José Luis González Reséndiz y Otros.

Expediente 49/2015 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 11 actuaciones registradas, la última del 20 de abril de 2015.

Datos del expediente

Expediente
49/2015
Año
2015
Actuaciones
11
Última actuación
20/04/2015

Partes del expediente

  • José Luis González Reséndiz
  • Francisco Reyes Alejandre Varela y Otros.
  • José Luis González Reséndiz y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo de veinte de marzo de dos mil quince, considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión contra el referido acuerdo en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, en el que no existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Destruir el cuaderno original del incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción III del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto, al haberse negado la medida cautelar respecto de los actos reclamados. 3. Destruir el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo.

  2. Principal

    Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el escrito presentado por el quejoso Francisco Reyes Alejandre Varela, a través del cual solicita la expedición de copias certificadas. Por lo anterior, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, como lo solicita el promovente, se expiden copias certificadas de las constancias que indica en el ocurso de cuenta. Asimismo, se le tiene autorizando a Jorge Humberto Galván Castro y Gabriel García Padilla, para recibirlas. Se informa que a fin de no distraer al personal de apoyo de sus labores sustantivas, el horario establecido para lo acordado es de nueve a doce horas, de lunes a jueves.

  3. Principal

    hago efectivo el apercibimiento del aviso de veintitrés de marzo de dos mil quince, dejado en el domicilio procesal del quejoso, por lo que se ordena la notificación del auto de veinte de marzo de dos mil quince, por lista y por lista en una página electrónica a la parte QUEJOSA FRANCISCO REYES ALEJANDRE VARELA, ISMAEL ADOLFO RODRÍGUES SANTANA, JOSÉ LUIS GONZÁLES RESENDIZ, POR PROPIO DERECHO Y CON EL CARÁCTER DE PRESIDENTE SECRETARIO Y TESORERO DE LA MESA DIRECTIVA DEL COMITÉ CIUDADANO DEL POBLADO EL PAPALOTE, ASOCIACIÓN CIVIL, que dice: Ensenada, Baja California, veinte de marzo de dos mil quince. Se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos el informe justificado rendido por el Subsecretario Jurídico del Estado en representación del 1. Gobernador del Estado, con sede en esta Mexicali, Baja California. Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, ténganse como pruebas de la citada autoridad, la copia fotostática del oficio 828 signado por el Subsecretario Jurídico del Estado, en ejercicio de las atribuciones que fueron delegadas por el Gobernador del Estado de Baja California, de fecha doce de febrero de dos mil quince y original de constancias de notificación del oficio en mención. SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA De la constancia que remite la autoridad responsable se advierte que se actualiza de forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que permite decretar el sobreseimiento del presente juicio de garantías sin necesidad de esperar a la celebración de la audiencia constitucional que se encuentra señalada en autos, ya que con ningún elemento de prueba que se llegase a exhibir puede desvirtuar la causal anunciada. Así es, de la interpretación al contenido de los artículos 63, fracción V y 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, se desprende la posibilidad de decretar el sobreseimiento del juicio fuera de audiencia, cuando la improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, pues en el segundo de los preceptos invocados se estableció la procedencia del recurso de revisión contra los "autos de sobreseimiento", que por supuesto, no son las sentencias dictadas en la audiencia constitucional. Dicha determinación, abona a la impartición de justicia pronta prevista en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que están expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. El referido criterio, se contiene en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave 2a./J. 10/2003, correspondiente a la Novena Época, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XVII, Marzo de 2003, página 386, que dice: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. SOBRESEIMIENTO En el caso particular, de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la impetrante señala como acto reclamado: La omisión de parte de la responsable respecto a generar respuesta en lo que atañe a las peticiones solicitadas a través de un escrito recibido el día diez de diciembre de dos mil catorce en las oficinas de Gobierno del Estado, Delegación de Gobierno San Quintín, Baja California. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a su numeral 2°, se aprecia que a través del oficio 808 de fecha doce de febrero de dos mil quince, signado por el Subsecretario Jurídico del Estado, en ejercicio de las atribuciones que fueron delegadas por el Gobernador del Estado de Baja California, quien figura como autoridad responsable en el presente juicio de garantías dio respuesta a la petición formulada por el Comité Ciudadano del Poblado El Papalote, Asociación Civil, con fecha de presentación en la Delegación de Gobierno del Estado en San Quintín, de fecha diez de diciembre de dos mil catorce, respuesta que quedó notificada a Francisco Reyes Alejandre Varela, Presidente de la citada asociación, el día veintitrés de febrero de dos mil quince, en el domicilio ubicado en Calle Emiliano Zapata número 161 del Poblado El Papalote en la Delegación de San Quintín, Baja California, como se aprecia del acuse con firma de recibo al margen derecho que se acompañó al oficio de cuenta. En esas condiciones, es evidente que han cesado los efectos del acto materia de la litis constitucional, actualizándose en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues durante la tramitación del juicio de amparo, (el doce de febrero de dos mil quince), se dio respuesta a la petición de fecha diez de diciembre de dos mil catorce, presentada en la Delegación de Gobierno del Estado en San Quintín, por la parte aquí quejosa, y su contenido se notificó a los quejosos el día veintitrés de febrero de dos mil quince. Apoya a lo anterior, la Jurisprudencia identificada con el numero 2a./J. 59/99, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, junio de 1999, página 38, de rubro y texto siguientes: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, al haberse actualizado en forma notoria, manifiesta e indudable, la causal de improcedencia aludida, con fundamento en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia, se decreta el sobreseimiento del juicio de garantías; por lo que es dable dejar sin efecto la audiencia constitucional fijada para las diez horas con tres minutos del seis de abril de dos mil quince.

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que obra en autos el acuse de recibo 4220/2015, dirigido a la autoridad responsable 1. Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, con el cual se le solicitó el informe justificado (foja 24). En tal virtud, se advierte que dicha autoridad fue omisa al rendir su respectivo informe, y considerando que ha transcurrido el término de quince días, concedido en auto de cinco de febrero del actual; con fundamento en el artículo 116, tercer párrafo, de la ley de la materia, se presume cierto el acto reclamado. En consecuencia, de conformidad con el artículo 75 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, por disposición del segundo numeral, requiérase a la autoridad responsable 1. Gobernador Constitucional del Estado de Baja California, con sede en Mexicali, para que dentro del término de tres días contados a partir de que tenga conocimiento del presente proveído, remita copia certificada de las constancias que tengan relación con el acto reclamado; bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con los artículos 260, fracción IV, y 238 de la ley de la materia. Lo anterior, por ser necesario para resolver el presente juicio de amparo. Por tanto, la audiencia constitucional que debería tener verificativo el día de hoy se difiere, señalando como nueva fecha para su celebración las diez horas con tres minutos del seis de abril de dos mil quince.

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