Jose Luis Francisco García Servin
Expediente 553/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 553/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Jose Luis Francisco García Servin
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado 16° de Distrito en el Estado de Veracruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que surta los efectos legales procedentes el documento de cuenta, a través del cual la parte quejosa desahoga la vista concedida en autos respecto del cumplimiento dado a la sentencia amparadora por el juez señalado como responsable. En ese tenor, de lo manifestado por la promovente, así como del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que en cumplimiento al fallo amparador el juez señalado como responsable informó que mediante resolución de seis de octubre de dos mil veintitrés, dejó insubsistente y sin efectos la providencia precautoria de embargo provisional decretada en contra de la persona jurídica denominada ********************, hasta por la cantidad reclamada de $7,189,304.46 (siete millones ciento ochenta y nueve mil trescientos cuatro pesos con cuarenta y seis centavos, moneda nacional), y ordenó girar los oficios respectivos a las instituciones bancarias ahí precisadas. Luego, mediante oficio recibido en este juzgado el catorce de noviembre de dos mil veintitrés, la autoridad responsable remitió copia certificada de los acuses de recibo relativos a los oficios mediante los cuales acreditó haber girado los oficios que contienen la referida determinación de seis de octubre de dos mil veintitrés. No obstante, del análisis realizado respecto de los efectos de la sentencia amparadora y lo informado por el juez vinculado a su cumplimiento, se advierte que no ha dado cabal cumplimiento al fallo amparador, dado que, como lo refiere la promovente, el juez del conocimiento se limitó a dejar sin efectos la providencia precautoria de embargo, siendo omiso en declarar insubsistente y sin efectos en su integridad el proveído de dos de mayo pasado dictado en el juicio y, en su lugar, emitir otro en el que se abstuviera de considerar a la empresa aquí quejosa como parte en el expediente 268/2023-VIII origen del acto reclamado. De la misma manera, se evidencia que omitió ordenar expresamente la liberación de las cuentas bancarias y demás activos bancarios y financieros de los cuales es titular la moral aquí quejosa, todo esto como le fue ordenado en la sentencia autorizada en este asunto, aunado a que tampoco exhibió, como cumplimiento de la ejecutoria amparadora, las constancias con las cuales se acreditara fehacientemente la liberación de dichos activos, a fin de restituir cabalmente a la empresa quejosa en el goce de los derechos fundamentales que le fueron violentados. En ese tenor, resulta preciso destacar, también, que el mandamiento que se emita a las instituciones bancarias legalmente comprometidas a dicho proceder, se deberá realizar con la manifestación correcta y adecuada de la totalidad de los datos identificativos de la empresa quejosa, como lo es el relativo a su Registro Federal de Contribuyentes. Consecuentemente, con fundamento en los artículos 192, 193, 194 y 258, de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se transcribe el presente acuerdo, dé cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo, lo que deberá informar a este juzgado federal remitiendo copia certificada de las constancias con las que acredite tal circunstancia. Apercibido que de no hacerlo, se le aplicará una multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 258, en relación con los diversos numerales 192 y 193, todos de la Ley de Amparo Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que dice: PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, el procedimiento de ejecución del fallo protector inicia una vez que la sentencia ha causado ejecutoria, y el órgano jurisdiccional ha ordenado su notificación a las partes, lo cual debe ser de manera inmediata. El plazo de tres días que de manera general prevé la ley para que se cumplan la sentencias de amparo tiene tres excepciones: 1) se puede ampliar por el juzgador de amparo en el propio auto de requerimiento a la autoridad responsable, de manera razonable y determinada, tomando en cuenta la complejidad o dificultad del cumplimiento de la ejecutoria; 2) si la sentencia no se ha cumplido en el plazo referido, se puede ampliar por una sola vez, si la autoridad demuestra que la ejecutoria se encuentra en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso; y, 3) se puede reducir el plazo de tres días cuando se trate de casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso. En el mismo auto en que se ordena la notificación, se requerirá a la autoridad responsable para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así, sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa, la cual de conformidad con lo previsto en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo será de cien a mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal; además, en el propio acuerdo, si la responsable o diversa autoridad vinculada cuenta con superior jerárquico, se deberá requerir a éste para que ordene a aquélla cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden para que se cumpliera con la sentencia de amparo, se le impondrá a su titular una multa, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable o vinculada. Si ha transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez de amparo deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo, y esperar un plazo razonable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de ejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Una vez que el juzgador haya determinado el incumplimiento, deberá enviar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente a fin de que continúe con el procedimiento previsto en la Ley de Amparo. Recibidos los autos en el Tribunal Colegiado de Circuito, su Presidente notificará a las partes la radicación del incidente de inejecución de sentencia; se revisará el trámite del Juez y, finalmente, se dictará la resolución que corresponda. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera incorrecta, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá devolver los autos al Juez para que reponga el procedimiento de ejecución. Ello puede obedecer a diversas circunstancias, como la relativa a que no hubiere sido debidamente notificada la autoridad responsable o su superior jerárquico. Cuando la ejecutoria de amparo no sea clara, el Tribunal Colegiado de Circuito podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, la apertura de un incidente para que el órgano de amparo que conoció del juicio precise, defina o concrete la forma o términos de su cumplimiento. Si el procedimiento de ejecución se llevó a cabo de manera correcta y reitera que existe incumplimiento, el órgano colegiado remitirá los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del cargo de los titulares de las autoridades responsables o vinculadas y, en su caso, de sus superiores jerárquicos, lo que se les notificará. Por otra parte, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando la autoridad responsable o vinculada remita informe al órgano judicial que conoció de la primera instancia de amparo, relativo a que ya se cumplió la ejecutoria, éste deberá dar vista al quejoso y, en su caso, al tercero interesado para que manifiesten lo que a su derecho convenga. En esta etapa se podrá alegar exceso o defecto en el cumplimiento. Una vez que hubiere transcurrido el plazo, con desahogo de la vista o sin ella, el referido órgano jurisdiccional de amparo deberá dictar resolución en la que declare si la sentencia se encuentra o no cumplida, si la autoridad responsable incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Lo anterior sin perjuicio de que, en su caso, en el momento procesal oportuno, se valore la justificación del cumplimiento extemporáneo de la sentencia de amparo. Así como la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, el catorce de noviembre de dos mil catorce, que dice: CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso .
- Principal
la autorizada de la parte quejosa y, como lo solicita, con fundamento en los artículos 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, se autoriza las notificaciones electrónicas con los usuarios que proporciona.
- Principal
la autoridad oficiante informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia constitucional dictada en el presente juicio.
- Principal
Se notifica por lista de acuerdos a la parte tercera interesada, el auto de quince de noviembre de dos mil veintitrés, en virtud de no atender aviso (artículo 27 fracción I, inciso c, de la Ley de amparo) que, en lo que interesa dice: la autoridad oficiante informa sobre el cumplimiento dado a la sentencia constitucional dictada en el presente juicio. En tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto en el párrafo primero, del artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y, en su caso, al tercero interesado, con el [los] documento[s] de cuenta y anexo[s], para que dentro del término de tres días, contados a partir de que queden debidamente notificadas del presente proveído, manifiesten lo que a su interés legal convenga, corriéndoles al efecto traslado con copia cotejada de estos. Apercibidas que de no desahogar la vista que se les da dentro del término que se les concede, se acordará lo relativo en torno a dicho cumplimiento, considerando las constancias que integran el presente expediente.
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