José Luis Galicia Netzahuatl

Expediente 806/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 18 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
806/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
31/01/2022

Partes del expediente

  • José Luis Galicia Netzahuatl
  • Maiakovski Alderete Martínez (asesor jurídico)

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado electrónicamente por ***, Asesor Jurídico Federal adscrito al Instituto Federal de la Defensoría Pública, Delegación Tlaxcala, y representante especial de los menores de identidad reservada; atento a su contenido, téngase como autorizada en términos restringidos a ***, por no contar con su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales. Además, se instruye al Analista Jurídico (SISE) adscrito a este órgano jurisdiccional, que realice la autorización correspondiente para que el usuario ***, se encuentre en aptitud de CONSULTAR vía electrónica el expediente de mérito.

  2. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término de diez días, sin que las partes hubieran recurrido la sentencia de diez de enero de dos mil veintidós, consecuentemente, se declara que dicha resolución que sobreseyó en el juicio ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales a que haya lugar. Comuníquese lo anterior a las autoridades responsables, y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Ahora, el presente expediente carece de relevancia documental en virtud de que no se ubica en ninguna de las hipótesis establecidas dicho artículo, lo anterior hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Por otra parte, una vez que obren en autos las constancias de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, envíese el presente juicio constitucional al ARCHIVO, toda vez que se encuentra totalmente concluido. Asimismo, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se establece que este expediente es susceptible de destrucción por haberse sobreseído en el juicio de amparo. Por otra parte, respecto al original del incidente de suspensión, al haberse negado la medida cautelar, tan pronto haya transcurrido el término de tres años, es susceptible de destrucción. Por lo que respecta al duplicado del referido incidente, tan pronto haya transcurrido el término de seis meses, procédase a la destrucción de este expediente.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 806/2021-B; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, y remitido al día hábil siguiente a este juzgado, ****solicitó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra actos del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, y otra autoridad. SEGUNDO. Tramitación del juicio. Previo requerimiento, en proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo registrada con el número 806/2021-B, al considerarse que en el caso particular, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VI, de ese ordenamiento legal y el numeral 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el quejoso José Luis Galicia Netzahuatl, no contaba con el carácter de tercero extraño por equiparación, porque en el juicio de origen ****, del índice del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, aún no se había dictado sentencia definitiva. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, mismo que se radicó con el número ***, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; y mediante sesión ordinaria celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real, el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró fundado el recurso de queja planteado. En consecuencia, en proveído de ocho de diciembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se pidió informe justificado a las autoridades responsables, se ordenó el emplazamiento de la tercera interesada, se dio intervención al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, así como a un asesor jurídico del Instituto de la Defensoría Pública del Consejo de la Judicatura Federa, para que defendiera los intereses de los menores de identidad reservada; y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucionalse desahogó al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, con fundamento en los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por reclamarse actos suscitados dentro del ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Del estudio integral de la demanda de amparo y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: De la Juez y Diligenciario Par, ambos adscritos al Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc: El emplazamiento efectuado en el juicio de divorcio incausado número ***, promovido por ***, en contra del quejoso ***; así como todo lo actuado en dicho juicio, incluida la orden de descuento del cuarenta por ciento del salario del quejoso, que percibe por su trabajo. TERCERO. Certeza de los actos reclamados. La Jueza y Diligenciario Par, ambos del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, al rendir sus informes justificados, aceptaron los actos reclamados. Lo cual se corrobora con la copia certificada del referido juicio de divorcio incausado número ***; documental que cuenta con pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto en los artículos 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2. De ahí que, para efectos del presente juicio de amparo, se tienen por ciertos los actos reclamados. CUARTO. Causa de improcedencia. Ahora bien, como lo prevé el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede a estudiar de forma oficiosa y preferencial, si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. En el caso particular, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VI, de ese ordenamiento legal y el numeral 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como a continuación se demostrará. Los referidos numerales establecen: Ley de Amparo "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas;" Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) c) Contra actos que afecten a personas extrañas al juicio". De los numerales trascritos se desprende que el juicio de amparo es procedente contra actos ejecutados dentro y fuera de juicio que afecten a personas extrañas a este. Sobre ese tema, el Alto Tribunal del País ha definido a la persona extraña, como aquella que no es parte en el proceso, es decir, la que no ha figurado en el procedimiento judicial como parte en sentido material, las cuales se diferencian de la siguiente forma: I. Personas que no son parte en el proceso, en razón de que solo coadyuvan o participan en él, sin tener una relación jurídica generadora de un vínculo al proceso; por ejemplo, testigos, peritos, autoridades distintas a las responsables. II. Tercero extraño stricto sensu, es aquella persona distinta de los sujetos de la controversia cuyos derechos se ven afectados; por ejemplo, la persona a la que le embargan como consecuencia de un juicio en el que no es parte. III. Tercero extraño por equiparación, es aquella persona que de acuerdo con la jurisprudencia se presenta con las siguientes modalidades: a) Tercero extraño equiparado simple, que se define como el sujeto que es parte del juicio natural por ser el demandado y no es llamado correctamente por un ilegal emplazamiento, lo que le impide apersonarse a fin de desplegar su defensa. b) Tercero extraño equiparado por litisconsorcio que a su vez se manifiesta de dos formas I) aquel que no fue señalado como demandado en el juicio natural, que se identifica con la persona que sin haber sido parte de la relación procesal entablada en el juicio, acredita un interés jurídico común con la parte demandada en la controversia; II) aquel que fue señalado en la demanda como litisconsorte pasivo necesario y, no obstante ello, no fue emplazado. En ese contexto, se considera tercero extraño al juicio stricto sensu para los efectos del juicio de amparo, en términos del artículo 107, fracción VI, de la ley de la materia, a aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de la resolución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones del juicio o procedimiento natural. Ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J.7/98 sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE." Cabe precisar que la afectación que puede resentir una persona extraña al juicio o procedimiento, no proviene en todos los casos del mismo acto dentro de la secuela del juicio, que va desde la demanda o escrito inicial hasta el cumplimiento de la sentencia o resolución, sino que ello dependerá de la titularidad del derecho que reclame y que se pruebe. Por otra parte, en un caso análogo al del tercero extraño, se encuentra quien aun siendo parte formal en el procedimiento judicial, no fue emplazado o lo fue ilegalmente, a quien se le denomina como persona extraña a juicio por equiparación simple. Ahora, tratándose de procedimientos judiciales, para considerar a una persona extraña a juicio, además de ostentarse con ese carácter al promover el juicio de amparo, deben concurrir los siguientes requisitos: a) Que no sea parte formal en el juicio natural; y no obstante sufra un perjuicio dentro de aquél o en su etapa de ejecución, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa, por desconocer las actuaciones relativas; y, b) Que aun siendo parte dentro del juicio, no haya sido emplazado o que el emplazamiento realizado resulte incorrecto. c) Que se haya dictado resolución final o definitiva, sin que el quejoso haya estado en posibilidad de defenderse oportunamente. Así pues, la falta de emplazamiento o el realizado en forma defectuosa, solo permitirá la procedencia del juicio de amparo si, con motivo de esa circunstancia, se provocó la ignorancia absoluta del procedimiento que, de manera simultánea, haya ocasionado indefensión. En ese contexto, para la actualización de la institución jurídica de tercero extraño stricto sensu es necesario que aun cuando el quejoso no sea parte en el procedimiento de origen, sus derechos se vean afectados con motivo de la sentencia definitiva dictada en este. De lo contrario, la persona que se ostente como tercero extraño en estricto sentido, deberá comparecer al juicio natural antes que se dicte resolución definitiva e interponer los recursos o medios ordinarios de defensa pertinentes, si ello conviniere a sus intereses y resulta, a su parecer, mejor medio para obtener lo que a su derecho convenga. De esta manera, mientras no se haya emitido sentencia definitiva en el juicio natural, no puede actualizarse tal institución; lo que en la especie acontece. Previamente a demostrar lo anterior, se reitera que en proveído de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, se desechó la demanda de amparo, al considerarse que en el caso particular, se actualizaba la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción VI, de ese ordenamiento legal y el numeral 107, fracción III, inciso c) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dado que el quejoso José Luis Galicia Netzahuatl, no contaba con el carácter de tercero extraño por equiparación, porque en el juicio de origen ***, del índice del Juez Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, aún no se había dictado sentencia definitiva. Inconforme con dicha determinación, el quejoso interpuso recurso de queja, mismo que se radicó con el número ***, del índice del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito; y mediante sesión ordinaria celebrada a través del sistema de videoconferencia en tiempo real, el diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se declaró fundado el recurso de queja planteado, al sostener, en esencia, que: - Si bien es cierto en el escrito inicial de demanda y en el escrito aclaratorio, el quejoso manifestó que no existe sentencia en el juicio de divorcio incausado ***radicado en el Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, con sede en Apizaco, Tlaxcala, promovido en su contra por Annel de la Fuente Cuahutle, sino solamente el auto de radicación y el oficio que se giró a la empresa Porcelanite Lamosa Gres, para efectos de que se le retenga el 40% del salario que percibe y demás prestaciones; también lo es, que en esa fase del juicio de amparo no era posible afirmar de manera inequívoca que al impetrante no le asistía el carácter de tercero extraño equiparado con que se ostenta. - Ello es así, porque el conocimiento del estado procesal del juicio de divorcio incausado, revelado por el quejoso, no se advertía que lo hubiese adquirido directamente de las constancias de dicha controversia, ya que tanto en el escrito inicial de demanda como en el escrito presentado el veintiocho de septiembre de dos mil veintiuno, a través del cual atendió la prevención formulada por el juzgador en auto de veintiuno anterior, el impetrante dejó establecido que luego de efectuar una investigación propia para saber el origen del descuento hecho a su salario por la pagaduría de la empresa mencionada, acudió al Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, por tratarse de una oficina pública. - No obstante, indicó que al tratar de consultar físicamente el expediente le fue negado el acceso al mismo, bajo el argumento que no figura como parte; pero que al consultar las listas de notificación pudo percatarse que el descuento se debía a que Annel de la Fuente Cuahutle promovió en su contra el juicio de divorcio incausado ****. - De modo que, si bien es cierto aseguró que en dicho juicio de divorcio solamente existía el auto de radicación y el oficio que se giró a la empresa para efectos de que se le retenga un porcentaje de su salario, hasta ese momento se advertía que en realidad esos datos los obtuvo solamente de las listas de notificación que refirió haber consultado al acudir al órgano jurisdiccional; pero no por haberse impuesto de las actuaciones de aquel juicio de divorcio. - Luego, si en el juicio de amparo no existía hasta ese momento alguna evidencia que pusiera de manifiesto en forma inequívoca que en el juicio ordinario no se había dictado sentencia, no se contaba entonces con los elementos probatorios suficientes que permitiera deducir que el promovente no tenía el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. - Es por ello que se consideró que, en el caso, no se estaba frente a la actuación procesal oportuna en la que se podía determinar con certeza que el quejoso no tenía el carácter de tercero extraño por equiparación con que se ostenta en el juicio de amparo, ya que en esa etapa ello no era evidente, claro y fehaciente, sino que se requería hacer un análisis de más profundidad para determinar o sustentar la improcedencia del juicio, lo cual es propio de la sentencia definitiva. - Ello, sin perjuicio de que al dictar la sentencia constitucional con mayores datos objetivos pueda tener por actualizada dicha causal o una diversa. De lo anterior, se advierte que el motivo por el que la Superioridad declaró fundado el recurso de queja, obedeció a que en esa etapa procesal -auto de inicio- no se contaban con las constancias del juicio de origen, de las que se advirtiera que el quejoso no contaba con el carácter de tercero extraño por equiparación, sino solo con las manifestaciones efectuadas por el peticionario de amparo. Sin embargo, en el caso particular ya se cuenta con copia certificada del juicio de origen, la cual fue valorada en el considerando que antecede, de la que se advierte que efectivamente el peticionario de amparo, al momento de presentar la demanda de amparo no contaba con el carácter de tercero extraño por equiparación, dado que aún no se dictaba sentencia; además, ahora se advierte también que el impetrante compareció al juicio de origen a contestar la demanda instaurad en su contra, como se advierte de los antecedentes siguientes: 1. Mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintiuno, Annel *** promovió juicio de divorcio incausado en contra de ***, el cual se radicó con el número **, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, en el que, entre otras cosas, se ordenó emplazar al demandado; y, se ordenó como medida precautoria a favor de los menores de edad de identidad reservada de iniciales D.G. de la F. y G.G. de la F., la cantidad que resulte del 40% (cuarenta por ciento), del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtiene el demandado en su fuente laboral, con excepción de los descuentos que estrictamente marca la ley; por lo que se ordenó girar oficio al pagador empresa denominada *****, S.C., para que retuviera al demandado la cantidad que resulte del porcentaje prefijado, y depositara la cantidad respectiva a la cuenta bancaria de la actora, en los términos indicados en dicho proveído. 2. En diligencia de seis de octubre de dos mil veintiuno, el Diligenciario Par del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, emplazó al demandado José Luis Galicia Netzahuatl, al juicio de origen, requiriéndolo para que en el término de diez días manifestara su conformidad con el convenio exhibido por la actora, o en su caso, exhibiera contrapropuesta. 3. Mediante escrito presentado el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el demandado ****contestó la demanda entablada en su contra, en el que exhibió contrapropuesta de convenio. 4. En auto de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, se ordenó poner los autos a la vista de la juez responsable para dictar la resolución que en derecho correspondiera. 5. Finalmente, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó resolución en la que, en la parte conducente: - Se decretó la disolución del vínculo matrimonial que unía a **** y ****. - Al existir controversia respecto a la propuesta y contrapropuesta, se autorizó a la diligenciaria adscrita al juzgado, para que se constituyera en el domicilio de la actora y procediera a correrle traslado con la contrapropuesta, para que dentro del plazo de nueve días, manifestara lo que su interés conviniera y ofreciera pruebas; hecho lo anterior, se dará vista con la parte contraria José Luis Galicia Netzahuatl, para que manifieste lo que estime permitente; continuándose con el juicio conforme a las reglas del juicio ordinario civil, sin perjuicio de las especiales que rigen a los procedimientos del orden familiar. - Por lo que respecta a las medidas a favor de los menores D.G. de la F. y G.G. de la F., se decretó la custodia provisional a favor de ***; asimismo, se confirmaron las medidas decretadas por auto de seis de julio de dos mil veintiuno; y se determinó que una vez que se diera cumplimiento y a petición de parte, se desahogará una junta para determinar lo que proceda, de no llegar a un arreglo las partes, se definirá por la juez responsable. Ahora bien, de los referidos antecedentes, se llega a la plena convicción de que al momento de la presentación de la demanda de amparo -diecisiete de septiembre de dos mil veintiuno- apenas se había radicado el juicio de origen ***, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, y ordenado la referida medida precautoria a favor de los menores de edad de identidad reservada de iniciales D.G. de la F. y G.G. de la F.. Lo anterior, se advierte de las constancias que remitió la jueza responsable, en apoyo a su informe justificado; incluso durante el trámite del presente juicio de amparo, el quejoso José Luis Galicia Netzahuatl compareció al juicio de origen a contestar la demanda instaurada en su contra. Por lo que, estuvo en posibilidad de controvertir el emplazamiento que en esta vía reclama, así como la medida cautelar decretada a favor de los menores de edad de identidad reservada de iniciales D.G. de la F. y G.G. de la F.; razón suficiente para concluir que en la especie no se actualiza la institución de tercero extraño a juicio en estricto sentido que genere la procedencia del juicio de amparo indirecto. En efecto, como ya se ha dicho, para que pueda considerarse tercero extraño al solicitante de amparo, es necesario que en el procedimiento en el cual se pretende ser llamado exista resolución definitiva, pues de lo contrario, se estaría en posibilidad de comparecer al procedimiento para oponer las defensas que, en su caso, sean procedentes. Es decir, no le corresponde el carácter de persona extraña al quejoso pues, se reitera, está en posibilidad de comparecer al juicio natural a impugnar el emplazamiento e integrar su pretensión en los términos legales conducentes. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, la jurisprudencia 3a./J. 18/92, de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 206783, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE EL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA." Asimismo, al haber comparecido el quejoso al juicio de origen a contestar la demanda instaurada en su contra, perdió el carácter de tercero extraño por equiparación. En efecto, al resolver la contradicción de tesis 12/2000-PL, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó, en la parte conducente, que: - La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento. - Por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo, porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo. Dichos argumentos, dieron origen a la jurisprudencia P./J. 39/2001, la cual al no oponerse a la Ley de Amparo vigente, resulta aplicable y además es de observancia obligatoria para este juzgado de Distrito, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo; de rubro y texto: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.La sola circunstancia de que el afectado conozca de la existencia del juicio en el que funge como parte y comparezca al mismo, a pesar de no haber sido legalmente emplazado, desvirtúa su carácter de persona extraña al procedimiento, por lo que si promueve el juicio de amparo indirecto, ostentándose con tal carácter, el Juez de Distrito debe sobreseerlo con fundamento en el artículo 74, fracción III, de la Ley de Amparo, fundamentalmente porque el promovente ya no es persona extraña al juicio por haber comparecido al procedimiento ordinario, quedando en posibilidad de defenderse dentro del contencioso y, en su oportunidad, si es el caso, acudir al amparo directo, fundamentándose la improcedencia en los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción V, aplicada en sentido contrario, de la propia ley; sin que lo anterior implique que el promovente del amparo indirecto, por el hecho de ostentarse como tercero extraño, quede al margen del término previsto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, esto es, al plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del juicio, bajo el argumento de que la falta o ilegalidad del emplazamiento sea una violación de gran magnitud, pues si bien la improcedencia por extemporaneidad o consentimiento tácito basado en los artículos 21 y 73, fracción XII, del propio ordenamiento, puede llegar a configurarse, tal circunstancia no se surte necesariamente porque puede suceder que el afectado por la falta de emplazamiento promueva el juicio de garantías antes de que transcurra el plazo referido y en tal supuesto no cabría sobreseer por inoportunidad de la demanda, ya que seguiría en pie la otra causal." A mayor abundamiento, en relación a la orden de descuento del cuarenta por ciento del salario del quejoso, que percibe por su trabajo, también se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.]. XVII. Contra actos emanados de un procedimiento judicial o de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, cuando por virtud del cambio de situación jurídica en el mismo deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el procedimiento respectivo, por no poder decidirse en tal procedimiento sin afectar la nueva situación jurídica. Cuando en amparo indirecto se reclamen violaciones a los artículos 19 ó 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, solamente la sentencia de primera instancia hará que se consideren irreparablemente consumadas las violaciones para los efectos de la improcedencia prevista en este precepto. La autoridad judicial que conozca del proceso penal, suspenderá en estos casos el procedimiento en lo que corresponda al quejoso, una vez concluida la etapa intermedia y hasta que sea notificada de la resolución que recaiga en el juicio de amparo pendiente". Con relación a ello, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que tal causa de improcedencia se actualiza cuando concurren cuatro circunstancias, a saber: 1) El acto emane de un procedimiento judicial o administrativo seguido en forma de juicio; 2) Posteriormente a la presentación de la demanda, se dicte una resolución que modifique la situación en la que se encontraba el inculpado; 3) Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto sin afectar la nueva situación; y, 4) Que exista independencia jurídica y procesal entre la resolución reclamada y la que la sustituyó, de modo que la última pueda subsistir con independencia de la constitucionalidad o no del acto reclamado. Sustenta lo anterior, la tesis aislada CXI/96, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL". Por ende, si el acto cuya constitucionalidad se cuestiona, se modifica por virtud de un nuevo acto que, además, es autónomo del anterior, entonces el juicio de amparo resultará improcedente, en tanto las violaciones que se hubieren cometido en el acto reclamado ya no podrían ser reparadas sin afectar la nueva situación jurídica que se encuentra definida por un acto procesal que substituyó al anterior; esto es, se tratará de violaciones que, dado el cambio de situación jurídica, estarán consumadas de manera irreparable. Ahora bien, como se indicó en los antecedentes del juicio de origen, mediante escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintiuno, *** promovió juicio de divorcio incausado en contra de ***, el cual se radicó con el número ***, del índice del Juzgado Segundo de lo Familiar del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, en el que, entre otras cosas, se ordenó emplazar al demandado; y, se ordenó como medida precautoria a favor de los menores de edad de identidad reservada de iniciales D.G. de la F. y G.G. de la F., la cantidad que resulte del 40% (cuarenta por ciento), del sueldo y demás prestaciones ordinarias y extraordinarias que obtiene el demandado en su fuente laboral, con excepción de los descuentos que estrictamente marca la ley; por lo que se ordenó girar oficio al pagador empresa denominada ****, S.C., para que retuviera al demandado la cantidad que resulte del porcentaje prefijado, y depositara la cantidad respectiva a la cuenta bancaria de la actora, en los términos indicados en dicho proveído. Luego, seguida la secuela procesal y una vez que el demandado contestó la demanda entablada en su contra, el treinta de noviembre de dos mil veintiuno, se dictó resolución en la que: se decretó la disolución del vínculo matrimonial que unía a Annel de la Fuente Cuahutle y José Luis Galicia Netzahuatl; y, por lo que respecta a las medidas a favor de los menores D.G. de la F. y G.G. de la F., se decretó la custodia provisional a favor de Annel de la Fuente Cuahutle; asimismo, se confirmaron las medidas decretadas por auto de seis de julio de dos mil veintiuno; y se determinó que una vez que se diera cumplimiento y a petición de parte, se desahogará una junta para determinar lo que proceda, de no llegar a un arreglo las partes, se definirá por la juez responsable. De lo anterior, se advierte que la orden de orden de descuento del cuarenta por ciento del salario del quejoso, contenida en el citado proveído de seis de julio de dos mil veintiuno, fue sustituida procesalmente por la diversa resolución de treinta de noviembre de dos mil veintiuno -dictada con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo-, ya que no podría decidirse sobre la constitucionalidad del acto -orden de descuento-, sin afectar la nueva situación; y, exista independencia jurídica y procesal entre la orden de descuento reclamada y la que la sustituyó, de modo que la última puede subsistir con independencia de la constitucionalidad o no del acto reclamado. Por lo que ha operado un cambio de situación jurídica, que hace imposible el estudio y pronunciamiento de fondo en cuanto a la orden de descuento reclamada. En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia en estudio, procede SOBRESEER en el presente juicio de amparo, conforme al numeral 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal. Decretado el sobreseimiento en el juicio de amparo, este juzgado de Distrito está impedido para analizar los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa, pues de hacerlo tal proceder sería incongruente en virtud que la consecuencia principal del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia de fondo. En apoyo de lo anterior, por las razones que la informan se cita la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. LO SON AQUELLOS QUE SE HACEN CONSISTIR EN LA OMISIÓN DEL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SI EL JUEZ DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO.". Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 63, fracción V, en relación con el arábigo 61, fracción XXIII, y los numerales 5o., 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ***, por los motivos señalados en el considerando cuarto de esta resolución.

  4. Principal

    Agréguense a los autos los escritos de cuenta, signados electrónicamente por ***, mediante los cuales protesta el cargo conferido como representante especial de los menores de edad de identidad reservada *** y ***, señala domicilio, designa autorizados y formula alegatos. En ese sentido, se tiene a ***, Asesor Jurídico del Instituto Federal de la Defensoría Pública, aceptando y protestando el cargo conferido. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el ocurso de cuenta. De igual forma, se tiene por señalado el correo electrónico ***, a efecto de que por ese medio, este juzgado establezca comunicación no procesal, sin que ello implique que dicho contacto a través de medios electrónicos sustituya a las notificaciones. Por otra parte, se ordena al Analista Jurídico (SISE) adscrito a este juzgado, realice la autorización correspondiente para que los usuarios *** y ***, se encuentren en aptitud de consultar vía internet el expediente electrónico y promover lo que a su derecho convenga. En otro aspecto, ténganse como autorizados a ***, *** y ***, por contar con sus cédulas registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales; y solo para oír y recibir notificaciones a las demás personas que indica, por así solicitarlo expresamente el ocursante. Se autoriza el uso de instrumentos tecnológicos para la reproducción electrónica de actuaciones judiciales al momento de imponerse de las mismas. Ahora, ténganse por formulados los alegatos que refiere, sin perjuicio de hacer relación de lo anterior, en la audiencia constitucional. Finalmente, ténganse como pruebas de la parte ocursante la documental que refiere en el ocurso de cuenta, así como la presuncional en su doble aspecto e instrumental de actuaciones, sin perjuicio de hacer relación de dichas pruebas en la etapa correspondiente de la audiencia constitucional.

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