Jose Luis Garcia Mendez
Expediente 1000/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1000/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 29/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Jose Luis Garcia Mendez
Actuaciones
- Principal
Acúsese recibo del oficio de cuenta, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta Ciudad, al que acompaña original del juicio de amparo en que se actúa, un tomo de pruebas, y testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por dicha superioridad, el diecisiete de mayo de la presente anualidad, en la queja civil 201/2018 de su índice, en la que se resolvió: "ÚNICO. Resulta infundado el recurso de queja interpuesto por -en contra del auto de desechamiento pronunciado el veintidós de noviembre de dos mil dieciocho." En relación a lo anterior, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno. Toda vez que resulta innecesaria la permanencia a disposición de esta autoridad de las constancias remitidas como complemento a su informe justificado por la autoridad señalada como responsable Juez Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, devuélvanse a su lugar de origen, y solicítese el acuse de recibo correspondiente, mismo que de no hacerse llegar en el término de tres días legalmente computado se entenderá que dichas constancias fueron recibidas a entera satisfacción. Por otra parte, como no existe acuerdo pendiente por dictar ni diligencia por practicar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido; haciéndose la observación de que es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto en el capítulo quinto, punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, pues, se trata de una demanda de amparo desechada. Asimismo, se precisa que el presente asunto no es de relevancia documental, por no encontrarse entre otros, en los supuestos previstos en el punto décimo sexto de la parte considerativa del acuerdo general conjunto en cita.
- Principal
Por recibido el oficio de cuenta, suscrito por el Secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que anexa el cuaderno de incompetencia 945/2018, y autos originales del juicio sumario civil hipotecario 50/2011 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial; mediante el cual informa que en proveído de dieciséis de noviembre del año que transcurre, ese Tribunal declaró carecer legalmente de competencia para conocer del presente asunto, toda vez que el acto reclamado no constituye una sentencia definitiva, en tales condiciones, este Juzgado se AVOCA al conocimiento del presente asunto y acepta la competencia planteada; regístrese en el libro de gobierno que se lleva en este Juzgado con el número IV-1000/2018-2. En la presente demanda de garantías, el acto reclamado se hace consistir en: "ACTO RECLAMADO.-.auto de fecha 8 de Octubre del año en curso, dictado dentro del juicio sumario civil hipotecario número 50/2011, que en ejercicio de las acciones real hipotecaria y otras prestaciones promueve Instituto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, frente al suscrito y otra, ante el propio Juzgado Segundo Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, mediante el cual se desechó indebidamente el recurso de revocación que hace valer contra diverso auto de fecha 2 de Octubre del presente año 2018, mediante el cual se denegó la admisión del incidente de nulidad de actuaciones promovido en ese juicio natural por el suscrito." Para una mejor óptica del reclamo se procede hacer un análisis de los antecedentes narrados por el quejoso en su demanda de garantías, así como de los autos originales del Juicio Sumario Civil Hipotecario 50/2011 del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia en Materia Civil de este Distrito Judicial, que se adjuntan al oficio de cuenta de donde se advierte que mediante escrito presentado el cuatro de abril pasado, el quejoso promovió incidente de falta de personalidad y personería, mismo que se admitió el nueve siguiente, mismo que se resolvió interlocutoriamente el veinte de septiembre anterior, donde se determinó que es improcedente dicho incidente, resolución que según consta en autos se notificó al quejoso el veinticuatro de septiembre en cita, y contra dicha notificación, el citado -, promovió incidente de nulidad de actuaciones, posteriormente con fecha dos de octubre del presente año, se dictó proveído en el que se desechó el incidente de mérito, contra dicha determinación el cuatro de octubre posterior, el quejoso interpuso recurso de revocación, a lo que la autoridad señalada como responsable mediante proveído de ocho del mes y año en cita, consideró que el auto impugnado no era revocable. Siendo esta última determinación la que constituye el acto reclamado que ahora se combate. En atención a lo anterior, del análisis integral de la demanda de garantías, se evidencia que procede desecharla, al resultar notoriamente improcedente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, aplicado al contrario sensu, de la Ley de Amparo, por disposición expresa del artículo 62 de la propia Ley. Para sustentar la postura anterior, es conveniente precisar lo que establece el precepto 113 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El numeral transcrito, autoriza al juzgador a desechar de plano una demanda de garantías, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. Al respecto, debe tenerse en consideración que el motivo manifiesto e indudable de improcedencia debe ser claro, sin lugar a dudas evidente por sí mismo, que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por medio de prueba alguna. Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia 19, del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo X, septiembre de 1999, página 730, que textualmente dice: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad." En efecto, el precepto legal aludido en primer término en su fracción invocada dispone que: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.). XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece que: "ARTÍCULO 107.- El amparo indirecto es procedente: (.). V.- Contra actos en juicios cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. (.)." Luego, por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquellos que de una manera inmediata lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, o que afecten de modo directo o inmediato derechos sustantivos consignados en la Constitución Federal, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos procesales; esto en razón de los daños y perjuicios que pudieran resentir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, lo que implica, además, la imposibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Es decir, los actos procesales que no tienen efectos sobre las cosas o las personas, en sus derechos sustantivos, no tienen el carácter de irreparables mientras exista la posibilidad legal de que la afectada obtenga una resolución favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener un fallo favorable. Al efecto, la anterior integración del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia por contradicción número 24/92, publicada en la página 164 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917-1995, interpretó y precisó los alcances de la disposición contenida en el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo anterior, mismos que se encuentran en el 107, fracción V, de la Ley de la Materia vigente, y señaló que son actos de imposible reparación aquellos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera cierta e inmediata alguno de los derechos sustantivos tutelados por la Constitución a través de las garantías individuales. La tesis de jurisprudencia que se cita es del tenor literal siguiente: "EJECUCIÓN IRREPARABLE, SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio." Se dice lo anterior, porque la resolución que constituye el acto reclamado, no incide en derechos sustantivos de la parte quejosa sino sólo, y a lo más, en sus posibilidades de defensa en juicio. Como se ve el acto reclamado no colma los atributos indispensables para tener acceso inmediato al juicio de amparo indirecto, pues no constituye una violación de carácter irreparable, ya que sólo tiene efectos dentro del procedimiento; por ello, no se afectan de modo directo e inmediato los derechos sustantivos que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o algún otro contenido en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; en tales condiciones, el acto que se impugna no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en virtud de que de ningún modo otorga al propio acto la característica de irreparabilidad para la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues en este supuesto existe la posibilidad de que los efectos de aquella afectación desaparezcan en caso de que el agraviado obtenga sentencia favorable a sus intereses en el juicio ejecutivo de origen, ya que de llegar a ocurrir esto último, es claro que tales efectos, como se dijo, se extinguirían sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales de la parte quejosa. En el caso, es necesario referir que el artículo 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece el amparo directo contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan a las partes en forma sustancial, de manera que se deje sin defensa a la parte quejosa, se precisa esto en virtud de que aun en el caso de que la sentencia que se llegara a dictar en el expediente de origen fuera adverso a los intereses del aquí quejoso, éste tiene oportunidad de hacer valer la violación de la que ahora se duele en el juicio de amparo directo, de conformidad, además, con los artículos 170 y 172 de Ley de Amparo. Cobra aplicación por tratarse de un caso análogo a lo anterior por identidad, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintidós de mayo de dos mil catorce, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el seis de junio de dos mil catorce, que dice: "PERSONALIDAD, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P.J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden ".los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se genero al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto ".aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo", concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". En consecuencia, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con la fracción V, del numeral 107, a contrario sensu; se DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE GARANTÍAS. En otro aspecto, toda vez que la parte quejosa no hace manifestación alguna respecto a si se opone a la publicación de su nombre y datos personales en el presente asunto, una vez que cause estado el presente proveído, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; así como en el precepto 8° de la Ley Federal en cita, la misma estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, sin que haya lugar a la supresión de sus datos personales, con la salvedad a que se refiere el párrafo segundo del artículo 8° del Reglamento en cita. Asimismo, se tiene al promovente señalando domicilio para oír y recibir notificaciones personales en esta ciudad, autorizando para tal efecto a las personas que indica, así como para que tengan acceso al expediente, y recibir toda clase de documentos y con las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, únicamente al licenciado -, quien cuenta con cédula profesional que lo acredita como licenciado en derecho, debidamente registrada en el Sistema Electrónico que para tal efecto se lleva en los Tribunales Federales, o así los restantes por encontrarse en el caso contrario, como se asentó en la certificación de cuenta y se acredita con las impresiones correspondientes. Finalmente, de acuerdo con el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la Materia, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, aun en días y horas inhábiles.
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