José Luis Gaona Santillán
Expediente 1080/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 43 actuaciones registradas, la última del 22 de agosto de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1080/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 43
- Última actuación
- 22/08/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- José Luis Gaona Santillán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 43.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; a veintidós de agosto de dos mil veintidós. VISTO; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 1080/2018, promovido por José Luis Gaona Santillán, en contra actos del Congreso del Estado de Guerrero, y de otras autoridades responsables; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en Acapulco, remitido por razón de turno a este Juzgado Cuarto de Distrito, José Luis Gaona Santillán, por derecho propio, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que se transcriben a continuación: "[.] III. AUTORIDAD O AUTORIDADES RESPONSABLES. 1.- Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 2.- Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 3.- Secretario General del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 4.- Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero; 5.- Presidente Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero; 6.- Secretario de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; y, 7.- Director de Ingresos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; IV. LA NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA. a) Del Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama la expedición y aprobación de la Ley número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 39, fracción I, inciso a), 57, 61, fracción II, 62, 83, fracción VI; de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, específicamente sus artículos 15, 18, fracción I, inciso a), 28, fracción II, 31, fracción II y 74, fracción V, inciso a); de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, específicamente sus artículos 22 y 29; así como del Decreto número 649 por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018, específicamente su artículo único . b) Del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama la promulgación y publicación de la Ley número 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO 2 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 39, fracción I, inciso a), 57, 61, fracción II, 62, 83, fracción VI; de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, específicamente sus artículos 15, 18, fracción I, inciso a), 28, fracción II, 31, fracción II y 74, fracción V, inciso a); de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, específicamente sus artículos 22 y 29; así como del Decreto número 649 por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018, específicamente su artículo único; c) Del Secretario General del Gobierno y del Secretario de Finanzas y Administración, ambos, del Gobierno del Estado de Guerrero, se reclama el refrendo de la Ley número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 39, fracción I, inciso a), 57, 61, fracción II, 62, 83, fracción VI; de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, específicamente sus artículos 15, 18, fracción I, inciso a), 28, fracción II, 31, fracción II y 74, fracción V, inciso a); de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, específicamente sus artículos 22 y 29; así como del Decreto número 649 por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018, específicamente su artículo único; d) Del Presidente Municipal, Secretario de Administración y Finanzas, y del Director de Ingresos, todos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, se reclama la aplicación y ejecución de las disposiciones que se contienen en la Ley número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 39, fracción I, inciso a), 57, 61, fracción II, 62, 83, fracción VI; de la Ley Número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal 2018, específicamente sus artículos 15, 18, fracción I, inciso a), 28, fracción II, 31, fracción II y 74, fracción V, inciso a); de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, específicamente sus artículos 22 y 29; así como del Decreto número 649 por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de uso de suelo y de construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2018, específicamente su artículo único; mediante el cobro del recibo oficial G-90709, de fecha 04 de diciembre de 2018, por el que se pagó el impuesto sobre adquisición de inmuebles por el traslado de dominio del inmueble ubicado en LT 3, DEPTO 2 H Y 2 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO COND VILLAS PUNTA BRISA POLIG B, COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, así como e! impuesto adicional de quince por ciento por concepto de pro educación y asistencia social y procaminos así como por la expedición de los certificados catastrales, por el importe total de $97,286.80 (noventa y siete mil doscientos ochenta y seis pesos 80/100 M.N.)". SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados y narración de antecedentes. La parte quejosa invocó como derechos humanos transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transcribió los antecedentes del acto reclamado que estimó conducentes. 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1080/2018 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 3 ??????????????TERCERO. Tramite del juicio. Mediante proveído de veinticuatro de diciembre de dos mil dieciocho, este Juzgado Federal radicó la demanda bajo el número de expediente 1080/2018, y la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; ordenó dar a la Fiscal Federal adscrita la intervención que legalmente le compete; y fue fijado día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; así, una vez integrados los autos, tuvo verificativo las misma en fecha quince de marzo de dos mil diecinueve, y se pronunció la sentencia la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos: "[.] S E R E S U E L V E : PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo, en contra de los actos y autoridades precisadas en los considerandos quinto y octavo de este fallo, por los motivos ahí expuestos. SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Luis Gaona Santillán, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables que precisados quedaron en el resultando primero, por las razones expuestas en el noveno considerando de la presente resolución. TERCERO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a José Luis Gaona Santillán, contra la Ley número 648, de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio de dos mil dieciocho, específicamente del ordinal 74, fracción V, por los motivos y para los efectos expuestos en el último apartado de este fallo." CUARTO. Reposición del procedimiento. Inconforme con la resolución anterior, el quejoso José Luis Gaona Santillán, por conducto de su autorizado Oscar Cruz Heredia, interpuso recurso de revisión el cual fue turnado al Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, quien en el amparo en revisión 151/2019, en sesión de doce de noviembre de dos mil veinte, ordenó la reposición del procedimiento, atento a las consideraciones siguientes: "[.] En consecuencia, al existir indicios de que es probable la actualización de una causa de improcedencia que torna improcedente el juicio de garantías, la juez de amparo, oficiosamente debió allegarse de las constancias necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no, pues de quedar probada en forma fehaciente, haría improcedente el juicio constitucional dando lugar al sobreseimiento del juicio y, al no hacerlo dicha omisión constituye una violación a las reglas fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de garantías, generando como consecuencia que, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, se revoque la sentencia sujeta a revisión y se mande reponer el procedimiento, a fin de que la juez de distrito prevenga al quejoso para que informe la fecha en que firmó la escritura a través de la que se formalizó la compraventa que originó la aplicación de los preceptos reclamados y, en su caso se recaben las constancias necesarias o información conducente para resolver si se actualiza o no la causa de improcedencia que se deriva de lo regulado 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO 4 por la fracción XIV del artículo 61, de la Ley de Amparo, atinente a extemporaneidad de la presentación de la demanda. Ello, al existir indicios de que, antes que se emitiera el recibo de pago G-90709, de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, se formalizó ante notario público la compraventa del inmueble que originó el pago de los tributos cuya inconstitucional dad reclama el quejoso; siendo la fecha en que se realizó dicha operación la que debe considerarse para determinar la oportunidad en la presentación de la demanda. . En ese orden de ideas, como en el caso hay indicios de la existencia de una causa de improcedencia que de actualizarse resultaría preferente analizar, motivo por el cual, el juez de amparo debió allegarse los elementos necesarios para resolver tal cuestión, de acuerdo a los razonamientos que se expresaren en el presente fallo. Bajo esas condiciones precede revocar la sentencia recurrida y la audiencia constitucional, y se ordena reponer el procedimiento, para efectos de que la juez de Distrito proceda a: I. Proveer lo conducente en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, a efecto de que se allegue la información y constancias relativas, que permitan verificar la fecha en que se formalizó ante notario público la compraventa del inmueble que originó el pago de los tributos cuya inconstitucionalidad reclama el quejoso; y, II. Continúe con la secuela procesal." Así, por acuerdo de veintisiete de enero de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional, tuvo por recibido el testimonio de la ejecutoria dictada en el citado amparo en revisión administrativa 151/2019; en reposición del procedimiento, instruyó en términos del artículo 75, tercer párrafo de la Ley de Amparo, recabar la información y constancias relativas, que permitan verificar la fecha en que se formalizó ante notario público la compraventa del inmueble que originó el pago de los tributos cuya inconstitucionalidad reclama el quejoso; siendo que por ocurso fechado el veinte de marzo de dos mil veintiuno, José Luis Gaona Santillán, por conducto de su autorizado Oscar Cruz Heredia, informó: ". la compraventa del LT 3, DEPTO 2 H Y 2 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO COND VILLAS PUNTA BRISA POLIG B, COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, adquirido por el quejoso JOSÉ LUIS GAONA SANTILLÁN, se formalizó ante la fe del Notario Público número 35 del Estado de Oaxaca, licenciado JORGE WINCKLER YESSIN, mediante escritura 16,370 de fecha 1 de junio de 2018, asimismo, por cuanto hace a la copia que solicita, a esta parte como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en este momento no le es posible su exhibición, dado que bajo protesta de decir verdad manifiesto que, desde hace algún tiempo no hemos podido tener contacto con el Quejoso." Por auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes el cambio de adscripción del Juez Juan Manuel Acevedo Mejía, y como nueva titular de este órgano jurisdiccional la suscrita Jueza Laura Elizabeth Miranda Torres, sin que a la fecha en que se resuelve hayan planteado alguna causa de recusación en términos de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1080/2018 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 5 ??????????????Ley de Amparo, que impida el dictado de la sentencia correspondiente; en el entendido que mediante proveído de uno de diciembre de dos mil veintiuno, se tuvo por recabada la copia certificada de la escritura 16,370 de fecha uno de junio de dos mil dieciocho; con su contenido, se otorgó vista a las partes para que manifestaran lo que se derecho conviniera; y, atendiendo los alcances de la reposición del procedimiento, adminiculados con la citada documental recabada, por acuerdos de veintiocho de enero, tres de marzo, cuatro de abril y de dos de mayo, todos de la presente anualidad, se previno al quejoso para que bajo protesta de decir verdad aclarara las circunstancias relativas al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, esto es, para que detallara cómo hizo el pago, quién lo realizó, la fecha en que se le entregó el testimonio de la escritura pública con relación al bien inmueble, y si se encontraba anexo el recibo correspondiente al impuesto. Luego, una vez integrados los autos, siendo infructuosas las diligencias llevadas a cabo para que el quejoso proporcionada la información requerida, tuvo verificativo la audiencia de ley, con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, en virtud de que se reclaman normas de carácter general emitidas por el Congreso local cuyo primer acto de aplicación tuvo verificativo dentro del límite territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO 6 SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio1 . TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza de los actos reclamados, es necesario fijarlos claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda y sus anexos, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis número P.VI/2004, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SUFIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."2 ; de ahí que, de conformidad con el análisis contextual señalado, se obtiene los reclamos siguientes: a) La expedición, aprobación, promulgación, publicación, refrendo y aplicación de la Ley número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 39, fracción I, inciso a), 57, 61, fracción II, 62 y 83, fracción VI. b) La expedición, aprobación, promulgación, publicación, refrendo y aplicación de la Ley número 648 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el Ejercicio Fiscal de dos mil dieciocho, específicamente sus artículos 15, 18, fracción I, inciso a), 28, fracción II, 31, fracción II y 74, fracción V, inciso a). c) La expedición, aprobación, promulgación, publicación, refrendo y aplicación de la Ley de Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676, específicamente sus artículos 22 y 29. d) La expedición, aprobación, promulgación, publicación, refrendo y aplicación del Decreto número 649, por el que se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 2 Tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1080/2018 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 7 ??????????????Lo anterior, con motivo del que se considera su primer acto de aplicación, a través del entero del impuesto sobre adquisición de inmuebles y certificados catastrales, contenido en el recibo de pago G90709, de cuatro de diciembre de dos mil dieciocho, expedido a nombre del quejoso José Luis Gaona Santillán, el cual, si bien no contiene la cita de los preceptos legales que sustentan el cobro de la cantidad enterada, lo cierto es que si el pago de los conceptos se realizó en el año dos mil dieciocho, las normas aplicables son las vigentes para ese año. CUARTO. Inexistencia de actos reclamados. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, de análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO3 ." I. ACTO DE APLICACIÓN. En ese contexto, se arriba a la conclusión que no puede considerarse que las autoridades señaladas como ejecutoras: Presidenta Municipal; Secretaria de Administración y Finanzas; y Director de Ingresos, todos del Ayuntamiento de Acapulco de 3 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, de abril de 1994, página 68. 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO 8 Juárez, Guerrero, hayan aplicado en perjuicio de la parte quejosa las disposiciones tildadas de inconstitucionales, puesto que no debe perderse de vista que en el caso de las contribuciones derivadas de la expedición de instrumentos notariales, verbigracia, el impuesto sobre adquisición de inmuebles y los derechos por certificados catastrales - tributos que se originan con motivo de la transferencia de dominio de un bien inmueble-, también rige el principio de autodeterminación, en tanto que el sujeto pasivo del tributo es quien eroga de forma voluntaria y espontánea los pagos correspondientes, aun cuando sea el Notario Público quien, materialmente, realiza el entero respectivo. Consecuentemente, debe indicarse que, al margen de lo manifestado por las responsables al momento de rendir sus informes justificados, en el caso, resulta inexistente el acto de aplicación de que se trata; como se explica a continuación. En el caso, la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales, deriva de la actuación de la parte quejosa frente al contenido legal aplicable con motivo del pago que efectuó por concepto de las contribuciones derivadas de la expedición de instrumentos notariales (impuesto sobre adquisición de inmuebles, adicionales y derechos por certificados catastrales); y no porque en ejercicio de las facultades inherentes a las autoridades municipales, hubieran hecho efectivo el cumplimiento del mandato contenido, pues lo cierto es que la aplicación de los normativos se materializó con el entero de la contribución que de manera voluntaria y espontánea efectuó el contribuyente; de ahí que, la parte quejosa se ubica en la hipótesis de la autoliquidación. En relación con esa figura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS, en sesión de veintisiete de junio de dos mil siete, determinó lo siguiente o La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad, por lo que el que en un juicio de amparo el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, sólo acredita la autoaplicación de la ley y no da lugar a tener por acreditada la existencia de los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1080/2018 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 9 ??????????????Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. De la ejecutoria aludida derivó la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En aplicación del criterio jurisprudencial, se arriba a la conclusión que no puede considerarse que las autoridades municipales señaladas como responsables hayan aplicado en perjuicio de la parte quejosa la normatividad reclamada. La mecánica para la determinación de las contribuciones locales se encuentra regulada, entre otros, por los artículos 28, 29, 30, 34 y 72 del Código Fiscal Municipal número 152 4 , de los que se 4 "Artículo 28. La Obligación Fiscal, nace cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las Leyes Fiscales. Dicha obligación se determinará y liquidará conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, pero le serán aplicables las normas sobre procedimientos que se expidan con posterioridad". "Artículo 29. El crédito fiscal es la obligación fiscal determinada en cantidad líquida o en especie que incluye los accesorios legales, que deberán pagarse en los términos que determinen las disposiciones fiscales". "Artículo 30. Pago o entero es el cumplimiento de una obligación fiscal determinada en cantidad líquida y deberá efectuarse, en los términos siguientes: I. Si es a las autoridades a las que corresponde hacer la liquidación, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya surtido efectos la notificación de la misma. II. A los sujetos pasivos o responsables solidarios les corresponde determinar en cantidad líquida la prestación fiscal, dentro de los diez días siguientes a la fecha de su causación en tratándose de personas físicas y quince días en el caso de las personas morales". "Artículo 34. Las autoridades fiscales rectificarán en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que no hubieren transcurrido cinco años desde que se practicó la determinación o liquidación, según sea el caso, cuya rectificación se pretenda". "Artículo 72. Los sujetos que tengan obligación de presentar declaraciones, manifestaciones y avisos, deberán hacerlo en las formas que al efecto apruebe la Tesorería Municipal y de proporcionar los datos e informes que en dichas formas se requieran. Las declaraciones, manifestaciones o avisos, 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO 10 desprende que el sistema contributivo municipal se rige por el principio autodeterminativo, ya que la determinación o liquidación de los tributos se efectúa -ordinariamente- por el propio contribuyente. La ley fiscal parte de un diverso principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias, de manera excepcional, la ley dispone que ese cálculo podrá ser realizado por la autoridad hacendaria. La autoliquidación es una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto administrativo, sino una simple declaración tributaria en la que el propio sujeto pasivo practica también la liquidación tributaria consecuente. La autoliquidación es una declaración liquidación practicada y presentada por el propio sujeto pasivo. En la práctica, a esta forma de enterar el tributo a cargo del contribuyente también se le denomina autodeterminación, que es el procedimiento mediante el cual el propio contribuyente determina los impuestos a su cargo y efectúa el entero respectivo. La autodeterminación contributiva se basa en el principio de buena fe, de acuerdo con el cual el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria cumple, espontáneamente y en tiempo, con sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. Resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 11/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del texto siguiente: "OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. El citado precepto dispone que corresponde a los contribuyentes determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Consecuentemente, en el causante recae la obligación de determinar, en cantidad líquida, las contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley. La autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias. Ahora bien, la interpretación del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación pone de relieve que la referida autodeterminación no constituye un reflejo de algún principio constitucional, esto es, no se trata de un derecho a favor del contribuyente, sino de una modalidad relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuya atención supervisa la autoridad fiscal, como se presentarán en la Tesorería Municipal respectiva y en todos los casos se devolverá al interesado una copia sellada". 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1080/2018 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 11 ??????????????lo acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia tributaria." Como quedó precisado, la autoliquidación no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino al cumplimiento voluntario y espontáneo de una obligación establecida en la ley. En consecuencia, al no ser atribuible el acto de aplicación que en forma genérica es atribuido a las autoridades señaladas como ejecutoras: Presidenta Municipal; Secretaria de Administración y Finanzas; y Director de Ingresos, todos del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, procede sobreseer en el presente juicio en lo relativo de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. II. REFRENDO. A su vez, tenemos que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, al rendir informe justificado, negó el acto que le fue atribuido consistente en el refrendo de las normas tildadas de inconstitucionales, exponiendo no ser de su competencia; de ahí que, discierne que no se le puede imputar acto referente al proceso legislativo de creación de normas. Negativa que por los motivos expuestos se reconoce en sus términos; máxime que tal obligación recae -sin mayor exigencia- en el Secretario General de Gobierno, en términos del artículo 90 de la Constitución Política Local5 , y numeral 20, fracción III, de la Ley Orgánica del Estado de Guerrero, número 86 , lo que se robustece con la circunstancia de que en el diverso artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, el legislador no haya establecido expresamente como facultad del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, la de refrendar las leyes que corresponden a su ramo, de modo que la locución "sin perjuicio de que lo haga el titular de la Secretaría o dependencia al que corresponda el 5 Artículo 90. Todo servidor público de la administración pública estatal será responsable de los actos, omisiones y resoluciones emitidos que no se apeguen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que de ellas emanen. 1. Para su validez y observancia, las leyes promulgadas por el Gobernador deberán refrendarse por el Secretario General de Gobierno; y, 2. Los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Gobernador deberán estar firmados por el Secretario General de Gobierno y el o los Secretarios de Despacho respectivos. 6 ARTÍCULO 20. La Secretaría General de Gobierno es el órgano encargado de conducir, por delegación del Ejecutivo, la política interna del Estado, y le corresponde el despacho de los asuntos siguientes: . lll.- Refrendar, para que sean obligatorios, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que el Gobernador promulgue, expida o autorice, sin perjuicio de que lo haga el titular de la Secretaría o dependencia al que corresponda el asunto." 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO 12 asunto", no debe entenderse como un requisito sine qua non para la validez de las leyes. Apoya lo aquí expuesto la jurisprudencia visible en la página doscientos treinta y seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete - dos mil, tomo seis, materia común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Y la tesis, consultable en la página novecientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dos, tomo quince, materia común, Novena Época, que reza: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". QUINTO. Existencia de actos reclamados. En contraposición a la conclusión alcanzada en el considerando que antecede, deben tenerse por ciertos los actos destacados como reclamados y que se atribuyen a las autoridades legislativas responsables del Estado de Guerrero, siguientes: Congreso, Gobernadora, y Secretario General de Gobierno, puesto que al rendir sus informes justificados los aceptaron en el ámbito competencial respectivo. Máxime que la inserción de los ordenamientos tildados de inconstitucionales en el órgano oficial de difusión, tiene por objeto dar publicada al acto de que se trate y tal publicidad determina 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1080/2018 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 13 ??????????????que los tribunales a los que se encomienda la aplicación del derecho no puedan argüir desconocerlo, por la notoriedad de ese acontecimiento. Todo lo anterior, ponderando que la existencia de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general no necesita ser probada en autos, pues basta que tales ordenamientos estén publicados en el medio difusivo correspondiente, como en este caso es el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad. En ese sentido, tiene aplicación las Jurisprudencia y Tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que indican: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, Materia Común, página 206.) "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba oficial de la Ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65, primera parte, página 15) SEXTO. Causal de improcedencia fundada. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada y establecidas las anteriores consideraciones, se analizará la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 814 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que enseguida se transcribe: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." (Semanario Judicial de la Federación, editado en el Apéndice de 1995, Octava Época, Materia Común, Tomo VI, Parte TCC, página 553). De oficio, se observa la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, primer párrafo, y 18 de la misma legislación, que disponen lo siguiente: 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO 14 "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." Asimismo, los artículos 17 y 18 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Acorde con los preceptos transcritos, la causa de improcedencia anunciada, reside en que el gobernado, a través de su silencio, consiente el acto de autoridad; es decir, no promueve oportunamente su acción constitucional en contra del acto de autoridad que estima violatorio de sus derechos fundamentales, de donde se sigue que precluye su derecho para reclamarlo una vez que fenecieron los plazos reconocidos por la ley para intentarlo, pues en tal supuesto opera una presunción legal en su contra, ya que ante su conducta omisiva, el legislador estima que pese al daño que ese acto le pudiera generar, lo aceptó y consintió. Así, la fracción XIV del arábigo 61 de la invocada ley, como se ha visto, se complementa con lo señalado en el numeral 17 del propio ordenamiento, que fija los plazos o términos para la promoción de la demanda de amparo. 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1080/2018 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 15 ??????????????De esta forma, antes de señalar las circunstancias que en el caso configuran la causa de improcedencia aludida, se debe atender a lo que dispone la legislación de amparo en cuanto a los términos para la presentación de la demanda que da origen al juicio de amparo, para así estar en condiciones de concluir si en el caso se respetaron. Señala el precepto 17 de la Ley de Amparo, que la demanda deberá promoverse dentro de los quince días siguientes, contados de conformidad con lo establecido en el diverso numeral 18 del invocado cuerpo normativo, de la manera siguiente: a). Desde el día siguiente a aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame; b). A partir del día siguiente a aquel en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. Por su parte, el citado artículo 17 del ordenamiento en cuestión, señala excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo, sin que sea el caso referirse a cada una ellas, pues evidentemente no se surten en la especie, pues atañen al amparo contra leyes autoaplicativas, amparo agrario y cuando los actos reclamados restrinjan la libertad personal, hipótesis que en este asunto no se actualizan; de ahí que contra los actos controvertidos en esta vía, la demanda debe promoverse dentro del término de quince días previsto por el numeral 17 de la ley de la materia. En ese orden de ideas, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en diversos precedentes de jurisprudencia, que resultan aplicables al caso en términos del artículo Sexto Transitorio de la Ley de Amparo vigente, estableció el criterio consistente en que el término para la presentación de la demanda constitucional será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación del quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de ellos; así, el indicado precepto hace tres distinciones para el cómputo aludido y, los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación. 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO 16 Por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis; sin embargo, no debe desconocerse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado. En el caso, por ocurso fechado el veinte de marzo de dos mil veintiuno, José Luis Gaona Santillán, por conducto de su autorizado Oscar Cruz Heredia, informó: ". la compraventa del LT 3, DEPTO 2 H Y 2 CAJONES DE ESTACIONAMIENTO COND VILLAS PUNTA BRISA POLIG B, COLONIA CUMBRES DE LLANO LARGO, ACAPULCO DE JUAREZ, GUERRERO, adquirido por el quejoso JOSÉ LUIS GAONA SANTILLÁN, se formalizó ante la fe del Notario Público número 35 del Estado de Oaxaca, licenciado JORGE WINCKLER YESSIN, mediante escritura 16,370 de fecha 1 de junio de 2018, asimismo, por cuanto hace a la copia que solicita, a esta parte como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en este momento no le es posible su exhibición, dado que bajo protesta de decir verdad manifiesto que, desde hace algún tiempo no hemos podido tener contacto con el Quejoso." Manifestación que no deviene aislada sino que se encuentra adminiculada con la documental recabada por este órgano jurisdiccional en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, consistente en la copia certificada de la escritura 16,370 de fecha uno de junio de dos mil dieciocho, en la que el entonces Titular de la Notaría Pública 35 en el Estado de Oaxaca, asentó lo siguiente: "[.] CLAUSULAS . SEXTA.- Los Gastos, Impuestos y Honorarios que se originen con motivo de la presente Operación de Compraventa serán por cuenta de la parte compradora a excepción del pago del Impuesto Sobre la renta que será por cuenta de la parte vendedora." Documental que tiene pleno valor probatorio al tenor de los artículos 192 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según lo dice su artículo 2º, y se advierte que la parte quejosa en el presente asunto tuvo conocimiento de la afectación patrimonial respectiva y, por ende, del perjuicio generado en su esfera jurídica, cuando menos desde el UNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, data en la cual la parte peticionaria de amparo acudió ante el fedatario a celebrar el contrato traslativo que originó la escritura pública escritura dieciséis mil trescientos setenta (16,370), pues al llevar a cabo el instrumento de referencia, entregó el recurso económico para que realizara el pago de las contribuciones, entre las que se encuentran, el impuesto sobre adquisición de inmuebles, haciéndose de conocimiento desde el acto jurídico a la aquí parte quejosa, el pago que debía realizar por 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 1080/2018 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 17 ??????????????conceptos de "Gastos, Impuestos y Honorarios", encontrándose entre ellos el relativo que aquí nos ocupa del impuesto sobre adquisición de inmuebles, y los derechos por inscripción y su registro, siendo inconcuso el conocimiento en la afectación patrimonial respectiva. De lo anterior se colige que el plazo de quince días para que la parte quejosa, promoviera demanda de amparo en contra de los preceptos legales que tilda de inconstitucionales, inició el CUATRO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, día siguiente hábil al en que tuvo conocimiento de la obligación del entero del impuesto, y feneció el VEINTIDOS DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, descontando los sábados y domingos por ser inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. De esta manera, si la demanda de amparo se presentó en la oficina de correspondencia común de los juzgados de Distrito de esta ciudad y puerto de Acapulco de Juárez el VEINTIUNO DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, es claro que se presentó fuera del plazo de quince días que para tal efecto señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, de manera que al ser extemporánea su presentación, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo. Sobre el tema es de puntual aplicación la jurisprudencia 2a./J. 83/2019 (10a.), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 2020056, consultable en la página mil novecientos sesenta y cuatro, del Libro 67, Junio de 2019, Tomo III, de la Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "AMPARO CONTRA LEYES TRIBUTARIAS. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA PRESENTAR LA DEMANDA CONTRA LAS NORMAS QUE REGULAN EL IMPUESTO SOBRE ADQUISICIÓN DE INMUEBLES Y LOS DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL ESTADO DE MORELOS, ASÍ COMO LOS IMPUESTOS ADICIONALES CORRESPONDIENTES, CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN REALIZADA POR UN NOTARIO PÚBLICO, INICIA A PARTIR DE QUE EL CONTRIBUYENTE TIENE CONOCIMIENTO DE LA AFECTACIÓN PATRIMONIAL RESPECTIVA. Si se pretende impugnar en amparo la constitucionalidad de las normas generales que regulan esas contribuciones con motivo de su pago realizado por conducto de un notario público, debe tomarse en cuenta que el contribuyente tiene noticia de la afectación patrimonial respectiva desde el momento en el que decide entregar a éste los recursos económicos para cubrir los montos correspondientes y, por ende, el plazo de 15 días para presentar la demanda, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo, inicia al día siguiente a aquel en que tuvo lugar esa afectación, ya que esas erogaciones se realizaron con base en recursos que se encuentran a disposición del quejoso, de donde se sigue que desde ese momento conoce la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación de la normativa que la sustenta y, además, se encuentra en la posición jurídica y material de realizar su pago sólo si el tercero que actúa en auxilio de la administración hace de su conocimiento la fuente jurídica de esa afectación; 10/08/23 16:37:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 GUSTAVO VEGA ASCENCIO 18 en la inteligencia de que la circunstancia de que en el documento en el que conste el acto de pago al notario público o la formalización del acto jurídico que lo genera, no se citen las normas generales que rigen el o los tributos respectivos, no modifica el conocimiento cierto que el quejoso tiene de la afectación patrimonial que se le causa, en primer lugar, porque dentro del margen legal para ello decide erogar los recursos correspondientes y, en segundo, porque la participación del fedatario que recibe el pago de los tributos en auxilio de la administración no se da en una relación de supra a subordinación, sino de coordinación, en la que este último no impone su voluntad al contribuyente; sin que esta conclusión se oponga a lo sostenido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 47/2013 (10a.), de rubro: "DERECHOS POR INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD EN EL ESTADO DE MORELOS. EL PLAZO PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 77 DE LA LEY GENERAL DE HACIENDA DE LA ENTIDAD, DEBE COMPUTARSE A PARTIR DE QUE EL NOTARIO PÚBLICO HAGA LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE, SIEMPRE QUE SE ACREDITE QUE EL QUEJOSO TUVO PLENO CONOCIMIENTO DE SU APLICACIÓN.", pues de la lectura de la sentencia respectiva se advierte que el punto de contradicción materia de análisis y la conclusión a la que se arribó se refiere a la fecha de inicio del plazo para impugnar el artículo 77 de la Ley General de Hacienda del Estado de Morelos, no a la del plazo para controvertir su acto de aplicación, es decir, la afectación patrimonial que tiene origen en la entrega de recursos realizada por el contribuyente, ante lo cual se concluyó, lógicamente, que el cómputo del plazo para impugnar el precepto de mérito sólo puede comenzar cuando se tiene conocimiento de su aplicación expresa, lo que constituye un aspecto procesal diferente a determinar cuándo inicia el plazo para impugnar en amparo la afectación patrimonial que constituye el acto de aplicación del numeral indicado y que tiene lugar con la entrega de los recursos que tiene a su disposición el contribuyente." En las relatadas condiciones, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el presente juicio de amparo promovido por José Luis Gaona SantillánPor lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 61, 63, 74, 75, 76, 108, 119 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee el presente juicio de amparo promovido por José Luis Gaona Santillán, contra los actos que reclamó de las autoridades señaladas como responsables, por las consideraciones expuestas en los considerandos cuarto y último que rigen este fallo. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta hoy veintidós de agosto de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución, quien actúa asistida por Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; dos de mayo de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Agréguese a los autos la razón suscrita por el Actuario Judicial adscrita a este órgano jurisdiccional, en la que hace constar que no le fue posible notificar a la parte quejosa los acuerdos de cuatro y ocho de abril del año en curso, en virtud de que señala que si bien el doce de ese mes, realizó la notificación de esos proveídos al licenciado Oscar Cruz Heredia, al correo electrónico que proporción en autos para esos efectos (oscarcruzh@hotmail.com)., no ha acusado de recibo, por las razones que expone. Ahora bien, tomando en cuenta que la información requerida al quejoso en los citados acuerdos, deriva de la investigación ordenada por el órgano colegiado mediante ejecutoria dictada el doce de noviembre de dos mil veinte, en el amparo en revisión administrativa 151/2019, en razón de que existen indicios de una posible causal de improcedencia - extemporaneidad de la presentación de la demanda-, a fin de no vulnerar derechos fundamentales del quejoso, requiérase por última ocasión para que dentro del término de tres días siguientes al en que le surta efectos la notificación de este proveído, para que proporcione los datos requeridos en proveído de veintiocho de enero del presente año. Apercibido de las penas en que incurren los falsos declarantes. Al respecto se estima aplicable la tesis de jurisprudencia 163/2005, derivada de la contradicción de tesis 121/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Se apercibe al quejoso que en caso de que no proporcione los datos requeridos, o bien, no informe el impedimento legal o material que tenga para ello, se resolverá conforme a derecho corresponda, tomando en cuenta la carga procesal impuesta, por la cual debe entenderse como aquel acto jurídico que debe ejecutarse durante el proceso si se quiere obtener cierta finalidad en interés propio, cuya omisión involucra la pérdida de un efecto favorable durante el proceso y enfrentar uno desfavorable. Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan las ONCE HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL VEINTISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese personalmente a la parte quejosa -de manera electrónica- y a las autoridades responsables por lista, en términos de la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." Lo acordó y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, quien actúa asistida de María Chávez Valencia, secretaria que autoriza. Doy fe."ACS"
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda, la razón levantada por la actuaria judicial de esta adscripción, en la que hace constar el motivo por el cual no le fue posible notificar en forma personal a la parte quejosa el acuerdo de cuatro de abril del año en curso. Ahora bien, tomando en cuenta que en el aludido proveído se ordenó requerir diversos datos que involucran la posible actualización de alguna causa de improcedencia, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el tribunal de Alzada y que hasta esta fecha el quejoso no ha proporcionado. En consecuencia, a fin de integrar debidamente el presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en aras de procurar una pronta impartición de justicia y dar celeridad al procedimiento, se comisiona al actuario judicial se ordena notificar el citado acuerdo, como esta ordenado en auto de veintiséis de agosto de dos mil veinte, en términos de la fracción II, del artículo 30 de la Ley de Amparo. Asimismo, para que remita dicho acuerdo al correo electrónico oscarcruzh@hotmail.com, debiendo confirmar su recepción al número de teléfono 744 374 9975, que proporcionó el autorizado en términos amplios para establecer el contacto respectivo, debiendo levantar la constancia respectiva. Notifíquese.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; cuatro de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee: Atenta al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que se encuentra señalada para el día de hoy la audiencia constitucional en el presente asunto; sin embargo, en atención a la ejecutoria de doce de noviembre de dos mil veinte, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, en esta ciudad, que ordenó reponer el procedimiento del presente sumario a efecto de indagar la fecha en que se realizó la formalización de la compraventa que originó la aplicación de los preceptos reclamados, por la posible actualización de alguna causal de improcedencia, no es posible celebrarla. En ese contexto, con fundamento en el artículo 75 de la Ley de Amparo, a fin de integrar debidamente el expediente en que se actúa, y acorde a los lineamientos expresados en dicha ejecutoria, se previene al quejoso, para que bajo protesta de decir verdad aclare su demanda de amparo indirecto en torno a las circunstancias relativas al pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, esto es, para que detalle cómo hizo el pago, quién realizó el pago del impuesto citado; la fecha en que se le entregó el testimonio de la escritura pública con relación al bien inmueble, y si se encontraba anexo el recibo emitido por la Dirección de Ingresos del Ayuntamiento Municipal de Acapulco de Juárez, Guerrero, por concepto del pago del impuesto sobre adquisición de inmuebles, y finalmente, cómo se enteró que en determinado momento se realizó el pago del impuesto, toda vez que de la escritura pública número dieciséis mil trescientos setenta, volumen doscientos veinte, que se recabó en los presentes autos, se advierte que fue firmada el uno de junio de dos mil dieciocho; apercibido de las penas en que incurren los falsos declarantes, y en su caso se acordara lo que en derecho proceda. Al respecto se estima aplicable la tesis de jurisprudencia 163/2005, derivada de la contradicción de tesis 121/2003, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 319, Tomo XXIII, Enero de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL." Por tanto, para dar oportunidad a lo anterior, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las TRECE HORAS DEL DOS DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración.
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