Jose Luis González Bahena

Expediente 46/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 23 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
46/2023
Año
2023
Actuaciones
2
Última actuación
23/01/2023

Partes del expediente

  • Jose Luis González Bahena

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veintitrés de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual acusa de recibo del expediente 29-103-2022, copia certificada del diverso 01/778/16-II, copia certificada de la hoja de servicio con número de oficio ********************, copia simple del comprobante ********************, impresión de hojas 1, 2, y 3 de la publicación número de ejemplar ********************del Periódico Oficial "Tierra y Libertad" de fecha dieciocho de enero de dos mil seis, copia simple del manual de normas para la Administración de Recursos Humanos de la Secretaría de Educación Pública. Por tanto, toda vez que no existe escrito alguno que acordar ni diligencia que celebrar, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Esto, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que, en términos del artículo 15, del citado Acuerdo General, no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes, no es un juicio relativo al patrimonio histórico, arqueológico y artístico, no fue generado por un Pleno de Circuito en el que se haya establecido jurisprudencia, ni versa sobre materia agraria, tampoco fue utilizado para integrar jurisprudencia o tesis aislada de un Tribunal de Circuito, por lo que no es necesaria su conservación. Más aún, no contiene información reservada, ni existen documentos originales exhibidos por las partes, lo que deberá hacerse constar en la carátula del presente expediente. NOTIF.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a trece de enero de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria General de Acuerdos del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, mediante el cual anexa la demanda promovida por *********, ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos. Registro de la demanda Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con los números 46/2023-III. No se avoca al conocimiento Ahora bien, del contenido del oficio de cuenta, se advierte que el referido Tribunal consideró procedente remitir el juicio aludido a este Juzgado de Distrito, por estimar que es la autoridad competente para proveer sobre el mismo. Al respecto, conviene puntualizar que si bien, las cuestiones relativas a la competencia de los órganos jurisdiccionales es un presupuesto procesal de orden público y que tal circunstancia debe ser analizada de manera previa a cualquier otra cuestión planteada, también es verdad que la competencia de este Juzgado se fija con fundamento en los artículos 49, 51, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33 de la Ley de Amparo, así como en términos del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en los que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito. Sobre la base de lo expuesto, este órgano jurisdiccional estima que el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos no cuenta con facultades para fijar competencia a favor de este juzgado; razón que resulta suficiente para determinar que este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, no se avoca al conocimiento y estudio del juicio remitido por el citado tribunal. Ahora bien, de la lectura del Capítulo VI de la Ley de Amparo: "De la Competencia y de la Acumulación", se advierte que conforme a las reglas de competencia que rigen el juicio de amparo sólo es posible plantear y aceptar competencia entre órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación que sean competentes para conocer del juicio de amparo. Si el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos estima que el asunto no corresponde a su competencia puede rechazarla, lo que eventualmente podrá generar un conflicto competencial. Sin embargo, es incorrecto que decline la competencia a un juez de distrito, y más que éste la acepte, porque esa decisión necesariamente cambia la vía y acción originalmente elegidas y las normas adjetivas y sustantivas que rigen los diversos juicios en materia laboral, administrativa y de amparo. Sin que lo anterior implique desconocimiento al principio de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, antes bien, se reconoce que la impartición de justicia debe darse en un marco normativo que propicie su ejercicio de manera razonable, de acuerdo con los exclusivos intereses de los gobernados y los fines perseguidos con las disposiciones aplicables a cada caso particular. Suponer lo contrario sería tanto como aceptar que cualquier escrito de la índole que sea, presentado ante cualquier autoridad, debe ser remitido al ente que tal autoridad considere competente, con las implicaciones que esa situación ocasionaría en la máxima de seguridad jurídica que debe imperar en el sistema de derecho. Ahora bien, del contenido del oficio de cuenta, se advierte que el referido Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, mediante resolución de tres de mayo de dos mil veintidós, se declaró incompetente para conocer sobre la controversia planteada en los autos del expediente 29/103/2022, por lo que ordenó turnar la demanda entablada por José Luis González Bahena en contra del Instituto de la Educación Básica del Estado de Morelos, al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Consecuentemente, mediante resolución de nueve de noviembre de dos mil veintidós, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, resolvió lo siguiente: "PRIMERO.- Este Tribunal en Pleno NO es competente para conocer y fallar el presente asunto, en los términos precisados en el considerando I de la presente resolución. SEGUNDO.- Este Tribunal en Pleno no acepta la competencia declinada por el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos; deducida del expediente laboral 29-103-22, promovido por JOSÉ LUIS GONZÁLEZ BAHENA, en contra del INSTITUTO DE LA EDUCACIÓN BÁSICA DEL ESTADO DE MORELOS, atendiendo a lo señalado en el último considerando del presente fallo; consecuentemente, TERCERO.- Se ordena remitir los presentes autos al Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos, que por turno le corresponda, para que resuelva lo que conforme a derecho corresponda.". El Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, en la resolución de nueve de noviembre de dos mil veintidós, consideró aplicable la jurisprudencia número 153/2009, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se determinó que corresponde al Juez de Distrito en materia administrativa, conocer de los conflictos derivados de la indebida cuantificación de las pensiones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Sin embargo, dicha jurisprudencia se refiere a controversias competenciales entre jueces de distrito derivadas de juicios de amparo, y no entre órganos jurisdiccionales del Estado de Morelos, particularmente el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, por lo que no es aplicable. En consecuencia, se hace del conocimiento a los Magistrados integrantes del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación precisa la competencia por materia de los Juzgados de Distrito en sus artículos 49, 51, 56, 57, 58, 59, 60 y 61, de los que se advierte que para fijar la competencia por materia en los juicios de amparo, debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable y en los juicios federales a la naturaleza de la acción. En consecuencia, la jurisprudencia con registro digital 166110, se refiere a una demanda de amparo presenta por el o los quejosos ante un Juzgado de Distrito, cuya competencia quedará definida atendiendo a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable, y en los juicios federales a la naturaleza de la acción. Además, la demanda presentada por ******** en la cual reclama diversas prestaciones, no es una demanda de amparo. Sino una demanda que corresponde, ya sea al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje o al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Por lo que, este Juzgado no puede conocer de la misma. Entonces, este Juez Federal no puede aceptar la competencia que fue declinada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos. Además, el hecho de aceptar la competencia declinada traería por consecuencia que se cambie la acción y la vía originalmente ejercida por el promovente, lo que conlleva a sujetarla a diversas normas adjetivas y sustantivas para la tramitación y solución del asunto que planteó, con la consecuente violación al derecho de elegir acción y vía con que cuentan los gobernados. Si se toma en cuenta que el promovente reclama el pago de diversas prestaciones, ante un tribunal laboral, puede aceptarse que ese tribunal resuelva carecer de competencia para conocer del asunto; pero es incorrecto que la finque a favor de un juez de distrito porque con esa decisión está cambiando la acción y vía elegidas por el promovente, puesto que ahora traslada a una acción de amparo en vía indirecta donde también cambian las normas procesales y sustantivas. En el entendido de que el envío de las constancias que nos ocupan resulta ambigua y contradictoria, porque, al parecer, se pretende que sea este Juzgado el que conozca de un conflicto competencial, pero también parece que se plantea el conocimiento del asunto que originalmente se planteó entre los tribunales contendientes. De tal suerte que debe quedar claro que este Juzgado no puede conocer ni del conflicto competencial ni de la demanda promovida por el actor José Luis González Bahena. Conflicto competencial En ese orden de ideas, el conflicto competencial suscitado entre el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito que ejerzan jurisdicción sobre el órgano que previno en el conocimiento del asunto. Ello, toda vez que, el acuerdo general número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, determinó que la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los Puntos Segundo y Tercero de dicho Acuerdo General, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito, entre los cuales se encuentran los conflictos de competencia, con excepción de los que se susciten entre los propios Tribunales Colegiados de Circuito. Por tanto, el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, debió de remitir el conflicto competencial entre el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con número de expediente 01/778/2016 y el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, con número de expediente 19/103/2022, promovido por José Luis González Bahena al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de Decimoctavo Circuito en turno, con sede en Cuernavaca, Morelos. Sirve de apoyo a lo anterior, el acuerdo general número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las salas y a los tribunales colegiados de circuito: "ACUERDO GENERAL NÚMERO 5/2013, DE TRECE DE MAYO DE DOS MIL TRECE, DEL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, RELATIVO A LA DETERMINACIÓN DE LOS ASUNTOS QUE EL PLENO CONSERVARÁ PARA SU RESOLUCIÓN, Y EL ENVÍO DE LOS DE SU COMPETENCIA ORIGINARIA A LAS SALAS Y A LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. CONSIDERANDO: (.) ACUERDO: CUARTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los Puntos Segundo y Tercero de este Acuerdo General, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando: No obstante haberse impugnado una ley federal o un tratado internacional, por estimarlos directamente violatorios de un precepto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o se hubiere planteado la interpretación directa de uno de ellos, en la sentencia recurrida no se hubiere abordado el estudio de esas cuestiones por haberse sobreseído en el juicio o habiéndose pronunciado sobre tales planteamientos, en los agravios se hagan valer causas de improcedencia. Lo anterior se concretará sólo cuando el sobreseimiento decretado o los agravios planteados se refieran a la totalidad de los quejosos o de los preceptos impugnados, y en todos aquellos asuntos en los que la materia de la revisión no dé lugar a que, con independencia de lo resuelto por el Tribunal Colegiado de Circuito, deba conocer necesariamente la Suprema Corte de Justicia de la Nación; En la demanda se hubiere impugnado una ley local, un reglamento federal o local, o cualquier disposición de observancia general, salvo aquellos en los que el análisis de constitucionalidad respectivo implique fijar el alcance de un derecho humano previsto en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, respecto del cual no exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de este Alto Tribunal, sin menoscabo de que la Sala en la que se radique el recurso respectivo determine que su resolución corresponde a un Tribunal Colegiado de Circuito; Habiéndose planteado la inconstitucionalidad de leyes federales, subsista la materia de constitucionalidad de éstas, y exista jurisprudencia del Pleno o de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y Los amparos en revisión en los que, sobre el tema debatido, se integre, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas; o cuando existan tres precedentes emitidos indistintamente por el Pleno o las Salas, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, y no se hubiere alcanzado votación idónea para integrar jurisprudencia; Los conflictos de competencia, con excepción de los que se susciten entre los Tribunales Colegiados de Circuito; Los reconocimientos de inocencia, y Los incidentes de inejecución derivados del incumplimiento de una sentencia de amparo, del incidente de repetición del acto reclamado y del incidente de inejecución derivado de la falta de acatamiento de lo resuelto en un incidente para la determinación de la forma y cuantía de la restitución correspondiente al cumplimiento sustituto de una sentencia de amparo, conforme a lo dispuesto en el Acuerdo General Plenario respectivo. (.) TRANSITORIOS: PRIMERO. El presente Acuerdo General entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. Se deroga el Acuerdo General Plenario 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, relativo a la determinación de los asuntos que conservará para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, así como las demás disposiciones generales y específicas que se opongan a lo previsto en este instrumento normativo. TERCERO. Los incidentes de inejecución e inconformidades relativos a juicios de amparo cuya sentencia causó estado antes del tres de abril de dos mil trece, se regirán por lo dispuesto en los Acuerdos Generales Plenarios 5/2001, de veintiuno de junio de dos mil uno, y 12/2009, de veintitrés de noviembre de dos mil nueve. CUARTO. Publíquese el presente Acuerdo General en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y, en términos de lo dispuesto en el artículo 7, fracción XIV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en medios electrónicos de consulta pública". En consecuencia, este juzgado concluye que la competencia planteada por el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, resulta improcedente, por tanto, devuélvase el juicio ******* que se remite a su lugar de origen, para que el Tribunal del conocimiento acuerde lo que en derecho corresponda; solicitándole el acuse de recibo respectivo. Finalmente, fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con las copias certificadas de las constancias pertinentes, lo anterior, para los efectos legales procedentes. Notifíquese.

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