencia prevista en la fracción XVI, del artículo 61, de la Ley de Amparo; es decir, por ser actos consumados de modo irreparable. SE AGREGA ESCRITO [19081]. Finalmente, se tiene por recibido el diverso escrito de cuenta firmado electrónicamente por ********************, quien se ostenta como apoderado legal de la persona moral "********************", ********************, parte agraviada dentro de la Carpeta de Investigación de la que derivan los actos reclamados, por medio del cual comparece a apersonarse el presente asunto, solicita se le reconozca el carácter de tercera interesada a la moral en comento, realiza diversas manifestaciones, hace valer causales de improcedencia y ofrece diversos medios de pruebas. NO SE ACUERDA DE CONFORMIDAD ESCRITO. Sin embargo, atento a lo expuesto en el presente proveído, se ordena glosar a los autos únicamente para que obre como corresponda, el escrito mencionado en el párrafo que antecede, sin que haya lugar a un mayor pronunciamiento en cuanto a su contenido en virtud de la determinación tomada en el presente acuerdo, aunado a que a dicha persona no se le ha reconocido carácter alguno dentro del presente sumario de derechos fundamentales en razón de que, como ya se dijo, se desechó la demanda de amparo que dio origen al juicio en que se actúa por los motivos expuestos con antelación. NOTIFÍQUESE; Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Uruapan, Michoacán de Ocampo, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés.****************************************RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por ********************, quien se ostenta como apoderado legal de ********************, contra actos del Agente del Ministerio Público de la Unidad de Atención Inmediata Agencia I, Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán y otras autoridades. ****************************************EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y REGISTRO. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo y en cumplimiento al Acuerdo General Conjunto 1/2015 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número ********************, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este Juzgado.****************************************De igual manera con apoyo en el referido precepto 3, Quinto y Séptimo párrafo de la ley de la materia, así como 90 y 92 del citado Acuerdo General, se comisiona al Secretario, a los oficiales administrativos de la mesa de trámite y demás encargados de la digitalización de constancias y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a revisar la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como a la digitalización de las promociones, diligencias, notificaciones y documentos que obren en este.****************************************En el entendido de que no formarán parte del expediente electrónico las constancias que prevé el artículo 92 del Acuerdo mencionado.****************************************En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio.****************************************PREVENCIÓN. Ahora bien, apreciado íntegramente el escrito inicial de demanda, a fin de acordar lo procedente respecto de su admisión o desechamiento, con fundamento en el artículo 114, fracciones II, III y IV, en relación con el precepto 108, fracciones I, III y IV, ambos de la Ley de Amparo, PREVÉNGASE al promovente para que dentro del término de CINCO DÍAS HÁBILES, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación de este proveído, por escrito y bajo protesta de decir verdad, tomando en consideración el artículo 261, fracción I, de la ley de la materia, que establece:****************************************"Articulo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días:****************************************I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y"****************************************II.." ****************************************1. Exhiba el original del poder notarial que anexa en copia digitalizada a su escrito de demanda, a efecto de acreditar la personalidad que ostenta, o bien, señale la calidad del documento electrónico que exhibe (original, copia certificada o copia simple) y manifieste bajo protesta de decir verdad si es copia íntegra e inalterada del original del documento impreso.****************************************Lo anterior, como lo establece el artículo 3° del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo.****************************************Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 1a./J. 94/2022 (11a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1489, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Noviembre de 2022, tomo II, Undécima Época, del tenor siguiente:****************************************"FIRMA ELECTRÓNICA (E.FIRMA) DE LA PERSONA MORAL EXPEDIDA POR EL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. NO ES VÁLIDA PARA SUSCRIBIR ESCRITOS PRESENTADOS A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO OBSTANTE, DEBE PREVENIRSE A LA QUEJOSA PARA QUE LOS RATIFIQUE.********************Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes llegaron a posturas contrarias al determinar si en virtud de lo estipulado en el convenio de colaboración para el reconocimiento de los certificados digitales, celebrado entre el Consejo de la Judicatura Federal y el Servicio de Administración Tributaria, la demanda de amparo o los recursos presentados con la firma electrónica expedida a personas morales por la autoridad fiscal, deben reconocerse como válidos, prevenirse para dar oportunidad a que el apoderado o representante legal los suscriba o, en su caso, deben desecharse por falta de firma.Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que ante la homologación de la e.firma expedida por el Servicio de Administración Tributaria para presentar escritos a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, se advierte un caso excepcional por el cual el error en la suscripción del escrito de demanda o recurso con la firma electrónica de la persona moral en lugar de la firma de la persona física que la representa, debe considerarse como una irregularidad de la demanda que provoca prevenir a la promovente para que la persona facultada para ello lo suscriba y lo ratifique a fin de hacer suyo el documento en cuestión.********************Justificación: Aun cuando, de conformidad con el Código Fiscal de la Federación, sí es válido que la persona moral suscriba documentos digitales, ese aspecto no se encuentra regulado expresamente en los artículos 3o. de la Ley de Amparo y 6 del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico. En efecto, derivado de la homologación de la e.firma expedida por el Servicio de Administración Tributaria para presentar escritos ante el Poder Judicial de la Federación, puede existir una confusión por parte del contribuyente quejoso ante la posibilidad del uso de firma electrónica de la persona moral en la materia fiscal para suscribir documentos digitales. Por ello, se advierte un caso de excepción por el cual el error en la suscripción de la demanda o recurso con la firma electrónica de la persona moral en lugar de la firma de la persona física que la representa, debe considerarse como una irregularidad del escrito que provoca prevenir a la promovente para que lo suscriba y ratifique y, de esta manera, pueda satisfacer el extremo del principio de instancia de parte agraviada. Lo anterior, con la finalidad de salvaguardar de manera eficiente e integral los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva contenidos en los artículos 17 de la Constitución General y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues en el caso, no se considera que se inhibe el examen de constitucionalidad del asunto sometido a la jurisdicción por un error de suscripción en el documento por la parte quejosa."****************************************Así como la jurisprudencia PC.III.L. J/2 L (11a.), Undécima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Septiembre de 2021, Tomo II, página 2305, Materias(s) Común, Laboral, con número de Registro digital 2023527, sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, de rubro:****************************************"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA EN EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CUANDO SE INGRESA CARTA PODER DIGITALIZADA A FIN DE ACREDITAR LA PERSONALIDAD DEL APODERADO ESPECIAL DEL QUEJOSO, DEBE SEÑALAR LA CALIDAD DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO QUE EXHIBE (ORIGINAL, COPIA CERTIFICADA O COPIA SIMPLE) Y MANIFESTAR BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD QUE ES COPIA ÍNTEGRA E INALTERADA DEL DOCUMENTO IMPRESO".****************************************2. Aclare qué acto en sí es el que reclama en la presente instancia constitucional, toda vez que de su escrito inicial de demanda se advierte lo siguiente:****************************************a) En el apartado relativo a "IV.- ACTOS RECLAMADOS", señala:****************************************"IV.- ACTOS RECLAMADOS: De las autoridades señaladas, se les reclama lo siguiente:****************************************Se les reclama la ejecución de práctica de dictamen pericial que se ordena en oficio sin número, signado por el licenciado ********************, agente del ministerio público de la agencia I de la fiscalía regional de Uruapan, Michoacán, del que se desprende que se pretende realizar un dictamen pericial en grafoscopía, y se les solicita a las responsables ejecutoras el acceso al documento fundatorio para la "recabar las muestras necesarias" de los documentos base de la acción, lo que implicaría la destrucción de los documentos fundatorios y por ende resulta inviable la práctica de tal dictamen. Siendo el caso que a la fecha la responsable ejecutora juzgado primero de primera instancia civil de hecho ya señaló fecha para que en su caso se permita el acceso al documento base del juicio que se ventila ante tal autoridad, siendo señalado el próximo día ******************** de este año, a fin de que el perito de la fiscalía destruya el citado documento, en ese entendido se señala bajo protesta de decir verdad que tengo conocimiento que la misma autoridad responsable ordenadora, ha girado oficios similares a las demás autoridades ejecutoras, jueces segundo y tercero de primera instancia civil del partido judicial de Uruapan, Michoacán; para los mismos efectos, es decir; para la práctica de dictámenes periciales a los diversos documentos fundatorios de los juicios que se ventilan ante tales autoridades, y que se detallarán en el apartado correspondiente, por lo que en vía de economía procesal, se establece el acto reclamado consiste en la práctica de los dictámenes periciales ordenados por el agente del ministerio público en los cuatro juicios mercantiles ejecutivos que se detallarán y de las responsables ejecutoras la permisión de la práctica de tales dictámenes, toda vez que implican la alteración, mutilación, perforación, destrucción, daño, de los documentos".****************************************b) Asimismo, en el apartado relativo a los "HECHOS O ABSTENCIONES QUE CONSTITUYAN LOS ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO:", específicamente en el punto "SEGUNDO.-", precisa lo siguiente:****************************************"SEGUNDO.- Es el caso, como se dijo antes, que el día de hoy me enteré del oficio señalado en el apartado IV acto reclamado, de este escrito; y tal oficio, al ser omiso en establecer las implicaciones de obtener las muestras necesarias del documento, y NI SIQUIERA DARNOS VISTA, y en lo personal el de la voz, no se me ha llamado ante la autoridad a efecto de hacerme saber de la improcedente denuncia en contra de este mandatario en los juicios de origen, hace ques e tenga el temor fundado en que como lo ha venido intentando la aquí tercero, y demandada en los juicios mercantiles, intente ahora en base a una denuncia falaz, la destrucción de los documentos, se dice esto porque como su señoría puede advertir, el oficio claramente señala que se integra una denuncia en contra del de la voz, siendo evidentemente que se intenta con mentiras, ya que el suscrito en mi carácter personal no tengo relación alguna con los juicios, ya que si bien es cierto soy parte actora, lo cierto es que no lo soy en título personal sino como apoderado del beneficiario de los documentos, por lo que cualquier hecho se me pueda imputar desde luego es falso, d ahí que esto sirva como indicio y presunción para su señoría".****************************************Todo lo cual crea confusión en esta Juzgadora para poder determinar realmente cuál es el acto que en sí le repara perjuicio a la parte quejosa, por lo que deberá aclarar qué acto en concreto es el que reclama en la presente instancia constitucional, es decir, deberá precisar lo siguiente:****************************************I. Si es únicamente el desahogo de la prueba pericial ordenada mediante oficio sin número suscrito por el Agente del Ministerio Público Investigación Agencia I de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán; ****************************************II. En caso de que ello sea así, indique respecto de cuál de los juicios mercantiles ejecutivos que menciona es por el que desea tramitar el presente asunto; lo anterior, toda vez que hace alusión a cuatro controvertidos distintos tramitados en diversos Órganos Jurisdiccionales;****************************************III. En su caso, si señala como acto reclamado precisamente el oficio sin número, suscrito el ******************** actual por el Agente del Ministerio Público Investigación Agencia I de la Fiscalía Regional de Uruapan, Michoacán, dirigido al Juzgado Primero Civil de Primera Instancia de esta ciudad, mediante el cual solicita a dicha autoridad coadyuvar con ella a efecto de dar las facilidades necesarias al Perito en Materia de Criminalística de Campo Especializado en Grafoscopía, con el objeto de llevar a cabo la inspección de documentos que obran en el expediente con número ******************** sobre demanda ejecutiva mercantil por el pagaré de ********************, suscrito supuestamente en esta ciudad por un importe de ********************, con fecha de vencimiento el ******************** y se le den las facilidades al perito en mención con la finalidad de que recabe las muestras necesarias para el perfeccionamiento del dictamen pericial correspondiente dentro de la Carpeta de Investigación con Número Único de Caso ******************** instruida en contra del promovente del amparo ******************** por los delitos de fraude y otros;****************************************IV. Finalmente, mencione si lo que desea reclamar es la omisión o falta de llamamiento a la Carpeta de Investigación con Número Único de Caso ******************** instruida en su contra por los delitos de fraude y otros. ****************************************3. Precise a qué autoridad en específico le atribuye el acto que reclame en la presente instancia constitucional. ****************************************De ahí que se estime pertinente aclarar dichas circunstancia para estar en condiciones de acordar lo que en derecho corresponda. ****************************************Resulta aplicable a lo anterior, la tesis XX.57 K, de los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, página 871, Registro 202853, del rubro siguiente: "ACTO RECLAMADO. SI ES OBSCURO E IMPRECISO, DEBE REQUERIRSE AL QUEJOSO PARA QUE CUMPLA CON ESOS REQUISITOS APERCIBIDO QUE DE NO HACERLO SE TENDRÁ POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA DE GARANTÍAS". ****************************************Lo anterior, toda vez que los datos que se le requieren son requisitos esenciales de la demanda, en términos del artículo 108, fracciones I, III y IV, de la Ley de Amparo, con apoyo por identidad jurídica en la tesis aislada identificada con la clave P.VII/2001, visible en la página 325, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, Abril de 2004, Novena Época, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto señala:****************************************"DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. FINALIDAD DE LOS REQUISITOS QUE DEBE CONTENER EL ESCRITO RELATIVO Y DE LAS COPIAS QUE DEBEN EXHIBIRSE. El artículo 116 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala los requisitos que debe cumplir la demanda de amparo indirecto y el diverso artículo 120 de la propia ley dispone que deberán exhibirse en ésta copias suficientes para cada una de las autoridades responsables; para el tercero perjudicado si lo hubiere; para el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión, en caso de solicitarse tal medida cautelar. Ahora bien, los requisitos a que aluden dichos preceptos, no constituyen formalismos sin sentido, tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio de garantías, como son el pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero perjudicado, dar la intervención correspondiente al Ministerio Público y de integrar los cuadernos relativos al incidente de suspensión si ésta fue solicitada y además proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa."****************************************4. Exhiban las copias necesarias de su escrito aclaratorio de demanda, para correr traslado a las partes, en la inteligencia de que se requiere una para cada una de las autoridades que se señalen como responsables, otra para el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito y para quien, en su caso, figure como tercero interesado y una más para el incidente de suspensión en caso de solicitarlo.****************************************Es aplicable a lo anterior, el siguiente criterio: ****************************************Tesis:********************Semanario Judicial de la Federación********************Octava Época********************217486 1 de 1****************************************Tribunales Colegiados de Circuito********************Tomo XI, Enero de 1993********************Pag. 222********************Tesis Aislada(Común)************************************************************"AMPARO DEMANDA DE, REQUERIMIENTO PARA EXHIBICIÓN DE COPIAS DE LA. El requerimiento de que el juez de Distrito hace a quien promueve una demanda de garantías para que exhiba copias de ella no puede ser arbitraria sino que debe ceñirse a lo estatuido en el artículo 120 de la Ley de Amparo, que indica que tales copias deberán ser para las autoridades responsables, el tercero perjudicado si lo hubiere, el Ministerio Público y dos para el incidente de suspensión si se pidiera éste y no tuviera que concederse de plano conforme a esta ley, por lo tanto si el juez de Distrito sólo requiere que se exhiba un número determinado de copias de la demanda de garantías pero no indica el porqué de esa cantidad, debe señalarse que tal determinación carece de fundamento y motivación por no ceñirse al lineamiento contemplado en el referido artículo 120 de la Ley de Amparo".****************************************En la inteligencia de que dicho requisito no será necesario cumplir en el supuesto de que la prevención que se le formula se presente mediante juicio en línea.****************************************APERCIBIMIENTO. Apercibido que de no cumplir con lo ordenado dentro del plazo legal que para tal efecto se le confiere, se tendrá por no presentada la demanda, de conformidad con el citado artículo 114, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo.****************************************PRECISIÓN 1. Conviene indicar que la protesta de decir verdad no puede ser sustituida por la expresión "protesto lo necesario" o "protesto justicia", en virtud de que con aquella se procura evitar que la parte quejosa incurra en falsedad al momento de narrar los hechos que constituyen los antecedentes del acto reclamado, so pena que de hacerlo, se hará acreedora a la pena privativa de libertad o pecuniaria, prevista en el artículo 261, fracción I, de la Ley de Amparo.****************************************Apoya lo anterior, la tesis jurisprudencial P./J. 4/2020 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Libro 79, Octubre de 2020, Tomo I, página 19, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, registro digital 2022217, del rubro y texto siguiente:****************************************"PROTESTA DE DECIR VERDAD EN EL ESCRITO ACLARATORIO DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE SU EXIGIBILIDAD EN LOS CASOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES II Y V DEL ARTÍCULO 108 DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE Y LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 116 DE LA LEY ABROGADA.****************************************Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes que conocieron de los recursos de queja y de revisión respectivos, sostuvieron criterios distintos consistentes en determinar si es exigible la expresión formal "bajo protesta de decir verdad" en el escrito aclaratorio de demanda de amparo indirecto, aun cuando haya sido plasmada en el escrito inicial de demanda y, de ser así, si resulta obligatoria para el documento en el que se desahoga toda clase de prevención.****************************************Criterio jurídico: La expresión formal "bajo protesta de decir verdad" prevista en los artículos 108, fracciones II y V, de la Ley de Amparo vigente y 116, fracción IV, de la abrogada, como requisito de procedencia para las demandas de amparo indirecto, también resulta aplicable al escrito de aclaración de demanda, en los supuestos a que se refiere esa normativa.****************************************Justificación: Aun cuando en la demanda de amparo se manifieste la referida expresión, ésta sólo puede tener vinculación con lo plasmado en ese documento, ya que pretender vincularla a lo expuesto en un escrito posterior de aclaración de demanda, impediría responsabilizar al quejoso por las nuevas manifestaciones, respecto de su falsedad u omisión de datos, máxime en los casos en que el requerimiento versara sobre hechos nuevos que constituyeran los antecedentes del acto reclamado. Lo anterior se justifica, además, al considerarse que no es un formalismo procesal, al contrario, es uno de los requisitos esenciales para la procedencia del juicio de amparo, ya que crea certeza en el juzgador constitucional para desplegar todas sus facultades relativas a este juicio y en relación con la veracidad de la información prevista en las fracciones invocadas, es el único elemento con el que inicialmente cuenta para tomar las decisiones que conlleva la admisión de la demanda, entre las que se encuentra proveer sobre la suspensión del acto reclamado, pues la autoridad de amparo debe ceñirse al contenido de la demanda y de sus anexos, para desentrañar la voluntad del quejoso y la necesidad, en su caso, de la medida cautelar".****************************************PRECISIÓN 2. En el entendido de que dicha prevención deberá desahogarla la parte quejosa, ya que si el ejercicio de la acción de amparo exige que la demanda sea suscrita por quien alega sufrir un agravio personal y directo, esto es, por el titular de la acción, se pone en evidencia que su aclaración también debe contar con la firma autógrafa de la parte quejosa, o en su caso, de su representante legal, pero no así por los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, pues, éstos carecen de atribuciones para realizar tal acto.****************************************Es aplicable, por las consideraciones que sostiene la tesis de rubro siguiente:******************** ********************Tesis: 1a./J. 37/2011********************Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta********************Novena Época********************161909 1 de 1****************************************Primera Sala********************Tomo XXXIII, Junio de 2011********************Pag. 68********************Jurisprudencia (común)************************************************************"AUTORIZADO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES EN LOS TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 27, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. CARECE DE ATRIBUCIONES PARA AMPLIAR LA DEMANDA".****************************************USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Por otra parte, con apoyo en la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y a sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente juicio de amparo mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización de que se trata, debe acotarse de la siguiente forma.**************************************** Así, la circunstancia de que se permita a las partes y a sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 Constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción.**************************************** También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente.**************************************** La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, página 2847, cuyo contenido es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULARIZACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA".****************************************EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para la impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna; y sin que se considere necesario sean solicitadas por escrito.****************************************PRECISIÓN. En el entendido de que, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, cuando se trate de solicitar más de un juego de copias certificadas de las constancias que integran el presente asunto, se deberá precisar las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición, de acuerdo a sus intereses procesales, de no ser así, se autorizará la expedición de un sólo juego de las mismas; lo que es acorde con la tesis 1a./J.20/2017 (10a), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitida por contradicción, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, página 308, con registro digital 2014287, de rubro y texto siguientes:****************************************"COPIA CERTIFICADA DE CONSTANCIAS O DOCUMENTOS QUE OBREN EN AUTOS. EL ARTÍCULO 278 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES NO RESTRINGE SU EXPEDICIÓN A UN SOLO JUEGO. La expresión "copia certificada de cualquier constancia o documento que obre en los autos" del artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles no restringe a un solo juego el número de copias certificadas que las partes pueden solicitar. En efecto, la ratio legis del artículo es proteger el acceso a toda la información contenida en los autos de un proceso judicial en el cual sean parte los solicitantes, por tanto, la expedición de copias certificadas atiende a los intereses procesales que tengan los individuos sujetos a proceso y no existe ninguna razón para sostener que dichos intereses siempre se satisfacen expidiendo sólo un tanto de copias. Esta interpretación se refuerza si se toma en consideración el principio pro persona cuya finalidad es la interpretación y aplicación de criterios jurídicos atendiendo a la protección más amplia de los derechos humanos. No obstante, la expedición de más de un juego de copias certificadas se encuentra condicionada a la justificación de uso que aporte la parte solicitante. Es decir, la solicitud de más de un juego de copias certificadas deberá acompañarse de las razones por las cuales quien las solicita requiere de su expedición. En consecuencia, las autoridades jurisdiccionales podrán negar expedir todos los tantos de copias solicitados cuando se abuse de dicho derecho. Así, si la autoridad jurisdiccional advierte que la parte solicitante solicitó un número de copias excesivo, sin que se exponga alguna razón para justificar ese número de copias, se podrán expedir menos tantos de copias que los solicitados."**************************************** SE COMISIONA. Concatenado con lo anterior, comisiónese al Actuario de la adscripción, para que, en caso de que sean solicitadas dichas copias, acuerde con la parte promovente el modo y términos para la obtención de las mismas, es decir, la manera en que éstas le han de ser facilitadas por conducto del fedatario público, a quien se autoriza para obtener las imágenes de las respectivas constancias por los medios electrónicos para que si el solicitante desea le sean proporcionadas por los mismos medios.****************************************AUTORIZADOS PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a ********************y a********************, quienes no podrán de la amplitud de facultades a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo en virtud de que no les fueron conferidas expresamente.****************************************ACCESO AL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Y NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS. Como lo solicita el promovente, con fundamento en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 26, fracción IV, de la ley de la materia, así como el 96 del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, instrúyase al encargado del área correspondiente para que realice lo concerniente al ingreso al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del usuario "********************", con efectos de autorización para consultar vía electrónica el juicio de amparo en que se actúa.****************************************De igual forma, como lo solicita el ocursante, se autoriza que las notificaciones que surjan en el presente asunto se le practiquen por vía electrónica mediante el usuario señalado con antelación; por tanto, con apoyo en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, la parte quejosa está obligada a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días y obtener la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de esta Ley, y, en un plazo máximo de dos días a partir de que el órgano jurisdiccional la hubiere enviado, en caso de no hacerlo, se tendrá por hecha la notificación.****************************************Consecuentemente, con apoyo en el citado numeral 31, fracción III, de la ley de la materia, se comisiona al Actuario de la adscripción, para que realizada por vía electrónica la notificación respectiva, cuando se genere la constancia de la consulta realizada, por una parte, la digitalice para el expediente electrónico y, por otra, haga una impresión que se deberá agregar al expediente impreso correspondiente como constancia de notificación.****************************************HORARIO DE LABORES. En otro aspecto, se precisa que en este órgano jurisdiccional el horario en el cual pueden acudir las partes para notificarse en los días hábiles a que se refieren los incisos b) y c) de la fracción I del artículo 27 de la Ley de Amparo, es el comprendido de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, que es el horario de atención al público, de conformidad con el artículo 6 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós.****************************************HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado y, ello dar pauta a que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente sumario, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos.****************************************CONSULTA DE EXPEDIENTE. Se hace hincapié que, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, pueden consultar el expediente electrónico relativo a este asunto, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, para lo cual deberá realizarse la solicitud de autorización correspondiente, proporcionando un usuario de dicho Portal. ****************************************EXHORTACIÓN A LAS PARTES. En ese sentido, de conformidad con el artículo 263, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes para que, de así considerarlo conveniente, continúen con la tramitación de este juicio de amparo en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de su firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o su firma electrónica avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma antes FIEL).****************************************TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, éste último en relación con los diversos 110 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia********************y Acceso a la Información Pública.****************************************FIRMA ELECTRÓNICA. Finalmente, de conformidad con el artículo 252 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, en relación con el punto tercero del diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, se ordena que la firma de este asunto se realice a través de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), al tener ésta el mismo valor que la autógrafa.****************************************NOTIFÍQUESE; PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

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