José Luis García Fierros

Expediente 2506/2021 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 14 actuaciones registradas, la última del 23 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2506/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
23/03/2022

Partes del expediente

  • José Luis García Fierros

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    I. Se atiende certificación. Vista la certificación de cuenta, se advierte que, el veintinueve de enero de dos mil veintiuno se pronunció sentencia definitiva en el presente asunto, contra la cual, la parte quejosa interpuso recurso de revisión. Que en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, adjunto al oficio 32007/2021 se hizo llegar el escrito de agravios al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en turno. Recurso de revisión, del que correspondió conocer al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito con el número de revisión principal 231/2021, sin embargo, de la consulta del expediente electrónico del presente juicio de amparo y constancias físicas que obran en el local del juzgado, se advierte que existe un sobre y un cuaderno de pruebas pendientes de remitir al Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en autos. Atento a lo anterior, en alcance al oficio 32007/2021, remítase los cuadernos de pruebas antes descrito, para los efectos legales conducentes. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo 2506/2021, promovido por José Luis García Fierros, por propio derecho, contra actos que le atribuye al Gobernador Constitucional del Estado de Jalisco y otras autoridades; y, RESULTANDO: PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de diciembre de dos mil veintiuno, y turnada a este Juzgado Decimocuarto Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, José Luis García Fierros, por propio derecho, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra las autoridades y por los actos que en él precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en el artículo 16 de la Constitución Federal y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Admisión y trámite. El veinte de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió la demanda; se registró con el número 2506/2021; se ordenó requerir a las autoridades responsables por su informe de ley; se dio vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito; y, finalmente, tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este juzgado federal resulta competente para resolver el presente juicio, con fundamento en los artículos: 94, 103 y 107 de la Ley Fundamental; 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 57 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y estos preceptos vinculados, a su vez, con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal2 y el diverso Acuerdo General 41/2018 del mismo cuerpo colegiado, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así´ como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo en materia administrativa y reclamarse actos de autoridades residente en la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. En términos del artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, a efecto de establecer qué es lo reclamado, se precisa que de la lectura integral de la demanda y del escrito aclaratorio, se advierte que lo es: Del Gobernador y del Congreso del Estado de Jalisco, en su respectivo ámbito de competencia: La aprobación, expedición y promulgación de la Ley de Movilidad y Transporte del Estado de Jalisco, específicamente los artículos 1 y 15. Al Secretario de Transporte del Estado de Jalisco y Director General Jurídico: Las cédulas de notificación de infracción con folios números 113/319096868, 113/320379300, 113/352560545, 113/336468242, 113/330388420, 113/359301677, 113/257591417, 113/258687990, 113/259988543, 113/296951528, 113/175588280, 113/191074912, 113/193217494, 113/193388442, 113/247396870, 113/203731434, 113/221769635, 113/222217253 y 113/233452700. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Congreso y Gobernador, ambos del Estado de Jalisco, al rendir sus respectivos informes con justificación por conducto de sus representantes, reconocieron la certeza de los actos reclamados, pues así lo manifestaron las responsables en los informes justificados, aunado a que su existencia no está sujeta a prueba por tratarse de la constitucionalidad de una norma y, por ende, basta su publicación en el diario oficial para que el juzgador pueda invocarla como hecho notorio. Es aplicable al tópico, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 2a./J. 65/2000, de la Novena Época, con número de registro 191452, visible a página 260, tomo XII, que es del tenor literal siguiente: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN.- Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo." Así como la tesis V.2o.214 K, de la Octava Época, con registro 209107, consultable dentro del Semanario Judicial de la Federación, en el tomo XV-1, febrero de 1995, y que es localizable a página 205, la cual se transcribe a continuación: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". Por su parte, el Director General Jurídico de la Secretaría de Transporte del Estado de Jalisco, por sí y en representación del titular adscrito, al rendir su informe justificado reconoció la emisión de las cédulas de notificación de infracción reclamadas. Por ende, se tienen por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Análisis de la procedencia del juicio. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, previo análisis que se haga de los conceptos de violación vertidos por el promovente, el órgano jurisdiccional debe analizar, de oficio, la procedencia del asunto, toda vez que se trata de una cuestión de orden público y de estudio preferente, lo aleguen las partes o no . En el presente asunto existe imposibilidad jurídica para decidir sobre la legalidad de las cédulas de foto infracción reclamadas, lo anterior en razón de que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. El numeral 61, fracción XXI, de la ley de la materia, dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Conforme al citado precepto, el juicio de amparo es improcedente cuando ante la existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, por parte de la propia autoridad responsable, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndolo hecho, no dejara huella. La causa de improcedencia que se invoca tiene su justificación en el contenido del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, cuya finalidad de la concesión del amparo es restituir a la parte quejosa en el goce de sus derechos humanos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por tener el acto reclamado naturaleza positiva. La razón que justifica la improcedencia invocada, es la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá. Así, tenemos que los requisitos de la fracción invocada son: > Que exista revocación incondicional del acto, o de sus efectos, por parte de la autoridad; y > Que haya restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada. En el caso, el quejoso reclama del Secretario de Transporte del Estado de Jalisco y Director General Jurídico, la emisión de las cédulas de notificación de infracción con folios números 113/319096868, 113/320379300, 113/352560545, 113/336468242, 113/330388420, 113/359301677, 113/257591417, 113/258687990, 113/259988543, 113/296951528, 113/175588280, 113/191074912, 113/193217494, 113/193388442, 113/247396870, 113/203731434, 113/221769635, 113/222217253 y 113/233452700 y sus consecuencias legales. Al respecto, la autoridad responsable al rendir su informe justificado informó que las foto infracciones se encontraban en el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF) con status "NO ACTIVO". Lo que se corrobora al realizar una consulta vía internet en la siguiente dirección electrónica: https://gobiernoenlinea1.jalisco.gob.mx/serviciosVehiculares/adeudos, en la cual se ingresaron las placas del vehículo del cual el quejoso se ostenta como propietario y el número de serie del automotor; datos que se obtuvieron de la tarjeta de circulación anexa a la demanda de amparo, cuyo resultado se plasma: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ De la imagen peinserta, se tiene que ya no aparecen como activas las cédulas de notificación de infracción reclamadas por el quejoso, pues al margen superior izquierdo se lee: "JKU6754- El vehículo no tiene adeudos". Lo anterior, se invoca como hecho notorio, en términos de lo establecido en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, y es suficiente para considerar que, efectivamente, el lugar en que se practicó el emplazamiento reclamado, ya no correspondía al del ente quejoso, dada la extinción que sufrió con motivo de la emisión de decreto de que se habla. Como sustento se cita la tesis I.3º.C.35 K (10ª.), del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro digital 2004949, Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2, página 1373, de rubro y texto: "PÁGINAS WEB O ELECTRÓNICAS. SU CONTENIDO ES UN HECHO NOTORIO Y SUSCEPTIBLE DE SER VALORADO EN UNA DECISIÓN JUDICIAL. Los datos publicados en documentos o páginas situados en redes informáticas constituyen un hecho notorio por formar parte del conocimiento público a través de tales medios al momento en que se dicta una resolución judicial, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles. El acceso al uso de Internet para buscar información sobre la existencia de personas morales, establecimientos mercantiles, domicilios y en general cualquier dato publicado en redes informáticas, forma parte de la cultura normal de sectores específicos de la sociedad dependiendo del tipo de información de que se trate. De ahí que, si bien no es posible afirmar que esa información se encuentra al alcance de todos los sectores de la sociedad, lo cierto es que sí es posible determinar si por el tipo de datos un hecho forma parte de la cultura normal de un sector de la sociedad y pueda ser considerado como notorio por el juzgador y, consecuentemente, valorado en una decisión judicial, por tratarse de un dato u opinión común indiscutible, no por el número de personas que conocen ese hecho, sino por la notoriedad, accesibilidad, aceptación e imparcialidad de este conocimiento. Por tanto, el contenido de una página de Internet que refleja hechos propios de una de las partes en cualquier juicio, puede ser tomado como prueba plena, a menos que haya una en contrario que no fue creada por orden del interesado, ya que se le reputará autor y podrá perjudicarle lo que ofrezca en sus términos." De lo que se advierte que cesaron los efectos de los actos reclamados, toda vez que, no obstante que de la imagen plasmada no se advierte la fecha precisa de cancelación de las cédulas o que el vehículo no contara con adeudos, lo cierto es que, únicamente se cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa, de donde se hizo patente la existencia de manera indiciaria de las mismas; por ende, al haberse allegado con anterioridad al informe justificado, ello hace que se presuma que cambiaron su estatus a "no activo" con posterioridad a la presentación de la demanda. Luego, en el caso, las cédulas de foto infracción reclamadas, se traducen en actos positivos; por tanto, al haberlas dejado insubsistentes, las autoridades restablecieron las cosas al estado que guardaban antes de la violación, por lo que ya no existen actos de molestia y cesaron sus efectos, motivo por el cual no es posible examinar las violaciones que pudieran existir en dichos actos sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad si los mismos ya no afectan la esfera jurídica del peticionario de amparo. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia invocada, se sobresee en el juicio conforme al artículo 63, fracción V, en relación con el numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Se cita el criterio con registro digital 193758, Instancia: Segunda Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 2a./J. 59/99, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Determinación que debe hacerse extensiva a las normas reclamadas al no poder desvincularse del acto concreto de aplicación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 235, Tomo XII, Agosto de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN.", cuando se promueve un juicio de amparo en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en perjuicio del quejoso, el Juez de Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en relación con él no se actualiza una diversa causa de improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la disposición impugnada determinando lo conducente y, únicamente en el caso de que se determine negar el amparo por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada." En virtud del sobreseimiento decretado, resulta inadmisible jurídicamente estudiar los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, pues dicho sobreseimiento constituye un impedimento técnico para examinar el fondo del asunto. Por lo expuesto y fundado, SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por José Luis García Fierros, contra los actos que reclamó de las autoridades responsables, precisadas estas y aquellos en el considerando segundo, en razón de los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese. Así´ lo resolvió´ y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Juan Alberto Ramírez Díaz, secretario que autoriza y da fe

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintiocho de enero de dos mil veintidós. Autoridad responsable rinde informe justificado. Tengase por recibido el oficio signado por el Coordinador de Asuntos Jurídicos en representación del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual, con fundamento en los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, rinde informe justificado. Se da vista a las partes. Con lo anterior, dese vista a las partes para que se impongan de su contenido; en la inteligencia de que los autos quedan a su disposición en la secretaría de este órgano jurisdiccional y hágase la relación correspondiente en la audiencia constitucional, para los efectos legales conducentes. Designación de delegados. Por otra parte, téngase como sus delegados a las personas que refiere en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo. Manifestaciones a manera de alegatos. Asimismo, formula las manifestaciones que a manera de alegatos expresa, acorde al numeral 124 de la Ley de Amparo, las cuales, en caso de ser procedentes, serán tomadas en consideración al momento de dictar la sentencia que en derecho corresponda. Autorización de uso de medios electrónicos. De conformidad con la circular 12/2009 emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y como lo peticiona la autoridad en mención, se les autoriza a las personas que propone el uso de medios electrónicos con el fin de reproducir las actuaciones que obran en el presente expediente, previa razón de uso que dejen en autos. Resulta aplicable en el presente caso la siguiente tesis que establece: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)" Esquema de atención al público. Colorario de lo anterior, se hace de su conocimiento que en términos del artículo 3 del Acuerdo General 12/2020 emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, al comparecer a hacer el uso de los aludidos medios electrónicos, deberá realizar una cita previa, la cual podrá generar en el Portal de Servicios en Línea del micrositio sobre "Servicios jurisdiccionales" donde encontrarán el sistema "Agenda OJ", en el que aparecerán las fechas y horarios disponibles en este juzgado para la generación de citas para el desahogo de comparecencias. La generación de citas será un proceso automatizado que otorgará a la persona a cuyo nombre se solicite, un Código QR que, a su vez, permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingresen a este juzgado de Distrito. Notifíquese.

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintiséis de enero de dos mil veintidós. Autoridad informa sobre acatamiento a suspensión definitiva. Téngase por recibido el escrito signado por el apoderado general para pleitos y cobranzas de Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex, mediante el cual informa que la cuenta bancaria del quejoso Víctor Francisco Beltrán García, se encuentra liberada a fin de que pueda realizar operaciones financieras; asimismo, adjunta una impresión de los sistemas electrónicos de dicha institución. Por lo que se le tiene cumpliendo a la suspensión definitiva otorgada al quejoso, así como al proveído de catorce de enero del año en curso. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, asistido por la secretaria Dulce Carolina Salazar Robles, que autoriza y da fe.Dulce Carolina Salazar Robles, secretaria del Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, certifico: que la presente es parte integrante del auto dictado el veintiséis de enero de dos mil veintidós, en autos del incidente de suspensión juicio de amparo indirecto 1199/2019. Doy fe.

Quedan 10 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 10,314 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano