José Luis García Collins
Expediente 678/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California. 11 actuaciones registradas, la última del 30 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 678/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 30/05/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Baja California · Baja California
Partes del expediente
- José Luis García Collins
- Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Visto el oficio enviado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, al que anexa copia certificada de las actuaciones realizadas en el juicio laboral 466/2011-V, agréguese a los presentes autos sin mayor trámite, toda vez que el veintinueve de abril de dos mil dieciséis, se sobreseyó en el presente juicio (fojas 254 a 273).
- Principal
...........VISTA LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA DE LA QUE SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS DEL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE NINGUNA DE LAS PARTES HUBIERA RECURRIDO LA SENTENCIA......EN CONSECUENCIA SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO ESTADO..........SE ORDENA MANDAR AL ARCHIVO EL PRESENTE ASUNTO......
- Principal
Visto el oficio enviado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, al que anexa copia certificada de las actuaciones realizadas en el juicio laboral 466/2011-V, agréguese a los presentes autos sin mayor trámite, toda vez que el veintinueve de abril del año en curso, se sobreseyó en el presente juicio.
- Principal
Visto el oficio signado por el Presidente del Tribunal de Arbitraje del Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, agréguese a los presentes autos sin mayor trámite y fórmese cuadernillo de antecedentes, toda vez que el quince de febrero del año en curso, se celebró la audiencia constitucional en el juicio de amparo anotado al rubro, lo cual no permite su consideración para no contravenir el principio de igualdad jurídica entre las partes, lo anterior de conformidad con los artículos 123 y 124 de la Ley de Amparo; una vez dictada la resolución correspondiente, glósese a los autos sin ulterior acuerdo el referido cuadernillo. Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia 194401, visible en la página 26, Tomo IX, Marzo de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. CONSECUENCIAS DEL MOMENTO DE RENDICIÓN O DE SU OMISIÓN (HIPÓTESIS DIVERSAS DEL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO). Del contexto del artículo 149 de la Ley de Amparo, en relación con los efectos que se producen en el juicio de amparo con la rendición u omisión del informe justificado, se advierten las siguientes hipótesis: a) Por regla general, el Juez de Distrito, al solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, concede un término de cinco días, contados a partir de la notificación del auto correspondiente; b) Si el Juez Federal lo estima conveniente, por la importancia y trascendencia del caso, a lo que procede agregar que puede haber situaciones de complejidad para la obtención de constancias, es posible discrecionalmente ampliar el término por cinco días más, para que la autoridad responsable rinda su informe con justificación; c) La circunstancia de que las autoridades responsables presenten sus informes justificados con posterioridad al término de cinco días o, en su caso, al de su ampliación discrecional, no trae como consecuencia que se deba tener por presuntivamente cierta la existencia de los actos que se les atribuyen, según se destacará en inciso subsecuente; d) Las autoridades responsables rendirán sus informes con justificación con la anticipación que permita su conocimiento por el quejoso, al menos ocho días antes de la audiencia constitucional; e) La consecuencia de que se rinda el informe justificado con insuficiente anticipación en relación con la fecha de la celebración de la audiencia constitucional, será que el Juez difiera o suspenda tal audiencia, según lo que proceda, a solicitud de las partes, que inclusive podrá hacerse en la misma fecha fijada para la celebración de la diligencia; f) Si el Juez de Distrito omite dar vista a la parte quejosa con el informe justificado rendido con insuficiente anticipación en relación con la fecha fijada para la celebración de la audiencia constitucional, el tribunal revisor podrá ordenar la reposición del procedimiento, atento lo que establece el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo; y g) Cuando la autoridad responsable no rinda su informe con justificación, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario, quedando a cargo del quejoso la prueba de los hechos que determinen su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto. Esta parte del precepto se refiere a casos de ausencia de rendición de informe justificado por parte de la autoridad responsable, o bien, para el evento en que dicho informe hubiera sido rendido con posterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, lo que hace precluir cualquier oportunidad de las partes para apersonarse, presentar promociones o aportar constancias en el juicio de garantías." Asimismo, es ilustrativa la tesis 170855, visible en la página 1678, Tomo XXVI, Diciembre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a continuación se transcribe: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. SU CELEBRACIÓN PONE FIN A LA SECUELA PROCESAL DEL JUICIO DE AMPARO Y EL JUEZ QUEDA IMPEDIDO PARA ACORDAR PROMOCIONES ALLEGADAS CON POSTERIORIDAD, AUNQUE SE REFIERAN A CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, SALVO QUE EN LOS ESCRITOS RESPECTIVOS SE OFREZCAN PRUEBAS QUE LAS JUSTIFIQUEN. Conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Ley Fundamental y 155 de la Ley de Amparo, la audiencia constitucional comprende tres fases que se desarrollan en el siguiente orden: a) el periodo de pruebas, donde se ofrecen, admiten y desahogan; b) la formulación de alegatos; y, c) el dictado de la sentencia. Íntimamente relacionado con ello, la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el precepto y fracción citados, es determinante al disponer que la tramitación del amparo indirecto se rige por el principio de concentración, en cuanto ordena que "... se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia... se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia.". Dicha taxativa aparece confirmada en el artículo 155 de la Ley de Amparo, que es categórico al establecer en su primer párrafo: "Abierta la audiencia se procederá a recibir, por su orden, las pruebas, los alegatos por escrito y, en su caso, el pedimento del Ministerio Público; acto continuo, se dictará el fallo que corresponda.". Ahora bien, tomando en cuenta la secuela de actos que en la audiencia se van sucediendo en su propio orden, junto con la señalada característica de la concentración, emergen los matices relativos a la continuidad y la unidad, pues tales actos surgen uno tras otro, por regla general de modo inmediato; esto es, al ofrecimiento de pruebas debe recaer el auto admisorio o desechatorio, para seguir con el desahogo de las admitidas; después se pasa al periodo de alegatos y, de inmediato, en culminación de la audiencia, se dicta sentencia, siendo a través de esa secuela como se delimita la concentración de los mismos, se eslabona su continuidad y se cierra la unidad de la actuación. Todo ello confirma el criterio de que, una vez celebrada la audiencia constitucional, ya no es posible que se emita pronunciamiento con relación a promociones presentadas después de la fecha en que ésta tuvo lugar, independientemente de que propongan causales de improcedencia porque para entonces, con motivo de haberse cerrado el mencionado acto procesal, ya cesó la actividad del Juez de Distrito por lo que ve al procedimiento del juicio constitucional, restando solamente el dictado de la sentencia correspondiente; a menos que en los escritos respectivos se ofrezcan pruebas que justifiquen la improcedencia."
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