Jose Luis Gomez Avalos
Expediente 120/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 120/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/04/2018
Partes del expediente
- Jose Luis Gomez Avalos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de quince días, para interponer el recurso de inconformidad que establece la Ley de Amparo, sin que las partes hayan presentado promoción encaminada a impugnar la resolución de veinte de marzo de dos mil dieciocho (folios 196 y 197); en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha quedado firme la referida resolución, en la cual se determinó que la sentencia de amparo quedó cumplida. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, y con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto por estar totalmente concluido.
- Principal
Téngase por recibido el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, mediante el cual acusa recibo del oficio por el cual se le remitieron los autos originales del juicio de amparo 2537/2017, así como los escritos de agravios y copias de los mismos, para la sustanciación de los recursos hechos valer por las partes, además informa que fueron admitidos y radicados con el número de revisión principal 54/2018.Agréguese a los autos para los efectos legales procedentes y téngase a la Superioridad informando lo antes expuesto.
- Principal
Causa ejecutoria la sentencia dictada en autos en la cual se concedió el amparo y protección de la justicia federal solicitados. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, dé cumplimiento puntual a la ejecutoria de amparo, remitiendo a este juzgado de Distrito constancia fehaciente de ello, bajo apercibimiento de ley.
- Principal
Visto el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo 487/2017, así como copia certificada de la resolución dictada en la sesión de veinte de febrero de dos mil dieciocho, dictada en el amparo en revisión 270/2017, de su índice, de la que se advierte que dentro del aludido recurso se resolvió: "PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa **********, contra los actos reclamados y autoridades precisadas en el resultando primero de este fallo, por las razones y para los efectos precisados en el último considerando de la sentencia recurrida.". Lo anterior permite concluir que la ejecutoria dictada por la superioridad, con ha causado ejecutoria por ministerio del ley. Hágase saber tal circunstancia a las partes, efectúense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno, glósese el cuaderno de antecedentes y acúsese recibo. Efectos de la concesión del amparo. Ahora bien, toda vez que la concesión de amparo fue la siguiente: "(.)para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la obligación tributaria en la parte normativa declarada inconstitucional, devolviéndose debidamente actualizada, la cantidad que resulte como diferencia de aplicar la tarifa mínima prevista en la fracción y numeral reclamados; esto es, la señalada en el artículo 78, fracción X, inciso a) de la ley referida. Lo anterior es de este modo, en razón de que dicho precepto legal (artículo 78 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete), prevé las categorías de establecimientos mercantiles que especifica en dicho numeral, las cuales se refieren a giros reglamentados diversos entre sí, estableciendo una tarifa distinta para cada uno de los diversos giros. Ahora bien, toda vez que el razonamiento anteriormente expuesto, que llevó a este juzgador a otorgar la protección constitucional impetrada, está específicamente referido al artículo 78, fracción X, inciso g), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, que establece el pago de derechos por la expedición de una licencia, el objeto de la concesión no tiene por efecto exentar a la parte quejosa del pago del derecho correspondiente a tal servicio en su totalidad, sino sólo el de desincorporar de su esfera jurídica la obligación tributaria en la parte declarada inconstitucional, si se toma en cuenta que la existencia de categorías no es inconstitucional, pero el cobro de diversas cantidades, dentro de una misma categoría, en base al giro sí es inconstitucional; en consecuencia, el efecto de la sentencia de amparo se traduce en que no le sea aplicada tal tarifa específica, por lo que deberá devolverse al agraviado exclusivamente la cantidad que resulte de la diferencia de aplicar la tarifa mínima fijada para licencias de giros de los establecimientos de su género, prevista en la fracción X, del numeral 78 de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el ejercicio fiscal de dos mil diecisiete, es decir, que resulta aplicable lo previsto en el artículo 78, fracción X, inciso a), de dicha legislación, al ser la cantidad mínima a pagar de conformidad con el artículo y fracción en comento. Es importante destacar, que es improcedente aplicar la tarifa prevista en las fracciones i) y k), de la fracción X, del artículo 78, de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete, mismas que contemplan una tarifa más baja que la que fue cobrada a la quejosa. Lo anterior, ya que la primera se refiere a la licencia que requieren los negocios o establecimientos para enajenar vinos y licores en bebidas preparadas a base de café, jugos o frutas; en tanto que la segunda, se limita exclusivamente a la venta de pulque. Bajo este tenor, la quejosa pagó una licencia que le permite la venta de bebidas alcohólicas en general; por lo que se ubica en un plano distinto de los contribuyentes que obtienen la licencia prevista por el artículo 78, fracción X, incisos i) y k), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete, por lo que de acceder al pago que regulan tales incisos, no podría realizar la venta de bebidas alcohólicas en general, sino únicamente de pulque, o bien, de bebidas preparadas a base de café, jugos o frutas. Luego, las tarifas previstas en dichos incisos de la multicitada fracción X, no pueden determinar el monto del derecho a pagar por la quejosa por la expedición de la licencia para la venta de bebidas alcohólicas en general, dado que vería limitada la operación del negocio para el que la obtuvo; de lo que se concluye que la tarifa que pagó, prevista por el artículo 78, fracción X, inciso a), de la Ley de Ingresos del Municipio de Zapopan, Jalisco, para el Ejercicio Fiscal de dos mil diecisiete, es la mínima establecida para la enajenación de bebidas alcohólicas en general. Cabe precisar que la devolución de la cantidad enterada por la parte quejosa no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan en una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. Al respecto, el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, prevé que el efecto de la sentencia que concede la protección constitucional es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de esa violación. Asimismo, el artículo 78 de la Ley de Amparo, establece que cuando se declara la inconstitucionalidad de una norma general, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependan de la propia norma invalidada, es decir, la inaplicación únicamente respecto del quejoso. Por tanto, las autoridades responsables a las que se les reclaman actos legislativos, no tienen que ejecutar acto alguno en cumplimiento al fallo protector, pues el precepto legal que reclama la parte quejosa no puede quedar insubsistente, esto es, de acuerdo con el principio de relatividad de las sentencias que rige en el juicio de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, Constitucional, que señala que los efectos de las sentencias de amparo, sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la demanda de amparo, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio.
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