Jose Luis Garcia Fernandez

Expediente 1275/2014 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 16 actuaciones registradas, la última del 14 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1275/2014
Año
2014
Actuaciones
16
Última actuación
14/04/2016

Partes del expediente

  • Jose Luis Garcia Fernandez
  • Joselyn Ortiz Perez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    MESA III. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio de cuenta signado por el Secretario del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, mediante el cual informa que remitió el juicio de amparo 268/2016-I, de su índice al Juzgado Tercero homólogo, por considerar que existe relación con el diverso 1287/2014, del último en mención.

  2. Principal

    MESA III. Vista la certificación que antecede, se advierte que las partes no se inconformaron contra el auto de veintisiete de mayo de dos mil quince, que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio de amparo, dentro del plazo legal de quince días, previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo. En tales condiciones, como se encuentra ordenado en proveído de veintinueve de mayo de dos mil quince, envíese al archivo el presente expediente como asunto concluido.

  3. Principal

    MESA III. SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA MENOR OFENDIDA POR CONDUCTO DE SU REPRESENTANTE LEGAL, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de dieciocho de mayo del año en curso, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció sin que hubiesen hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia y este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el veinte de abril de dos mil quince (fojas 92 a 117), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que la Juez Vigésimo Penal del Distrito Federal, realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente la resolución reclamada. b) Ordenara la inmediata libertad al quejoso, al haberse efectuado su detención de forma ilegal. c) Decretara la ilicitud de las pruebas que directa o indirectamente fueron recabadas en ese contexto antijurídico. d) De haber sido identificado administrativamente, ordenara que se dejara sin efecto cualquier antecedente únicamente por lo que hace a los delitos motivos de estudio en la causa penal de origen. En esa tesitura, en auto de catorce de mayo de dos mil quince, se requirió a las autoridades responsables dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 155 y 156). En vista de ello, mediante oficio número 2984, de fecha catorce de mayo del año que transcurre, la Juez responsable remitió copia certificada de la resolución de la propia fecha dictada en los autos de la causa penal 222/2014, de su estadística (fojas 165 a 170). Así, del examen de la referida documental, la cual de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria concesora de amparo, la potestad responsable hizo lo siguiente: Dejó insubsistente el auto de plazo constitucional de dos de diciembre de dos mil catorce, emitido en la causa penal, únicamente en relación al aquí quejoso José Luis García Fernández. Decretó la libertad con reservas de ley a favor del quejoso, al haberse efectuado su detención de forma ilegal. Declaró ilícitas las pruebas que fueron obtenidas en el contexto de la ilegal detención del quejoso. Ordenó la cancelación de la identificación administrativa realizada al quejoso José Luis García Fernández, durante la tramitación de la causa penal 222/2014, para lo cual giró oficio respectivo al Coordinador de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Consecuentemente, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Finalmente, visto el estado de autos, se advierte que la Juez responsable remitió en apoyo a su informe justificado un tomo de pruebas por tanto, devuélvase en cumplimiento a lo ordenado en proveído de quince de enero pasado (foja 23 y 24)."

  4. Principal

    MESA III. SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA, JOSELYN GUADALUPE LARA SORIANO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE, EL AUTO DE VEINTINUEVE DE MAYO DEL AÑO EN CURSO QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "Visto el estado de autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que el plazo de tres días otorgado a las partes en proveído de dieciocho de mayo del año en curso, a efecto de que hicieran las manifestaciones que estimaran pertinentes en torno al cumplimiento del fallo amparador, feneció sin que hubiesen hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en la referida providencia y este órgano de control constitucional procede a resolver de oficio, si la sentencia concesora se encuentra cumplida. En tales condiciones, se tiene que en sentencia engrosada el veinte de abril de dos mil quince (fojas 92 a 117), se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para que la Juez Vigésimo Penal del Distrito Federal, realizara lo siguiente: a) Dejara insubsistente la resolución reclamada. b) Ordenara la inmediata libertad al quejoso, al haberse efectuado su detención de forma ilegal. c) Decretara la ilicitud de las pruebas que directa o indirectamente fueron recabadas en ese contexto antijurídico. d) De haber sido identificado administrativamente, ordenara que se dejara sin efecto cualquier antecedente únicamente por lo que hace a los delitos motivos de estudio en la causa penal de origen. En esa tesitura, en auto de catorce de mayo de dos mil quince, se requirió a las autoridades responsables dieran cumplimiento a la ejecutoria de amparo (fojas 155 y 156). En vista de ello, mediante oficio número 2984, de fecha catorce de mayo del año que transcurre, la Juez responsable remitió copia certificada de la resolución de la propia fecha dictada en los autos de la causa penal 222/2014, de su estadística (fojas 165 a 170). Así, del examen de la referida documental, la cual de conformidad con los normativos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de Amparo, tiene valor probatorio pleno, se advierte que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria concesora de amparo, la potestad responsable hizo lo siguiente: Dejó insubsistente el auto de plazo constitucional de dos de diciembre de dos mil catorce, emitido en la causa penal, únicamente en relación al aquí quejoso José Luis García Fernández. Decretó la libertad con reservas de ley a favor del quejoso, al haberse efectuado su detención de forma ilegal. Declaró ilícitas las pruebas que fueron obtenidas en el contexto de la ilegal detención del quejoso. Ordenó la cancelación de la identificación administrativa realizada al quejoso José Luis García Fernández, durante la tramitación de la causa penal 222/2014, para lo cual giró oficio respectivo al Coordinador de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Consecuentemente, es incuestionable que el FALLO PROTECTOR QUEDÓ CUMPLIDO, SIN QUE EXISTA EXCESO O DEFECTO EN EL CUMPLIMIENTO. En esas condiciones, conforme lo previene el numeral 196, de la Ley de Amparo, en relación con los puntos cuarto, décimo, fracción I, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre del citado año, en vigor el veintiséis de noviembre siguiente, procede archivar el presente controvertido constitucional como concluido. Además, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el punto vigésimo primero, párrafo último, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio de amparo se concedió el amparo solicitado, hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para su depuración, conforme a lo establecido en la fracción IV del punto Vigésimo Primero del Acuerdo Invocado. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Por la importancia del caso, conviene anticipar que la decisión que precede, en modo alguno restringe el derecho de las partes de inconformarse en contra de esta determinación, ya que de acuerdo a lo previsto en el numeral 201, fracción I, de la Ley de Amparo, están en aptitud de hacer valer el recurso de inconformidad, ajustándose al trámite previsto en el diverso artículo 202, del referido ordenamiento legal. Finalmente, visto el estado de autos, se advierte que la Juez responsable remitió en apoyo a su informe justificado un tomo de pruebas por tanto, devuélvase en cumplimiento a lo ordenado en proveído de quince de enero pasado (foja 23 y 24)."

Quedan 12 actuaciones en este expediente

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