José Luis García León
Expediente 733/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 12 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 733/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 07/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- José Luis García León
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, siete de noviembre de dos mil veintitrés. Téngase al Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, informando el cumplimiento dado a la sentencia emitida en este juicio de amparo; de lo que se adquiere conocimiento y en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que en el plazo de tres días expresen lo que a su derecho convenga. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, once de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guarda el presente asunto requiérase de nueva cuenta al Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acompañe las constancias necesarias en su apoyo, subsistiendo el apercibimiento decretado en autos. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes interpongan recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de agosto de esta anualidad, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que concedió el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas. En ese sentido, se requiere al Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, en términos del artículo 192, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, para que dentro del término de tres días informe el cumplimiento a la ejecutoria de amparo y acompañe las constancias necesarias en su apoyo. Con el apercibimiento que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con los artículos 237, fracción I, 238 y 258, con relación al 267 de la ley de la materia; asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, siendo las diez horas del veintinueve de agosto de dos mil veintitrés, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 733/2023-I, promovido por ********************, por derecho propio, ante la presencia judicial de ante la presencia judicial de Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario quien da fe, se procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Enseguida, el secretario hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Juez acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Período de pruebas. Abierto este período, el secretario da cuenta con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa y la autoridad responsable. El Juez acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas y admitidas como pruebas de la parte quejosa, la presuncional en su doble aspecto, legal y humana y la instrumental de actuaciones; mismas que se desahogan dada su propia y especial naturaleza y que deberán tomarse en consideración al momento de resolver. Sin más pruebas pendientes por desahogar se cierra esta etapa. Período de alegatos. Abierto el período de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El Juez acuerda: Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se procede a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe.V I S T O S para resolver en definitiva el juicio de amparo 733/2023-I; y, R E S U L T A N D O I. ********************, por derecho propio, ocurrió a demandar el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos del Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México y otra autoridad. II. En proveído del doce de junio de dos mil veintitrés, este Órgano de Control Constitucional admitió a trámite la demanda, la registró con el número 733/2023-I, solicitó el informe justificado, dio la intervención legal a la Representación Social de la Federación adscrita y señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. III. En acuerdo del veintisiete de junio de dos mil veintitrés, se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada ********************. C O N S I D E R A N D O Primero. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en el artículo 37, párrafo tercero, de la Ley de Amparo; 49 y 61, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, en virtud de que el acto reclamado se atribuye a un tribunal laboral residente dentro de la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional, en la que se encuentra legalmente facultado para declarar el derecho al caso en particular. Segundo. De conformidad con lo dispuesto en la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, el acto reclamado se hace consistir en: El acuerdo del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ********************, en el que se desechó el incidente de sustitución patronal promovido por el agraviado. Tercero. Es cierto el acto reclamado al Juez del Primer Tribunal Laboral de la Región Judicial de Tlalnepantla del Poder Judicial del Estado de México, pues así se advierte de su informe justificado. Además de que así se advierte del disco que remitió en apoyo a su informe justificado. Cuarto. De conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público que debe estudiarse por el juzgador, aun de oficio, lo aleguen o no las partes. Sin embargo, al no existir causal de improcedencia hecha valer por las partes ni que se advierta de oficio, se procede al análisis de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. Quinto. El quejoso refiere, sustancialmente, los siguientes conceptos de violación: Que la responsable transgrede en su perjuicio los artículos 1o., 14, 16, 17 y 123, apartado "A" constitucionales; 14, 761, 763 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, toda vez que mediante acuerdo del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, de manera infundada desechó el incidente planteado sin señalar fecha y hora para la celebración del mismo, violando su garantía de audiencia debido a que no analizó las pruebas que ofreció. Que desechó un incidente planteado de manera trascendental al juicio de origen, toda vez que la procedencia o improcedencia del mismo se desprende en su caso al cumplimiento de la sentencia que dicte la responsable. Lo anterior es fundado. A la parte quejosa le asiste el carácter de trabajador en la instancia de origen; en esa virtud, será factible suplir la deficiencia de la queja conforme a lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 39/95 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 200727, Materia Laboral, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Septiembre de 1995, página 333, de rubro y texto: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACION O AGRAVIOS. La Jurisprudencia 47/94 de la entonces Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que lleva por rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL TRATANDOSE DEL TRABAJADOR. CASO EN QUE NO OPERA", establece que para la operancia de la suplencia de la queja en materia laboral a favor del trabajador es necesario que se expresen conceptos de violación o agravios deficientes en relación con el tema del asunto a tratar, criterio que responde a una interpretación rigurosamente literal del artículo 76 bis de la Ley de Amparo para negar al amparo promovido por el trabajador el mismo tratamiento que la norma establece para el amparo penal, a través de comparar palabra a palabra la redacción de las fracciones II y IV de dicho numeral, cuando que la evolución legislativa y jurisprudencial de la suplencia de la queja en el juicio de garantías lleva a concluir que la diversa redacción de una y otra fracciones obedeció sencillamente a una cuestión de técnica jurídica para recoger y convertir en texto positivo la jurisprudencia reiterada tratándose del reo, lo que no se hizo en otras materias quizá por no existir una jurisprudencia tan clara y reiterada como aquélla, pero de ello no se sigue que la intención del legislador haya sido la de establecer principios diferentes para uno y otro caso. Por ello, se estima que debe interrumpirse la jurisprudencia de referencia para determinar que la suplencia de la queja a favor del trabajador en la materia laboral opera aun ante la ausencia total de conceptos de violación o agravios, criterio que abandona las formalidades y tecnicismos contrarios a la administración de justicia para garantizar a los trabajadores el acceso real y efectivo a la Justicia Federal, considerando no sólo los valores cuya integridad y prevalencia pueden estar en juego en los juicios en que participan, que no son menos importantes que la vida y la libertad, pues conciernen a la subsistencia de los obreros y a los recursos que les hacen posible conservar la vida y vivir en libertad, sino también su posición debilitada y manifiestamente inferior a la que gozan los patrones." Es correcto el planteamiento de la parte quejosa en cuanto aduce que la autoridad responsable trasgrede en su perjuicio lo previsto en el artículo 14 constitucional, pero además se advierte que de igual manera se le transgrede su derecho de acceso a la impartición de justicia consagrada en el artículo 17 de la Carta Magna, al desechar el incidente de sustitución patronal que hizo valer, a efecto de que se hagan efectivas las condenas del laudo emitido en el juicio de origen a diversa parte patronal a la que señaló en su escrito inicial de demanda laboral. Ello es así, porque el juez responsable justificó su actuar en el acuerdo del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, bajo las siguientes consideraciones: Que tiene la certeza de que la moral demanda ********************, fue notificada y emplazada a juicio en el domicilio ubicado en ********************, en fecha diecisiete de mayo de dos mil veintiuno, que la propia demandada compareció a oponer defensas y excepciones siendo sabedora de la existencia de la demanda en su contra y de la sentencia donde se le condena al pago y cumplimiento de las prestaciones alegadas por el actor, las cuales fueron requerida de pago en diversas fechas y en el domicilio citado, por lo tiene por cierto que la moral demandada subsiste desde el año dos mil veintiuno. Que resultó incongruente que el veintiuno de abril de dos mil veintitrés, al momento de llevar a cabo la diligencia de requerimiento de pago y/o embargo en el inmueble antes señalado, el compareciente por el domicilio en que se actuó, especificara ".que la empresa ********************, cambió de razón social y actualmente se llamará ********************, acreditando su dicho con la exhibición del RFC de la constancia de situación fiscal.", del que advirtió que esa última moral se constituye en el mismo domicilio de la moral demandada y que la fecha de inicio de operaciones de aquélla, lo es el cuatro de julio de dos mil dieciocho, manifestaciones suficientes para tener por acreditado que la moral ********************, preexistía desde fecha anterior al emplazamiento. Que al no encuadrar los supuestos bajo los cuales se configura una sustitución patronal y al tener por cierto que la moral ********************, preexistía, lo procedente era desechar el incidente de sustitución patronal promovido por la parte actora con apoyo en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, se estima pertinente señalar que la causa de pedir gira en torno de los principios de legalidad y seguridad jurídica que están previstos en los artículos 14 y 16, constitucionales; preceptos de los cuales se desprende a razón de su interpretación conjunta y armónica, que los actos de molestia y privación requieren para ser legales, entre otros requisitos, que sean emitidos por autoridad competente que funde y motive su determinación, una vez cumplidas las formalidades esenciales que les den eficacia jurídica. En ese orden, de conformidad con lo previsto en los artículos señalados se impone a la autoridad la obligación de emitir determinaciones de manera fundada y motivada, donde se resuelvan todas las cuestiones oportunamente planteadas (congruencia y exhaustividad) y en que consten las razones y fundamentos en que sustenten su decisión. Ello, porque el referido derecho fundamental de legalidad dispone una regla general que tiene como objeto que no se dicten resoluciones en forma arbitraria, sino cumpliendo con la exigencia de examinar y valorar los hechos expresados por las partes de acuerdo con los elementos de convicción presentados en el proceso, ajustando su determinación al ordenamiento legal aplicable al caso, a efecto de que el gobernado pueda establecer si se respetaron de manera cabal las normas que dicho juzgador consideró para resolver el debate. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 139/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 176546, Materia Común, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 162, de rubro y texto: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LAS RESOLUCIONES JURISDICCIONALES, DEBEN ANALIZARSE A LA LUZ DE LOS ARTÍCULOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RESPECTIVAMENTE. Entre las diversas garantías contenidas en el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sustento de la garantía de audiencia, está la relativa al respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, también conocida como de debido proceso legal, la cual se refiere al cumplimiento de las condiciones fundamentales que deben satisfacerse en el procedimiento jurisdiccional que concluye con el dictado de una resolución que dirime las cuestiones debatidas. Esta garantía obliga al juzgador a decidir las controversias sometidas a su conocimiento, considerando todos y cada uno de los argumentos aducidos en la demanda, en su contestación, así como las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, de tal forma que se condene o absuelva al demandado, resolviendo sobre todos los puntos litigiosos materia del debate. Sin embargo, esta determinación del juzgador no debe desvincularse de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 16 constitucional, que impone a las autoridades la obligación de fundar y motivar debidamente los actos que emitan, esto es, que se expresen las razones de derecho y los motivos de hecho considerados para su dictado, los cuales deberán ser reales, ciertos e investidos de la fuerza legal suficiente para provocar el acto de autoridad. Ahora bien, como a las garantías individuales previstas en la Carta Magna les son aplicables las consideraciones sobre la supremacía constitucional en términos de su artículo 133, es indudable que las resoluciones que emitan deben cumplir con las garantías de debido proceso legal y de legalidad contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Así, la fundamentación y motivación de una resolución jurisdiccional se encuentra en el análisis exhaustivo de los puntos que integran la litis, es decir, en el estudio de las acciones y excepciones del debate, apoyándose en el o los preceptos jurídicos que permiten expedirla y que establezcan la hipótesis que genere su emisión, así como en la exposición concreta de las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas tomadas en consideración para la emisión del acto, siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables al caso." En atención a lo expuesto, en lo relativo a que los actos de autoridad deben encontrarse debidamente fundados y motivados, debe decirse que el primer aspecto (fundamentación), consagra la obligación de expresar con exactitud los preceptos legales aplicables al caso, sustentados en una disposición normativa de carácter general, esto es, que la ley prevea una situación concreta para lo cual resulte procedente realizar el acto de autoridad, que exista una ley que así lo autorice, de tal manera, que la autoridad sólo puede hacer lo que la norma le permite. Por motivación del acto de autoridad se entiende indicar las circunstancias especiales, causas inmediatas y modalidades del caso particular por las que se considera que los hechos encuadran dentro del marco general correspondiente establecido por la ley. Así, la motivación legal implica la necesaria adecuación que debe hacer la autoridad entre la norma general en que se funde el acto de molestia y en el que éste va a operar o surtir sus efectos, configurándose las hipótesis normativas. Ahora bien, para realizar el estudio del presente juicio de amparo es necesario señalar lo que establecen los artículos 41 y 761, de la Ley Federal del Trabajo: "Artículo 41. La substitución de patrón no afectará las relaciones de trabajo de la empresa o establecimiento. El patrón substituido será solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la Ley, nacidas antes de la fecha de la substitución, hasta por el término de seis meses; concluido éste, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón. El término de seis meses a que se refiere el párrafo anterior, se contará a partir de la fecha en que se hubiese dado aviso de la substitución al sindicato o a los trabajadores." "Artículo 761. Los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal donde se promueve, salvo los casos previstos en esta Ley.". De los preceptos citados se obtiene que los incidentes se tramitarán dentro del expediente principal, dentro de ellos se prevé el de sustitución patronal. Es decir, si las partes en los juicios laborales promueven algún incidente, la junta tiene la obligación de darles entrada y resolverlos conforme el trámite que la ley obrera establezca. Por lo tanto, si del estudio de las constancias que integran el juicio laboral ******************** del índice de la autoridad responsable, se aprecia que desechó por notoriamente el incidente de sustitución patronal, sin otorgar la oportunidad a las partes de demostrarlo, por ende, se evidencia el incorrecto actuar de la autoridad responsable. Ahora, es importante precisar que atendiendo lo antes narrado, con el incidente de sustitución patronal previsto en el artículo 41 de Ley Federal del Trabajo, promovido por la parte trabajadora en el juicio laboral de origen, la autoridad responsable debió atender lo señalado en dicho precepto legal y darle trámite al mismo, para lo cual debería escuchar a las partes, recibir las pruebas que a ellos les convengan, y hecho lo anterior, emitir la resolución que en derecho procediera, circunstancia que no observó y, por ende, dejó sin defensa a la parte trabajadora, ya que, en todo caso, sea cual fuese el sentido de la resolución respectiva, ésta no puede eludirse o estimarse de facto, como lo hizo la junta, sino que debió ceñirse al procedimiento respectivo. En ese orden de ideas, la junta laboral incumplió las formalidades esenciales del procedimiento previstas en la ley, ya que al no tramitar el incidente de sustitución patronal planteado, restringió la capacidad de defensa de la parte quejosa, pues le suprimió la posibilidad de alegar y presentar probanzas que pudiesen demostrar su solicitud, lo que redunda en una violación directa a lo plasmado en el artículo 14 constitucional y restringe, tal y como lo refiere el quejoso el acceso a la impartición de justicia consagrada en el numeral 17 de la Carta Magna. Máxime que la Ley Federal del Trabajo no establece que dicha incidencia deba promoverse en alguna etapa procesal en particular. Entonces, si bien el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, relativo a la sustitución patronal, dispone que el patrón sustituido será solidariamente responsable con el patrón sustituto, por las obligaciones derivadas de la relación de trabajo y de la ley, que hubieren sido adquiridas antes de la fecha en que se diera aviso de la sustitución y hasta por seis meses, y que concluido éste, subsistirá únicamente la responsabilidad del nuevo patrón, dicho término se contará a partir de la data en que se hubiere dado aviso de la sustitución al sindicato o a los trabajadores. De lo antes referido se aprecia que si bien la ley obrera establece un término en la sustitución patronal, éste sólo rige para el patrón sustituido, el cual determina hasta cuándo será solidariamente responsable y siempre que exista aviso al sindicato o a los trabajadores; sin embargo, no dispone nada en relación con la temporalidad para hacerla valer; es decir, no hay disposición en la cual se determine que dicha figura jurídica deba promoverse hasta cierta etapa de la secuela procedimental. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 28/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 170002, Materia Laboral, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Marzo de 2008, página 261, de rubro y texto: "SUSTITUCIÓN PATRONAL. SI LA DEMANDADA SUSTITUTA NIEGA TENER TAL CARÁCTER, A ELLA LE CORRESPONDE LA CARGA DE LA PRUEBA. De la interpretación sistémica de la Ley Federal del Trabajo, y en especial de sus artículos 41 y 784, se concluye que cuando el trabajador alegue en cualquier etapa del procedimiento de trabajo la existencia de una sustitución patronal y la persona física o moral en su calidad de patrono sustituto niegue tal carácter, a éste corresponderá la carga de la prueba, en virtud de que la sustitución patronal es una figura jurídica en la cual participan únicamente la parte patronal sustituta y la patronal sustituida, es decir, se realiza solamente entre el transmisor y el adquirente de la unidad económico-jurídica, sin que los trabajadores tengan participación alguna en su realización, de ahí que le corresponda a la parte patronal la carga de la prueba cuando se alegue la sustitución patronal y éste la niegue, en cualquier plazo, en el entendido de que el patrón sustituido será solidariamente responsable con el sustituto por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la legislación laboral, nacidas antes de la fecha de la sustitución y hasta por el término de seis meses, por lo que concluido este lapso, subsistirá hacia el futuro únicamente la responsabilidad del patrón sustituto". (Lo subrayado es propio). En esa tesitura, si la ley no dispone nada en ese sentido, debe de entenderse que el trabajador puede promover la sustitución patronal en cualquier etapa del procedimiento, incluso si ya se emitió el laudo, y éste es firme, como en el presente caso acontece. Por tanto, al encontrarse regulada la figura de sustitución patronal en la Ley Federal del Trabajo, a efecto de que se logre el cumplimiento del laudo dictado en el juicio laboral primigenio, el pronunciamiento que hizo la junta responsable en el acuerdo reclamado es contrario a derecho, debido a que el Tribunal Laboral responsable debió admitir a trámite el incidente propuesto por el quejoso, a fin de que el presunto patrón sustituto sea llamado a la incidencia de mérito, y en su caso, ofrezca los medios a su alcance para probar la existencia o inexistencia de dicha sustitución, más aun que la persona moral demandada y el propuesto como patrón sustituto tiene el mismo domicilio que señaló la parte quejosa en el juicio laboral, es decir, el ubicado en ********************, como se observa de las constancias que remitió la propia junta responsable. Es aplicable la tesis XXI.1o.63 L del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con registro digital 198825, Materia Laboral, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Mayo de 1997, página 632, de rubro y texto: "INCIDENTE DE SUSTITUCIÓN PATRONAL. LA INTERLOCUTORIA QUE LO RESUELVE NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA. De acuerdo con lo establecido en el artículo 158 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo directo procede contra sentencias definitivas o laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictados por los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; por su parte, el diverso numeral 46 de la propia ley, dispone que se entenderán por resoluciones que ponen fin al juicio, aquellas que sin decidir el juicio en lo principal, lo dan por concluido, y respecto de los cuales las leyes comunes no conceden ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser modificados o revocados; en tal circunstancia, en la interlocutoria dictada en un incidente de sustitución patronal, cuyo trámite se lleva a cabo después de concluido el juicio, los Tribunales Colegiados no son competentes para conocer y resolver el juicio de amparo directo que se plantee ante ellos, sino el Juez de Distrito, acorde a lo dispuesto en el artículo 114, fracción III, de la ley de la materia". En tales circunstancias, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************, por derecho propio, para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente el acuerdo reclamado del dieciocho de mayo de dos mil veintitrés, dictado en el expediente ******************** y emita otro, en el que dé trámite al incidente de sustitución patronal promovido por la parte trabajadora. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, por los motivos y para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica. Así lo resolvió y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Eduardo Jonathan Tercero Reyes, Secretario adscrito a este Juzgado Federal, quien da fe. Doy fe.
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