Jose Luis Garcia Cruz

Expediente 55/2023 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Veracruz. 10 actuaciones registradas, la última del 31 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
55/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
31/03/2023

Partes del expediente

  • Jose Luis Garcia Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Incidental

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Visto, el estado procesal de los presentes autos y atendiendo a lo ordenado en el auto del expediente principal, enseguida se provee: Deberá atenderse a que se ordenó la apertura del incidente el uno de febrero de dos mil veintitrés, bajo la vigencia del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales y acorde con la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, por lo que de conformidad con el artículo 264, del instrumento normativo en cita, fue formado únicamente el cuaderno original del incidente de suspensión. Por tanto, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Depurar el cuaderno el incidente de suspensión, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 18 fracción I, inciso a), del precitado Acuerdo General Conjunto, al haberse concedido la suspensión provisional y definitiva de los actos reclamados, debiendo conservarse las determinaciones donde se concedió la medida cautelar, el proveído donde se ordena su archivo y los demás documentos que este órgano de control constitucional considere necesarios. Asimismo, como lo disponen los numerales 18, último párrafo y 27 del acuerdo normativo, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, procédase a su transferencia, lo cual deberá ser anualmente previa coordinación con la Dirección General de Archivo y Documentación, y anotación correspondiente en los libros de gobierno al Centro de Documentación y Análisis, tal y como lo disponen. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente mencionado. Otras consideraciones. Sin que en el caso, la parte quejosa haya exhibido billete de depósito o alguna otra garantía que amerite proveer sobre su devolución, así como algún documento que prevé el numeral 21, párrafo segundo, del precitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto.

  2. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación de cuenta, se desprende que a la parte quejosa ya le feneció el término de diez días previsto en el artículo 86, en relación con el diverso 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, para recurrir el auto que sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. Archivo. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y, con fundamento en el artículo 214 de la ley en la materia, archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis del artículo 21, inciso b), del citado Acuerdo General al ser un juicio de amparo sobreseído fuera de audiencia, que carece de relevancia documental; lo anterior, deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone los numerales 21, 22, 23 y 24 del acuerdo normativo. Como lo dispone el artículo 35 del citado acuerdo, hágase constar la valoración asignada en la carátula del expediente. Ahora, toda vez que en el presente asunto se formó por duplicado y separado incidente de suspensión, provéase lo conducente en el cuaderno incidental. Otras consideraciones. Sin que en el caso, la parte quejosa haya allegado al cuaderno principal, algún documento que prevé el numeral 21, párrafo segundo, del precitado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que por sus características amerite ser devuelto.

  3. Principal

    Tuxpan de Rodríguez Cano, Veracruz, siete de marzo de dos mil veintitrés. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a las presentes actuaciones el documento de cuenta, a través del cual la autoridad responsable oficiante rinde su informe justificado. Ahora, en atención a lo manifestado por la responsable se trae como trae como hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el numeral 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, el disco versátil digital ofrecido por la referida responsable en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa. Así, con apoyo en el numeral 119, de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas dada su propia y especial naturaleza las documentales públicas allegadas a la misiva de cuenta, así como el aludido disco compacto. Al respecto, se invoca la tesis de jurisprudencia 1a./J. 43/2013 (10a.) de rubro: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL." Así, para el mejor manejo del presente expediente, con dicho anexo fórmese por cuerda separada el tomo I de constancias, y se hace del conocimiento de las partes que el disco al que se ha hecho referencia está a su disposición para su consulta. En tales condiciones, toda vez que de la documental recibida se advierte una causa de improcedencia, de forma manifiesta e indudable que hace innecesario continuar con la tramitación del juicio, por las consideraciones que se exponen. En primer término, debe indicarse de conformidad con el artículo 62 de la Ley de Amparo, el juzgador de amparo tiene la obligación de analizar en todo momento, las constancias que obran en el presente expediente y, de manera preferente las causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 553, Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte TCC, Octava Época, con registro 394770, de rubro y texto siguientes: IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. En el entendido que cuando la causal de improcedencia que opera en un determinado asunto es notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de proseguir con la substanciación del juicio de amparo y llegar a celebrar la audiencia constitucional, ya que no cambiaría el sentido de la sentencia. Lo anterior es así, toda vez que a nada práctico conduciría que se celebrara la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a la quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, porque la causal de improcedencia subsistiría y el sentido del fallo correspondiente sería el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no sería posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la causal aludida. Ahora, en el caso concreto, se estima actualizada la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, en su fracción XVII, en relación con el diverso 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: [A]rtículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente;" "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) V. Durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el capítulo anterior" Del precepto transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando se promueve contra un acto de autoridad que con posterioridad se consuma de un modo irreparable, por haber operado un cambio de situación jurídica. La citada fracción contempla un supuesto de irreparabilidad del acto reclamado, pero se refiere a la irreparabilidad jurídica, no a la física, que hace imposible la restitución de las cosas al estado en que se encontraban con anterioridad a la consumación del acto reclamado. En efecto, en realidad no existiría imposibilidad física alguna para reparar las violaciones que hubiera ocasionado un acto de autoridad por la circunstancia que la situación jurídica hubiese cambiado, pues el amparo que contra aquél se concediera bien podría alcanzar en sus efectos a esta nueva situación y aun invalidarla; pero permitir tales efectos haría factible que se destruyeran actos de autoridad que quizá tuvieran un fundamento y una motivación que, al no formar parte de la litis constitucional, no serían valorados en el juicio en que la sentencia de amparo fuese pronunciada y que posiblemente fueran justificados. A lo que debe agregarse que el cambio de situación jurídica deviene del avance que ha tenido un procedimiento seguido en forma de juicio, compuesto por diversas etapas procesales que guardan relación entre sí. Esto es, el cambio de situación jurídica se presenta cuando habiéndose complementado una etapa procesal en todas sus partes, queda superada, dando pauta a que se inicie el siguiente conjunto de actos que conforman una nueva etapa procesal o situación jurídica. Así pues, los elementos con los que se integra la causa de improcedencia que regula el precepto y fracción innovados son los siguientes: a) Un procedimiento judicial o un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio; b) Un acto dentro de ese procedimiento susceptible de ser reclamado en el juicio de amparo, por afectar un derecho sustantivo; c) Un acto posterior, emitido en el mismo procedimiento judicial o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, con el cual se vuelva a afectar ese derecho sustantivo, creando una nueva situación jurídica; y d) Autonomía de las situaciones jurídicas generadas por los dos actos indicados, de modo que aun cuando desaparezca la primera, pueda subsistir la segunda por sus propios fundamentos y motivos. Sustenta lo anterior, la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 219, Tomo IV, Diciembre de 1996, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguientes: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a). Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b). Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c). Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d). Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Ahora bien, del análisis integral del escrito de demanda y documentos exhibidos, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, se llega al conocimiento de que la parte quejosa señala como acto reclamado, a saber: La resolución emitida en audiencia de juicio celebrada el veintiocho de enero del año en curso, derivado del recurso de revocación interpuesto por la defensa, en donde la Juez de Control en funciones de Jueza de Enjuiciamiento, revocó a sus defensores, dentro de los autos del juicio ********************, del índice de la responsable, y le asignó a la defensora pública, sin haberle antes requerido y decidir si estaba de acuerdo o no. Tiene sustento lo anterior, en la jurisprudencia P./J. 40/2000 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo" Ahora bien, de las constancias remitidas se advierte que una vez escuchada a las partes y cerrado el debate dentro del juicio ********************, la Jueza en funciones de enjuiciamiento, comisionada al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Sexto Distrito Judicial, con sede en esta ciudad, dictó sentencia condenatoria en contra de ******************** - aquí quejoso- por su participación en el hecho que la ley considera constitutivos de los delitos de pederastia y abuso sexual de menores de edad y personas incapaces. De lo anteriormente destacado, resulta evidente que el acto atribuido a la autoridad responsable quedó consumado formal e irreparablemente para los efectos del amparo, en virtud del cambio de la condición jurídica de las fases procesales de la causa penal de origen, lo que imposibilita el examen constitucional de la resolución que por esta vía se reclama, sin afectar la nueva situación derivada de la sentencia condenatoria dictada en el juicio penal ********************, sobreviniendo de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, debido a que con la sentencia condenatoria, emitida en contra del quejoso, se sustituyó la situación en la que se encontraba con motivo de los actos que reclamó en el presente controvertido, a saber, la resolución emitida en audiencia de juicio celebrada el veintiocho de enero del año en curso, derivado del recurso de revocación interpuesto por la defensa, en donde la Juez de Control en funciones de Jueza de Enjuiciamiento, revocó a sus defensores, dentro de los autos del juicio penal ********************, del índice de la responsable, y le asignó a la defensora pública. En consecuencia, lo procedente es SOBRESEER fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, del mismo ordenamiento legal. En el entendido de que esa causa se actualiza de forma tal que, aun cuando se continuara la tramitación del juicio de amparo, en nada variaría el sentido de la resolución, pues el resultado sería el mismo, y de lo contrario se haría innecesaria su continuación, lo que contravendría el principio de celeridad procesal, contenido en el artículo 17 constitucional. Al respecto, es aplicable al no oponerse a lo previsto en le Ley de Amparo, la tesis 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 184572, y de rubro: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. Por consiguiente, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las trece horas con veinte minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintitrés. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo; y, comuníquese esta determinación a la autoridad responsable para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    SIENDO LA PRIMER HORA HÁBIL DEL DÍA DE LA FECHA, SE HACE EFECTIVO A LA PARTE QUEJOSA EL APERCIBIMIENTO CON EL QUE SE LE CONMINÓ DENTRO DEL AVISO FIJADO EN PUERTA DE 08/03/2023, Y SE LE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA EL PROVEÍDO Y/O SENTENCIA DICTADO (A) EN EL JUICIO DE AMPARO INDICADO EN EL REFERIDO AVISO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...agréguese... documento... rinde su informe justificado... de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo... lo procedente es SOBRESEER fuera de audiencia en el presente juicio, en términos de lo previsto en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, del mismo ordenamiento legal... se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las trece horas con veinte minutos del diecisiete de marzo de dos mil veintitrés..., ANTE SU OMISIÓN DE COMPARECER A NOTIFICARSE PREVIO AVISO QUE SE LE DEJÓ; SE LE HACE DE SU CONOCIMIENTO QUE SE DEJA A SU DISPOSICIÓN EN EL LOCAL DE LA ACTUARÍA COPIA SIMPLE DEL ACUERDO O RESOLUCIÓN QUE SE NOTIFICA.

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