Jose Luis Gerardo Velazquez Zepeda

Expediente 637/2016 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
637/2016
Año
2016
Actuaciones
3
Última actuación
29/08/2016

Partes del expediente

  • Jose Luis Gerardo Velazquez Zepeda

Actuaciones

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio que suscribe la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, con sede en la capital, a través del cual acusa recibo del comunicado mediante el cual le fue remitida la demanda de amparo promovida por ----------, por propio derecho, con motivo de la incompetencia declinada por este órgano jurisdiccional el quince de agosto de dos mil dieciséis; asimismo, se aprecia que dicha demanda se registró con el número de amparo directo 709/2016. Finalmente, se aprecia que, previo a proveer sobre si ese Tribunal acepta o no la incompetencia planteada, requirió a la autoridad responsable para que cumpla con lo dispuesto por los artículos 176 y 178 de la Ley de Amparo.

  2. Principal

    NOTIFICACIÓN PERSONAL.

  3. Principal

    CONSTANCIA: En cumplimiento al AVISO de dieciséis de agosto de dos mil dieciséis, por este medio se le notifica a la parte quejosa la resolución dictada el quince de agosto de dos mil dieciséis, en atención a que no compareció los días dieciséis, ni diecisiete de agosto del presente año, para tal efecto, el cual en lo conducente dice: Téngase por recibida la demanda de amparo que promueve *****, contra actos del Juez Primero de Partido en Materia Civil de esta ciudad; que considera violatorios en su perjuicio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 14, 16 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número *****, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado. Asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento, o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la Secretaría de este juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico estará a disposición de las partes, tan pronto como las mismas cumplan con los requisitos que para tal efecto establece el Acuerdo General Conjunto número 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal. Ahora, previo a hacer pronunciamiento alguno sobre la procedencia del amparo, debe establecerse si este órgano jurisdiccional es competente o no para conocer de la misma. Sentado lo anterior se tiene que, en el caso a estudio se reclama la resolución dictada el diez de agosto de dos mil dieciséis, que confirma la diversa de siete de abril de dos mil dieciséis, en autos del juicio de tercería excluyente de dominio número *****, del índice de la responsable, relativa a decretar la caducidad de la instancia en el citado sumario, y por ende, sobreseer dicho negocio. Ahora bien, el artículo 47, párrafo primero, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda." Mientras que el diverso 170, es del contenido siguiente: "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido... Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos..." Del numeral 170 antes transcrito, se advierte que la procedencia del juicio de amparo directo se limita a sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo. Asimismo, define como sentencia definitiva o laudo, los que deciden el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal, lo dan por concluido. Es preciso mencionar que, en el texto de la Ley de Amparo, el legislador ya no dotó a la sentencia definitiva reclamable en amparo directo, de la exigencia relativa a "respecto de las cuales las leyes comunes no concedan ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificadas o revocadas", requisito que sí establecía la abrogada Ley de Amparo, en su artículo 46. Esto es, en la Ley de Amparo, la sentencia, laudo o resolución definitiva es aquella que pone fin a juicio, sin el requisito de que en su contra no proceda algún recurso que prevea la ley común. Se afirma lo anterior, ya que el principio de definitividad, se encuentra en el tercer párrafo de la fracción I del precitado numeral 170 de la Ley de Amparo, al establecer que, previamente al juicio de amparo, deben agotarse los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales, la sentencia, laudo o resolución reclamada puede ser modificada o revocada, traduciéndose dicha exigencia en un requisito de procedibilidad del juicio de amparo directo y no como un elemento para poder establecer si la sentencia o resolución puede ser reclamada en el amparo uniinstancial. En ese contexto normativo, toda vez que la competencia del Tribunal Colegiado y la procedencia del amparo directo, ya no están estrechamente relacionadas en la nueva Ley de Amparo, pues la primera se surte por el solo hecho de que se reclame una sentencia que haya decidido el juicio en lo principal, o una resolución que, sin decidirlo en lo principal, lo haya dado por concluido, al margen de que la ley conceda o no un recurso ordinario, por virtud del cual puedan ser modificada o revocada, habida cuenta que esto último incide únicamente en la procedencia o improcedencia del juicio. En ese sentido, este órgano jurisdiccional estima que carece de competencia legal para conocer de la demanda que se estudia, dado que se actualiza la hipótesis contenida en el artículo 47 de la Ley de Amparo vigente, al reclamarse una resolución que sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, pues en la especie lo constituye la resolución que confirmó una diversa en la que se decretó la caducidad de la instancia en el juicio de origen, trayendo como consecuencia, el sobreseimiento en dicho sumario; por ende, se estima que se actualiza la competencia del Tribunal Colegiado en Materia Civil, en Turno, del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato. Consecuentemente, en términos el artículo 47, de la Ley de Amparo, se ordena: I. Remitir el escrito original de demanda y sus copias respectivas al Tribunal Colegiado en Materia Civil, en Turno, del Decimosexto Circuito, con residencia en Guanajuato, Guanajuato. II. Formar, con copia de la aludida demanda, el cuaderno de antecedentes respectivo. Sin que sea necesario pronunciarse en términos del numeral 48 de la Ley de Amparo, respecto de la suspensión del acto reclamado, habida cuenta que no se actualizó ninguno de los supuestos que prevé el diverso artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otra parte, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta; asimismo, téngase como sus autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que refiere, toda vez que dichos profesionistas no tienen registrada su cédula profesional en el sistema correspondiente que se lleva dentro de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación. Hágase saber a las partes que este órgano jurisdiccional en uso de las facultades conferidas por el numeral 20, fracción VI, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, respecto a la protección de datos personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, controlado e informado y garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación informativa de las personas de quienes intervienen en este expediente judicial, en relación con los diversos numerales 1, 2, 19, 21 y demás relativos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, así como del 57 de su Reglamento, cualquier uso no autorizado en los términos previstos en dicho ordenamiento legal, puede dar lugar a las sanciones establecidas en los diversos 64, 67, 68 y 69 de la citada legislación. Por último, con apoyo en los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 8, 18, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 25, 28 y 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia a la información pública, protección de datos personales y archivo, publicado en seis de febrero de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, se hace constar que en la publicación de la sentencia que se dicte en el presente asunto, no se darán a conocer los datos personales y de identificación de las partes, por no existir consentimiento inequívoco y expreso para ello. Con apoyo en el artículo 21 de la Ley de Amparo vigente, este tribunal habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación del presente juicio de amparo.

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