José Luis Gallegos Ramírez

Expediente 831/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 18 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
831/2020
Año
2020
Actuaciones
18
Última actuación
29/03/2023

Partes del expediente

  • José Luis Gallegos Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Agréguese el oficio que remite el Actuario adscrito al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado mediante el cual remite el original y duplicado del cuaderno incidental relacionado al presente juicio. Acúsese de recibo. Valoración de incidentes. En esa tesitura, en relación al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió la suspensión definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que se deberá conservar la suspensión provisional, la definitiva y la interlocutoria que determina el incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del citado acuerdo general, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del referido manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. En el entendido que el presente acuerdo sólo comprende la valoración del incidente; de ahí que el plazo para la depuración y destrucción empezó a transcurrir a partir de la fecha en que se ordenó archivar el juicio principal. Cúmplase

  2. Principal

    De autos se advierte que se ordenó archivar el expediente como concluido y que el presente juicio derivó de la incompetencia por razón de turno planteada por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, donde dicho órgano jurisdiccional previo a declinar el conocimiento del asunto, admitió la demanda y ordenó la apertura del incidente de suspensión, sin que se tengan los cuadernos respectivos. Requerimiento. En esa tesitura, solicítese atentamente al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, para que dentro del término de tres días, tenga a bien remitir los cuadernos incidentales del juicio de amparo 475/2020 de su índice, a fin de darles el destino que corresponda. Notifíquese.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio que remite la Magistrada Titular de la Sala Penal Unitaria "C" del Tribunal Superior de Justicia, por medio del cual acusa de recibo el diverso memorial ***de catorce de febrero del año en curso y su anexo, con el que se remitieron las copias certificadas de la causa penal ***, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  4. Principal

    Vistos los autos de cuenta, específicamente la razón actuarial de siete de mayo de dos mil veintiuno, de la que se advierte que no fue posible notificar el acuerdo de seis de mayo del año en curso, a ***, en su carácter de representante común de los terceros interesados (víctimas), pues constituida en el inmueble señalado en autos, fue informada por una persona del sexo femenino que desconoce a la persona que buscaba, y que tenía aproximadamente como dos semanas que había rentado ese domicilio. En ese sentido, notifíquese por lista a la parte tercera interesada (víctimas) el presente proveído, así como el diverso de seis de mayo del año en curso. Notifíquese. auto de seis de mayo de dos mil veintiuno. Vistos los autos de cuenta, resulta necesario establecer si la sentencia dictada ha quedado cumplida en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, José Luis Gallegos Ramírez, reclamó de la Primera Sala Penal Unitaria "C" del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la resolución emitida el seis de julio de dos mil veinte en el toca 18PU/2020, mediante el cual, se revoca el fallo recurrido y en su lugar, se dicta auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, por el delito de daños y lesiones culposo. Seguidos los trámites legales, se dictó sentencia que concedió el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en los términos y para los efectos siguientes: " Como se adelantó son fundados unos conceptos de violación en suplencia de la queja. Lo anterior, en virtud de que la responsable se limitó a establecer que la interposición de la apelación se hizo valer en tiempo por el asesor jurídico de los ahora terceros interesados. Sin embargo, no citó el precepto legal para sustentar su determinación, ni estableció las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en cuenta para establecer que dicho asesor tiene legitimación para interponer el medio de impugnación. Lo que se considera necesario a fin de que el peticionario tenga conocimiento de los fundamentos y motivos por los cuales se analizó ese instrumento de defensa, no obstante que las víctimas u ofendidos no lo interpusieron por sí mismos. Ello, en atención a que el artículo 456 de la legislación adjetiva aplicable, solo establece la posibilidad que la víctima u ofendido puedan interponer la apelación por sí o a través del Ministerio Público, lo que trae consigo la necesidad de una fundamentación y motivación reforzada en torno a la legitimación del asesor victimal Sin que lo anterior signifique que se desatienda o desconozca el contenido del diverso numeral 110 de la referida codificación, conforme al cual, en cualquier etapa del proceso las víctimas u ofendidos podrán designar a un asesor para orientar, asesorar o intervenir legalmente en el procedimiento, ya que en todo caso corresponderá a la autoridad determinar la interpretación o aplicación de esa porción normativa, en relación a las diversas reglas recusarles, lo que no corresponde realizar a este Juzgador, ante la imposibilidad de sustituirse en sus facultades. Desde la misma perspectiva y como quedó relatado, luego de hacer extensiva la procedencia de la suplencia de la queja en favor de las víctimas u ofendidos, la autoridad partió de la actualización del supuesto excepcional de su aplicación, consistente en que el acto sea violatorio de derechos humanos, en cuyo caso dijo, debe repararlos de oficio. Sin embargo, no estableció cuáles son derechos humanos tutelados en favor de tales sujetos procesales, en qué artículos se contemplan o cuál es su fundamento que los sustente y, en su caso, en qué consistieron esas violaciones en relación con dichas precisiones. La que también reviste trascendencia, ya que la excepción de mérito, relativa a que el análisis de la decisión pueda extenderse más allá de los agravios, también exige un reforzamiento en los motivos y fundamentos correspondientes, en atención que admitir lo contrario, equivaldría a establecer que cualquier irregularidad advertida traiga consigo la aplicación excepcional de la figura en mención, lo que además de desnaturalizar dicho carácter, podría dejar al arbitrio su aplicación. De ahí que la resolución de alzada ser suficientemente demostrativa en cuanto a su razonabilidad en tal aspecto, tanto para no dejar en estado de indefensión a la parte que no recurrió la decisión de primer grado, como para que en su caso, se pueda realizar un análisis del fondo en cuanto a la actualización o no de la hipótesis de mérito, lo que como se dijo, no aconteció. De manera, que la determinación combatida es carente de fundamentación y motivación, siendo violatoria del artículo 16 Constitucional y, lo que se impone, es la concesión de la protección de la Justicia Federal. [.] De conformidad con el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, los efectos de la sentencia son los siguientes: 1).- Que la Sala responsable deje sin efecto la resolución reclamada; y, 2).- Emita una nueva determinación, en la que purgue los vicios anotados en la presente ejecutoria y con plenitud de jurisdicción resuelva lo conducente. En el entendido que dicha concesión no prejuzga sobre el sentido de los agravios de apelación, toda vez que atendiendo al carácter penal del asunto de origen, se debe resolver de manera fundada y motivada [.]" Requerido su cumplimiento, la autoridad remitió oficio en el que transcribió el proveído por el que dejó insubsistente el acto reclamado y, anexó copia autógrafa de la resolución de veinte de abril de dos mil veintiuno, mediante la cual, resolvió el toca de origen y vinculó a proceso al impetrante. Del contenido de dicha determinación, en lo que interesa, se advierte que al abogar el tópico de la suplencia de la queja, precisó cuál es derecho humano tutelado en favor de las víctimas y ofendidos del delito, así como el por qué lo estimó transgredido por el auto apelado, citando los fundamentos y sustentos legales del mismo. Por su parte, realizó diversas consideraciones en torno al asesor victimal, citando los preceptos legales para sustentar su legitimación, y estableció las razones que tomó en cuenta para establecer que dicho asesor está facultado para interponer el medio de impugnación. Con lo que se dio vista a las partes, sin que realizara manifestación alguna. Por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la ley de la materia, se concluye que se cumplieron con los lineamientos fijados en la ejecutoria, en la medida que se fundó y motivó la nueva resolución en los aspectos materia de concesión, sin que se advierta exceso o defecto en su cumplimiento. En tales condiciones, con apoyo en el numeral 214 de la propia Ley, téngase por cumplido el fallo protector y en su oportunidad, de no interponerse el recurso pertinente, archívese el expediente como asunto concluido. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal Toda vez que en el presente juicio se concedió la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del aludido Manual, por lo que deberá conservarse la demanda, la sentencia, el testimonio en el que resolvió el tribunal de alzada, el presente acuerdo de archivo con su valoración, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del referido manual. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Notifíquese personalmente.

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