José Luis García Rodríguez
Expediente 91/2022 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 91/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 08/05/2023
- Órgano jurisdiccional
- Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- José Luis García Rodríguez
- Juan Carlos Tello Ludlow
- Carlos Alberto Angelino Barron
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, ocho de mayo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos de los cuales se advierte que transcurrió el término concedido a las partes para que se inconformaran en contra de la resolución de diez de abril de dos mil veintitrés, que tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio; por tanto, se tiene por consentida dicha resolución. En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 202 y 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE el presente asunto como concluido, previas las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. Ahora bien, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, y al no existir documento original que devolver, con fundamento en los artículos 12, 14, 18, fracción tercera, inciso a) y demás relativos y aplicables del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; el expediente en que se actúa es DEPURABLE y carece de relevancia documental, por no encontrarse en los supuestos que prevé el último párrafo del numeral y acuerdo citados; en consecuencia, consérvese la demanda y la sentencia, con excepción de las restantes actuaciones. Notifíquese.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, diez de abril de dos mil veintitrés.********************Visto, el estado de autos, se advierte que la autoridad responsable, Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, mediante oficios ********************, de uno y quince de febrero de dos mil veintitrés, respectivamente [fojas 96 y 102], informó sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria dictada en el juicio de amparo directo administrativo ********************. ********************En la ejecutoria emitida por este Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito en el Estado de Hidalgo, con residencia en Pachuca de Soto, en sesión ordinaria virtual celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real el diecinueve de enero de dos mil veintitrés, concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso ********************, para el efecto de que la autoridad responsable:********************"a).- Deje insubsistente la sentencia definitiva de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio contencioso administrativo federal ********************;********************b).- Emita otra en el cual confirme la existencia de la negativa ficta y al haber considerado que la autoridad demandada no contestó la demanda, observe lo dispuesto en los artículos 19 y 22 párrafo segundo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; es decir, debe tener como ciertos los hechos que el actor le impute en forma precisa a la autoridad demandada, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados. ********************Además, fije la litis sobre la que versará el juicio contencioso administrativo, aborde el examen de los conceptos de impugnación y pruebas que allegó al juicio que hizo valer y aportó el actor y, en efecto, con libertad de jurisdicción se pronuncie respecto del fondo del debate."****************************************En cumplimiento a la ejecutoria, la responsable:********************a).- Informó que por acuerdo de uno de febrero de dos mil veintitrés, dejó insubsistente la sentencia reclamada de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del juicio contencioso administrativo federal ******************** [foja 96], del que se advierte:********************"[.] infórmese que en cumplimiento a lo ordenado en la ejecutoria de cuenta, esta Sala procede a dejar INSUBSISTENTE la sentencia de 9 de noviembre de 2021, dictada en el juicio citado al rubro [.]."****************************************b). Al emitir su nueva resolución, la autoridad responsable confirmó la existencia de la negativa ficta, al considerar que la autoridad demandada no contestó la demanda y tuvo por ciertos los hechos que el actor imputó en forma precisa, pues al respecto argumentó:********************"[.] SEGUNDO.- Esta Sala procede a determinar si en la especie se configuró la resolución negativa ficta impugnada en el presente juicio, en relación con el hecho décimo octavo del escrito inicial de demanda, en atención a las siguientes consideraciones.********************La configuración de la resolución negativa ficta controvertida queda plenamente demostrada, con la exhibición que hace la parte actora de su escrito presentado ante la Delegación Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores de Estado, el 08 de septiembre de 2020; ya que de esa fecha a la de presentación de la demanda 19 de febrero de 2021, ya había transcurrido en exceso el término de 3 meses a que se refiere el artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, legislación aplicable en términos de lo dispuesto en el artículo 1º de dicho ordenamiento.********************"ART. 17.- [Lo transcribe]********************En ese orden de ideas es de indicarse que la autoridad demandada fue omisa en formular su contestación de demanda, por lo cual no expresó los hechos y el derecho en que se apoya la resolución negativa ficta impugnada en el presente juicio.********************Atento a lo anterior, los Magistrados que integran esta Sala, consideran que en el caso en concreto se configura la resolución negativa ficta impugnada, en virtud de que la solicitud del pago de una indemnización ante los daños ocasionados por el irregular servicio médico prestado a la parte actora origen del presente juicio de nulidad, no fue resuelta en el plazo de tres meses contados a partir de que fue presentada la misma, esto es el 08 de septiembre de 2020.********************En ese orden de ideas, si la autoridad demandada no emitió ni notificó a la enjuiciante, la resolución recaída a la solicitud del pago de una indemnización ante los daños ocasionados por el irregular servicio médico prestado a la parte actora, dentro del plazo legal de tres meses, contados a partir del día 08 de septiembre de 2020, en términos del artículo 57 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado vigente al momento en que se pensionó, entonces se estima que en el caso concreto sí se configuró la resolución negativa ficta impugnada, toda vez que para la fecha en que se interpuso la demanda, esto es el 19 de febrero de 2021, ya se había configurado dicha resolución.********************Al respecto es aplicable la Jurisprudencia número II-J-124, con número de registro 4,022, emitida por la Sala Superior del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, misma que es del tenor literal siguiente:********************"NEGATIVA FICTA.- SE CONFIGURA SI LA AUTORIDAD NO NOTIFICA AL PROMOVENTE CON ANTERIORIDAD A LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, LA RESOLUCIÓN EXPRESA." [La transcribe]. ********************(.)********************Por su parte, la autoridad demandada fue omisa en producir su contestación a la demanda, pues por auto de fecha 02 de junio de 2021, se tuvo por precluído su derecho para hacerlo.********************(.)********************RESOLUCIÓN DE ESTA SALA********************A juicio de los suscritos Magistrados, los conceptos de impugnación en estudio resultan FUNDADOS para acreditar la ilegalidad de la resolución impugnada, en atención a las siguientes consideraciones:********************De lo anterior, se colige que la autoridad no dio respuesta a la solicitud del pago de una indemnización ante los daños ocasionados por el irregular servicio médico prestado a la parte actora, y en tal razón no se resolvió el fondo del asunto, esto es, la solicitud de la demandante respecto a ser indemnizada por la actividad irregular del Estado, por el servicio médico negligente que recibió por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado que le provocó diversos daños.********************En efecto, en el caso de una resolución negativa ficta, la autoridad demandada deberá expresar los hechos y el derecho en que aquélla se apoya y contra éstos, el actor estará facultado para ampliar su demanda, tal y como se desprende de la tesis número I.17o.A.27 A, emitida por el Décimo Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Novena Época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Mayo de 2011, página 1205, que a la letra indica:********************"JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA DE LA AUTORIDAD RESPECTO DE UNA NEGATIVA FICTA NO CREA UN NUEVO ACTO, SINO QUE A TRAVÉS DE ELLA SE DAN LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS DE LA RESOLUCIÓN PRIMIGENIA." [La transcribe]********************Lo anterior, ya que si bien dicha figura jurídica es una ficción de ley, en la que ante la falta de resolución expresa, se deberá entender que, se resolvió la instancia en sentido negativo a la parte promovente y, ante el desconocimiento de los fundamentos y motivos que tuvo la autoridad para no acceder a lo peticionado, es entonces que vía contestación de demanda la autoridad tiene la invariable obligación legal de otorgar fundamentos y motivos que la justifiquen, por así ordenarlo el artículo 22, párrafo segundo de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo.********************Sirve de apoyo el criterio sostenido por la Sala Regional del Noroeste II de este Tribunal, contenido en la tesis VII-TASR-NOII-17, publicada en la Revista que edita este Tribunal, Séptima Época, Año III, número 22, mayo 2013, página 422, que a la letra indica:********************"NEGATIVA FICTA. ANTE LA AUSENCIA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, RESULTA PROCEDENTE DECLARAR SU NULIDAD Y DEJAR A SALVO EL DERECHO SUBJETIVO DE LA PARTE ACTORA." [La transcribe]********************Sin embargo la autoridad no produjo su contestación de demanda y no se proporcionan los elementos y motivos en que se apoya la negativa ficta, siendo que era su obligación, toda vez que lo único que obra en el expediente el oficio número CQMD/24/149/2021 de fecha 31 de marzo de 2021, que se valora en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, y del que de su contenido se advierte que trata de la declinatoria de competencia para conocer la solicitud presentada por la parte actora por parte del Jefe de la Unidad de Atención al Derechohabiente y Comunicación Social del Instituto de Seguridad y Servicio Sociales de los Trabajadores del Estado a favor del Subdirector de lo Contencioso, sin que se dé resolución por una u otra autoridad a la petición de la demandante. (.)********************Consecuentemente, si en el presente asunto la autoridad omitió dar a conocer los fundamentos y motivos de la negativa ficta recaída a la solicitud de la actora de fecha 08 de septiembre de 2020, limitándose solo a exhibir una respuesta expresa en la que consignó que se consideraba incompetente para atender dicha solicitud, reenviándola así a una unidad diversa, y atendiendo al principio de tutela jurisdiccional, esta Sala Juzgadora en cumplimiento a la ejecutoria de 19 de enero de 2023, señala que el derecho y oportunidad procesal de fundamentar y motivar su determinación se encuentra precluído porque no contestó la demanda, como era su obligación de acuerdo al numeral 22 segundo párrafo de la Ley Federar de Procedimiento Contencioso Administrativo.********************De igual forma, en cumplimiento a la ejecutoria de 19 de enero de 2023, esta Sala Juzgadora tiene por ciertos los hechos que la parte actora imputa en forma precisa, salvo que por las pruebas rendidas o por hechos notorios resulten desvirtuados. (.)."****************************************b.1.). Fijó la litis en el juicio contencioso administrativo, al considerar lo siguiente: ********************"[.] Es diáfano que en el caso, no se cumple con uno de los propósitos esenciales de la configuración de la negativa ficta, que se refiere a la determinación de la litis sobre la que versará el juicio contencioso administrativo ante este Tribunal, mismo que debe referirse a la materia de fondo de lo que pretende expresamente el particular y lo que ha sido negado fictamente por la autoridad, ello a fin de garantizar la definición de la petición planteada, lo que en el presente asunto no aconteció, puesto que no existe respuesta expresa por la autoridad demandada en el presente juicio en la que se resuelva el fondo de la pretensión de la parte actora, que es el ser indemnizada por haber recibido servicio médico negligente por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.********************Resulta aplicable el criterio sostenido por la Octava Sala Regional Metropolitana de este Tribunal, contenido en la tesis VII-CASR-8ME-48, publicada en la Revista que edita este Tribunal, Séptima Época, Año V, número 50, septiembre 2015, página 147, que a la letra indica:********************"NEGATIVA FICTA. ARGUMENTOS PROCESALES NO LA JUSTIFICAN NI PUEDEN SUSTENTARLA." [La transcribe]********************También es aplicable por analogía la tesis número I.7º.A.55 A (10a.), sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, Octubre de 2012, Tomo 4, página 2661, que a la letra dispone:********************"NEGATIVA FICTA. SI LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA, RESPONSABLE EN EL AMPARO, AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO NO DA A CONOCER AL GOBERNADO LOS FUNDAMENTOS Y MOTIVOS POR LOS QUE AQUÉLLA SE CONFIGURÓ, TRANSGREDE LA GARANTÍA DE ACCESO A LA JUSTICIA." [La transcribe]********************En efecto, tal y como quedó apuntado, al ser uno de los propósitos esenciales de la configuración de la negativa ficta la determinación de la litis sobre la que versará el juicio de nulidad respectivo del que habrá de conocer este Tribunal, la cual no puede referirse sino a la materia de fondo de lo pretendido expresamente por el particular y lo negado fictamente por la autoridad, con el objeto de garantizar al contribuyente la definición de su petición y una protección más eficaz respecto de los problemas controvertidos a pesar del silencio de la autoridad, se concluye que al exhibir dicha documental no puede fundarla en situaciones procesales que impidan el conocimiento de fondo, como serían la falta de personalidad, la extemporaneidad del recurso o de la instancia o incluso, la falta de competencia de dicha autoridad.********************Resulta aplicable a la conclusión alcanzada la jurisprudencia número 2a./J. 166/2006, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 203, que a la letra indica:********************"NEGATIVA FICTA. LA AUTORIDAD, AL CONTESTAR LA DEMANDA DE NULIDAD, NO PUEDE PLANTEAR ASPECTOS PROCESALES PARA SUSTENTAR SU RESOLUCIÓN." [La transcribe]********************(.)********************En esta línea de pensamiento, se procede al estudio y resolución de la causa petendi de los actores, en base a los elementos antes precisados.********************En ese contexto, para conocer lo que manifestó la actora en su solicitud de fecha 08 de septiembre de 2020, presentada ante la Delegación Hidalgo del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, misma que se tiene a la vista (visible a fojas 151 a 193 de autos), de la que se advierte en esencia, lo que la parte actora reclama es la indemnización por los daños sufridos derivados del servicio médico negligente que recibió por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en las siguientes circunstancias: ******************** Que la determinación del doctor le causó severos daños de imposible reparación, ya que desde que fue notificado de la suspensión de licencias médicas, el doctor tenía pleno conocimiento de su incapacidad, así como de los efectos y repercusiones que ocasionaría su reincorporación a su centro de trabajo con un padecimiento que evolucionaría a tal grado que no existiría la posibilidad de someterse a tratamientos quirúrgicos que le garantizaran una mejora en su salud.******************** Que el doctor lo cuartó a su oportunidad de ser tratado y sometido a los procedimientos pertinentes que en ese momento requería y que necesita, pero lo obligó a reincorporarse a su empleo sabiendo las repercusiones que causaría.******************** Que desde el 2015 ya presentaba los problemas de salud que al día de hoy conllevaron a su estado de invalidez, y que dichos daños le han ocasionado múltiples gastos económicos por concepto de honorarios médicos, rehabilitaciones, estudios, dictámenes médicos, transporte, medicamentos, entre otros.******************** Que al haberle ordenado la reincorporación a su centro de trabajo cuando padecía una incapacidad la cual le impide realizar sus actividades, conducta irregular por el hecho de que el doctor ******************** como encargado de expedir licencias médicas subsecuentes, estaba obligado a expedir para no agravar su estado de salud.******************** Que actualmente persiste su padecimiento de canal cervical multinivel no quirúrgico, listesis grado IIIA, nivel de columna vertical lumbar L5-S1CON radiculopatía secundaría cuyo problema de salud ya no puede ser curado por el grado de avance del mismo por el hecho de no haberse tratado a tiempo, pues de someterse actualmente una intervención quirúrgica es poner en riesgo perder la poca movilidad que tiene así como su vida."****************************************b.2.). Abordó el examen de los conceptos de impugnación y pruebas que el quejoso allegó al juicio, pues al respecto dijo: ********************"[.] TERCERO.- CUMPLIMIENTO A LA EJECUTORIA. Los suscritos Magistrados se abocan al estudio conjunto de los conceptos de impugnación PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO del escrito inicial de demanda, en el que medularmente argumentó lo siguiente:******************** Que la resolución que se impugnada vulnera lo dispuesto por los artículos 1, 4, 5, 109, 113 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo dispuesto por los artículos 1, 2, 51, 87, 118, 116, 120 y demás aplicables del Reglamento de Servicio Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, así como lo dispuesto por los artículos 3, 5, 27, 28, 20, de la Ley del Instituto de Seguridad ante la conducta irregular del Estado a través del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ente público de carácter federal, de conformidad lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado.******************** Que el caso que nos ocupa, versa sobre la antijuridicidad del actuar de la autoridad demandada frente a la esfera patrimonial personal y moral de la parte actora, en virtud a que la autoridad demandada como organismo garante de la Seguridad Social del Estado, contravino el objetivo principal de sus funciones, ocasionándole a la parte actora graves daños y perjuicios, atentando contra los bienes jurídicos más importantes del ser humano (la vida y dignidad humana), derivado de la indebida y negligente prestación de servicios médicos a través de sus servidores públicos, determinación que a su vez contraviene los principios constitucionales de Seguridad Social y Dignidad Humana, en virtud a que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado prestó de manera indebida y deficiente sus servicios médicos y clínicos a favor del actor, por el hecho de que el Doctor ********************, que en su calidad de Subdirector del área médica del Hospital General ISSSTE de Pachuca, Estado de Hidalgo, determinó de manera irregular y en contra de los principios de ética profesional y de la medicina, cuartarle oportunidad de ser tratado y sometido a los procedimiento pertinentes que en ese momento requería y que hasta el día de hoy necesita, sino que lo obligó a reincorporarse a su empleo sabiendo de las repercusiones que sufriría serian para el resto de su vida, originando que al día de hoy el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado no le garanticen una mejora a su estado de salud creándole afectaciones de difícil reparación, las cuales tendrá que soportar por el resto de sus días, ya que dicho servidor público en términos del artículo 118, fracción I, del Reglamento de Servicios Médicos del ISSSTE, era el encomendado de autorizar y validar la expedición de licencias médicas subsecuentes, previo análisis del Expediente clínico, por lo que en el recabó la responsabilidad de analizar los diagnósticos e historial clínico del derechohabiente determinar la procedencia o improcedencia de licencias médicas subsecuentes tal y como lo refiere dicho precepto legal.******************** Que de igual manera dicho servidor público vulnero lo dispuesto por el artículo 120 del Reglamento de Servicio Médico, ya que cuando una enfermedad no profesional incapacite al trabajador para el desempeño de sus actividades laborales, se le expedirán licencias médicas hasta por 52 semanas (1 año), CON DERECHO A SER PRORROGABLES POR 52 SEMANAS MÁS DE MANERA PREVIA A LA EMISIÓN DEL FORMATO RT-09, precepto legal, que le confería el derecho de gozar de nuevas licencias médicas, por un periodo máximo de dos años, hasta que se le notificara su certificado invalidante.******************** Que los Estados han diseñado protocolos y normatividades para erradicar actividades irregulares que dañen y perjudiquen las esferas jurídicas de sus gobernados irregularidad que resulta evidente, tal y como se acredita del propio formato RT-09 emitido por el Comité de Medicina de ese H. Instituto los cuales dictaminaron que desde el año 2015 el actor ya presentaba los problemas de salud que al día de hoy conllevaron a su estado de Invalidez, por lo que en todo momento el Doctor ******************** tenía pleno conocimiento del cuadro médico que presentada, así como de la trascendencia y urgencia para ser tratado adecuadamente para evitar daños de forma permanente.******************** Que la actividad irregular que repercutió de manera directa con el daño que sufrió, ya que de haberle brindado una correcta atención medica le hubiera permitido tener la oportunidad de llevar una vida digna, con la garantía de una evolución favorable a su patología, bajo un estricto tratamiento de rehabilitación que le permitiera realizar sus actividades diarias y laborales, sin la frustración de ser una persona invalida sin motivaciones personales, e incapacidades profesionales y los daños que le ha ocasionado a la fecha múltiples gastos económicos por concepto de honorarios médicos, rehabilitaciones, estudios y dictámenes médicos, transporte, medicamentos, entre Otros, de los cuales solo conserva algunos comprobantes y facturas.******************** Que con independencia de los gastos económicos, el actor presentó afectación psicológica, con motivo de daño post traumático originado por la ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA IRREGULAR del Médico ********************, daño de carácter permanente ya que tiene que lidiar con depresiones constantes por su problema de salud y que a la fecha persiste, ya que al no poder llevar un nivel de vida digno, con la inseguridad de no poder contar con un servicio público de salud eficiente que le garantice el pleno ejercicio de su derecho como ciudadano de acceso a la seguridad social y lo más delicado, de saber que no tiene la oportunidad o esperanza de obtener una evolución positiva de su padecimiento o tener la posibilidad de llevar una vida digna por el resto de sus días, ya que por el largo tiempo que irresponsablemente los servidores públicos de ese instituto le brindaron un servicio médica deficiente ocasionó que el problema evolucionara a tal grado que al día de hoy no puede ser operado, ni realizar sus actividades básicas diarias, así como el hecho de encontrarse en un estado de invalidez el cual pudo ser evitado si los servidores públicos que lo trataron hubieran actuado profesionalmente y de manera responsable es por ello, que resulta más que evidente que ese instituto está obligado a pagarle una indemnización para repararme el daño de manera integral, el cual constituye el daño moral, patrimonial y personal en términos de lo dispuesto por el artículo 12 de la ley general de responsabilidad patrimonial del estado.******************** Que el daño moral, asciende a 20,000 salarios mínimo general diario vigente en la Cuidad de México, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 14, fracción II, de la Ley General de Responsabilidad Patrimonial del Estado, esto es, el pago de $******************** (******************** PESOS 00/100), máxime a que como es su conocimiento la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que dicho Tope máximo es violatorio y contrario a los dispuesto por el artículo 113 de nuestra Constitución Política, ya que los fines del pago de una indemnización se logra si esta obedece al principio de reparación integral del daño, en los términos del artículo 12 de la Ley de la materia, pues el particular obtiene una compensación que se corresponde con el daño resentido y el Estado interioriza los costos de su actuación irregular, ya que el fijar un tope máximo no sólo impedirá la reparación integral de la violación sufrida en sus derechos sino que le permitirá al Estado no asumir parte de las consecuencias de los daños que causa, dejándolo sin los incentivos necesarios para adoptar medidas que eliminen o aminoren la mala calidad de los servicios públicos.******************** Que se le cuartó su derecho fundamental y humano de obtener una rehabilitación de salud a su vida diaria, derecho que pudo haber sido respetado y protegido por el Estado si éste hubiera autorizado la expedición de nuevas licencias médicas hasta en tanto superara el estado invalidante que cursaba ya sea bajo la prescripción de un tratamiento ADECUADO Y OPORTUNO a la PRÁCTICA DE LA CIRUGÍA QUE REQUERÍA Y QUE ERA CANDIDATO EN DICHO MOMENTO, o bien se emitiera su certificado de invalidez RT-09, con la finalidad de atenuar las lesiones o daños que se pueda originar con el desgaste diario en su centro de trabajo. Máxime que dicho servidor público contaba con su expediente clínico del cual se advertía plenamente la incapacidad o estado invalidante, así como la inexistencia de una alta médica, por lo que, tomar la decisión de suspender o no aprobar las expedición de licencias médicas subsecuentes únicamente accionaria daños directos a la esfera jurídica del Derechohabiente de manera permanente, ocasionándome daños y desgastes tanto económicos, físicos y emocionales.********************Por su parte, la autoridad demandada fue omisa en producir su contestación a la demanda, pues por auto de fecha de 02 de junio de 2021, se tuvo por precluído su derecho para hacerlo. ********************RESOLUCIÓN DE ESTA SALA ********************A juicio de los suscritos Magistrados, los conceptos de impugnación en estudio resultan FUNDADOS para acreditar la ilegalidad de la resolución impugnada (.)."****************************************b.3.). Se pronunció respecto de la pruebas que allegó el actor al juicio.********************"[.] resulta importante observar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que corresponde al propio ente estatal acreditar de manera fehaciente la regularidad de su actuación, es decir, que atendió a las condiciones normativas o a los parámetros creados por la propia administración. Ello, sin restarle carga probatoria a los particulares.********************Lo anterior, pues el Alto Tribunal, indicó que dicha conclusión se alcanza ya que el artículo 22 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado establece la carga probatoria de éste para demostrar que el daño irrogado al particular no fue consecuencia de la actividad irregular de la administración pública, así como acorde a los principios de disponibilidad y facilidad probatoria, la carga de la prueba de este extremo debe recaer en las propias dependencias u órganos estatales a quienes se vincula con la lesión reclamada, en atención a la dificultad que representa para el afectado probar el actuar irregular del Estado, sobre todo respecto de los diversos aspectos técnicos que lleva a cabo la administración pública en el ejercicio de sus funciones y que requieren de análisis especializados en la materia, los que, en un importante número de casos, rebasan los conocimientos y alcances de la población en general.********************Asimismo, la Segunda Sala del Alto Tribunal, precisó que la argumentación del ente estatal en el sentido de que su actuar no fue desapegado del marco jurídico que lo rige, constituye una negación que conlleva un hecho afirmativo y, en esa lógica, le corresponde probar tal hecho con base en el principio general jurídico de que quien afirma está obligado a probar y el que niega sólo lo estará cuando su negativa implique una afirmación.********************Finalmente puntualizó, que lo anterior no significa que el particular no deba aportar las pruebas para acreditar la actividad administrativa irregular del Estado, siempre y cuando tal ofrecimiento probatorio se encuentre dentro de sus posibilidades legales y materiales.********************Los anteriores razonamientos pueden ser encontrados, en la Tesis Aislada, 2a. XCVII/2014 (10a.), que reza:********************"PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL EN LA VÍA ADMINISTRATIVA. CORRESPONDE A LA AUTORIDAD ACREDITAR LA REGULARIDAD DE SU ACTUACIÓN." [La transcribe]********************No se pierde de vista que el citado Órgano Jurisdiccional del Alto Tribunal, también se pronunció en el sentido de que el hecho de que la carga probatoria de acreditar la actividad regular le corresponda al ente público, no significa que el reclamante se encuentre excluido de ofrecer pruebas para acreditar la actividad administrativa irregular del Estado, siempre y cuando tal ofrecimiento probatorio se encuentre dentro de sus posibilidades legales y materiales.********************En esta línea de pensamiento, se tiene que dentro del procedimiento de reclamación por daño patrimonial del Estado, corresponde al reclamante ofrecer los medios de prueba que considere suficientes acorde a sus posibilidades legales y materiales, para acreditar la existencia de la actividad irregular del ente público ante quien promueve su reclamación, en tanto que corresponde al ente público aportar los medios de prueba que considere pertinentes para demostrar que la actuación por la que se reclama un daño es regular.********************Así, es claro que dentro del citado procedimiento, tanto el reclamante como el ente público se encuentran obligados a demostrar sus afirmaciones, es decir, el primero debe probar la existencia de una actividad irregular y el segundo que la actuación por la cual se reclama el daño fue regular, lo que implica el desahogo de pruebas dentro de ese procedimiento, sin más limitación que las establecidas por los ordenamientos aplicables a la materia.********************Ahora bien, de fojas 81 a 90 de autos se hayan copias simples de las consultas médicas emitidas por los Doctores ******************** y ********************, mediante de los cuales se informa que la parte actora presentaba un diagnóstico de Espondiloartrosis Lumbar Grado IV sistematizada a miembro inferior izquierdo por canal lumbar estrecho secundario a listéis de L5-S1 actualmente en tratamiento por medicina familiar y rehabilitación por continuar con síndrome doloroso, y que requirió continuar con incapacidad de 21 días a partir del 23 de septiembre de 2015.********************Posteriormente le otorgaron otra licencia de 21 días más, toda vez que ha disminuido la sintomatología dolorosa pero continua con disminución de la fuerza del extensor primer dedo pie derecho, así como la eversión del mismo con reflejo Aquileo derecho en 1 de 2, de igual forma se le solicitó resonancia magnética y electro miografía de miembros pélvicos para revolución de tratamiento quirúrgico.********************A foja 92 de autos se encuentra la receta de 26 de noviembre de 2015 por medio del cual el Doctor ********************, quien está en la Subdirección Médica Hospital General ISSSTE Pachuca, informó que el paciente ******************** RFC ********************, quien ya fue valorado por la especialidad de traumatología y ortopedia de esa Unidad, refiriéndose en notas del expediente, que y no requiere más licencias médicas y que puede presentarse a laborar el 26 de noviembre de 2015, sugiere que por el momento se le autorice en su dependencia o trabajo cambio de actividad provisional mientras se dictamina su situación.********************En la foja 86 de autos esta la receta médica de fecha 1 de diciembre de 2015, por medio de un médico particular, a través del cual se informa que la parte actora se encontraba en protocolo de estudio por canal lumbar estrecho mixto sistematizado a MPI de más de 7 meses de evolución con manejo conservador, actualmente presenta síndrome doloroso cervical sistematizado a MTD por mielopatía comprensiva a nivel de C5C6 en cual requiere de inmovilización por dos semanas de uso de AINE y posteriormente enviar a med. física y rehabilitación mag. De col. Cervical.********************A foja 136 se encuentra en diagnostico por parte del Doctor ******************** quien señala que la parte actora se encuentra con lesiones en la columna en la región lumbar, dorsal y cervical lo que ameritaba tratamiento en las instituciones de Traumatología y Ortopedia especializada.********************En la foja 138 se encuentra el oficio número [ilegible]******************** de 8 de mayo de 2017 por medio del cual la Jefa de Departamento de pensiones, Seguridad e higiene le señala a la parte actora que es (ilegible) un nuevo certificado médico RT-9, donde se plasme como diagnóstico (ilegible) al cervical multinivel no quirúrgico, listesis grado III a nivel de columna vertebral lumbar L5-S1 con radiculopatia secundaria para continuar con el trámite de probable valoración de invalidez.********************Ahora, la parte actora a efecto de probar su dicho ofreció la prueba pericial en materia de medicina, la cual se tuvo como única, pues la autoridad fue omisa en presentar a su perito en la respectiva materia y de la cual se advierten las siguientes conclusiones por parte del perito experto.********************Es importante señalar que la función de la prueba pericial tiene un doble aspecto: a) verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que escapan a la cultura común de la gente, sus causas y sus efectos; b) así como suministrar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del juzgador sobre tales hechos y para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos correctamente.********************Por tanto, el dictamen rendido se valora conforme al prudente arbitrio de esta Sala Juzgadora, ello de conformidad con lo dispuesto por el artículo 46, fracción III de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, precepto que dispone que: "La valoración de las pruebas se hará de acuerdo con las siguientes disposiciones: [...] El valor de las pruebas pericial y testimonial, así como el de las demás pruebas, quedará a la prudente apreciación de la Sala.********************Al respecto se invoca la Jurisprudencia I.6º.P.3 K, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de la Novena Época, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, de julio de 2002, página 1356, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente:********************"PERITACIÓN, DOBLE FUNCIÓN DE LA." [La transcribe]********************Asimismo, resulta aplicable por analogía el precedente VII-P-2aS-688, sustentado por la Segunda Sección de la Sala Superior de este Tribunal, consultable en la Revista número 41, de este este Órgano Jurisdiccional, de la Séptima Época, Año IV de diciembre de 2014, página 1371, que a la letra dice:********************"PRUEBA PERICIAL.- NATURALEZA DE ESTA PRUEBA Y SU DIFERENCIA FRENTE A LA PRUEBA DE DOCUMENTOS." [La transcribe]********************Es aplicable, el precedente VII-P-2aS-340, sustentado por la Segunda Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, consultable en su Revista número 23, Séptima Época, Año III, Diciembre 2012, página 319 que refiere:********************"PRUEBA PERICIAL.- SU VALORACIÓN QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO DEL JUZGADOR." [La transcribe]********************Asimismo, es de referirse que el estudio y valoración de la prueba pericial se realizará por esta Sala Juzgadora apoyándose en la sana critica, en el sentido de que la apreciación de una prueba pericial está dentro del sistema de libre valoración, consistente en una operación que, sirviéndose de las reglas de la lógica, relaciona el conjunto de las probanzas, las máximas de la experiencia, el correcto entendimiento humano y los conocimientos científicos especializados. Resaltando que la eficacia probatoria de los dictámenes periciales dependerá de que logren aportar al juzgador información sobre reglas, principios, criterios, interpretaciones o calificaciones de circunstancias, argumentos o razones para la formación de su convencimiento, ajenos al derecho y pertinentes a disciplinas científicas tecnológicas o artísticas, preferentemente, respecto de ciertos hechos o prácticas, también especiales.********************Apoya lo anterior, la jurisprudencia, sin número emitida por la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen: 175-180 Quinta Parte, página 60, que a la letra establece lo siguiente:********************"PRUEBA PERICIAL, VALOR DE LA." [La transcribe]********************La perito de la parte actora llegó a la conclusión que "El paciente C. ********************, recibió una atención inadecuada a su padecimiento por parte de los servidores públicos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el cual le ha generado daños permanentes a su esfera personal. Dicho padecimiento se inició como Lumbalgia, al ser tratado con analgésicos, sin recibir un diagnóstico certero, cuyo diagnóstico actual es Espondiloartrosis y canal estrecho multinivel, lo cual tuvo un impacto negativo y permanente en su salud, de el diagnostico Lumbalgia, sin determinar la causa de la misma, esto retraso su tratamiento, no se le realizaron estudios de imagen para corroborar la integridad de la columna vertebral, modificando negativamente la Evolución de la Enfermedad. Se le dio al paciente la indicación de manera escrita de reanudar sus actividades laborales, sin el restablecimiento de su Salud, ni ser valorado previamente por Salud en el trabajo el paciente al reincorporarse a su trabajo y se realizar las actividades laborales, las cuales fueron modificadas y consistían en archivar documentos, cargar los archivos, desplazarse de una oficina a otra, subir y bajar escaleras, uso de computadora, permanecer sentado por más de 6 horas, por la biomecánica de cada uno de los movimientos de la columna, y la fuerza ejercida sobre la misma, se incrementó la degeneración de los cuerpos vertebrales, con disminución de espacios entre cada uno de ellos v la salida de las terminaciones nerviosas. La Espondiloartrosis con canal estrecho multinivel, enfermedad crónica que aqueja al paciente es una patología que ha afectado sus condiciones de vida, impactando de manera negativa en el ámbito físico, psicológico y económico, ya que el paciente conlleva un nivel de vida indigno, así como el hecho de costear las valoraciones médicas privadas ya que el ISSSTE no le ofrece tratamientos para la mejoría a sus síntomas, actualmente el paciente es una persona que necesita de la asistencia por un cuidador de adulto mayores para poder realizar sus actividades de la vida diaria, debido al dolor intenso que presenta en la región cervical, dorsal y lumbar y la afección a las extremidades superior e inferior derechas"********************Aunado a lo anterior este Órgano Jurisdiccional estima pertinente traer a colación el contenido del oficio RT-09 "TRÁMITE DE RIESGO DE TRABAJO" con número de folio ********************, visible a foja 147 del expediente, que hace prueba plena en términos del artículo 46, fracción I, de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, al tratarse de un documento público, y que es del contenido literal siguiente:****************************************************************************************************************************************************************************************************************************El Oficio RT-09 "TRÁMITE RIESGO DE TRABAJO GRATUITO", es aquélla por la cual la autoridad demandada del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, determinó que el hoy demandante padecía de 18 meses con presencia de dolor en la región cervical que se irradia hacia las extremidades torácicas, acompañada de parestesias, entumecimiento con fuerza muscular 4/5 presentando espondilosis cervical multisegmentaria, lo cual no garantiza a mejoría del paciente (...).********************Del análisis que se realizó al dictamen rendido por la perito la parte actora, así como de las pruebas aportadas por ésta y atendiendo aquella autoridad demandada no produjo su contestación y mucho menos aportó pruebas que demostraran la negativa, para esta Juzgadora si queda demostrada la actividad irregular del estado alegada por la parte actora y consistió en lo siguiente:******************** Se le cuartó a la parte actora de su oportunidad de ser tratado y sometido a los procedimientos pertinentes que en ese momento requería y que necesita, pero lo obligó a reincorporarse a su empleo sabiendo las repercusiones que causaría.******************** Que desde el 2015 ya presentaba los problemas de salud que al día de hoy conllevaron a su estado de invalidez, y que dichos daños le han ocasionado múltiples gastos económicos por concepto de honorarios médicos, rehabilitaciones, estudios, dictámenes médicos, transporte, medicamentos.******************** En la gravedad de no continuar expidiendo licencias médicas.********************(.)********************Ahora bien, la parte actora ofreció la pericial en materia de psicología, misma que se valora en los mismos términos que la pericial en materia de medicina y dentro de la cual el perito de la parte actora señala a manera de conclusión que "EI C. ********************, se le detecta un trastorno depresivo recurrente Dístimia, el cual se origina a partir del diagnóstico inicial; el cual fue determinado poron el personal que lo atiende en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, este trastorno afecta diferentes áreas de la personalidad mostrándose Sentimientos de tristeza, ganas de llorar, vacío o desesperanza, arrebatos de enojo, irritabilidad o frustración; incluso, por asuntos de poca importancia, pérdida de interés o placer por la mayoría de las actividades habituales o todas, como las relaciones sexuales, los pasatiempos o los deportes. El trastorno pone en riesgo la salud física del individuo puesto que, ante la pérdida del sentido de vida, el paciente podría atentar contra la propia, por lo tanto, no brindar el tratamiento sería un acto de negligencia, cuya responsabilidad recaería en quienes directamente niegan la atención".********************Ahora bien, en el artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, en correlación al diverso 1916 del Código Civil Federal se señala lo siguiente:********************LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO ********************"ARTICULO 14." (Transcribe artículo)********************CÓDIGO CIVIL FEDERAL********************"Artículo 1916" (Transcribe artículo)********************De los numerales transcritos, se advierte que daño moral, se entiende como la afectación que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspecto físicos, o bien en la consideración que de sí misma tienen los demás, y que se presumirá que hubo daño moral cuando se vulnere o menoscabe ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas, siendo independiente el daño moral, del daño material que se cause.********************En ese sentido, quedó acreditado el daño moral, pues la parte actora señala que derivado de la falta de continuar expidiendo licencias médicas el daño físico que sufrió fue empeorando, aunado a que continuó acudiendo con médicos particulares, cubriendo los gastos por él mismo, y la autoridad fue omisa en contestar la demanda y realizar argumento alguno para defender la postura de la negativa reclamada.********************Por lo que se acreditó el nexo causal con lo que se acredita el daño moral, ya que una vez acreditado en autos 1) La existencia de un daño, 2) Que el daño es imputable a la Administración Pública, y; 3) El nexo causal entre el daño y la actividad irregular de la Administración Pública; esta Sala se aboca al estudio de la procedencia y cuantificación, en su caso, de la indemnización prevista en los artículos 12 y 14 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, que establecen:********************"Artículo 12." (Transcribe artículo)********************"Artículo 14." (Transcribe artículo)********************De donde se desprende que, conforme al artículo 12 de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, la indemnización debe corresponderse con la idea de reparación integral del daño, el monto indemnizatorio debe determinarse en función de la naturaleza del daño ocasionado y la valoración de los derechos lesionados.********************Con base en lo anterior, existe el derecho subjetivo de la víctima directa para ser indemnizada en los siguientes términos:********************Por daño moral, ante la conducta irregular acreditada y atribuible al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado mencionado en el presente fallo, han acreditado un daño psicológico y gastos médicos.********************Atento a lo anterior, por regla general corresponde al gobernado "demostrar el daño moral causado" por la actividad administrativa irregular que se le imputa a la autoridad; empero, excepcionalmente se le exime de dicha carga, cuando dada la naturaleza de los daños ocasionados por la actividad irregular del Estado, en la libertad o integridad física o psíquica de la persona, hace evidente el menoscabo a los bienes extra-patrimoniales o espirituales de la víctima.********************En la especie, por lo que respecta al daño moral reclamado si bien la parte actora solicita cierta cantidad por daño moral, lo cierto es que fue su propio perito quien señaló que el costo por el tratamiento psicológico acompañado de atención psiquiátrica que se plante seria por un costo de $******************** contemplado un periodo de 4 años y el costo de los antidepresivos durante ese periodo.********************Respecto al daño médico que señala lo cierto es que no se acredita fehacientemente el pago que señala en cantidades de $******************** y $******************** pues que la documental que acompaña para acreditar dichos gastos, son copias fotostáticas de los supuestos pagos realizados, copias que no dan certeza a este Órgano Jurisdiccional respecto a la realización de los pagos en comento, certeza que era necesaria para que esta Sala pudiera reconocer el derecho subjetivo del particular a recibir la devolución del pago de lo indebido y ordenar a la autoridad que lo efectuara.********************Sin que de autos se advierta algún otro documento con el cual se pudieran adminicular las copias simples que acompañó a su demanda, con los cuales pudiera acreditar que se realizaron los pagos correspondientes motivo por el cual la parte actora incumplió con su obligación de probar los extremos de su pretensión de conformidad con el precepto 81 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria.********************Resulta aplicable por los motivos en los que se sustenta, jurisprudencia VII-J-1aS-101 de la Primera Sección de la Sala Superior de este Tribunal, cuyos datos de identificación, rubro y texto, se transcriben a continuación:********************"COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES, VALOR PROBATORIO DE LAS." [La transcribe]********************Caso contrario a los gastos de $1,200.00 que se amparan con las impresiones de los comprobantes fiscales digitales por internet números 1891 y 4872 que obran a folios 89 y 90 de autos.********************Por tanto, esta Sala considera condenar al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado a pagar a la parte actora, una indemnización por daño moral y gastos médicos en cantidad de $203,200.00.********************No se omite precisar que, para determinar el monto de la indemnización anterior, se consideró objetivamente correcto imponer más del monto máximo previsto en el artículo 14, fracción II, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, puesto que, si bien existe un daño moral que afecta a los actores en sus sentimientos y en su vida espiritual, lo cierto es que dicha afectación no debe considerarse como un factor absoluto o determinante para que los demandantes continúen con su vida cotidiana.********************En efecto, a consideración de esta Juzgadora, el monto determinado como indemnización no debe ser cuantificado únicamente con base en la profundidad que pudiera representar el daño moral a la parte actora, dado que se trata de un concepto subjetivo e indeterminado cuya materialización es presente; sino que debe tomarse en cuenta, además, la relación con la presente víctima directa.********************Por tal razón, esta Sala considera que la indemnización otorgada por daño moral garantiza la compensación pretendida por el daño causado a las victimas indirectas, es decir, con la cantidad que se condena a la autoridad en razón de daño moral, esta Juzgadora estima que la afectada (sic) se encuentra en posibilidad de allegarse bienes materiales y herramientas que le permitan mitigar o ayudarle a sobrellevar la situación intrínseca que daña sus sentimientos, sin que ésta llegue a ser excesiva, en el sentido que pudiese dar lugar a que se prevalezca de una afectación para obtener un fin de lucro. (.)".****************************************Finalmente, con libertad de jurisdicción se pronunció respecto del fondo del debate, en los siguientes términos:****************************************"I.- La parte actora acreditó parcialmente los hechos constitutivos de su pretensión. ********************II.- Se declara la nulidad de la resolución negativa ficta impugnada recaída a la reclamación interpuesta, ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. ********************III.- Se reconoce parcialmente el derecho subjetivo que hizo valer la parte actora, únicamente por daño moral, gastos médicos, de $203,000.00.********************IV. Remítase al Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, copia certificada de esta sentencia, para su conocimiento.********************V. NOTIFÍQUESE."************************************************************Luego, de lo antes transcrito, se advierte que la Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa dejó insubsistente la sentencia reclamada de nueve de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio contencioso administrativo federal ********************, como se precisó en los efectos mencionados, dando cumplimiento al punto identificado con el inciso a).********************Además, al momento de dictar la nueva resolución, la autoridad responsable confirmó la existencia de la negativa ficta, al considerar que la autoridad demandada no contestó la demanda y tener por ciertos los hechos que el actor imputó en forma precisa; fijó la litis en el juicio contencioso administrativo; además, abordó el examen de los conceptos de impugnación y se pronunció respecto de la pruebas que allegó el actor al juicio. Con lo anterior se cumplió con lo señalado en el inciso b), de la ejecutoria de amparo. Y, por último, con libertad de jurisdicción resolvió lo procedente.********************Así las cosas, al ajustar su resolución a la ejecutoria de amparo emitida, se tiene a la autoridad responsable Sala Regional de Hidalgo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, con residencia en Pachuca de Soto, dando total cumplimento a la misma, sin excesos ni defectos.********************Mediante proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés [foja 132 de autos], con fundamento en los artículos 196, párrafo primero y tercero transitorio de la Ley de Amparo, se dio vista a las partes por el término de diez días, respecto del cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de mérito, a fin de que manifestaran lo que a sus intereses conviniera, sin que desahogaran la misma.********************Finalmente, toda vez que el nuevo acto de autoridad de quince de febrero de dos mil veintitrés, se ajustó en su totalidad a la ejecutoria de amparo, con fundamento en los párrafos primero y cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida, sin excesos ni defectos; por tanto, en su momento, ordénese el archivo del presente asunto.********************Notifíquese; y personalmente al quejoso.
- Juicio de Amparo Directo
Pachuca de Soto, Hidalgo, diez de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta de los cuales se advierte que el término concedido a las partes por proveído de veintiuno de febrero de dos mil veintitrés, transcurrió del veinticuatro de febrero al nueve de marzo de la presente anualidad; en consecuencia, díctese la resolución que corresponda. Notifíquese.
- Amparo en revisión
Pachuca de Soto, Hidalgo, veintisiete de febrero de dos mil veintitrés. A sus autos el oficio del Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, a través del cual acusa recibo de la ejecutoria dictada en el presente asunto, así como el juicio de amparo indirecto 1234/2021-6 y sus anexos, para los efectos legales correspondientes. Finalmente, al haberse confirmado la resolución recurrida, que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, ARCHÍVESE el mismo como totalmente concluido, previas las anotaciones en el libro correspondiente, finalmente, al no existir documento original que devolver, con fundamento en los artículos 12, 14, y 18 fracción III, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, el expediente en que se actúa es DEPURABLE y carece de relevancia documental, toda vez que no se encuentra en ninguno de los supuestos que prevé el artículo 15 del acuerdo citado, en consecuencia, consérvese el escrito de agravios y la sentencia, con excepción de las restantes actuaciones. Notifíquese.
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