José Luis González Moreno
Expediente 149/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 149/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 11/07/2018
Partes del expediente
- José Luis González Moreno
Actuaciones
- Principal
Promoción. Se tiene por recibido el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad.Acuerdo. En atención a su contenido, hágase del conocimiento de la autoridad oficiante, que el juicio de amparo en que se actúa, fue promovido por José Luis González Moreno contra actos de la Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con sede en esta ciudad; mismo que por auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho se desechó la demanda de amparo, quedando firme mediante proveído de veintitrés del mismo mes y año. Remisión de constancias. Atento a lo anterior, remítasele al Tribunal de Alzada copia certificada de los autos de mérito, para los efectos legales conducentes.
- Principal
1. Estado procesal. Visto el cómputo que antecede realizado por el Secretario, así como el estado que guardan los autos, de los que se desprende que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja en contra del auto de nueve de febrero de dos mil dieciocho, que desechó la demanda de amparo. 1.1 Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en dicho precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. 1.2 Remisión archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. 1.3 Destrucción expediente. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto que desechó la demanda de garantías; además no tiene relevancia documental para su conservación. 1.4 Transferencia. Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
1. Razón actuarial. Vista la razón actuarial de cuenta, de la que se advierte que no fue posible notificar personalmente el auto de nueve de febrero del año en curso (3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de la autoridad y acto siguiente: Autoridad Responsable: Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad. Acto Reclamado: El auto de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 540/2005, del índice de la responsable. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la resolución que reclama la parte quejosa, se trata de un proveído dictado por el juzgado responsable el veinticinco de enero del año en curso, en el que se ordenó el lanzamiento del demandado, ahora quejoso, con auxilio de la fuerza pública, del bien inmueble ubicado en avenida El Pino, esquina con calle Sabino, 401, manzana 124, lote 1, colonia Patria Nueva, de esta ciudad, para que se proceda a poner a la parte actora en posesión real y material del citado inmueble, acuerdo dictado dentro de la etapa de ejecución en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos. Se concluye lo anterior, toda vez que de una interpretación armónica y sistemática de las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se aprecia que la primera de las fracciones establece como regla general para la procedencia del juicio de amparo indirecto que tratándose de actos realizados en etapa de ejecución de sentencia, únicamente procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; por su parte, la fracción V, del citado precepto, prevé dicha procedencia cuando se trate de actos que tengan sobre las personas o cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora, la amplitud de la norma contenida en la fracción V del numeral en cita, permite interpretar la diversa fracción IV, de tal forma que debe estimarse como excepción a la regla general prevista por esta última, esto es, que cuando existen actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia y que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, aun cuando no se trate de la última resolución, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción V, a efecto de admitir la procedencia del juicio de amparo directo cuando el acto reclamado se sitúe en dicho supuesto. 3.1. Criterio aplicable. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este punto, es fundamental dejar en claro que acorde con el artículo 107, fracción IV, de la citada ley reglamentaria, tratándose de actos de ejecución de sentencia, en este caso, emitido en un juicio ejecutivo mercantil, se entiende por última resolución: i) Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ii) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; iii) Las que ordenen el archivo definitivo del expediente. Asimismo, que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente. Bajo ésa óptica jurídica, así como de los antecedentes descritos en la demanda de amparo, por una parte permiten establecer que el acto reclamado que ha quedado precisado, se emitió en etapa de ejecución de un juicio ejecutivo mercantil, sin embargo, al tratarse de una proveído dictado por el juez responsable que ordena el lanzamiento del quejoso del bien inmueble embargado, para ponerlo en posesión material de la parte actora, resulta claro que dicha auto, no constituye la última resolución en etapa de ejecución dentro de dicho juicio mercantil, ni mucho menos se trata de una determinación cuyos efectos sean de imposible reparación. En consecuencia, para efectos de la procedencia de la demanda de amparo intentada, el acto reclamado en el presente asunto no se sitúa dentro de la fracción IV del invocado numeral 107 de la legislación en la materia, sino en la fracción V, interpretada como excepción a la regla general establecida en la fracción que le antecede por las razones antes expuestas. Al respecto, del análisis íntegro del escrito de demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado no resulta de ejecución de difícil reparación, aun cuando la parte quejosa refiera en el capítulo relativo a los conceptos de violación, que le causa agravio el acuerdo combatido. Es así, pues no obstante lo anterior, el acto reclamado y sus consecuencias, no afectan en forma irreparable los derechos sustantivos del quejoso consagrados en la Constitución Federal, sino que se pueden resarcir en el curso del procedimiento de ejecución del que derivan tales actos. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes invocada...), al quejoso ... por los motivos ahí señalados. 1.1 Notificación por lista. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena notificar por lista el auto de mérito y las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal al referido quejoso, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
3. Desechamiento. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda de amparo, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la jurisprudencia I.1º.A. J/4. Esencialmente la jurisprudencia en cuestión explica que, para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En efecto, la demanda que se trata, resulta improcedente debido a que se aprecia que la parte promovente demandó el amparo y protección de la justicia Federal en contra de la autoridad y acto siguiente: Autoridad Responsable: Juez Cuarto del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con residencia en esta ciudad. Acto Reclamado: El auto de veinticinco de enero de dos mil dieciocho, dictado dentro del juicio ejecutivo mercantil 540/2005, del índice de la responsable. Asimismo, de los antecedentes del acto reclamado se advierte que la resolución que reclama la parte quejosa, se trata de un proveído dictado por el juzgado responsable el veinticinco de enero del año en curso, en el que se ordenó el lanzamiento del demandado, ahora quejoso, con auxilio de la fuerza pública, del bien inmueble ubicado en avenida El Pino, esquina con calle Sabino, 401, manzana 124, lote 1, colonia Patria Nueva, de esta ciudad, para que se proceda a poner a la parte actora en posesión real y material del citado inmueble, acuerdo dictado dentro de la etapa de ejecución en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Lo anterior permite advertir que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, en atención a los siguientes razonamientos. Se concluye lo anterior, toda vez que de una interpretación armónica y sistemática de las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo, se aprecia que la primera de las fracciones establece como regla general para la procedencia del juicio de amparo indirecto que tratándose de actos realizados en etapa de ejecución de sentencia, únicamente procede contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; por su parte, la fracción V, del citado precepto, prevé dicha procedencia cuando se trate de actos que tengan sobre las personas o cosas una ejecución de imposible reparación. Ahora, la amplitud de la norma contenida en la fracción V del numeral en cita, permite interpretar la diversa fracción IV, de tal forma que debe estimarse como excepción a la regla general prevista por esta última, esto es, que cuando existen actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia y que afecten de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, aun cuando no se trate de la última resolución, puede aplicarse excepcionalmente por analogía la fracción V, a efecto de admitir la procedencia del juicio de amparo directo cuando el acto reclamado se sitúe en dicho supuesto. 3.1. Criterio aplicable. Cobra aplicación la jurisprudencia P./J. 108/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En este punto, es fundamental dejar en claro que acorde con el artículo 107, fracción IV, de la citada ley reglamentaria, tratándose de actos de ejecución de sentencia, en este caso, emitido en un juicio ejecutivo mercantil, se entiende por última resolución: i) Aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado; ii) Declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento; iii) Las que ordenen el archivo definitivo del expediente. Asimismo, que por actos de imposible reparación para fines de la procedencia del juicio de amparo indirecto, se debe entender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, esto es, en lo relativo a los derechos sustantivos. Es decir, cuando se afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Federal, y no en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, salvo las excepciones establecidas cuando causan una afectación predominante que ya no se pueda reparar en el curso del procedimiento del que derivan tales actos procesales, verbigracia, el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en razón de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente. Bajo ésa óptica jurídica, así como de los antecedentes descritos en la demanda de amparo, por una parte permiten establecer que el acto reclamado que ha quedado precisado, se emitió en etapa de ejecución de un juicio ejecutivo mercantil, sin embargo, al tratarse de una proveído dictado por el juez responsable que ordena el lanzamiento del quejoso del bien inmueble embargado, para ponerlo en posesión material de la parte actora, resulta claro que dicha auto, no constituye la última resolución en etapa de ejecución dentro de dicho juicio mercantil, ni mucho menos se trata de una determinación cuyos efectos sean de imposible reparación. En consecuencia, para efectos de la procedencia de la demanda de amparo intentada, el acto reclamado en el presente asunto no se sitúa dentro de la fracción IV del invocado numeral 107 de la legislación en la materia, sino en la fracción V, interpretada como excepción a la regla general establecida en la fracción que le antecede por las razones antes expuestas. Al respecto, del análisis íntegro del escrito de demanda de amparo, se desprende que el acto reclamado no resulta de ejecución de difícil reparación, aun cuando la parte quejosa refiera en el capítulo relativo a los conceptos de violación, que le causa agravio el acuerdo combatido. Es así, pues no obstante lo anterior, el acto reclamado y sus consecuencias, no afectan en forma irreparable los derechos sustantivos del quejoso consagrados en la Constitución Federal, sino que se pueden resarcir en el curso del procedimiento de ejecución del que derivan tales actos. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto por los artículos antes invocados y en el diverso 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo que se estudia, por actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia antes invocada...
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