JOSE LUIS FLORES CASTILLO y Otros.
Expediente 464/2018 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 4 actuaciones registradas, la última del 21 de junio de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 464/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 21/06/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Jose Luis Flores Castillo
- JOSE LUIS FLORES CASTILLO y Otros.
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintiuno de junio de dos mil dieciocho. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para la interposición del recurso de revisión en contra del acuerdo dictada el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, que sobreseyó fuera de la audiencia constitucional el presente juicio de amparo, sin que las partes lo hayan hecho valer; en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que la sentencia de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); y, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En consecuencia, al estar este expediente completamente concluido y en cumplimiento al segundo párrafo del artículo décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, se establece que el presente asunto en el que se sobreseyó fuera de la audiencia constitucional, no es de relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción después de transcurridos cinco años, en términos de la hipótesis prevista en la fracción II del artículo vigésimo primero del ordenamiento en cita.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho. Vistos, con conocimiento de las partes, agréguense a los autos los informes justificados que rinden las autoridades responsables 1. Presidente de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, y 2. Diligenciaria adscrita a la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, con los que da cuenta el Secretario, para que surtan los efectos legales a que haya lugar, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo. Por otra parte, intégrese a los autos el oficio signado por la Secretaria de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, mediante el cual, remite copia certificada de las constancias de notificación realizada al quejoso José Luis Flores Castillo y a sus defensores Humberto López López e Higinio José Luis López López, de la sentencia dictada el veintinueve de mayo del actual, en el toca de apelación 50/2018 de su índice. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo en vigor, se tiene como prueba de la autoridad responsable 1. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, las documentales remitidas, para los efectos legales conducentes. Ahora bien, de las documentales enviadas por la autoridad responsable 1. Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, se advierte que en el presente juicio de amparo se actualiza una causa de improcedencia que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia del presente juicio de garantías, prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: (.) "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.) En principio, debe resaltarse que el precepto reproducido prevé como causa de improcedencia del juicio de derechos fundamentales la cesación de efectos del acto que se combate por la vía constitucional, entendiéndose por tal la destrucción de todas las consecuencias del acto reclamado en forma total o incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiera invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido la cesación no deje ahí ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección constitucional. Sirve de apoyo la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Hecha esta precisión, a fin de demostrar la actualización de la causal de improcedencia en comento, es pertinente señalar que Humberto López López e Higinio José Luis López López, defensores particulares del quejoso José Luis Flores Castillo, acuden a esta instancia constitucional a reclamar lo siguiente: (.) "La omisión de dictar y resolver dentro del término de ley (10 días) el asunto contenido en el toca de apelación radicado bajo el número 50/2018, y que corresponde a la apelación que se realizará en contra de una sentencia dictada en el proceso 192/2016 de fecha 18 de septiembre del año próximo pasado, por parte del Juzgado Quinto de lo Penal de este distrito judicial de Puebla, Puebla., Ya que hasta el día viernes dieciocho del presente mes y año, se me informó al acudir una de las tantas veces que hemos ido, que seguramente en un mes y medio aproximadamente más, se resolverá y como consecuencia de lo anterior, la falta de notificación de la Sentencia en cuestión, por parte de la responsable ejecutora." (.) Luego, del informe justificado y anexo que remitió la autoridad responsable 1. Presidente de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, así como de las constancias enviadas por la Secretaria adscrita a la citada Sala responsable, se aprecia lo siguiente: La sentencia dictada el veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dentro del toca de apelación 50/2018 del índice de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla; y Constancias de notificación realizada al quejoso José Luis Flores Castillo y a sus defensores Humberto López López e Higinio José Luis López López, de la referida sentencia. En ese orden de ideas, de las aludidas constancias, las cuales tienen pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que mediante resolución de veintinueve de mayo de dos mil dieciocho, dictada dentro del toca de apelación 50/2018 del índice de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, la citada Sala responsable, resolvió el recurso de apelación hecho valer por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada por el Juez Quinto de lo Penal de la ciudad de Puebla, en el proceso penal 192/2016 de su índice, y notificó a la hoy parte quejosa de dicha determinación el treinta de mayo del actual. Cobra aplicabilidad a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO.- Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Por tanto, es evidente que, se han destruido todos sus efectos en forma total e incondicional de los actos que aquí se reclaman, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la presunta violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del quejoso, o habiéndola irrumpido, no se haya dejado huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Con lo expuesto, se advierte que en la especie se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, pues han cesado los efectos del acto que aquí se reclama. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto de los actos reclamados, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causa de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Tampoco pasa inadvertido para la suscrita Jueza Federal que a la fecha no se ordenó el emplazamiento de la parte tercero interesada; sin embargo, tomando en consideración que se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia constitucional, no resulta necesario el citado emplazamiento, pues no le irroga algún perjuicio, además, de esperar su comparecencia, en nada cambiaría el sentido del presente acuerdo, máxime que el retraso sería en perjuicio de la impartición de justicia pronta y expedita, garantía consignada en el artículo 17 Constitucional. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia cuyos rubro, texto y datos de localización son los siguientes: TERCERO PERJUDICADO, FALTA DE EMPLAZAMIENTO LEGAL. NO PROCEDE REPONER EL PROCEDIMIENTO CUANDO SE ADVIERTE DE MANERA NOTORIA QUE LA RESOLUCIÓN LO BENEFICIARA. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, la regla general es que cuando el tercer perjudicado no ha concurrido legalmente al juicio debe ordenarse la reposición para que se subsane esa iregularidad, pues cabe suponer que podría dictarse un fallo sin haberle dado oportunidad de defenderse debidamente, ello no procede cuando se advierte de manera notoria que la sentencia lo favorecerá, no produciéndole beneficio alguno la reposición del procedimiento, sino, por el contrario, causándole perjuicio, cuando menos en cuanto al tiempo en que se difiere el fallo del asunto, debiéndose en ese caso pronunciar la resolución que corresponda; fundándose esta interpretación en que el propósito del precepto citado, así como de las tesis formuladas en relación con él, es que no queden en pie irregularidades procesales que pudieran lesionar a alguna de las partes, lo que no sucede en la hipótesis especificada. Se dejan sin efecto las diez horas con veinte minutos del veintiuno de junio de dos mil dieciocho (foja 4 vuelta), señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, bajo el rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el S.I.S.E. (Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes). Finalmente, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo, se ordena notificar al quejoso José Luis Flores Castillo, el presente proveído, en el lugar en el que se encuentra recluido (Centro de Reinserción Social de la ciudad de Puebla), corriéndole traslado con copia autorizada de los informes y oficio de cuenta.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, treinta de mayo de dos mil dieciocho. Visto, con conocimiento de las partes, agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de acuerdos de la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Puebla, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de veintitrés de mayo pasado (foja 6 vuelta), remite copia certificada de las constancias que acreditan que Humberto López López e Higinio José Luis López López, son defensores particulares del quejoso José Luis Flores Castillo; en consecuencia, téngase por acreditada la personalidad con la que comparecen al presente juicio de garantías, en términos del artículo 14 de la Ley de Amparo, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. RADICACIÓN. Visto lo de cuenta; fórmese expediente y regístrese la demanda de amparo promovida por Humberto López López e Higinio José Luis López López, en su carácter de defensores particulares de José Luis Flores Castillo, con el número 464/2018-B, que es el que le corresponde en el libro de registro de juicios de amparo que se lleva en este juzgado ADMISIÓN. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 1° fracción I, 2, 3, 5, 6, 17, 18, 33 fracción IV, 35, 37, 64, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y 119 de la Ley de Amparo reglamentaria de los numerales 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se admite la demanda de amparo de cuenta, contra actos de los 1. Magistrados que integran la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla y otra autoridad, por estimarlos violatorios del artículo 17 Constitucional. VISTA MINISTERIAL. Dése al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que le compete y córrasele traslado con copia de la demanda de amparo. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para la celebración de la audiencia constitucional a que alude el artículo 115 de la ley de la materia, se señalan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO. INFORME JUSTIFICADO. Con apoyo en los artículos 116 y 117 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables informe con justificación, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, a fin de dar vista a las partes; para lo cual se les remite copia de la demanda de amparo. En dicho informe justificado deberán exponer las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, y remitirá, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo. En el entendido que el referido informe con justificación deberá rendirse en dicho plazo, para que entre la fecha de notificación a la parte quejosa del informe justificado y la de celebración de la audiencia constitucional, medie un plazo de por lo menos ocho días. Además, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que podrá remitir sus respectivos informes a través del correo electrónico oficial de este órgano jurisdiccional 3jdo6ctoap@correo.cjf.gob.mx, y a efecto de confirmar su envió se proporciona el número de teléfono de este Juzgado (222) 303 7276, al cual también, en su caso, pueden mandar su informe vía fax. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables que ante la falta del informe justificado, se presumirá cierto el acto reclamado, salvo prueba en contrario; se precisa que queda a cargo de la parte quejosa acreditar su inconstitucionalidad, cuando dicho acto no sea en sí mismo violatorio de los derechos humanos y garantías a que se refiere el artículo 1° de la Ley de Amparo. De igual forma, se hace saber a las autoridades responsables que al rendir sus informes no podrán variar o mejorar la fundamentación y motivación del acto reclamado, ni ofrecer pruebas distintas de las consideradas al pronunciarlo, salvo las relacionadas con las nuevas pretensiones deducidas por la parte quejosa. Con fundamento en el artículo 260, fracción II, en relación con el 238 de la Ley de Amparo, se apercibe a la autoridad responsable con multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, en el caso de que no rinda el informe con justificación o lo haga sin remitir, en su caso, copia certificada completa y legible de las constancias necesarias para la solución del juicio constitucional u omitan referirse a la representación que aduzca la parte promovente de la demanda en términos del artículo 11 de la ley de la materia; esto último, en caso de encontrarse en el supuesto. Igualmente, se apercibe a las autoridades responsables que en el caso de que se nieguen a recibir notificación en términos del artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se les impondrá multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionadora; ello en términos de los numerales 245, en relación con el 238 del citado ordenamiento legal. CAUSAS DE SOBRESEIMIENTO. Asimismo, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que al tener conocimiento de alguna causa de sobreseimiento la comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; con el apercibimiento que a la parte que tenga conocimiento y no la comunique, se le impondrá multa equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), al momento de realizarse la conducta sancionada, tal y como lo señala el artículo 251, en relación con el 238 de la citada ley. Sanciones que serán aplicadas en la resolución que se dicte en la audiencia constitucional. DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. Se hace saber a las autoridades responsables y a aquéllas que tengan el carácter de terceros interesados, si es el caso, que en términos de los artículos 26 y 28 de la Ley de Amparo, las notificaciones que se les ordenen realizar en este expediente, serán por medio de oficio en su residencia oficial, cuando las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deben ser personales, y las restantes se les notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito, con independencia que las mismas podrán ser consultadas por dichas autoridades o sus respectivos delegados, ya sea en el local del Juzgado o en la página de internet vía electrónica http:/www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/acuerdo/acuerd_ini.asp, de haberse solicitado esto último acorde a lo establecido en el ordinal 30 de la Ley de la Materia. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J.176/2012 (10a), emitida por la Segunda Sala de nuestro máximo Tribunal del País, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, página 1253, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO FORMA DE REALIZARLAS". EMPLAZAMIENTO DE TERCERO(S) INTERESADO(S). Resérvese de acordar a quién asiste el carácter de tercero interesado, hasta en tanto obren en autos los informes de las autoridades responsables, pues sólo teniendo a la vista los informes se puede corroborar a quién le asiste tal carácter. EMPLAZAMIENTO DE LA AUTORIDAD TERCERA INTERESADA POR OFICIO. Según lo dispuesto en el artículo 5, fracción III, inciso e) de la Ley de Amparo en vigor, téngase con el carácter de tercero interesado al agente del Ministerio Público adscrito a la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por lo que, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso b) de la citada Ley, se ordena emplazarlo al presente juicio constitucional por medio de oficio que se gire para tal efecto, anexándole copia autorizada de la demanda de amparo. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. No ha lugar a tramitar el incidente de suspensión del acto reclamado por no haberlo solicitado expresamente la parte quejosa, sin que a criterio de la suscrita juzgadora Federal resulte procedente tramitar de oficio dicha medida cautelar, atento a la naturaleza del acto reclamado, pues no se trata de un acto de extradición y tampoco de alguno diverso que, si llegare a consumarse, haría físicamente imposible restituir a la parte quejosa en el goce de los derechos reclamados. DEFENSORES PARTICULARES. En razón de que los promoventes Humberto López López e Higinio José Luis López López se ostentan como defensores particulares de José Luis Flores Castillo, atento a lo dispuesto por el artículo 14 de la Ley de Amparo; requiérase a la Primera Sala en Materia Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, para que remita a este órgano jurisdiccional, en el término de tres días siguientes a la notificación del presente proveído, la certificación correspondiente en la que conste la personalidad con la que se ostentan Humberto López López e Higinio José Luis López López, esto es, que se tratan de los defensores particulares de José Luis Flores Castillo. Se apercibe a la parte promovente del amparo, que para el caso de carecer del carácter con el que se ostentan, se les impondrá por separado una multa de cincuenta veces, calculado al valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), vigente al momento de la emisión de este proveído, de conformidad con los artículos 26, Apartado B, párrafos sexto y séptimo, 123, Apartado A, fracción VI, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, 259 de la Ley de Amparo y 14 de la Ley de Amparo; y se ordenara la ratificación de la demanda al agraviado dentro de un término de tres días. DOMICILIO. Téngase como domicilio de la parte quejosa el que señala en su escrito inicial de demanda. Sin perjuicio de lo anterior, toda vez que de la demanda de cuenta, se advierte que el quejoso se encuentra privado de su libertad en el Centro de Readaptación Social de la ciudad de Puebla, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso a), practíquense la presente y subsecuentes notificaciones en el lugar de su reclusión. SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Atenta la carga de trabajo y al principio de expedites en la administración de justicia, como lo dispone el artículo 17 Constitucional, así como en la parte final del numeral 21 de la Ley de la materia, se habilita a los Actuarios para que actúen en días y horas inhábiles, a fin de que practiquen las notificaciones ordenadas, así como cualquier otra diligencia habida durante la tramitación del presente juicio; lo anterior, para el adecuado despacho de los asuntos y no provocar dilaciones innecesarias en el procedimiento. AUTORIZACIÓN ZONA CONURBADA. Con fundamento en el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, se comisiona a cualesquiera de los Actuarios adscritos a este Juzgado o personal autorizado, a fin de que las notificaciones relativas al presente juicio de amparo las puedan llevar a cabo en los municipios conurbados de Puebla, San Pedro Cholula y Cuautlancingo, estado de Puebla, de conformidad con el Decreto del Ejecutivo del estado, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los citados municipios, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por cuanto hace a la manifestación de la parte quejosa respecto a que es su deseo que sus datos personales no sean publicados, dígasele que en cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, así como los artículos 1, 3, 8, 9, 16, 68, 71, 97, 98, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación; en el entendido, que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", como lo establecen los aludidos artículos 110 y 113 de la ley en cita, deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, en términos de lo dispuesto en la citada Ley Federal de Transparencia; sin perjuicio de que este Juzgado Federal, como sujeto obligado, conforme a lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. DIGITALIZACIÓN. Acorde a lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo, procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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