José Luis González Rocha

Expediente 28/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 11 de febrero de 2019.

Datos del expediente

Expediente
28/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
11/02/2019

Partes del expediente

  • José Luis González Rocha

Actuaciones

  1. Principal

    Por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, y constancia de su envío con evidencia criptográfica del actuario adscrito a dicho tribunal, con trascripción del proveído de seis del presente mes y año, emitido en el amparo directo laboral 85/2019 de su estadística, mediante el cual comunica que aceptó la competencia planteada a su favor por este órgano jurisdiccional federal de la demanda de amparo formulada por ************, y se avocó al conocimiento de la misma. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como totalmente concluido, el cual carece de relevancia documental, dado que no satisface las condiciones del último párrafo del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento al punto vigésimo del referido acuerdo, el presente expediente es susceptible de destrucción, por lo que una vez que transcurran los seis meses a que se refiere el punto en mención, deberá ser desincorporado y destruido por este juzgado.

  2. Principal

    Por recibido el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito, y constancia de su envío con evidencia criptográfica del actuario adscrito a dicho tribunal; en atención al contenido de la misiva de referencia, este juzgado federal toma conocimiento que la superioridad tuvo por recibido el juicio de amparo número 28/2019-VI, promovido por ********, y que previo a resolver sobre la determinación a que alude el numeral 47 de la Ley de Amparo, requirió a la autoridad responsable la certificación respecto de la fecha en que fue notificada a la parte quejosa la resolución reclamada, así como la presentación del escrito de demanda, para lo cual, ordenó la remisión de copia de la demanda de amparo respectiva. Luego, estese a la espera de la determinación que el Tribunal oficiante emita con respecto a la competencia planteada por este órgano jurisdiccional, a efecto de proveer lo que en derecho corresponda; para lo cual, mediante oficio que derive del presente, solicítese comedidamente al órgano colegiado que en su oportunidad tenga a bien informar lo anterior.

  3. Principal

    Vista la demanda de amparo formulada por ******, en contra de actos de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Celaya, Guanajuato, y otras autoridades; fórmese cuaderno de amparo y expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), bajo el registro número 28/2019-VI. Incompetencia. Del análisis integral del escrito de demanda se advierte que el quejoso reclama de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del esta ciudad, la resolución de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, que decretó la caducidad dentro el procedimiento laboral número ***, del índice de la Junta responsable. Establecido lo anterior, es que este juzgado de Distrito advierte que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida, como se verá a continuación. En efecto, el artículo 107, fracciones III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; Por su parte, los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden, disponen: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Ahora bien, de conformidad con el artículo 170, fracción I de la Ley de Amparo, en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, es procedente el amparo directo ante el tribunal colegiado de circuito que corresponda, en los términos establecidos por las fracciones V y VI, del artículo 107 constitucional. De lo que se evidencia que cuando se reclama una resolución que pone fin al juicio, la vía correcta para impugnarla es el amparo directo. Ello es así, porque el acto reclamado que mediante esta vía constitucional se combate constituye -como se especificó-, la resolución de diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, que decretó la caducidad de la instancia en el juicio laboral número ***, lo que se traduce en la culminación de dicho procedimiento laboral; por tanto, resulta evidente que el acto reclamado, no se ubica en los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo, siendo en el diverso previsto en el 170, fracción I, del mismo ordenamiento. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número 2a./J.139/2002, sustentada por la Segunda Sala de ls Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 236, tomo XVI, diciembre de dos mil dos, registro 185437, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente epígrafe y contenido "CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL JUICIO AGRARIO. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL UNITARIO QUE LA DECRETA, ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. De la interpretación sistemática de los artículos 103, fracción I y 107, fracción V, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1o., fracción I, 44, 46 y 158 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso b), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se concluye que el amparo directo de la competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito es procedente contra la resolución que declara la caducidad por inactividad procesal en términos del artículo 190 de la Ley Agraria, en virtud de que ese acto importa la emisión de una resolución que pone fin al juicio sin decidirlo en lo principal, dictada por un tribunal administrativo, como lo es un Tribunal Unitario Agrario, respecto de la cual, las leyes comunes no conceden recurso ordinario alguno por el que dicha resolución pueda ser modificada o revocada, de manera que en ese supuesto resultará improcedente el recurso de revisión en materia agraria contenido en el numeral 198 de la Ley Agraria, e inaplicable la hipótesis de inejercitabilidad de la acción constitucional relativa prevista en la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo." En esa virtud, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, se concluye que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en Celaya, carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo formulada por *****, en contra actos de la Junta Local de conciliación y Arbitraje de esta ciudad y de diversas autoridades. En consecuencia, con apoyo en el diverso numeral 47 de la Ley de Amparo, se ordena remitir la demanda al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimosexto Circuito en turno, para lo que tenga a bien determinar; se solicita el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes, con copia certificada de la demanda de amparo. Domicilio y autorizados. En otro orden de ideas, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle *** Así también, se le tiene como sus autorizados a las personas que señala en su escrito de demanda, únicamente para recibir notificaciones e imponerse de los autos, acorde con lo establecido por el artículo 24 de la Ley de Amparo, no así en términos amplios del diverso ordinal 12 de la invocada legislación, toda vez que no fueron proporcionados mayores datos que justifiquen que tales autorizados cuenten con facultad legal para ejercer la profesión de abogados, tales como su número de cédula profesional o de registro ante el sistema computarizado del registro único de profesionales del derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, sin perjuicio que en caso de acreditar dichos extremos, se acuerde su autorización en los términos amplios a que alude dicho numeral. Habilitación de días y horas para efectos de notificaciones. Finalmente, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Transparencia. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 64 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y al 16 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, dígase a las partes que se suprimirán de las versiones públicas de todas las determinaciones que en su caso, lleguen a dictarse, sus nombres, datos personales e información reservada, de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita.

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