José Luis Gama Chavelas

Expediente 165/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos. 9 actuaciones registradas, la última del 25 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
165/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
25/03/2022

Partes del expediente

  • José Luis Gama Chavelas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    R E S U L T A N D O. PRIMERO. Mediante escrito presentado el quince de febrero de dos mil veintidós, en buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, remitido ese mismo día, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado federal,José Luis Gama Chávelas, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, contra las autoridades y por los actos siguientes: Autoridad responsable. En su carácter de ordenadora: Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales Zona Metropolitana (denominación correcta). En su carácter de ejecutora: Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado (denominación correcta). Acto reclamado. "De las autoridades ordenadoras reclamo la orden dada a las ejecutoras para que me priven de mi libertad personal dictada o emitida dentro de la carpeta de investigación SC01/951/2022, de aquélla Fiscalía de Delitos Sexuales" En relación al acto reclamado, en el capítulo de antecedentes y de conceptos de violación de la demanda, la privación de la libertad la hace consistir en: "La orden de investigación, aprehensión, presentación y/o detención, emitida en su contra." Por tanto, así se tendrá por señalado el acto reclamado emitido dentro de la carpeta de investigación SC01/951/2022. SEGUNDO. El quince de febrero de dos mil veintidós, esta autoridad tuvo por recibida la demanda de amparo presentada por José Luis Gama Chávelas, por lo que en esa fecha se admitió la demanda de amparo, y se radicó el asunto con el número de expediente 165/2022, se requirió a las responsables sus informes justificados, se dio la intervención correspondiente al representante social adscrito en materia de amparo y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional la que inició en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es competente para conocer y resolver el juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 49 y 61 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que los actos reclamados emanan de autoridades que radican dentro del ámbito territorial donde este juzgado federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. Antes de establecer la certeza de los actos reclamados, es menester precisar aquéllos, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dispone: "Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado;" Conforme al precepto transcrito, las sentencias dictadas en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, así como de la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda, sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad; además, se deben armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, por lo que debe atenderse preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, desentrañar lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo. Es aplicable al caso la tesis P. VI/2004, visible en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que es del rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda y el análisis de las constancias de autos, se desprende que el promovente del amparo reclama de las autoridades responsables: "La orden de investigación, aprehensión, presentación y/o detención, emitida en su contra." Por tanto, así se tendrá por señalado el acto reclamado emitido dentro de la carpeta de investigación SC01/951/2022. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Inexistencia del acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, presentación y/o detención: Todas las autoridades señaladas como responsables, negaron el acto reclamado consistente en la orden de aprehensión, presentación y/o detención, emitida en su contra. En ese sentido, a criterio de este órgano jurisdiccional, lo procedente es decretar el sobreseimiento en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, que al efecto señala: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional;...". (Énfasis añadido) Del artículo anterior se desprende que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de autos se advierte que no existe el acto reclamado; circunstancia que acontece en el presente caso. En ese orden de ideas, toda vez que las autoridades responsables negaron el acto que les atribuyó el quejoso, tocaba a este último la carga procesal de desvirtuar esa negativa; esto es, correspondía a José Luis Gama Chávelas, acreditar que las autoridades responsables emitieron o pretenden ejecutar una orden de aprehensión, presentación y/o detención, emitida en su contra. Por lo anteriormente expuesto, a criterio de este juzgador, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido por José Luis Gama Chávelas. Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado en la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1989, pag. 627, que a la letra dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo". Del mismo modo, refuerza las anteriores consideraciones, el criterio sustentado por la extinta Cuarta Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO, PRUEBA DEL.- Cuando la autoridad señalada como responsable niegue en su informe justificado el acto que le atribuye el quejoso, éste tiene la carga procesal de desvirtuar esa negativa, y si no lo hace, resulta claro que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo procede el sobreseimiento". CUARTO. Respecto al diverso acto reclamado que el quejoso hizo consistir en la orden de investigación dictada en su contra dentro de la carpeta de investigación SC01/951/2022, la autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales Zona Metropolitana, al rendir el informe justificado manifestó que es cierto que giró dicha orden; por lo tanto, se resuelve lo siguiente: Procedencia del juicio. Antes de entrar al estudio de los conceptos de violación, es pertinente examinar la procedencia del juicio constitucional, por ser una cuestión de orden público y de estudio oficioso, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo. El juicio de amparo es improcedente contra la orden de investigación girada por el Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales Zona Metropolitana y Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, dentro de la carpeta de investigación SC01/951/2022, en virtud de que no afecta directamente la esfera jurídica del quejoso, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el diverso 5, fracción I, párrafo primero, de la Ley de Amparo, cuyo texto es el siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)". "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. (.)". De los numerales transcritos se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente si el acto reclamado no afecta los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa; al respecto para acreditar el interés jurídico se requiere la existencia del perjuicio de un derecho subjetivo del cual es titular la parte agraviada; y en cambio, para acreditar el interés legítimo se requiere la existencia de un interés calificado respecto de la legalidad de los actos impugnados, y proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto a la norma que establezca el interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo cual supone que la parte quejosa pertenece a ella. Expuesto en sentido contrario, el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudica el acto que se reclama. Es este principio el que inspira la noción de "interés jurídico", requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo, que está conformado en primer lugar por la existencia de un derecho legítimamente tutelado y, por otra, del perjuicio que el acto reclamado le ocasione a tal derecho. Así pues, hay "interés jurídico" cuando se cuenta con un derecho derivado de alguna disposición legal a exigir de la autoridad una conducta determinada, sea de acción u omisión, es decir, que el interés jurídico reputado como un derecho reconocido por la ley no es sino lo que la doctrina jurídica reconoce con el nombre de derecho subjetivo, o lo que es lo mismo, la facultad o potestad de exigencia, cuya institución consigna la norma objetiva del derecho. Aunado a lo anterior, debe decirse que, para que la acción constitucional proceda no basta que exista el acto reclamado, sino que se requiere que el peticionario del amparo acredite que dicho acto afecta su esfera de derechos subjetivos tutelados, siendo necesario que tal interés descanse en un derecho reconocido por la ley. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la quejosa reclama la orden de investigación dada por el Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales Zona Metropolitana, dentro de la carpeta de investigación SC01/951/2022, por la presunta comisión de los delitos sexuales. Sin embargo, lo anterior no irroga perjuicio a la quejosa dado que la autoridad responsable, al efectuar actos de investigación en la referida carpeta, actúa en conformidad con las facultades conferidas en el artículo 21 constitucional en su texto vigente a partir del dieciocho de junio de dos mil ocho y en los numerales 127, 212, y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales que dicen: "Artículo. 21.- La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial(.)". "Artículo 127. Competencia del Ministerio Público. Compete al Ministerio Público conducir la investigación, coordinar a las Policías y a los servicios periciales durante la investigación, resolver sobre el ejercicio de la acción penal en la forma establecida por la ley y, en su caso, ordenar las diligencias pertinentes y útiles para demostrar, o no, la existencia del delito y la responsabilidad de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 212. Deber de investigación penal. Cuando el Ministerio Público tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señale como delito, dirigirá la investigación penal, sin que pueda suspender, interrumpir o hacer cesar su curso, salvo en los casos autorizados en la misma. La investigación deberá realizarse de manera inmediata, eficiente, exhaustiva, profesional e imparcial, libre de estereotipos y discriminación, orientada a explorar todas las líneas de investigación posibles que permitan allegarse de datos para el esclarecimiento del hecho que la ley señala como delito, así como la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión." "Artículo 213. Objeto de la investigación. La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño." En efecto, del texto constitucional se desprende que el Ministerio Público conduce la investigación de los delitos y coordina a la Policía; así las actuaciones tendentes a la integración de la carpeta de investigación no causa daño al gobernado, pues son de orden público, esto es, estamos ante un derecho social, donde en conformidad con los diversos numerales transcritos, al Ministerio Público le asiste el deber de investigar cuando tenga conocimiento de la existencia de un hecho que la ley señala como delito; investigación penal orientada para el esclarecimiento de tal hecho y la identificación de quien lo cometió o participó en su comisión, y así poder sustentar, si es que procede, el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño; de ahí que, sólo se materializa el perjuicio personal y directo en caso de que el ministerio público, atento al nuevo sistema penal acusatorio que rige el acto reclamado, formule acusación en contra del imputado ante el juez de control y dicho juez se pronuncie en el sentido de vincular a proceso al imputado. Esto es, en la etapa de investigación inicial en el procedimiento penal acusatorio oral, tiene por objeto que el Ministerio Público reúna los requisitos o datos de prueba necesarios para el ejercicio de la acción penal, por lo cual, dada su naturaleza jurídica, no puede suspenderse, interrumpirse o cesar en su curso. El inicio y trámite de la investigación inicial a cargo del representante social, por regla general, están exentos de cualquier acción tendente a su suspensión o paralización, incluso, del control constitucional mediante la promoción del juicio de amparo indirecto, porque los actos verificados durante esta etapa, como la integración de la carpeta respectiva por la autoridad ministerial, no irrogan perjuicio al gobernado, pues no trascienden irreparablemente en su esfera jurídica, debido a que son susceptibles de anularse o contrarrestarse cuando el fiscal formule la imputación ante el Juez de control, y se inicie la etapa de investigación complementaria o formalizada, o bien, en caso de que se determine el no ejercicio de la acción penal. Ahora, de considerar que los actos dictados durante la sustanciación de la investigación inicial, afectan el interés jurídico o legítimo del gobernado y con ello la procedencia del juicio de amparo, se obstaculizaría injustificadamente la potestad-deber del Ministerio Público de recabar los datos de prueba para establecer que se ha cometido un hecho señalado en la ley como delito y que existe la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. De ahí que los actos de investigación efectuados por el Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales Zona Metropolitana, dentro de la carpeta de investigación SC01/951/2022, por la presunta comisión de delitos sexuales, son un deber constitucional que tiene la autoridad responsable, dado que ello, si es que procede, resulta necesario para el ejercicio de la acción penal, la formulación de la imputación, y en su momento, la vinculación a un proceso, lo que hace indispensable que primero se recaben elementos suficientes para justificar, racionalmente, la presentación del imputado ante el Juez de control. Siendo destacable que tales actos no causan un perjuicio personal y directo en contra de la quejosa. Tiene aplicación por analogía, la tesis sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto indican: "ACCIÓN PENAL. LA INTEGRACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA Y LA RESOLUCIÓN SOBRE EL EJERCICIO DE AQUÉLLA, NO LE IRROGAN PERJUICIO ALGUNO AL QUEJOSO, POR LO QUE NO PROCEDE EN SU CONTRA EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos impone al Ministerio Público la facultad y obligación de investigar y perseguir los delitos, lo cual se da a través de las etapas de averiguación previa y de ejercicio de la acción penal. En este sentido, es indudable que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y el ejercicio de la acción penal, ya que en dicha fase procedimental no le irrogan al quejoso perjuicio alguno pues éste se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad." Lo anterior, siempre y cuando no se violen los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es que, la autoridad ministerial realice conductas fuera de todo cauce constitucional o legal, lo que en el caso no acontece, pues como se ha visto actúa en conformidad con la Constitución y ley aplicable. Por tanto, respecto de la orden de investigación reclamada al Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales Zona Metropolitana, dentro de la carpeta de investigación SC01/951/2022, se sobresee en el juicio de amparo, con fundamento en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Asimismo, se indica que el sobreseimiento se hace extensivo a los actos de ejecución atribuidos al Titular de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, en virtud que la orden de investigación dada, no fue reclamada por vicios propios, sino en cumplimiento a una orden dada por el Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales Zona Metropolitana. Por lo anteriormente fundado y expuesto, se: R E S U E L V E: ÚNICO.- Se sobresee en el juicio de amparo. Notifíquese personalmente. Así lo resuelve y firma Óscar Alejandro López Cruz, titular del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, con la asistencia del secretario con quien actúa María del Rosario García Jiménez, hasta hoy veinticinco de marzo de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución. Doy fe.

  2. Incidental

    V I S T O S para resolver, sobre la suspensión definitiva en el incidente relativo al juicio de amparo número 165/2022; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. José Luis Gama Chavelas, reclama del Fiscal Titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de Morelos y del Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal, lo siguiente: ".orden de investigación aprehensión y/o presentación y/o detención...". SEGUNDO. Como se ordenó en el cuaderno principal, por auto de quince de febrero de dos mil veintidós, se proveyó sobre la suspensión provisional; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe previo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia incidental, la que se celebró al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales Zona Metropolitana, al rendir su informe previo negó la existencia del acto que se le reclama, por cuanto a la orden de aprehensión, presentación o detención. Máxime que la parte quejosa no aportó prueba apta alguna para desvirtuar tal negativa; por lo que, debe negarse la suspensión definitiva solicitada por falta de materia sobre la cual decretarla. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 1008, publicada en la página 1630, de la Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1988, que dice: "INFORME PREVIO. Debe tenerse como cierto si no existen pruebas contra lo que en él se afirma, y consecuentemente, negarse la suspensión si se negó la existencia del acto reclamado, a no ser que en la audiencia se rindan pruebas en contrario". SEGUNDO. La autoridad responsable Agente del Ministerio Público Titular de la Fiscalía de Delitos Sexuales Zona Metropolitana, manifestó que es cierto que se cuenta con una carpeta de investigación SC01/951/2022 a la que hace alusión el quejoso, en la cual se giró una orden de investigación Al respecto, se tiene por cierto el acto que de ésta se reclama. La autoridad responsable Coordinador General de la Policía de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado de Morelos, al rendir su informe previo negó la existencia del acto que se le reclama. Al respecto, y no obstante su negativa, por tener ésta el carácter de ejecutora y porque esta puede en cualquier momento recibir instrucciones por parte de la ordenadora para ejecutar el acto, por tanto se presume cierto el acto que de ésta se reclama. En relación al acto reclamado consistente en la orden de investigación, se niega la suspensión definitiva solicitada, toda vez que no cumple con el segundo requisito que exige el artículo 128 de la ley en comento, atento a las consideraciones que se expondrán a continuación: El artículo 128 de la Ley de Amparo, establece que para el otorgamiento de la suspensión deberán satisfacerse los requisitos siguientes: 1).- Que lo solicite el agraviado. 2).- Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por lo que se refiere al primero, éste se encuentra satisfecho toda vez que la medida fue solicitada por la parte quejosa. Sin embargo, la fracción II del artículo 128 de la ley citada, señala que la suspensión es improcedente cuando un acto contraviene disposiciones de orden público o social, para lo cual, no basta que el acto pretenda perseguir una finalidad de interés social, sino que es necesario que se acredite que la concesión de la suspensión causaría tales perjuicios al interés social o que implicaría una contravención ineludible a disposiciones de orden público, por las características propias del acto; así, ante un acto de tal naturaleza, para determinar sobre la procedencia de la suspensión, se debe sopesar el perjuicio que podría sufrir el quejoso con la ejecución del acto reclamado y la afectación a sus derechos en disputa. Es aplicable al caso la jurisprudencia I.3o.A. J/16, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 383, del Semanario Judicial y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, de rubro y texto siguiente: "SUSPENSIÓN, NOCIONES DE ORDEN PUBLICO Y DE INTERÉS SOCIAL PARA LOS EFECTOS DE LA. De acuerdo con la fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo, que desarrolla los principios establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Federal, la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa en un juicio de garantías sólo puede concederse cuando al hacerlo no se contravengan disposiciones de orden público ni se cause perjuicio al interés social. El orden público y el interés social, como bien se sabe, no constituyen nociones que puedan configurarse a partir de la declaración formal contenida en la ley en que se apoya el acto reclamado. Por el contrario, ha sido criterio constante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que corresponde al Juez examinar la presencia de tales factores en cada caso concreto. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad." De ahí, que se apunte a la determinación de negar la suspensión definitiva del acto reclamado consistente en la orden de investigación, constituye un acto de orden público que no es susceptible de suspenderse y de paralizarse, toda vez que se afectaría el interés social o colectivo, debido a que la sociedad está interesada en que el Agente del Ministerio Público realice las funciones de investigar propias del cargo que desempeña, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Una vez sentado lo anterior, cabe destacar que el orden público y el interés social son nociones íntimamente vinculadas, en la medida en que el primero tiende al arreglo o composición de la comunidad con la finalidad de satisfacer necesidades colectivas, de procurar un bienestar o impedir un mal a la población; mientras que el segundo se traduce en la necesidad de beneficiar a la sociedad, o bien, evitarle alguna desventaja o trastorno. En vinculación con los razonamientos expuestos con antelación, se considera que el orden público y el interés social se afectan cuando con la suspensión se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes, o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. Sobre el particular, es de citarse el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 47, Tercera Parte, página 58, que enseguida se transcribe: "INTERÉS SOCIAL Y DISPOSICIONES DE ORDEN PÚBLICO. SU APRECIACIÓN. La Suprema Corte sostiene, como se puede consultar en la tesis 131 del Apéndice de jurisprudencia 1917-1965, Sexta Parte, página 238, que si bien la estimación del orden público en principio corresponde al legislador al dictar una ley, no es ajeno a la función de los juzgadores apreciar su existencia en los casos concretos que se les someten para su fallo. El examen de la ejemplificación que contiene el artículo 124 de la Ley de Amparo para indicar cuándo se sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, revela que se puede razonablemente colegir en términos generales, que se producen esas situaciones cuando se priva a la colectividad con la suspensión de un beneficio que le otorgan las leyes, o se les infiere un daño con ella que de otra manera no resentiría". De ahí que no se satisfaga el segundo de los requisitos previstos en el artículo 128, de la Ley de Amparo, para que sea concedida la medida cautelar; por tanto, como se anticipó, debe negarse la suspensión definitiva del acto reclamado analizado en este apartado. De igual forma, robustece la anterior consideración, la Tesis Aislada I.4o.A.536 A, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIV, Agosto de 2006, Materia Administrativa, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO. DEBE NEGARSE CONFORME A LA TEORÍA DE PONDERACIÓN DE PRINCIPIOS, CUANDO EL INTERÉS SOCIAL CONSTITUCIONALMENTE TUTELADO, ES PREFERENTE AL DE LA QUEJOSA. De acuerdo con la teoría de ponderación de principios, cuando dos derechos fundamentales entran en colisión se debe resolver el problema atendiendo a las características y naturaleza del caso concreto, conforme al criterio de proporcionalidad, ponderando los elementos o subprincipios siguientes: a) idoneidad; b) necesidad; y c) proporcionalidad. Por tanto, cuando verbigracia, el quejoso solicita la suspensión con el propósito de paralizar la continuación de un proyecto deportivo nacional, en tanto se resuelve el juicio en lo principal y se encuentran en conflicto por un lado, el derecho a la educación académica y deportiva de las personas y, por otro, el derecho del solicitante a continuar practicando fútbol americano como actividad deportiva en equipo reducido, los elementos o subprincipios señalados tienen plena aplicación, pues el interés de la sociedad que con la continuación de los actos impugnados se busca tutelar y salvaguardar, derrotan y prevalecen sobre los intereses particulares del quejoso. Por ende, el derecho o principio a primar debe ser, en la especie, aquel que cause un menor daño y el cual resulta indispensable privilegiarse, o sea el que evidentemente conlleve a un mayor beneficio. Lo anterior se obtiene, en el caso particular, negando la suspensión solicitada al quejoso, a fin de permitir la plena eficacia de las consecuencias del acto reclamado, traducido en la consecución de la obra pública denominada Centro de Desarrollo de Talentos y Alto Rendimiento, concretamente para que se continúe con la orden de demoler el inmueble defendido por el solicitante, en beneficio del interés social de los dos mil quinientos atletas a quienes se encuentra dirigido, pues con ello se salvaguarda el derecho a la educación académica y deportiva en una infraestructura pública dirigida a un grupo mayoritario o colectivo, constitucionalmente tutelado, con prioridad a los estrictamente individuales, como es el derecho a practicar fútbol americano en un grupo reducido titularidad del quejoso." Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. Se niega la suspensión definitiva solicitada por José Luis Gama Chavelas respecto de los actos precisados en el resultando primero, por las autoridades y motivos expuestos en los considerandos primero y segundo de esta interlocutoria. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Jaime César Pereyra Román, secretario que autoriza y da fe.- DOY FE.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos, mediante los cuales se advierte que el Magistrado Titular de la Segunda Sala del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, así como el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, mediante los cuales informaron que no existe juicio alguno relativo a la sucesión a bienes del extinto quejoso Miguel de Dios Huerta. En consecuencia, y en atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, y para la continuación de la ejecución, se requiere al Director o Titular del Archivo General de Notarías en el Estado de Morelos, para que dentro del término de diez días informe si se encuentra promovido algún juicio sucesorio testamentario o intestamentario a bienes del extinto quejoso Miguel de Dios Huerta. Se apercibe a la citada autoridad, para el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cincuenta veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 236 fracción I y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en su desacato a un mandamiento judicial, que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, veintiocho de febrero de dos mil veintidós. Vista la razón secretarial, de conformidad con los artículos 62, 219 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en apoyo a su artículo 2°, se ordena agregar a los autos el oficio signado por Claudia Mazari Torres, Presidente Municipal, Arely Olvera Bahena, Tesorera Municipal, y Yesica Salgado Manjarrez, Directora de Recursos Humanos, todos del Ayuntamiento de Puente de Ixtla, Morelos, mediante el cual informan que ya se han turnado al Congreso del Estado las propuestas a la modificación de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos, ambos para el ejercicio dos mil veintidós. Ahora, por cuanto a la solicitud de fijar la cantidad líquida a paga en el presente juicio de amparo, dígase a dicha autoridad que es quien corresponde realizar las gestiones necesarias con apoyo de sus peritos contables o en su área contable para que realicen la cuenta correspondiente que se señala en la ejecutoria de amparo, ya que ahí se establece el alcance o parámetro para cumplir con la ejecutoria máxime que como se advierte de autos han ocurrido hecho supervinientes, lo cual no desconoce la autoridad responsable y debe tomarlos en consideración para cumplir con el decreto pensionatorio analizado en la ejecutoria de amparo. Además, este juzgado no es perito en la materia para determinar la cuantificación que en derecho corresponda por lo tanto y una vez que haga el pago correspondiente o realice gestiones conducentes y remita las constancias en cumplimiento a la ejecutoria protectora, en su oportunidad se dará vista a la partes para que manifiesten lo que en derecho proceda, y con posterioridad se realizará el estudio pertinente para determinar si se encuentra cumplida la multicitada ejecutoria de amparo. No obstante lo anterior la parte quejosa por su parte realizó una cuantificación donde aduce una cuantificación es atendiendo a la ejecutoria de amparo, por lo anterior para su conocimiento se le remite copia del citado escrito acordado el veintiuno de febrero de dos mil veintidós, y de creerlos necesario provea lo conducente, ateniendo además a los lineamiento de la ejecutoria de amparo. En consecuencia, dígase a la autoridad oficiante que tomando en consideración sus manifestaciones, y en términos de lo dispuesto por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se concede a Claudia Mazari Torres, Presidente Municipal, Arely Olvera Bahena, Tesorera Municipal, y Yesica Salgado Manjarrez, Directora de Recursos Humanos, todos del Ayuntamiento de puente de Ixtla, Morelos, el plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente auto para que den cumplimiento a la ejecutoria de amparo, así como lo acordado en el párrafo que antecede, siguiendo los lineamientos de la ejecutoria de amparo. Se apercibe a la autoridad responsable que en el caso de ser omisa y de actualizarse dicho supuesto, se le impondrá una multa por la cantidad equivalente a cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, con fundamento en los artículos 237 fracción I y 258 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del Salario Mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, toda vez que de no cumplir con lo solicitado, se traducirá en una falta grave, esto es, en un desacato a un mandamiento judicial y que además, retrasa la impartición de justicia de manera trascendente para las partes en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Óscar Alejandro López Cruz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Morelos, ante Jacobo Jaimes Brito, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

Quedan 5 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Morelos · 17,253 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano