José Luis García Rivero

Expediente 26/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
26/2015
Año
2015
Actuaciones
12
Última actuación
10/11/2017

Partes del expediente

  • José Luis García Rivero
  • José Luis García Rivero y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, diez de noviembre de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guarda el presente expediente, se advierte, como consta en la certificación secretarial que antecede, que transcurrió el plazo de tres días que prevé en el artículo 196 de la Ley de Amparo, para que las partes alegaran el defecto o exceso en el cumplimiento al fallo protector; en consecuencia, se procede a resolver lo relativo al cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada dentro del juicio en que se actúa. Por ejecutoria dictada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la justicia federal, para el efecto de que el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, no aplicara la parte quejosa lo previsto en los párrafos cuarto y octavo (último) de la fracción XI del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, por lo que hace al trato distinto en la deducibilidad de erogaciones por concepto de previsión social, atendiendo a la forma en que se organicen los trabajadores como sindicalizados o no sindicalizados. Asimismo, mediante oficio recibido el veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México dio cumplimiento a la sentencia de amparo. Por auto de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se dio vista a la parte quejosa con tal documento, mismo que se le notificó el treinta del mes y año en cita. Ahora, este órgano jurisdiccional procede a resolver de oficio, si de acuerdo a las constancias que obran en autos, el fallo protector se encuentra o no cumplido. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia registrada con la clave 2a./J.26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 243, del Tomo XI, correspondiente a marzo de 2000, de la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que enseguida se transcribe: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Del examen de las documentales exhibidas por el Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México las que de conformidad con los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2o., tienen pleno valor probatorio, se desprende que se colma la garantía de legalidad por cuya infracción se concedió el amparo; ello, en atención a que tal como se le requirió, manifestó que no aplicará a la parte quejosa persona moral denominada "Gas Uno de Puebla", Sociedad Anónima de Capital Variable, la limitante prevista en los párrafos cuarto y octavo (último) de la fracción XI del artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta. En las relatadas condiciones, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 196, párrafos segundo y cuarto de la Ley de Amparo se tiene por cumplida la sentencia. Háganse las anotaciones del caso en el libro de gobierno y archívese el presente asunto como concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por tratarse el presente asunto de archivo reciente guárdese en este juzgado, y en su oportunidad cuando se trate de archivo medio remítase al Centro Archivístico Judicial de la Casa de la cultura jurídica de esta ciudad o depósito documental que corresponda para su guarda definitiva, el cual será susceptible de depuración, en el entendido de que, este asunto se tramito sin incidente de suspensión. Notifíquese.

  2. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, ocho de noviembre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de la Directora General de Amparos contra actos Administrativos, en representación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con sede en la Ciudad de México, para que obre como corresponda, toda vez que por auto de veintisiete de octubre de dos mil diecisiete, se dio vista con el cumplimiento de ejecutoria dado por la autoridad responsable. Asimismo, téngase como delegados de su parte a los licenciados que designa en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo y como domicilio para recibir sus notificaciones el que indica. Notifíquese.

  3. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, veintisiete de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio del Administrador Central de Amparos e Instancias Judiciales del Servicio de Administración Tributaria, órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Jefe del Servicio de Administración Tributaria, con sede en la Ciudad de México, por medio del cual informa que no aplicará a la parte quejosa persona moral denominada "Gas Uno de Puebla", Sociedad Anónima de Capital Variable, la limitante prevista en los párrafos cuarto y octavo (último) de la fracción XI del artículo 27 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; en consecuencia, se le tiene dando cumplimiento a la ejecutoria dictada dentro del presente juicio de amparo. Por lo que, con las referidas documentales, dese vista a la parte quejosa por el término de tres días, contado a partir de la legal notificación de este proveído, para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el apercibimiento que de efectuar o no manifestaciones sobre el particular, este órgano de control constitucional resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    San Andrés Cholula, Puebla, cinco de octubre de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, mediante el cual acompaña el cuaderno original del juicio de amparo 26/2015, así como el testimonio de la ejecutoria pronunciada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete en el toca de revisión 84/2016, relativo al recurso de revisión interpuesto contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; el cual fue resuelto en los siguientes términos: "PRIMERO.- En la materia competencia delegada de este Tribunal Colegiado, se modifica la sentencia recurrida. SEGUNDO.- Se sobresee en el juicio por lo que se refiere a las fracciones VI del artículo 25, y I del numeral 28, de la Ley del Impuesto sobre la renta. TERCERO.- La Justicia de la Unión no ampara ni protege a GAS UNO DE PUEBLA, S.A. DE C.V., respecto de los actos reclamados y de las autoridades responsables, que se precisan en el resultado primero de la presente ejecutoria, relacionados con la fracción XX del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y la regla 1.3.3.1.16 de la Resolución Miscelánea Fiscal para el ejercicio dos mil catorce. CUARTO.- La Justicia de la Unión ampara y protege a GAS UNO DE PUEBLA, S.A. DE C.V., respecto de los restantes actos reclamados de las demás autoridades responsables que se indican en el resultando primero de esta ejecutoria, vinculados con los párrafos cuarto y octavo (último) de la fracción XI del artículo 27 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en los términos precisados en su último considerando. QUINTO.- Hágase del conocimiento el dictado de la presente ejecutoria al Juez Segundo de Distrito Del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en el entonces Distrito Federal, hoy Ciudad de México, quien emitió la sentencia sujeta a revisión en el presente asunto". Por lo anterior, glósese a los autos el expedientillo que se formó con motivo de la interposición del citado recurso de revisión, en el entendido de que se integrarán únicamente las constancias originales de dicho expedientillo, ello a fin de evitar duplicidad de constancias; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y acúsese el recibo correspondiente a la superioridad. Por otro lado, en virtud de que la superioridad concedió el amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase al Jefe de Servicio de Administración Tributaria, para que dentro del plazo de tres días de cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual deberá ejecutar los actos que fueron precisados en la parte final del considerando quinto de la ejecutoria pronunciada el veintisiete de septiembre de dos mil diecisiete. Asimismo, con fundamento en el citado numeral, requiérase al Titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en su carácter de superior jerárquico para que ordene a la referida responsable a dar cumplimiento a la ejecutoria de mérito, apercibido que no hacerlo así, incurrirá en las mismas responsabilidades que la responsable. Sin que haya lugar a requerir el cumplimiento de la ejecutoria de amparo a las autoridades que intervinieron en el proceso de creación de la norma, ya que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a esas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis 2da. CXV/97, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414 del Tomo VI, Octubre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo." Se apercibe a las autoridades requeridas que de no dar cumplimiento a lo anterior, se harán acreedoras a una multa de cien días de salario mínimo vigente en el Distrito Federal, de acuerdo a lo dispuesto por los artículos 192, 237 y 258 de la Ley de Amparo y, en caso de incumplimiento, se ordenará remitir el expediente al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito en turno, para iniciar el trámite del procedimiento de inejecución, el cual puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Por otra parte, con fundamento en el artículo 195 de la Ley de Amparo, se les hace del conocimiento que el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no la exime de la responsabilidad correspondiente, pero podría tomarse en consideración como atenuante de la sanción penal. En el mismo orden de ideas, con apoyo en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se les informa que se considerará como incumplimiento al retraso que por medio de evasivas o procedimientos ilegales se advierta, y como consecuencia de tal hecho, es la que deriva de la comisión del delito previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 267. Se impondrá pena de cinco a diez años de prisión y multa de cien a mil días, en su caso destitución e inhabilitación de cinco a diez años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos a la autoridad que dolosamente: - - - I. Incumpla una sentencia de amparo o no la haga cumplir." Asimismo, se les comunica que en caso de que llegara a dejar el cargo durante la tramitación del procedimiento de ejecución, la responsabilidad derivada de su incumplimiento subsiste en términos de los artículos 193, párrafo primero, y 269 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE

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