José Luis García Segura

Expediente 1198/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1198/2017
Año
2017
Actuaciones
4
Última actuación
24/08/2017

Partes del expediente

  • José Luis García Segura

Actuaciones

  1. Principal

    ESTADO PROCESAL. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación secretarial de cuenta, de los que se advierte que la parte quejosa, no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo en vigor, el proveído de siete de agosto de dos mil diecisiete (fojas 22 a 26), mediante el cual se desechó la demanda de amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, se declara que dicho proveído ha causado estado. ARCHIVO DEL ASUNTO. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese como asunto concluido. DESTRUCCIÓN DEL EXPEDIENTE. Además, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis de asuntos destruibles, contenido en dicho acuerdo, ya que se desechó la demanda de amparo; es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto de referencia, que establece: "VIGÉSIMO PRIMERO. De los expedientes provenientes de los Juzgados de Distrito son susceptibles de depuración o destrucción aquellos que aun teniendo documentos originales no se hayan recogido por las partes, conforme a los procedimientos indicados en los puntos Décimo Primero, párrafo último y Vigésimo Segundo de este Acuerdo General Conjunto, cuentan con más de cinco años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos y se ubican en los siguientes supuestos: (.) I. Todos aquellos en los que se haya dictado un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo den por concluido; (...)". Pues se trata de un asunto en el que se dictó un acuerdo que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido y a juicio del suscrito por la naturaleza de lo resuelto no es de valor jurídico.

  2. Principal

    I. En otro sentido, se tiene por recibido el escrito mediante el cual la parte quejosa, interpone recurso de revisión contra la sentencia de siete de julio de dos mil diecisiete, en el juicio de amparo en que se actúa; con fundamento en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de la materia, conforme su numeral 2, agréguese a los autos para que surtan los efectos legales a que haya lugar. En virtud de lo anterior; con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89 y 90 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de revisión, promovido por la parte quejosa, en contra de la sentencia dictada en el presente amparo; en consecuencia, con una copia del escrito que se provee distribúyase entre las partes. Con copia simple del escrito de expresión de agravios y constancias necesarias del expediente en que se actúa, fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente.

  3. Principal

    I. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio de cuenta y con el diverso presentado el uno de agosto del presente año y anexos, dese vista a las partes, para que en el término de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído manifiesten lo que a su derecho convenga, apercibidas que de no hacerlo, este Juzgado de Distrito se pronunciará al respecto. De igual forma, dese vista al Agente del Ministerio Público de la Federación, adscrito a este órgano jurisdiccional, para que manifieste lo que a su representación social corresponda.

  4. Principal

    de corformidad con el artciulo 27, fraccion i inciso c, de la ley de amparo, se notifica al quejoso el auto de siete de los cursantes el cual enlo conducnete dice: RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo promovida por José Luis García Segura, contra actos de la Jueza Tercero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México. Fórmese expediente físico y electrónico; regístrese en el libro correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número 1198/2017-II. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO. En el caso en estudio, debe decirse que en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en:  El auto de doce de julio de dos mil diecisiete, dictado dentro del expediente 969/2016 del índice del Juzgado Tercero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Ahora, la lectura integral de la demanda, revela que se actualiza la hipótesis normativa prevista por el numeral 113, de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a su desechamiento de plano, al encuadrarse la hipótesis normativa contenida en el ordinal 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, ambos de la ley de la materia, por las razones que a continuación se indican: En efecto, los ordinales 113, 61, fracción XXIII y 107, fracción V, de la Ley de Amparo prevén: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente. . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107.- El amparo se pedirá ante el juez de distrito: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" Efectivamente, el numeral 113, de la legislación de la materia, impone la obligación al suscrito de examinar el escrito de demanda y, de encontrar motivo manifiesto e indudable improcedencia, desecharla de plano, sobre la base de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera a trámite la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes; situaciones que en el caso a estudio acontecen. Tal consideración encuentra sustento, por analogía, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, registro IUS 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En ese orden, a consideración del suscrito, se actualiza la hipótesis normativa prevista por el numeral 113, de la Ley de Amparo, toda vez que en el caso existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que da lugar a su desechamiento de plano, al encuadrarse la hipótesis normativa contenida en el ordinal 61, fracción XXIII de la Ley de amparo, en relación con el 107, fracción V, de la Carta Magna, interpretado a contrario sensu, porque el acto combatido no es de los considerados de imposible reparación que deba ser analizado de manera inmediata a través del juicio de amparo indirecto, porque para calificarlo de tal forma, sería necesario que produjera una afectación material a derechos sustantivos; esto es, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho; y no, únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Es aplicable, la jurisprudencia VI. 1o.A. J/10, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 1570 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Tomo III, Mayo de 2014, materia común, con número de registro 2006339, criterio que se encuentra aún vigente, del siguiente rubro: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SON AQUELLOS QUE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS, ASÍ COMO VIOLACIONES PROCESALES RELEVANTES, DE CONFORMIDAD CON UNA INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIONES III, INCISO B), Y V, Y 170, FRACCIÓN I, CUARTO PÁRRAFO, ÉSTE A CONTRARIO SENSU, DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL TRES DE ABRIL DE DOS MIL TRECE)." Destaca, que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, el numeral 107, fracción V -apenas transcrito-, precisa claramente el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación; respecto de los cuales se dice son aquellos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución y en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; esto es, a partir de la actual redacción el legislador secundario proporcionó mayor seguridad en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto, contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal tuvo la intención de que en los procedimientos judiciales, se entendiera cuáles son los actos que pueden ser así considerados. Ahora bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, sustentada entre el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, analizó los aspectos que el legislador secundario ponderó para definir los actos de imposible reparación en la actual redacción de la Ley de Amparo, y destacó que las dos condiciones que se dispusieron para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento fueron las siguientes: "la primera consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión en la que reside la idea de repeler cualquier lesión solo de naturaleza formal, la cual se actualiza en los casos en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva" Bajo ese panorama, el juicio de amparo indirecto procede sólo contra actos de autoridad que produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado; y no una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la resolución que ponga fin al procedimiento. En ese sentido, se estima la actualización de la causa de improcedencia invocada, en virtud de que el acto reclamado consistente en el acuerdo de doce de julio de dos mil diecisiete, dictado por el Juzgado Tercero Mercantil de Primera Instancia de Toluca, Estado de México, en el juicio 969/2016, a través del cual se determinó no admitir el incidente de prescripción de ejecución de laudo arbitral, no constituye un acto de imposible reparación, dado que no priva al quejoso de defensa ni resuelve en definitiva, pues el efecto de tal decisión es la continuación del juicio natural hasta el dictado de la sentencia definitiva, sin que trascienda a la misma. Se dice lo anterior, en virtud a que el hecho de que el a quo no haya admitido a trámite el incidente de prescripción de ejecución del laudo arbitral, sólo trae como consecuencia la prosecución del procedimiento, y no constituye un acto de imposible reparación, pues no se afectan derechos sustantivos de la parte recurrente y no trasciende al resultado del fallo. Por ende, el acto reclamado se trata de una violación procesal que no se encuentra prevista en los supuestos para la procedencia del amparo indirecto, pues únicamente prospera cuando se afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo cual no acontece en el caso. Al respecto es aplicable en lo sustancial, la jurisprudencia I.7º.C.J/3, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 49, Agosto de 1993, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, con número de registro en el IUS 215164, la cual no ha sido superada, cuyo epígrafe reza: "VIOLACIONES PROCESALES. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CUANDO SE RECLAMAN ANTES DE QUE SE DICTE LA SENTENCIA DEFINITIVA, Y NO SE AFECTAN DERECHOS SUSTANTIVOS." Lo expuesto guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual es mejor que la parte quejosa tenga conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo y, a su vez, se evite la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que la parte quejosa promueva oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos. En ese sentido, debe establecerse que el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación; requisito necesario para la procedencia del juicio de amparo indirecto; en consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se concluye desechar de plano la demanda de amparo de que se trata. DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Por otra parte, en términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el domicilio precisado por la parte quejosa en su escrito de demanda y por autorizadas a las personas mencionadas para los efectos precisados. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Ahora bien, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta al Actuario Judicial correspondiente, a fin de que pueda practicar todas las notificaciones ordenadas en el presente expediente, aun en días y horas inhábiles, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en el controvertido en que se actúa. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. FUNDAMENTOS. Todo lo anterior de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110, 112,115, 117, 238, 251, 260 de la Ley de Amparo; 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles; 68, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN. Ahora bien, en términos de lo establecido por el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en su capítulo cuarto, artículo décimo séptimo; en el diverso 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece la firma electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE) y en el Acuerdo de la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura Federal, que establece el procedimiento de asignación, certificación y uso de la Firma Electrónica para el seguimiento de expedientes (FESE), procédase en su momento, a la digitalización del presente asunto (escaneo de las constancias judiciales, resguardo electrónico y procesamiento técnico informático y documental), a efecto de contar con una copia digital para conservar y difundir su contenido. SISTEMA ELECTRÓNICO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. Se hace del conocimiento de las partes que en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, y del Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil quince, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, para el caso de que así lo deseen, a través de la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal (http://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx), podrán imponerse del contenido de los presentes autos, así como promover y recibir notificaciones vía electrónica, quedando supeditadas a los efectos legales del Acuerdo de referencia, siempre y cuando cuenten con la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación o aquella a que se refiere el segundo párrafo del artículo 14 de dicho Acuerdo, y realicen las promociones correspondientes, además de hacerlo del conocimiento de este Órgano jurisdiccional.

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