José Luis García Ríos
Expediente 725/2021 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 725/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- José Luis García Ríos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta por medio del cual la autoridad oficiante acusa recibo de los documentos que se le devolvieron mediante oficio 2633/2022. Notifíquese.
- Principal
Se declara que la sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. Archívese el presente asunto, como totalmente concluido. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Con fundamento en los artículos 12 y 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, este expediente es susceptible de DEPURACIÓN, por lo que una vez que transcurra el término de tres años contados a partir de la notificación de este proveído se procederá a la depuración en los términos presentados en el citado Acuerdo General, sin necesidad de mandato previo, pues no constituye un asunto de relevancia documental. Procédase a realizar la anotación en la carátula como está ordenado en el acuerdo general, antes referido. Se tiene por hecha la constancia de cuenta, de la que se advierte que no se aperturó incidente de suspensión, no obran documentos catalogados como originales y, que las actuaciones del presente asunto coinciden con el expediente electrónico. Devuélvase al juez responsable, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado; esto en virtud de que ya no son necesarias en el presente asunto, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. En la inteligencia de que el desahogo a este requerimiento se deberá presentar de manera física en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, o en su caso, a través de la dirección de correo institucional 13jdo1ctoc@correo.cjf.gob.mx, debiendo contener las correspondientes firmas electrónicas; lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo 725/2021, promovido por ***, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ***, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades que a continuación se transcriben: III.-AUTORIDADES RESPONSABLES.- Son las siguientes: 1.- C. JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO CIVIL DE PROCESO ORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO... 2.- COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES,. 3.- EL C. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES,. 4.- AL REPRESENTANTE LEGAL DE HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC. (.) V.- ACTO RECLAMADO PARA CADA AUTORIDAD. 1.- JUEZ VIGÉSIMO SÉPTIMO CIVIL DE PROCESO ORAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE LA CIUDAD DE MÉXICO a.- La orden verbal o escrita dirigida para bloquear, cancelar, suspender, o revocar la totalidad de las cuentas bancarias y en específico la cuenta número 6523730013, aperturada en la institución bancaria, *** así como la orden verbal o escrita para impedir que la suscrita aperture o realice cualquier gestión de su cuenta bancaria b.- El no haber sido llamado a juicio. c. Toda orden verbal o escrita dirigida a la institución bancaria *** para bloquear, cancelar, suspender, o revocar la totalidad de las cuentas bancarias y en específico la cuenta número 6523730013 aperturada en la institución bancaria. 2.- COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES. a.- La orden verbal o escrita dirigida para bloquear, cancelar, suspender, o revocar la totalidad de las cuentas bancarias y en específico la cuenta número ***, aperturada en la institución bancaria ***, así como la orden verbal o escrita para impedir que el suscrito apertura o realice cualquier gestión de su cuenta bancaria. b.- La falta de notificación del inicio o trámite del procedimiento administrativo o judicial en contra del suscrito del cual derivó la orden de bloquear cancelar, suspender, o revocar la totalidad de las cuentas bancarias y en específico la cuenta número *** aperturada en la institución bancaria ***. c.- Toda orden verbal o escrita dirigida a la institución bancaria HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC para bloquear, cancelar, suspender, o revocar la totalidad de las cuentas bancarias y en específico la cuenta número *** aperturada en la institución bancaria. 3.- EL C. DIRECTOR GENERAL DE ATENCIÓN A AUTORIDADES DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES a.- La orden verbal o escrita dirigida para bloquear, cancelar, suspender, o revocar la totalidad de las cuentas bancarias y en específico la cuenta número *** aperturada en la institución bancaria HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC así como la orden verbal o escrita para impedir que la suscrita apertura o realice cualquier gestión de su cuenta bancaria. b.- La falta de notificación del inicio o trámite del procedimiento administrativo o judicial en contra de la suscrita del cual derivó la orden de bloquear cancelar, suspender, o revocar la totalidad de las cuentas bancarias y en específico la cuenta número *** aperturada en la institución bancaria HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC0 c.- Toda orden verbal o escrita dirigida a la institución bancaria HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, para bloquear, cancelar, suspender, o revocar la totalidad de las cuentas bancarias y en específico la cuenta número *** aperturada en la institución bancaria. 4.- AL REPRESENTANTE LEGAL DE HSBC MÉXICO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC El bloqueo, cancelar, suspender, o revocar la totalidad de las cuentas bancarias de la suscrita, así como el impedimento de disponer de los recursos existentes endicha cuenta, en especial la cuenta 6523730013 aperturada en la citada institución bancaria (.)". Actos que la parte quejosa estimó violatorios de sus prerrogativas contenidas en los artículos 1, 5, 14, 16, 17, 25 y 3 constitucionales. SEGUNDO. Trámite del amparo. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda de que se trata a este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, el cual mediante proveído de veintidós de septiembre de dos mil veintiuno, la registró con el número de expediente 725/2021, y en proveído de catorce de octubre siguiente, admitió a trámite la demanda, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, y dejó de tener con dicho carácter a HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC, asimismo, reservó tener a persona alguna con el carácter de tercera interesada, y dio la intervención que legalmente compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no formuló pedimento. En acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se tuvo como tercero interesado a BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Décimo Tercero de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ejerce jurisdicción y es legalmente competente para conocer del presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III, inciso c) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, y 60, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues se combaten actos emitidos en un juicio de controversia de arrendamiento inmobiliario, que tienen ejecución dentro del ámbito de competencia territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados se precisan de la siguiente forma: -Del Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, el no haber sido llamado dentro de las providencias precautorias de retención de bienes, número de expediente 538/2021, así como la orden verbal o escrita para bloquear todas sus cuentas, en específico la cuenta número 6523730013, aperturada en HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC. -De la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la orden verbal o escrita para bloquear todas las cuentas del quejoso, en específico la cuenta número 6523730013, aperturada en HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC. -Del Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la orden verbal o escrita para bloquear todas las cuentas del quejoso, en específico la cuenta número ***, aperturada en HSBC MÉXICO SOCIEDAD ANÓNIMA INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE GRUPO FINANCIERO HSBC. TERCERO. Certeza de los actos. Es cierto el acto reclamado a la autoridad responsable Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil de Proceso Oral de la Ciudad de México, por así señalarlo expresamente al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora, con la copia certificada del expediente 538/2021, correspondiente a providencias precautorias de retención de bienes, promovidas por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, en contra de ***, y otros, mismas que remitió en apoyo a su informe con justificación; documentales públicas a las que se les concede valor probatorio pleno, con fundamento en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. La conclusión adoptada se robustece con la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación1, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente hacen prueba plena". Por otra parte, el Presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, en el informe justificado que rindió, en la parte que interesa, sostuvo lo siguiente: "No son ciertos los actos reclamados a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Lo anterior, toda vez que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ejerce las facultades que le 1 Tesis visible en la página 153, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, registro 394182. otorgan los artículos 1 y 2 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de diversos funcionarios, más no como entidad jurídica en abstracto (.)". Por su parte, la Directora General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, sostuvo lo siguiente: "No son ciertos los actos reclamados (.) (.) Lo anterior, toda vez que de lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; el artículo 44 del Reglamento Interior de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, no se desprende la obligación de sustanciar procedimientos cuyo propósito sea el aseguramiento de cuentas en las instituciones del sistema financiero mexicano. Luego, al no existir mandato en tal sentido no puede acreditarse que la suscrita autoridad haya incurrido en una conducta omisiva". Tal negativa se debe desvirtuar, en atención a que, del contenido de las constancias del expediente 538/2021, las que gozan de plena eficacia probatoria, se desprende que se giró oficio a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que por su conducto informara a las diversas instituciones de crédito y/o financieras y casas de bolsa procedieran a asegurar de forma provisional las cuentas bancarias del quejoso. Además, en el mismo expediente aparecen dos oficio, uno suscrito por BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, y otro de HSBC México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC, por los que informan a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, el bloqueo de cuentas de las que es titular el aquí quejoso que aparecen aperturadas a su nombre en dichas instituciones de crédito. Se invoca en apoyo, en lo conducente, la tesis emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Séptima Época, visible en el Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, Tomo 97-102, Primera Parte, Séptima Época, página 11, cuyo texto y rubro son: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. Si la autoridad ejecutora responsable, niega los actos que se le reclaman y consta en autos el oficio de que el Juez de la causa, autoridad ordenadora señalada como responsable en el amparo, lo envió a la ejecutora y mediante él le ordena lleve a cabo aquellos autos, así como la diligencia actuarial de la que se advierte que sí fueron realizados, la circunstancia de que no se haya cumplimentado el acuerdo judicial en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de referencia, en modo alguno significa la inexistencia de los actos que se le atribuyen, si los mismos son una consecuencia legal inmediata de los que previene el mandamiento judicial cuestionado y el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones. Por lo tanto, cabe estimar que si con dichas constancias queda demostrada la existencia cierta y necesaria de los actos reclamados, queda también desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado y que, por tales motivos, no es correcto sobreseer en el juicio de garantías". Atento a lo expuesto, es que debe desestimarse la causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, que invoca la autoridad responsable antes mencionada y tener por presuntivamente ciertos los actos de ejecución que se le atribuye. La referida existencia y presunción de los actos reclamados se corrobora con las constancias que remitieron las autoridades responsables en apoyo a su informe justificado a las que se le otorga valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dispuesto por el artículo 2 de este último ordenamiento, por tratarse de copias certificadas de actuaciones judiciales. CUARTO. Antecedentes de los actos reclamados. De las constancias de autos, que tienen pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprenden los siguientes antecedentes del acto reclamado: 1.- El nueve de agosto de dos mil veintiuno BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, promovió providencias precautorias de retención de bienes, contra ***, ***. 2.- Previa prevención, el veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, se admitieron a trámite dichas providencias precautorias de retención de bienes, por el Juez Vigésimo Séptimo de lo Civil de Proceso registrado con número de expediente 538/2021. 3.- En acuerdo dictado por el juez responsable, el uno de octubre de dos mil veintiuno, tuvo a la actora presentando copia simple de constancia de presentación de la demanda principal, la cual recayó en el mismo juzgado bajo el número 720/2021, con rubro: juicio ejecutivo mercantil oral, promovido por BBVA BANCOMER, SOCIEDAD ANÓNIMA, INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER, contra ***, asimismo la actora solicitó se notificará personalmente a los codemandados dentro de las providencias precautorias de retención de bienes. Hasta aquí los actos destacados que sirven de antecedentes del acto reclamado. QUINTO. Estudio de conceptos de violación. Con fundamento en el artículo 76 de la Ley de Amparo se estudiarán conjuntamente los conceptos de violación aducidos en la demanda de amparo, en virtud de la estrecha relación que guardan entre sí las cuestiones propuestas en ellos. El quejoso en sus conceptos de violación, sustancialmente, dice que la autoridad responsable violó en su perjuicio los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, porque no le dio el derecho de ser oído y vencido en juicio, por lo que se practicaron actuaciones judiciales en franca violación a su derecho fundamental de audiencia, lo que se traduce en que, sin haber sido oído y vencido en juicio se pretenda llevar a cabo actos de molestia en su perjuicio, lo que vulnera su esfera jurídica y sus derechos humanos. Agrega, que es evidente que las actuaciones practicadas a sus espaldas por parte de la autoridad responsable, resultan ser violatorias de sus derechos fundamentales, ya que jamás respetó su garantía de audiencia, desconociendo la causa por la que se ha dado seguimiento a un juicio del que no conoce sus alcances jurídicos. Invoca en apoyo a sus argumentos las tesis de rubros "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES", "GARANTÍA A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA COMPLETA TUTELADA EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. SUS ALCANCES" y "DERECHOS HUMANOS. LA GARANTÍA JUDICIAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA RELATIVA, ES CONCORDANTE CON LAS DE AUDIENCIA Y ACCESO A LA JUSTICIA CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 14 Y 17 CONSTITUCIONALES". Los conceptos de violación expresados por el quejoso son infundados. El artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo conducente, dispone: "Artículo 14. (.) Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho (.)". La disposición constitucional transcrita contiene, entre otras, la garantía de previa audiencia al acto privativo, de tal suerte que para resolver el problema planteado, es importante desentrañar el sentido y finalidad de la garantía aludida, dado que en concepto del quejoso, la autoridad responsable al haber decretado una providencia precautoria de retención de bienes sin haberle dado previa intervención al procedimiento de origen, violó la garantía de audiencia, ya que estima que no se le dio la oportunidad de ser oído y vencido de forma previa. En ese orden de ideas, el precepto constitucional transcrito obliga a las autoridades, a que respeten la garantía de audiencia, previo al acto de privación con efectos definitivos y no provisionales. Al efecto, conviene señalar que el acto privativo es aquél que produce como resultado la disminución, menoscabo o supresión definitiva al gobernado de un derecho o posesión, es decir, su finalidad connatural es la de privar de un bien material o inmaterial, a diferencia de los actos de molestia, que restringen de manera provisional o preventiva un derecho o posesión, con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, y en los que la permanencia de sus efectos en la esfera jurídica del gobernado queda sujeta o condicionada a posteriores actos de autoridad y la afectación es por regla general transitoria. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis P./J. 40/96 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 5, Tomo IV, Julio de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "ACTOS PRIVATIVOS Y ACTOS DE MOLESTIA. ORIGEN Y EFECTOS DE LA DISTINCION. El artículo 14 constitucional establece, en su segundo párrafo, que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho; en tanto, el artículo 16 de ese mismo Ordenamiento Supremo determina, en su primer párrafo, que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Por consiguiente, la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente los actos privativos respecto de los actos de molestia, pues a los primeros, que son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado, los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14, como son, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que, pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, pues sólo restringen de manera provisional o preventiva un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos, los autoriza, según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde ésta funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora bien, para dilucidar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de un acto de autoridad impugnado como privativo, es necesario precisar si verdaderamente lo es y, por ende, requiere del cumplimiento de las formalidades establecidas por el primero de aquellos numerales, o si es un acto de molestia y por ello es suficiente el cumplimiento de los requisitos que el segundo de ellos exige. Para efectuar esa distinción debe advertirse la finalidad que con el acto se persigue, esto es, si la privación de un bien material o inmaterial es la finalidad connatural perseguida por el acto de autoridad, o bien, si por su propia índole tiende sólo a una restricción provisional". En efecto, la garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que se otorgue al particular la oportunidad real y efectiva de ser oído y vencido, lo cual se satisface dando cumplimiento a los siguientes requisitos: 1. La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2. La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3. La oportunidad de alegar; 4. La oportunidad de interponer recursos, en su caso, y 5. El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De tal suerte que, de no acatarse con los anteriores requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del gobernado, previo al acto privativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio que el quejoso cita en sus conceptos de violación, que aparece con el número P./J. 47/95 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, Tomo II, Diciembre de 1995, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga "se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento". Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión del afectado". Es decir, la finalidad de la garantía de audiencia es otorgar al particular la posibilidad real, material y efectiva de defensa antes de la privación definitiva de los derechos que integran su esfera jurídica. En tales condiciones, atendiendo a la naturaleza del procedimiento del que emana el acto reclamado, conviene atender el contenido de los artículos 1168 y 1177 del Código de Comercio, que disponen lo siguiente: "Artículo 1168. En los juicios mercantiles únicamente podrán dictarse las medidas cautelares o providencias precautorias previstas en este Código, y que son las siguientes: I. Radicación de persona, cuando hubiere temor fundado de que se ausente u oculte la persona quien deba promoverse o se haya promovido una demanda. Dicha demanda únicamente tendrá los efectos previstos en el artículo 1173 de este Código; II. Retención de bienes, en cualquiera de los siguientes casos: a) Cuando exista temor fundado de que los bienes que se hayan consignado como garantía o respecto de los cuales se vaya a ejercitar una acción real, se dispongan, oculten, dilapiden, enajenen o sean insuficientes, y b) Tratándose de acciones personales, siempre que la persona contra quien se pida no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, y exista temor fundado de que los disponga, oculte, dilapide o enajene. En los supuestos a que se refiere esta fracción, si los bienes consisten en dinero en efectivo o en depósito en instituciones de crédito, u otros bienes fungibles, se presumirá, para los efectos de este artículo, el riesgo de que los mismos sean dispuestos, ocultados o dilapidados, salvo que el afectado con la medida garantice el monto del adeudo. Tratándose de la retención de bienes cuya titularidad o propiedad sea susceptible de inscripción en algún registro público, el Juez ordenará que se haga la anotación sobre el mismo". "Artículo 1177. Las providencias precautorias establecidas por este Código podrán decretarse, tanto como actos prejudiciales, como después de iniciado cualquiera de los juicios previstos en el mismo. En el primero de los casos, la providencia se decretará de plano, sin citar a la persona contra quien ésta se pida, una vez cubiertos los requisitos previstos en este ordenamiento. En el segundo caso, la providencia se sustanciará en incidente, por cuerda separada, y conocerá de ella el juez o tribunal que al ser presentada la solicitud esté conociendo del negocio". Del contenido de los preceptos legales antes transcritos, se obtiene que el legislador estableció que se podrá acudir como acto prejudicial ante juez competente solicitándole que conceda de manera provisional las providencias precautorias autorizadas en el ordenamiento legal analizado, las cuales se decretarán de plano sin citar a la persona contra quien se pida, una vez que se haya cumplido con los requisitos previos para la procedencia de su otorgamiento. Ahora bien, las providencias precautorias establecidas en el Código de Comercio, son actos provisionales, y no definitivos, porque su finalidad es la de asegurar el estado en que se encuentran las cosas al momento de solicitar la providencia precautoria, ante la intención de entablar una demanda y así asegurar la situación de hecho mientras se resuelve el juicio respectivo, t a fin de garantizar el cumplimiento de la posible condena. Cobra aplicación al caso, la tesis de jurisprudencia P./J. 21/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece en la página 18, Tomo VII, Marzo de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "MEDIDAS CAUTELARES. NO CONSTITUYEN ACTOS PRIVATIVOS, POR LO QUE PARA SU IMPOSICIÓN NO RIGE LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA. Conforme a la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la garantía de previa audiencia, establecida en el segundo párrafo del artículo 14 constitucional, únicamente rige respecto de los actos privativos, entendiéndose por éstos los que en sí mismos persiguen la privación, con existencia independiente, cuyos efectos son definitivos y no provisionales o accesorios. Ahora bien, las medidas cautelares constituyen resoluciones provisionales que se caracterizan, generalmente, por ser accesorias y sumarias; accesorias, en tanto la privación no constituye un fin en sí mismo; y sumarias, debido a que se tramitan en plazos breves; y cuyo objeto es, previendo el peligro en la dilación, suplir interinamente la falta de una resolución asegurando su eficacia, por lo que tales medidas, al encontrarse dirigidas a garantizar la existencia de un derecho cuyo titular estima que puede sufrir algún menoscabo, constituyen un instrumento no sólo de otra resolución, sino también del interés público, pues buscan restablecer el ordenamiento jurídico conculcado desapareciendo, provisionalmente, una situación que se reputa antijurídica; por lo que debe considerarse que la emisión de tales providencias no constituye un acto privativo, pues sus efectos provisionales quedan sujetos, indefectiblemente, a las resultas del procedimiento administrativo o jurisdiccional en el que se dicten, donde el sujeto afectado es parte y podrá aportar los elementos probatorios que considere convenientes; consecuentemente, para la imposición de las medidas en comento no rige la garantía de previa audiencia". De ahí que, si el legislador autorizó en materia mercantil la implementación de esas providencias precautorias sin el requisito de previa audiencia, atendiendo al cumplimiento de determinados requisitos, el Juez responsable se encontraba legalmente facultado para decretar la medida sin otorgar audiencia al quejoso o previamente llamar al afectado, máxime que estimó que se cumplían los requisitos de ley. Inclusive, conforme a lo dispuesto en el artículo 1179 del Código de Comercio, si el ahora quejoso consigna el valor u objeto reclamado, da fianza o garantiza con bienes raíces suficientes el valor de lo reclamado, se levantará la providencia reclamada. En razón de lo anterior, si la norma constitucional que el quejoso estima violada en su perjuicio, otorga la garantía de previa audiencia al acto privativo, pero en la finalidad del artículo 1168 del Código de Comercio, no se incorpora un acto de privación, sino que su objetivo es asegurar de manera provisional los bienes que pertenecen a la persona contra quien se pida la providencia precautoria, ante el temor fundado de que no tuviere otros bienes que aquellos en que se ha de practicar la diligencia, o bien de que los disponga, oculte, dilapide o enajene, mientras se resuelve el juicio respectivo, es inconcuso que en el particular no se viola la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque, se insiste, la medida implementada no es un acto que prive en forma definitiva los derechos del gobernado, sino que sólo le afecta provisionalmente, dado que sólo tendrá vigencia mientras se tramite el juicio o éste perdure, y su emisión válida sólo está condicionada a que se emita por escrito, por autoridad competente y con la debida fundamentación y motivación. Ilustra la anterior consideración la tesis que aparece en la página 263, Tomo XI, Enero de 1993, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "GARANTIA DE LEGALIDAD. QUE DEBE ENTENDERSE POR. La Constitución Federal, entre las garantías que consagra en favor del gobernado, incluye la de legalidad, la que debe entenderse como la satisfacción que todo acto de autoridad ha de realizarse conforme al texto expreso de la ley, a su espíritu o interpretación jurídica; esta garantía forma parte de la genérica de seguridad jurídica que tiene como finalidad que, al gobernado se proporcionen los elementos necesarios para que esté en aptitud de defender sus derechos, bien ante la propia autoridad administrativa a través de los recursos, bien ante la autoridad judicial por medio de las acciones que las leyes respectivas establezcan; así, para satisfacer el principio de seguridad jurídica la Constitución establece las garantías de audiencia, de fundamentación y motivación, las formalidades del acto autoritario, y las de legalidad". Sin que el quejoso en sus conceptos de violación formule mayores argumentos en relación a aspectos de ilegalidad de la imposición de las providencias precautorias reclamadas, que revelen una mínima causa de pedir para que este órgano de control constitucional estudie su constitucionalidad, siendo que en el caso, no opera la suplencia de la queja a favor del quejoso. En tales condiciones, procede negar el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, dado que el acto reclamado está fundado en los artículos 1168, fracción II, inciso b), y 1175, ambos del Código de Comercio y motivado en las consideraciones vertidas por el Juez responsable en auto de veintisiete de agosto de dos mil veintiuno, mismas que no son controvertidas por el quejoso; de tal manera que, no se evidenció violación alguna en los derechos del promovente de la acción constitucional. Bajo ese contexto, el quejoso debió combatir con argumentos específicos, en su caso, la falta de requisitos legales o la inobservancia de alguna de esas disposiciones aplicables, para evidenciar la ilegalidad de la orden de retención de bienes decretada en su perjuicio, ya que tuvo la oportunidad de ampliar su demanda de amparo, una vez que el Juez responsable rindió su informe justificado, y remitió las constancias relativas al procedimiento de origen. Por tanto, no le asiste la razón al quejoso en relación a la privación de su patrimonio, ni a la vulneración de su garantía de audiencia porque las providencias precautorias como actos prejudiciales, no son definitivas o inalterables, pues van encaminadas a impedir que el deudor eluda el cumplimiento de sus obligaciones ante el posible resultado del juicio que se intenta promover en su contra y, en el procedimiento prejudicial que las decreta, no se discuten los derechos que en el juicio correspondiente pueda tener el presunto actor sino simplemente se asegura el resultado de ese juicio, sobre el cual no se prejuzga, de ahí que en el caso no existe acto de privación sin previa audiencia. Y, es por ello que en el caso no fueron violadas por la responsable los criterios que invoca el quejoso en sus conceptos de violación. La decisión antes asumida no resulta violatoria de los derechos humanos y el principio pro persona que señala el quejoso en sus conceptos de violación. En efecto, los derechos humanos y el principio pro persona, conforme al cual debe hacerse la interpretación más favorable a la persona en la protección de sus derechos humanos, conforme al artículo 1 constitucional, no implica en modo alguno que los órganos jurisdiccionales dejen de observar los diversos principios constitucionales y legales que rigen su función jurisdiccional, como la legalidad, seguridad jurídica y debido proceso, al momento de dirimir las controversias sometidas a su jurisdicción; de igual forma, la protección en materia de derechos humanos y el principio pro persona, en modo alguno implican pasar por alto cuestiones de procedencia de recursos o medios de defensa, ni eximir a los gobernados de las cargas procesales que les corresponde asumir legalmente, ni significa dejar de observar los presupuestos para el análisis de fondo que corresponda en un medio de defensa, ni tampoco se traduce en que todo juicio, recurso o medio de defensa, deba ser resuelto necesariamente en forma favorable al que lo interpone o promueve, pues precisamente, los principios de legalidad y certeza jurídica, implican que el juzgador ajuste su determinación a las leyes aplicables para resolver en forma imparcial, las que en principio deben interpretarse en forma conforme a la Constitución, en la inteligencia de que en el caso, como ya se vio, la resolución reclamada se encuentra ajustada a las prevenciones de la ley. Lo anterior, tiene sustento en las jurisprudencias 1a./J. 104/2013 (10a.), 1a./J. 22/2014 (10a.) y 1a./J. 1/2012 (9a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultables respectivamente en la página 906 del Libro XXV, Octubre de 2013, Tomo 2; página 325 del Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I y página 460 del Libro V, Febrero de 2012, Tomo 1, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima y Novena Épocas, que señalan: "PRINCIPIO PRO PERSONA. DE ESTE NO DERIVA NECESARIAMENTE QUE LOS ARGUMENTOS PLANTEADOS POR LOS GOBERNADOS DEBAN RESOLVERSE CONFORME A SUS PRETENSIONES. Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, Tomo 2, octubre de 2012, página 799, con el rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCION DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", reconoció de que por virtud del texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por el decreto de reforma constitucional en materia de derechos fundamentales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, el ordenamiento jurídico mexicano, en su plano superior, debe entenderse integrado por dos fuentes medulares: a) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos establecidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. También deriva de la aludida tesis, que los valores, principios y derechos que materializan las normas provenientes de esas dos fuentes, al ser supremas del ordenamiento jurídico mexicano, deben permear en todo el orden jurídico, y obligar a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. Sin embargo, del principio pro homine o pro persona no deriva necesariamente que las cuestiones planteadas por los gobernados deban ser resueltas de manera favorable a sus pretensiones, ni siquiera so pretexto de establecer la interpretación más amplia o extensiva que se aduzca, ya que en modo alguno ese principio puede ser constitutivo de "derechos" alegados o dar cabida a las interpretaciones más favorables que sean aducidas, cuando tales interpretaciones no encuentran sustento en las reglas de derecho aplicables, ni pueden derivarse de éstas, porque, al final, es conforme a las últimas que deben ser resueltas las controversias correspondientes." "DERECHO FUNDAMENTAL A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURIDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SI MISMO, UNA VIOLACION DE AQUEL. El derecho fundamental a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), implica que los mecanismos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos. En este sentido, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho referido, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de forma que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado, a fin de resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y, en cualquier caso, cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es una materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho fundamental". "IMPARCIALIDAD. CONTENIDO DEL PRINCIPIO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 17 CONSTITUCIONAL. El principio de imparcialidad que consagra el artículo 17 constitucional, es una condición esencial que debe revestir a los juzgadores que tienen a su cargo el ejercicio de la función jurisdiccional, la cual consiste en el deber que tienen de ser ajenos o extraños a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a ninguna de ellas. Así, el referido principio debe entenderse en dos dimensiones: a) la subjetiva, que es la relativa a las condiciones personales del juzgador, misma que en buena medida se traduce en los impedimentos que pudieran existir en los negocios de que conozca, y b) la objetiva, que se refiere a las condiciones normativas respecto de las cuales debe resolver el juzgador, es decir, los presupuestos de ley que deben ser aplicados por el juez al analizar un caso y resolverlo en un determinado sentido. Por lo tanto, si por un lado, la norma reclamada no prevé ningún supuesto que imponga al juzgador una condición personal que le obligue a fallar en un determinado sentido, y por el otro, tampoco se le impone ninguna obligación para que el juzgador actúe en un determinado sentido a partir de lo resuelto en una diversa resolución, es claro que no se atenta contra el contenido de las dos dimensiones que integran el principio de imparcialidad garantizado en la Constitución Federal". De esta forma, de los criterios jurisprudenciales del Máximo tribunal, es dable colegir que si bien es cierto el principio pro persona está orientado a la protección más eficaz y amplia de los derechos humanos, también lo que es ello no significa en modo alguno resolver a favor del quejoso; en el caso, como ya se vio, la resolución reclamada se encuentra ajustada a derecho por lo que no puede estimarse violatoria de derechos humanos en perjuicio del quejoso; de ahí, lo infundado del concepto de violación que se estudia. En consecuencia, al resultar infundados los conceptos de violación expresados por el quejoso, se impone negar el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso. Negativa que se hace extensiva en cuanto a los actos de ejecución que se reclaman de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Director General de Atención a Autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, porque no se combaten por vicios propios. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia V.2o. J/6, sustentada por Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 267, tomo I, junio de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AUTORIDADES EJECUTORAS. Si no aparece que la autoridad que ordenó el acto, ha violado con él garantías individuales, lo mismo debe afirmarse respecto de las autoridades que son meras ejecutoras, si de esta autoridad no se combaten actos por vicios propios". Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 1, fracción I, 73 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ***, contra los actos que reclama del Juez Vigésimo Séptimo Civil de Proceso Oral del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, Comisión Nacional Bancaria y de Valores y Director General de Atención a autoridades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, por las razones expuestas en el último considerando de este fallo. Notifíquese y por lista al quejoso y tercero interesado, como quedó establecido en auto de prevención y admisorio, respectivamente por oficio a las autoridades y ministerio público adscrito a éste órgano.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio de cuenta, mediante el cual las autoridades responsables rinden su informe con justificación, con el contenido del mismo dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su interés legal convenga, lo anterior de conformidad con lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica; por designados a los delegados que menciona en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo; asimismo, se autoriza únicamente para recibir notificaciones e imponerse de autos a las personas que precisa en el oficio de cuenta. Como lo solicita, notifíquesele a través del correo electrónico contencioso@cnbv.gob.mx, cuyo medio estará disponible durante el periodo comprendido en el acuerdo por el que se establecen las medidas administrativas para la continuidad de las actividades de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores en la atención de los asuntos que se tramitan en la misma, durante la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación del quince de julio de dos mil veinte, al encontrarse cerradas las oficinas de recepción de documentación de esa dependencia. Finalmente, se tienen por recibidas las pruebas que indica en su capítulo correspondiente, en los términos en que fueron exhibidas. Notifíquese.
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