José Luis Garduño Almazán
Expediente 252/2023 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de marzo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 252/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/03/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Luis Garduño Almazán
Actuaciones
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, así como el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98, en relación con el 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el acuerdo de ocho de marzo de dos mil veintitrés, por el que se desechó la demanda, sin que el quejoso haya interpuesto el medio de impugnación referido; en consecuencia, con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente, se declara firme dicho proveído; por tanto, archívese como asunto como totalmente concluido.
- Principal
Naucalpan de Juárez, Estado de México, a ocho de marzo de dos mil veintitrés. Radicación. Vista la demanda de amparo presentada por ********************, por propio derecho, contra un acto del Juez Quinto de lo Familiar en el Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México; regístrese bajo el número 252/2023. Desechamiento. Ahora, el numeral 113 de la ley de la materia, establece que el juez de Distrito examinará la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con lo expuesto por diversos Tribunales de la Federación, que se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aún en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Lo anterior encuentra apoyo, en lo conducente, en la jurisprudencia VI.2º. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, agosto de 1994, Octava Época, página 64, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA"." Ahora bien, el acto que se reclama a través del presente juicio de amparo es la abstención de autorizar el acceso a los servicios del expediente electrónico relativo al juicio especial familiar número ********************, del índice de la autoridad responsable. Sobre ese contexto, se determina que el juicio de amparo intentado resulta improcedente, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, este último interpretado en sentido contrario, de la ley de la materia, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (...) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." De los preceptos transcritos se advierte que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio que se consideren de imposible reparación, es decir, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que, cuando lo reclamado no sea de los actos considerados como tales, el juicio biinstancial será improcedente. Respecto al tema de que se trata, en la fracción V del numeral 107, de la Ley de Amparo, define a los actos de imposible reparación como aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Lo cual implica que una violación procesal que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues, a la luz de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia número IV.2o.C. J/2 (10a.), publicada en la página mil quinientos treinta y nueve, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 6 (Mayo de 2014), Tomo III, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, Décima Época, materia común, que a la letra establece: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera." En ese contexto, tomando en cuenta las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por la parte quejosa, es válido concluir que el acto omisivo que reclama tuvo lugar derivado del trámite del expediente ********************, radicado en el Juzgado Quinto de lo Familiar en el Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, en el cual figura como parte actora. Así, también debe traerse a colación lo previsto por el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que tutela el derecho de acceso a la justicia, conforme al cual, quien ha visto violado un derecho o incumplida una obligación, puede dirigirse a los tribunales para que atiendan a su pretensión, órganos que estarán expeditos para impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, teniendo el deber de dictar sus resoluciones de manera pronta; es decir, tal precepto normativo establece la obligación de las autoridades jurisdiccionales a emitir las sentencias correspondientes sin dilaciones. De esa forma, se concede a las personas el derecho público subjetivo de acción (especie del derecho de petición), conforme al cual el gobernado tiene el derecho y el gobernante la obligación de activar la función jurisdiccional para resolver lo sometido a su potestad, en relación con la controversia que se plantea. Por lo que, con base en lo antes expuesto, se concluye que cada derecho invocado está establecido con una finalidad determinada, pues si bien los derechos previstos en los artículos 8, 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, gozan de ciertas similitudes por regular las relaciones entre el Estado y el individuo, lo cierto es que, los derechos y obligaciones que se derivan de ellos son diversos, por lo que también generan consecuencias distintas. Por tanto, de forma específica, los artículos 14 y 17 de la Constitución Federal, tratándose de procedimientos jurisdiccionales (juicios), regulan el actuar de la autoridad ante las peticiones de los particulares, por lo que éstos preceptos son los aplicables para dar respuesta a tales solicitudes, precisamente debido a que el particular se sometió a su jurisdicción, en ejercicio de su derecho fundamental de acceso a la justicia. De ahí que, si el trámite del expediente ********************, radicado en el Juzgado Quinto de lo Familiar en el Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México, se rige bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe tenerse presente que dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en el que la quejosa es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción previsto para acudir al juicio de amparo en la vía indirecta. Lo cual se robustece, tomando en cuenta que no podría considerarse que lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tenga aplicación tratándose de una solicitud formulada por el particular a una autoridad, ya que dicho precepto sólo es aplicable para los procedimientos formalmente jurisdiccionales. Al caso se invoca, por las razones que informa, la jurisprudencia número 2a./J. 192/2007, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 209 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI (octubre de 2007), Materia Constitucional, relativa a la Novena Época, del tenor siguiente: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES." En esas condiciones, toda vez que los derechos consagrados en los artículos 8, 14 y 17 constitucionales regulan cuestiones distintas (derecho de petición, el debido proceso y el derecho de acción), en la especie, el acto omisivo que reclama la parte quejosa no es procedente impugnarlo en vía de amparo indirecto, toda vez que sus efectos son de índole procesal o adjetiva y no pueden ser considerados como de imposible reparación. Razón por la cual, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso numeral 107, fracción V, éste último interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda por notoriamente improcedente, con apoyo en el ordinal 113 de la citada legislación. Determinación anterior que encuentra apoyo en la jurisprudencia número 1a./J. 7/2015 (10a.), aprobada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 480 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 17 (abril de 2015), Tomo I, Materia Administrativa, Décima Época, de rubro siguiente: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA." En efecto, el acto reclamado por la parte quejosa no puede ser calificado como irreparable, en la medida que no afecta materialmente algún derecho sustantivo, sino que sólo produce una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, máxime que le resulta el carácter de parte actora en el juicio de origen. Incluso, analizando el acto reclamado desde una perspectiva del derecho de petición, debe tenerse presente que tratándose de procedimientos jurisdiccionales, el derecho de acción, como facultad de provocar la actividad estatal, presenta la posibilidad de que la autoridad que conozca del asunto resuelva sobre la pretensión que es sometida a su conocimiento, por lo que debe sujetase a los plazos y términos que rigen el procedimiento, en los que las partes deben obtener respuesta completa a sus pretensiones; de ahí que, por regla general, no es procedente el juicio de amparo en la vía indirecta. Encuentra apoyo lo anterior en la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes 06 de mayo de 2016, bajo el rubro y contenido siguientes: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente." Domicilio. Con fundamento en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, y 39 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se comisiona al actuario judicial adscrito a este órgano de control constitucional para que realice las notificaciones de carácter personal vía electrónica, a través del usuario "********************"; en el entendido de que las mismas seguirán las reglas que establece el Capítulo Sexto del Acuerdo inmediatamente referido, por así haberlo solicitado y, se autoriza la consulta vía internet del expediente electrónico relativo al juicio en que se actúa; por tanto, se instruye a la oficial judicial "A" encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que realice las gestiones necesarias a efecto de cumplir con lo anterior. Días y horas inhábiles. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de la materia, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Autorización de uso de medios electrónicos. De conformidad con la Circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza el uso de medios electrónicos para la obtención de las constancias que obren en este sumario, siempre y cuando no se trate de aquellas que, por su naturaleza, sean de carácter confidencial o reservada. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Notifíquese vía electrónica al quejoso. Así lo proveyó y firma Samuel Sánchez Sánchez, Juez Decimotercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, quien actúa asistido de Eduardo Hernández Montiel, Secretario que firma, autoriza y da fe. Doy fe.
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