José Luis Flores Martínez y Otros.

Expediente 70/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Durango. 44 actuaciones registradas, la última del 3 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
70/2021
Año
2021
Actuaciones
44
Última actuación
03/06/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Alvarez Castellanos Blancarte y Otros.
  • José Luis Flores Martínez y Otros.
  • José Luis Flores Martínez
  • Sandra Alicia Diaz Gomez y Otros.
  • Sandra Alicia Diaz Gomez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 44.

  1. Principal

    Agréguese el escrito presentado por la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango y Representante legal del Órgano de Gobierno y como lo solicita, con fundamento en el artículo 2º. de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele a su costa copia certificada de las constancias que integran el presente juicio de amparo, autorizando para que las reciban a los licenciados ***. Notifíquese.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el escrito presentado por el quejoso José Luis Flores Martínez, y como lo solicita, con fundamento en el artículo 2º. de la Ley de Amparo y 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, expídasele a su costa copia certificada de la resolución del cuatro de marzo de dos mil veintiuno, en la que se resolvió sobre la suspensión definitiva. Notifíquese.

  3. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense los escritos de cuenta. Ahora, en atención a su contenido, para efecto de dar una respuesta puntual a lo solicitado por las partes, resulta pertinente reseñar los siguientes antecedentes relevantes del presente asunto: 1. ***, promovieron este juicio de amparo contra los siguientes actos: 1.- Los artículos 4, 32, 33 y transitorios tercero cuarto y quinto, de la Ley de Egresos del Estado de Durango para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, que establecen las facultades de la Secretaría de Finanzas y de Administración del Gobierno del Estado de Durango, de interpretar la ley para efectos administrativos relacionados con el gasto público en las dependencias y entidades estatales, que comprenden, entre otros, los recursos necesarios para cubrir las percepciones de los servidores públicos, los cuales deberán sujetarse a su Presupuesto Aprobado; asimismo, se establecen las adecuaciones de las remuneraciones nominales y las reducciones y reasignaciones presupuestales para que de conformidad con los incrementos salariales y las deducciones fiscales que procedan, se apliquen a las mismas percepciones durante el Ejercicio Fiscal del año dos mil veintiuno. 2.- El artículo 17, párrafo primero y 24, párrafo primero, así como los transitorios segundo y tercero de la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango, que fueron materia de la reforma publicada en el Periódico Oficial el veinticuatro de diciembre de dos mil veinte y que reclaman con motivo de su sola entrada en vigor, esto es, como normas autoaplicativas. 3.- Las consecuencias derivadas de dichas reformas (oficio SSE/585/2020 de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, que se atribuye a la Secretaría de Finanzas y de Administración y a la Subsecretaría de Egresos de la Secretaría de Finanzas y de Administración, ambas del Gobierno del Estado de Durango) ya que la ejecución y aplicación de las mismas -refirieron los quejosos- podrían afectar el monto de las percepciones que les corresponden, que se traduce esencialmente en la reducción de su salario. 4.- El dictamen de catorce de diciembre de dos mil veinte, que contiene la Ley de Egresos del Estado de Durango, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno; y, 5.- El dictamen de veintitrés de diciembre de dos mil veinte, que contiene reformas al primer párrafo del artículo 17 y 24 de la Ley del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango. 2. Mediante resolución de cuatro de marzo de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo, fue concedida la suspensión definitiva a los quejosos para efecto de que las autoridades responsables no ejecutaran los efectos y consecuencias de las disposiciones legales combatidas, lo que se traducía en que no fueran aplicables dichas normas para reducir el importe de los salarios de los quejosos, en su calidad de Consejeros del Sistema Local Anticorrupción; ello, hasta en tanto fuera emitida sentencia ejecutoria en el juicio de amparo. 3. La determinación anterior fue confirmada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, mediante ejecutoria de veintiocho de mayo del mismo año, emitida en el incidente en revisión administrativa 38/2021. 4. El veinticinco de agosto de dos mil veintiuno, este órgano jurisdiccional dictó la sentencia correspondiente, donde por una parte se sobreseyó en el juicio y, por otra, negó el amparo solicitado. Dicha resolución fue combatida mediante recurso de revisión, el cual fue del conocimiento del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, quien lo radicó como amparo en revisión administrativa 116/2021; luego, por ejecutoria de cuatro de febrero de dos mil veintidós, el citado órgano jurisdiccional modificó la sentencia para levantar el sobreseimiento decretado y negar el amparo solicitado por lo que respecta a todos los impetrantes del amparo. Ahora, mediante uno de los escritos de cuenta, la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango solicita que este órgano jurisdiccional requiera a los quejosos para que reintegren las cantidades que fueron pagadas en virtud de la suspensión definitiva concedida que impidió la reducción del salario, toda vez que fue negado el amparo solicitado. Al respecto, cabe puntualizar que la medida cautelar concedida a los quejosos tuvo por efecto conservar la materia de la controversia y evitar que estos sufrieran una afectación a su esfera jurídica mientras se resolvía el fondo del asunto, esto, mediante una medida conservativa que impidió la ejecución del acto reclamado, en el caso, la aplicación de las normas tildadas de inconstitucionales y, cuya consecuencia, implicaba la reducción del salario de los quejosos. Luego, la suspensión definitiva concedida, en términos del artículo 147 de la Ley de Amparo, involucró un análisis de la apariencia del buen derecho, constituyéndose como un "amparo provisional" con el que se anticipó la posible tutela constitucional sobre la base del aparente derecho advertido en un estudio minucioso y preliminar del asunto; ahora, lo anterior estaba sujeto a que en la sentencia definitiva se consolidara esa situación, mediante la constatación de la existencia del derecho aparente y, de lo contrario, sería posible la continuación de los efectos del acto reclamado. En tal sentido, la medida cautelar solo involucraba una restitución provisional del derecho, mas no plena; de modo que, al negarse el amparo solicitado, de acuerdo con el segundo párrafo del numeral 147 de la Ley de Amparo, quedó sin efectos esa restitución provisional, al no haberse constatado el derecho que se adujo violado. En consecuencia, la negativa del amparo permite la continuación de los efectos del acto reclamado y su ejecución por parte de las autoridades responsables, esto en términos del numeral indicado, pues refiere que "de ser jurídica y materialmente posible, restablecerá provisionalmente al quejoso en el goce del derecho violado mientras se dicta sentencia ejecutoria en el juicio de amparo"; de tal manera, al dictarse sentencia ejecutoria deja de tener efectos la suspensión y, en concordancia con el diverso numeral 153 de la indicada ley, ante la inexistencia de una suspensión o la negativa de esta "deja expedita la facultad de la autoridad responsable para la ejecución del acto reclamado". Así, dichos numerales solo permiten que se ejecute el acto, sin establecer diversa obligación a cargo de los Juzgados Federales. Luego, no existe disposición en la ley de la materia que permita, una vez culminado el asunto con sentencia ejecutoria, seguir proveyendo respecto los efectos y alcances de la suspensión, por lo que no es factible emitir una determinación que los modifique o altere si ya fue emitida la ejecutoria de amparo, pues al respecto debe tomarse en cuenta el contenido del numeral 154 de la ley de la materia, en tanto refiere lo siguiente: "La resolución que conceda o niegue la suspensión definitiva podrá modificarse o revocarse de oficio o a petición de parte, cuando ocurra un hecho superveniente que lo motive, mientras no se pronuncie sentencia ejecutoria en el juicio de amparo, debiendo tramitarse en la misma forma que el incidente de suspensión". Puntualizado lo anterior, respecto a lo solicitado por la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango, dígasele que está expedita la facultad de las autoridades responsables para ejecutar los actos reclamados y sus consecuencias por la vía e instancias legales que considere procedentes; ello, pues este Juzgador carece de facultades para exigir a los quejosos la devolución de las cantidades que indica dicha autoridad, pues como fue precisado, la circunstancia de haberse negado el amparo, en relación con la suspensión definitiva concedida, implica que este órgano jurisdiccional no pueda impedir la ejecución de los actos reclamados y sus consecuencias jurídicas, mas no significa que pueda coadyuvar con las autoridades en la ejecución de los mismos. Por otro lado, en el diverso escrito de cuenta, los quejosos solicitan que este Juzgador les informe si las cantidades ministradas por las autoridades responsables en virtud de la suspensión definitiva, pueden ser reclamadas a efecto de obtener la devolución de las cantidades que no fueron reducidas; ello, pues a su parecer la devolución es improcedente, pues consideran que el caso particular encuadra por analogía en el criterio contenido en la jurisprudencia 1a./J. 42/2011, de rubro: "ALIMENTOS PROVISIONALES. NO PROCEDE LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES DESCONTADAS AL DEUDOR, AUN CUANDO EL ACREEDOR NO DEMOSTRÓ EN EL JUICIO LA NECESIDAD DE RECIBIRLAS". Al respecto, como ya fue indicado, la negativa del amparo deja expedita la facultad de las autoridades responsables de ejecutar los actos reclamados por la vía e instancias que consideren procedentes, sin que este órgano jurisdiccional pueda coadyuvar con ellas para tal fin. Ahora, no es factible que este juzgador convalide la opinión de los quejosos, eso es, que aun cuando fue negado el amparo no es procedente el reclamo de devolución de las cantidades que no fueron reducidas en virtud de la suspensión, al equipararse a los alimentos que el trabajador consume durante la tramitación del juicio; lo anterior, porque ello implicaría que este juzgador emitiera una opinión que prejuzgue sobre la procedencia del reclamo que efectúen las autoridades responsables en virtud de que en este momento están en posibilidad de ejecutar el acto reclamado; esto, ya que los medios por los que la autoridad responsable decida o no ejecutar los actos y en su caso exigir algún derecho, son cuestiones ajenas al presente juicio de amparo, pues en esta instancia únicamente puede convalidarse la posibilidad de que la autoridad ejecute los actos, mas no la forma en que deberá hacerlo o si exige algún derecho, éste reclamo sea procedente. Lo anterior encuentra justificación en las directrices éticas que deben seguir las juzgadoras y juzgadores del Poder Judicial de la Federación; al respecto, cabe traer a cuenta los puntos 2 y 2.5 del Capítulo II denominado "Imparcialidad" del Código de Ética del Poder Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "Capítulo II Imparcialidad 2. Es la actitud del juzgador frente a influencias extran~as al Derecho, provenientes de las partes en los procesos sometidos a su potestad. Consiste en juzgar, con ausencia absoluta de designio anticipado o de prevencio´n a favor o en contra de alguno de los justiciables. Por tanto, el juzgador: [.] 2.5. Se abstiene de emitir cualquier opinión que implique prejuzgar sobre un asunto". Finalmente, respecto a la solicitud de la Secretaria Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local Anticorrupción del Estado de Durango, relativa a la devolución del original del oficio SSE/201/2021, infórmese a dicha autoridad que únicamente fue localizada copia simple del referido oficio, la cual obra agregada a folio 1029 del incidente de suspensión derivado de este juicio de amparo. Por otro lado, como lo solicitan los quejosos, expídase copia certificada, por duplicado, de este proveído, autorizando para que la reciba ***. Notifíquese.

  4. Principal

    Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese el oficio ***signado por el Actuario adscrito al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual remite los autos originales del juicio de amparo ****, en dos tomos, un tomo de pruebas y testimonio de la resolución pronunciada en dentro del recurso de revisión administrativa ***promovido por ****. Hágase saber a las partes que el Tribunal Colegiado determinó lo siguiente: "[.] PRIMERO.- QUEDAN FIRMES por falta de impugnación los resolutivos tercero y cuarto, así como los considerandos octavo y noveno que respectivamente los rigen, del fallo que se revisa. SEGUNDO.- En la materia de la revisión SE MODIFICA la sentencia recurrida. TERCERO.- La Justica de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a ****, contra los actos reclamados a las autoridades señaladas como responsables, precisados aquéllos y éstas en el resultando primero del presente fallo". .En razón de lo anterior, acúsese el recibo correspondiente y intégrese a los autos el testimonio de referencia, así como el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión promovido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 6, fracción I y 12 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, este expediente, a consideración del suscrito juzgador, carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguna de las fracciones a que alude el numeral 15 del citado acuerdo, así como en el capítulo 5, punto 5.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. Toda vez que en el presente juicio se negó la protección constitucional, a consideración del suscrito juzgador, es susceptible de depuración una vez que transcurran tres años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en el inciso b) del artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1, del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, por lo que deberá conservarse la demanda o escrito inicial del recurso de que se trate, escrito aclaratorio, las demandas acumuladas, sentencia, los testimonios en los que resolvió el tribunal de alzada, la resolución que otorga autoridad de cosa juzgada, el acuerdo de archivo, su valoración y los demás documentos que se consideren necesarios, tal como lo dispone el diverso punto 7.3 del aludido manual. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, toda vez que se concedió tanto la suspensión provisional como la definitiva, es susceptible de depuración una vez que transcurra el mismo lapso de tres años, al encuadrar en el inciso a) del precepto 18 del citado Acuerdo General, así como en el capítulo 7, punto 7.1.1., del aludido manual por lo que se deberá conservar la suspensión provisional y definitiva. En atención a lo dispuesto en el artículo 20 del referido Acuerdo General, así como en el capítulo 8, punto 8.1.1, del aludido manual, una vez transcurrido el plazo de seis meses procédase a la destrucción del duplicado del incidente de suspensión. Notifíquese.

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