José Luis Franco Huitrón

Expediente 1291/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 10 actuaciones registradas, la última del 28 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1291/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
28/11/2023

Partes del expediente

  • José Luis Franco Huitrón

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTIOCHO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de donde se desprende que las partes dentro del término legal de quince días, no se inconformaron en contra del proveído de seis de octubre de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por cumplida la sentencia emitida en el presente sumario; consecuentemente, con fundamento en los artículos 202 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ese auto QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. Aunado a lo anterior y toda vez que el presente asunto se encuentra concluido, y no existe diligencia pendiente por desahogar en el mismo, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; en cuyo artículo 17, fracción III, inciso a), prevé que son susceptibles de conservación aquellos expedientes que cuenten con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asuntos concluidos; este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es conservable. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Agréguese a los autos el oficio de cuenta signado por la Ministra Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, con sede en la Ciudad de México, recibido a través del "Módulo de Interconexión entre los Órganos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación", mediante el cual requiere al suscrito para que le informe el estado que guarda el cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. En consecuencia, infórmesele a la Superioridad de referencia que el fallo protector pronunciado dentro del juicio de amparo indirecto 2004/2018 del índice de este Juzgado a la fecha no se encuentra cumplido. En efecto, para una mejor explicación del asunto se exponen algunos antecedentes de las actuaciones que obran en este juicio: En auto de veinticuatro de octubre de dos mil veintidós este juzgado tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en autos, tomando en consideración, la transferencia electrónica de veintitrés de agosto del año en curso, realizada en la institución bancaria Banco Mercantil del Norte (BANCOMER), por la cantidad de $561,712.61 (quinientos sesenta y un mil setecientos doce pesos 61/100 moneda nacional) en favor del aquí quejoso Jesús Ubaldo Calvillo Espinosa; además el comprobante fiscal digital (DFDI) en el que se aprecia el pago de referencia y la retención al impuesto sobre el producto de la renta (I.S.R.), por la cantidad de $151,781.74 (ciento cincuenta y un mil setecientos ochenta y un pesos 74/100 moneda nacional). Además, en dicho auto se señaló que no eran obstáculo, las manifestaciones expuestas por el autorizado de la parte quejosa, en el sentido de que hasta esa fecha no había sido actualizado el monto a que fue condenado el Ayuntamiento antes señalado y por ende, no le había sido cubierto a su representado el monto total que se le adeuda, toda vez que los efectos del amparo no se podían traducir en obligar a la autoridad laboral para que actualizara -a la fecha en que se dictaba ese proveído- las cantidades a las a que fue condenado el Ayuntamiento demandado en el juicio laboral de origen, sino que únicamente se debía tomar en consideración la cantidad o cantidades que se encontraban determinadas, liquidadas o actualizadas al momento de emitirse el fallo protector dictado en autos, es decir, al diecinueve de febrero de dos mil diecinueve. Inconforme con esta terminación la parte quejosa interpuso recurso de inconformidad, la cual fue resuelta por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con residencia en Tepic, quien lo declaró fundado y señaló, entre otras cuestiones, lo siguiente: "En consecuencia, la ejecutoria pronunciada en el juicio de amparo indirecto 2004/2018, del índice del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, sólo podrá tenerse por acatada hasta que se cumplimente en su totalidad el laudo de ocho de mayo de dos mil doce; esto es, cuando la autoridad responsable acredite que se cubrieron a la parte quejosa todas las prestaciones a las que fue condenado endicho fallo el Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, específicamente lo concerniente a los salarios caídos durante el lapso por el que se hubiere emitido condena, para lo cual, el juez de distrito está obligado a requerir al Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit (antes Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit) obligado a cumplir con la sentencia de amparo, no solo copia certificada del laudo de ocho de mayo de dos mil doce, sino, también, de las interlocutorias donde se hubieren aprobado las planillas de liquidación de los salarios caídos -y en su caso, de las demás prestaciones económicas que hubiere abarcado la condena en el juicio laboral de origen- hasta la fecha en que se reinstaló al trabajador, o bien, la data que se hubiere precisado en el mencionado laudo, pues solo así se cuenta con los elementos necesarios para definir que se restituyó, manera plena, al quejoso en el disfrute de su derecho sustantivo violado -impartición de justicia pronta y expedita- en los términos definidos en la ejecutoria federal de antecedentes. Sin que pueda colegirse de otra manera, porque si se estimara que la ejecutoria de amparo se cumplió con el sólo hecho de que se haya cumplido con la reinstalación y el pago de las sumas cuantificadas por una parte del tiempo en que duró la separación laboral, como lo consideró e juez de distrito, sin que se cuente con las constancias necesarias que así lo demuestre, se pasaría por alto que la concesión del amparo se otorgó -se insiste- porque se determinó una violación al artículo 17 de la Constitución General dela República, en sus vertientes de impartición de justicia pronta y tutela judicial efectiva en la forma de cumplimiento y ejecución de las sentencias, a causa de que desde no se ha cumplido de manera total lo condenado en el laudo de ocho de mayo de dos mil doce -en cuanto a lo referente a los salarios caídos durante el lapso en que subsistió la separación laboral o bien, expresamente definida en el laudo de ocho de mayo de dos mil doce- y no solo a la suma que ya se encontraba liquidada en el propio procedimiento laboral, como ilegalmente lo considera el juez de distrito al iniciar en el auto impugnado "que únicamente se deberá tomar en consideración la cantidad o cantidades que se encontraban determinada, liquidadas o actualizadas al momento de emitirse el fallo protector dictado en auto, es decir, al diecinueve de febrero de dos mil diecinueve". Es decir, la Superioridad aludida consideró ilegal que este juzgado señalara que para el cumplimiento de este amparo solo se tomarían en consideración las cantidades que se encontraban liquidadas a la fecha de la emisión de la sentencia dictada en este juicio, pues concluyó que se tenían que tomar en cuenta los salarios caídos posteriores al dictado de ésta, incluso de ser necesario se tenían que realizar en el juicio de origen las actualizaciones de las liquidaciones correspondientes. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, este juzgado requirió al Presidente del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, para que informara:-Sí en el juicio laboral de origen ya habían sido cubiertas todas las prestaciones a que fue condenado el Ayuntamiento de Ixtlán del Rio, Nayarit, en el laudo de ocho de mayo de dos mil doce y en el caso de que aún haya prestaciones pendientes de cubrir de debía indicar cuales son. -Si en el juicio laboral de origen se promovieron planillas de liquidación de los salarios caídos -y en su caso, de las demás prestaciones económicas que hubiere abarcado la condena en el juicio laboral de origen- hasta la fecha en que se reinstaló al trabajador. -De ser el caso, debía informar si las interlocutorias que se dictaron con motivo de las planillas de mérito fueron recurridas (número de juicio de amparo y Juzgado de Distrito que conoce o conoció), si se encontraban firmes y si los montos ahí liquidados ya habían sido cubiertos. En atención al requerimiento aludido, en proveído de venidos de agosto del presente año, se tuvo informando a la autoridad laboral que existía una cantidad liquida firme que restaba por pagarse al quejoso consistente en $158,782.35 (ciento cincuenta y ocho mil setecientos ochenta y dos pesos 35/100 moneda nacional), adema, informó había emitido resolución interlocutoria de actualización de planilla de liquidación de laudo en el juicio laboral el veintitrés de junio de dos mil veintitrés, y que éste había sido combatida a través del juicio de amparo indirecto 2087/2023 del índice de este Juzgado, donde incluso se había concedido la suspensión para que no se ejecutara dicha resolución, por lo que, había despachado auto de ejecución para que se llevara a cabo la reinstalación y requerimiento de pago al quejoso, únicamente por la cantidad de $158,782.35, (ciento cincuenta y ocho mil setecientos ochenta y dos pesos 35/100 Moneda Nacional) que es la que se encontraba firme. Luego, por auto de diecinueve de septiembre de dos mil veintitrés, se tuvo a la autoridad laboral aludida, remitiendo el auto de trece de septiembre de la anualidad que transcurre, en el que, entre otra cuestiones dicha autoridad señaló que requirió al Ayuntamiento demandado para que acredita el pago de la cantidad de $158,782.35 (ciento cincuenta y ocho mil setecientos ochenta y dos pesos 35/100 moneda nacional), a efecto de dar cumplimiento al laudo. Asimismo, en ese mismo auto, este órgano jurisdiccional determinó hacer efectivo el apercibimiento de veintidós de agosto de la presente anualidad de que fueron los objetos las autoridades que conforman el Ayuntamiento Constitucional de Ixtlán del Río, Nayarit, en auto, en virtud de que en la fecha señalada para la diligencia de ejecución del laudo -cuatro de septiembre de dos mil veintitrés-, no habían realizado el pago de la cantidad mencionada con antelación al quejoso. Además, se requirió al Presidente de la Sala de Conflictos del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, con residencia en Tepic, para que fijara nueva hora y fecha para la diligencia de requerimiento de pago a favor del quejoso Jesús Ubaldo Calvillo Espinosa, la cual no debía exceder del plazo de veinte días y realizara los requerimientos correspondientes las autoridades del Ayuntamiento referido. En atención a lo anterior, mediante determinación de veintiséis de septiembre del año en curso, se tuvo al Director Jurídico del Instituto de Justicia Laboral Burocrática del Estado de Nayarit, remitiendo copia certificada del auto de veintiuno del mes y año aludido, en el cual informó que señaló las TRECE HORAS DEL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la diligencia de requerimiento de pago del quejoso Jesús Ubaldo Calvillo Espinosa, en cumplimiento al laudo dictado en el juicio laboral de origen y se le requirió a esa autoridad laboral para que dentro del término de tres días posteriores al desahogo de la diligencia de mérito, remitiera copia certificada de las constancias en la que se acreditara el desahogo de la misma. Por lo que, este juzgado se encuentra en la espera del desahogo dicha diligencia. En ese sentido, se reitera, la sentencia dictada en el juicio de amparo indirecto 2004/2018 del índice de este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo en el Estado de Nayarit, a la fecha no se ha cumplido. NOTIFÍQUES

  3. Principal

    EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA:TTEPIC, NAYARIT, SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que la parte quejosa dentro del término de tres días que se le concedió mediante proveído de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, no hizo manifestación alguna respecto del cumplimiento dado al fallo protector por el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, aun cuando se le apercibió que de no hacerlo, se resolvería al respecto conforme a las constancias que obran en autos. Luego, tomando en consideración que este órgano jurisdiccional concedió el amparo y protección de la Justicia Federal a JOSÉ LUIS FRANCO HUITRÓN, para el efecto de que el Director General del Fondo de Pensiones del Estado de Nayarit, emitiera una respuesta congruente que correspondiera a la petición que le formuló el tres de junio de dos mil veintidós, y le fuera notificada oportunamente; concesión que se hizo extensiva a los actos reclamados al Comité de Vigilancia del Fondo de Pensiones y al Director de Administración y Desarrollo de Personal de la Secretaría de Administración y Finanzas, ambos del Estado de Nayarit, con sede en esta Ciudad, para que, en consecuencia a lo determinado en la resolución, actuaran en el ámbito de su respectiva competencia, a fin de que la autoridad ordenadora estuviera en condiciones de acordar la procedencia o improcedencia de su solicitud de pensión, y en su caso, la expedición del dictamen de pensión correspondiente. En cumplimiento a ello, el Director General del Fondo de Pensiones para los Trabajadores al Servicio del Estado de Nayarit, con residencia en esta ciudad, mediante oficio recibido en este Juzgado el uno de septiembre dos mil veintitrés, remitió el dictamen de pensión de retiro por edad y tiempo de servicio a partir del dieciséis de septiembre de dos mil veintitrés que emitió a favor del quejoso JOSÉ LUIS FRANCO HUITRÓN, "cuyo importe mensual asciende a: $10,688.70 (diez mil seiscientos ochenta y ocho pesos 70/100 M.N.) con categoría de: Agente de Seguridad y Custodia Penitenciaria (73.00% del último salario)"; el que se le notificó personalmente a la parte quejosa el treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés; restituyendo de esa manera a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute de sus derechos fundamentales. En ese orden de ideas, debe decirse que la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo indirecto se encuentra cumplimentada conforme a los lineamientos indicados; por tanto, procede hacer efectivo el apercibimiento de que fue objeto la parte quejosa por auto de cuatro de septiembre de dos mil veintitrés y, el día de hoy, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en el juicio de amparo en que se actúa.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, ONCE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que las partes dentro del término legal concedido en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformaron en contra del proveído dictado el trece de julio de dos mil veintitrés, mediante el cual se tuvo por cumplida la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamente en el artículo 356 fracción III del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo se declara que el mismo QUEDA FIRME para todos sus efectos legales procedentes. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, una vez que obren agregadas las constancias de notificación del presente proveído, sin previo acuerdo, ARCHÍVESE el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido. En acatamiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, en cuyo artículo 17 fracción III, inciso a), prevé que son susceptibles de conservación aquellos expedientes que cumplan con más de tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido y que no obstante que tengan documentos originales, los mismos no se hayan recogido por las partes en un lapso de noventa días; siempre que dichos expedientes encuadren en las hipótesis contempladas en el aludido acuerdo; por tal razón, este órgano jurisdiccional determina que el presente expediente es CONSERVABLE. Se dice lo anterior, ya que se ubica como se dijo en la fracción III, inciso a, del ordinal 17, del citado Acuerdo General, pues en el presente juicio de garantías, se CONCEDIÓ el amparo y protección de la Justicia de la Unión, y no cuenta con documento original a devolver; por ende, una vez que transcurran más de tres años, contados a partir del presente proveído por el cual se ordena su archivo como asunto concluido, es susceptible de CONSERVACIÓN. En la inteligencia, que una vez transcurrido el plazo de tres años, contado a partir de esta data, el expediente en que se actúa, será transferido al archivo de concentración para su resguardo en los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a efectuar pronunciamiento respecto al incidente de suspensión, toda vez que el mismo no se tramitó. NOTIFÍQUESE.

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