José Luis García Rivera
Expediente 454/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 454/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 15/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Luis García Rivera
Actuaciones
- Principal
EL JUZGADO OCTAVO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, CON RESIDENCIA EN CELAYA, INFORMA QUE ACEPTÓ LA COMPETENCIA DECLINADA POR ESTE JUZGADO Y SE AVOCÓ AL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. SE DETERMINA QUE EL PRESENTE EXPEDIENTE ES SUSCEPTIBLE DE SER DESTRUIDO. ARCHÍVESE EL PRESENTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO CONCLUIDO.
- Principal
AGRÉGUESE A LOS AUTOS EL ESCRITO SIGNADO POR AUTORIZADO DEL QUEJOSO; ATENTO A SU CONTENIDO, TÉNGASE POR HECHAS LAS MANIFESTACIONES QUE VIERTE EN EL MISMO Y DÍGASELE SE ESTÉ A LO ACORDADO EN AUTO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO, EN EL QUE ESTE JUZGADO SE DECLARÓ LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR ESTE MEDIO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍOD DE 31 DE MAYO DE 2018, QUE REZA; Formación y registro del expediente. Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno respectivo con el número 454/2018-IV y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. IV. Fijación de la litis. Vista la demanda de amparo, se desprende que el quejoso reclama: La notificación de la sentencia de doce de septiembre de dos mil diecisiete practicada en la audiencia de la misma fecha, dentro del procedimiento abreviado en la causa penal 1P0617-145, del índice del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Celaya así como sus consecuencias. La coacción en su persona por parte de dicho juez de control para que en el momento de la audiencia señalada supralíneas, le contestara si era su deseo renunciar al término de interponer recurso de apelación en contra de la resolución emitida; así como la determinación de tener al aquí quejoso por renunciando a dicho plazo. Actos que fueron dictados y ejecutados en la ciudad de Celaya, Guanajuato. V. Se remite por incompetencia la demanda de amparo. Vista la demanda de amparo, este Juzgado de Distrito en el Estado de Guanajuato, con residencia en la ciudad de León, se declara incompetente para conocer de la misma, por razón de territorio, con base en las siguientes consideraciones. El artículo 37 de la Ley de Amparo establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Además, indica que si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de Distrito ante el que se presente la demanda. Finalmente, señala que cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. De lo anterior, se advierten tres reglas para determinar la competencia de los juzgados de Distrito para conocer de los juicios de amparo, a saber: a) Si el acto reclamado tiene ejecución material, el conocimiento del juicio de amparo recaerá en el juzgado federal que ejerza jurisdicción donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. b) Tratándose del acto reclamado cuya ejecución comience a realizarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, cualquiera de los tribunales de esas jurisdicciones que haya prevenido será competente. c) Cuando el acto no requiere ejecución material, será competente el juzgador en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda de amparo. Acotadas dichas reglas de competencia, se resalta que la parte promovente del amparo reclama en este asunto la notificación de la sentencia de doce de septiembre de dos mil diecisiete, practicada en la audiencia de la misma fecha, dentro del procedimiento abreviado en la causa penal 1P0617-145, del índice del Juzgado Penal de Oralidad de la Tercera Región del Estado de Guanajuato, con sede en Celaya, así como sus consecuencias y, por otro lado, la coacción en su persona por parte de dicho juez, para que en el momento de la audiencia señalada supralíneas, le contestara si era su deseo renunciar al término de interponer recurso de apelación en contra de la resolución emitida; así como la determinación de tener al aquí quejoso por renunciando a dicho plazo. Por lo tanto, de acuerdo con el artículo 37 antes mencionado, cuando el acto reclamado en el juicio de amparo deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, la competencia se surte a favor del juez que resida en la jurisdicción donde se llevó a cabo la ejecución de dicho acto. En el caso, toda vez que los actos reclamados por el quejoso se dictaron en la ciudad de Celaya, Guanajuato, y la ejecución de los mismos se llevaron a cabo dentro de la misma audiencia de doce de septiembre de dos mil diecisiete en el procedimiento abreviado de la causa penal 1P0617-145, es inconcuso que el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda es aquél que ejerce jurisdicción en dicha municipalidad, no así uno con residencia en la ciudad de León, Guanajuato. En ese contexto, de conformidad con el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, es evidente que éste órgano jurisdiccional carece de competencia para conocer de la cuestión planteada y estima competente al Juez de Distrito en turno, con sede en Celaya, Guanajuato, pues es dentro de su jurisdicción donde se dictaron y ejecutaron los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja 15, Volumen 65, Segunda Parte, publicada en la Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Si bien es cierto que el artículo 36 de la Ley de Amparo previene que cuando sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción se ejecute o trate de ejecutarse el acto reclamado, y que la jurisprudencia número 53 del Tomo de la Primera Sala del Apéndice de Jurisprudencia del Semanario Judicial de la Federación de 1917-1965, establece que son competentes para conocer de los amparos en contra de órdenes de aprehensión, los Jueces de Distrito que tengan jurisdicción en el lugar en donde deben ejecutarse tales órdenes, aunque las autoridades que las ejecuten residan en otros lugares sujetos a distinta jurisdicción, también lo es que la ejecución de las referidas órdenes no puede presumirse por el simple hecho de que el promovente del amparo haya signado su demanda en determinado lugar en un Estado, ni porque haya manifestado ser vecino de otra población del mismo estado, pues tal conclusión sería simplemente apreciativa del juzgador, pues para la ejecución del acto reclamado es necesaria la intervención de alguna autoridad responsable con residencia en la jurisdicción del Juez de Distrito, siendo evidente, por tanto, que sin el señalamiento de una autoridad ejecutora dentro de la jurisdicción del Juez de Distrito en tal Estado, no puede estimarse que la resolución correspondiente forzosamente deba ejecutarse en determinado lugar, pues bien podría una persona en contra de quien se dicte una orden de aprehensión cambiar de domicilio y signar escritos en diversos lugares": Así como la tesis VI.2o.20 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo III, Febrero de 1996; Página 395, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del siguiente rubro y texto: "COMPETENCIA POR CUANTO A LA EJECUCIÓN DEL ACTO RECLAMADO, NO DERIVA DEL DOMICILIO SEÑALADO POR EL QUEJOSO, SINO DEL LUGAR DONDE RESIDAN LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO EJECUTORAS. El primer párrafo del artículo 36 de la Ley de Amparo, establece que la competencia de los jueces de Distrito para conocer de un juicio de garantías, cuando el acto reclamado requiera de ejecución material, se surtirá en favor de aquel en cuya jurisdicción deba de tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Luego, es inconcuso que lo que define la competencia del juez de Distrito para conocer del amparo contra esa clase de actos, no deriva del domicilio de trabajo o particular señalado por el quejoso en su demanda, sino del lugar de residencia de las autoridades señaladas como ejecutoras." En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto a la citada autoridad federal, a fin de que analice la competencia que se declina y en su caso sea esa autoridad quien determine la procedencia de la demanda de amparo. Obténganse copia certificada de las constancias conducentes, y fórmese el cuadernillo de incompetencia respectivo. VI. Domicilio. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle R. Palmerín, número 105 de la colonia León Moderno y como autorizado en términos amplios del artículo 12 y el correlativo 24, ambos de la Ley de Amparo a Roberto Ramos Torres, en virtud de que cuenta con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Sin que haya lugar a tener como domicilio el lugar de su reclusión, toda vez que sí designó domicilio particular y autorizado para oír y recibir notificaciones, en términos del artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo. VII. Acuerdos generales. Dígase a las partes que desde este momento se autoriza la expedición de las copias que soliciten durante el trámite del presente juicio, lo anterior con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la carta magna, y de la observancia de lo dispuesto por el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo vigente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa; ello en los casos en los que se deban realizar notificaciones personales tanto en el presente juicio principal como en el cuaderno incidental, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en la controversia constitucional y no sea posible practicarlos en días y horas hábiles, lo anterior previa razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal. Para agilizar el trámite, omítase firmar las minutas de oficios. Finalmente, para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde este auto inicial).
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