José Luis García Reyes

Expediente 18/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2016.

Datos del expediente

Expediente
18/2016
Año
2016
Actuaciones
2
Última actuación
25/01/2016

Partes del expediente

  • José Luis García Reyes

Actuaciones

  1. Principal

    MESA "5" México, Distrito Federal, a veinticinco de enero de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Secretario del Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, por medio del cual acusa recibo del diverso 1995/2016, de once de enero del presente año, del índice de este órgano jurisdiccional, así como los anexos adjuntos al mismo. Asimismo manifiesta que aceptó la competencia planteada por este órgano de control constitucional y se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por José Luis García Reyes. Ahora bien, toda vez que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese como totalmente concluido. En cumplimiento al Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de octubre de dos mil nueve, específicamente en lo relativo al capítulo quinto de la depuración y destrucción de expedientes judiciales, artículo vigésimo, fracción I, se hace la indicación de que este expediente SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN; transfiérase el presente expediente al Centro de Documentación y Análisis, haciendo constar en la carátula que carece de relevancia documental y que no obran documentos originales en el mismo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma la Juez María Dolores Núñez Solorio, titular del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ante el secretario Adrián Echeverría Flores que autoriza y da fe.

  2. Principal

    MESA "5" México, Distrito Federal, a once de enero de dos mil dieciséis. Vista la demanda de amparo promovida por JOSÉ LUIS GARCÍA REYES, contra actos del Presidente de México, Congreso de la Unión y Cámara de Senadores, fórmese cuaderno de antecedentes y regístrese bajo el número 18/2016-5, que es el que le corresponde. Ahora bien, de la lectura minuciosa realizada a la solicitud de amparo en comento, se aprecia que lo que en concreto el justiciable combate a través de esta vía, es la entrada en vigor de la Ley y Creación de la Secretaría de Cultura. En tales circunstancias, previo a la admisión, desechamiento o prevención de la solicitud que hace valer el peticionario de amparo y en su caso determinar la constitucionalidad de los actos de molestia reclamados, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Distrito Federal, ello en virtud que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y, por tanto, preferentes. Por tanto, conviene señalar que para determinar si un órgano judicial federal es competente por razón de materia para conocer de una demanda de amparo, se debe tomar en consideración la naturaleza de la acción o pretensión, lo que, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Bajo esa premisa, este órgano federal estima que carece de competencia para conocer el presente juicio de garantías en razón de la materia, respecto de los actos reclamados al Presidente de México, Congreso de la Unión y Cámara de Senadores, por las siguientes consideraciones: Al respecto, se enfatiza que la competencia es presupuesto procesal de orden público e interés general, que técnicamente ha sido considerado como el límite a la jurisdicción, esto es, la facultad de decir el derecho. Así, tratándose del juicio constitucional, la Ley de Amparo, en conjunto con la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha determinado diversos tipos de competencias para los jueces de distrito, entre las que destacan: Competencia por territorio. Competencia por materia. Competencia por grado; y Competencia auxiliar. Sobre este contexto, la competencia por razón de materia es la aptitud legal que se atribuye a un órgano jurisdiccional para conocer de las controversias referentes a una determinada rama del derecho. En la República Mexicana, esa competencia se distribuye entre diversos tribunales o juzgados a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales civiles, administrativos, penales y laborales, entre otros, a cada uno de los cuales corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Al efecto, los artículos 51 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, establecen respectivamente las atribuciones de los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal y de los jueces de Distrito en Materia Administrativa, en los siguientes términos: "Artículo 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo; y IV. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia penal, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente, y V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio." De la reproducción anterior, destaca que la competencia de un juzgado de amparo en materia penal, se surte para conocer de los asuntos que se promuevan en los siguientes casos: A) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y la autoridad, en específico, judicial. B) Contra actos que vulneren la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal. C) Contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas a los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos; o por tribunales diversos en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito. Por su parte, el numeral 52, fracciones III y IV, de la ley invocada, dispone que los Jueces de Distrito en Materia Administrativa son competentes para atender los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en esa materia y contra actos de autoridad distinta a la judicial. Además, es de señalarse que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio para resolver conflictos competenciales por razón de la materia; estableciendo que en aquéllos que se susciten entre distintos órganos jurisdiccionales en virtud de su especialización, debe atenderse a la naturaleza intrínseca de los actos combatidos. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia P.J. 83/98 sustentada por el Pleno del Máximo Tribunal del País, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo VIII, diciembre de 1998, página 28, que establece: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES. En el sistema jurídico mexicano, por regla general, la competencia de los órganos jurisdiccionales por razón de la materia se distribuye entre diversos tribunales, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales agrarios, civiles, fiscales, penales, del trabajo, etcétera, y que a cada uno de ellos les corresponda conocer de los asuntos relacionados con su especialidad. Si tal situación da lugar a un conflicto de competencia, éste debe resolverse atendiendo exclusivamente a la naturaleza de la acción, lo cual, regularmente, se puede determinar mediante el análisis cuidadoso de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda, cuando se cuenta con este último dato, pues es obvio que el actor no está obligado a mencionarlo. Pero, en todo caso, se debe prescindir del estudio de la relación jurídica sustancial que vincule al actor y al demandado, pues ese análisis constituye una cuestión relativa al fondo del asunto, que corresponde decidir exclusivamente al órgano jurisdiccional y no al tribunal de competencia, porque si éste lo hiciera, estaría prejuzgando y haciendo uso de una facultad que la ley no le confiere, dado que su decisión vincularía a los órganos jurisdiccionales en conflicto. Este modo de resolver el conflicto competencial trae como consecuencia que el tribunal competente conserve expedita su jurisdicción, para resolver lo que en derecho proceda." Este criterio, fue complementado, además, por la Segunda Sala del Máximo Tribunal Constitucional del País que, después de reiterar que tratándose de la competencia por razón de la materia debía tomarse en consideración la naturaleza del acto reclamado, añadió que también debía ponderarse la naturaleza de la autoridad responsable. Esto se colige de la jurisprudencia 2ª/J. 24/2009, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, de voz y texto: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamado." Ahora, como se desprende de la demanda de amparo, el impetrante de garantías reclama la entrada en vigor de la ley y la creación de la Secretaría de Cultura, por atentar contra su patrimonio y del resto de los contribuyentes. En este orden, se estima que el presente asunto que se analiza, no es de la competencia de un Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal, ya que no se trata de una resolución judicial de dicha especialidad, ni de actos dictados dentro de algún proceso instruido en contra del quejoso; además, no se trata de alguno emitido en juicio, fuera de éste o después de concluido, o bien, que perturbe a personas extrañas al mismo, conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Ley Fundamental, puesto que, conforme a lo narrado en la demanda de garantías, dicho acto tuvo consecuencias administrativas. Por consiguiente, el conocimiento de la demanda de garantías de que se trata, corresponde a la competencia de un Juez de Distrito en Materia Administrativa, puesto que, en términos del artículo 52, fracciones III y IV, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tanto los actos combatidos como las autoridades responsables que los emitieron, revisten tal naturaleza. Debiendo subrayarse que en la especie no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el numeral 51 de dicha legislación, debido a que los actos en comento carecen de vinculación con normas o disposiciones del orden criminal. Al respecto, aplica por analogía la jurisprudencia 2ª/J. 24/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, que reza: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS. De los artículos 51, 52, 54 y 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que para fijar la competencia por materia de los Jueces de Distrito, el legislador tomó como base la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. Por tanto, para efectos de determinar la competencia por materia de los Tribunales Colegiados de Circuito especializados, por analogía, debe atenderse a los elementos precisados y no a los conceptos de violación o agravios expresados por la parte quejosa o recurrente, respectivamente, pues éstos no constituyen un criterio que determine a quién compete conocer del asunto, ya que únicamente evidencian cuestiones subjetivas; sostener lo contrario resultaría ilógico, pues se llegaría al absurdo de que la competencia por materia estuviese fijada en razón de lo que aleguen las partes, sin importar que tales expresiones tengan o no relación con el acto reclamad.". En las relatadas circunstancias, con fundamento en lo previsto en el artículo 48 de la Ley de Amparo, LA SUSCRITA JUZGADORA SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER DEL PRESENTE JUICIO DE AMPARO; motivo por el que deberá remitirse el expediente en que se actúa a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, para que por su conducto se turne al juzgado que corresponda, a cuyo titular se solicita atentamente informe si acepta o rechaza la competencia declinada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · 8,907 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano