José Luis Figueiras Hernández

Expediente 745/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 23 actuaciones registradas, la última del 5 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
745/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
05/08/2022

Partes del expediente

  • José Luis Figueiras Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Córdoba, Veracruz, a cinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; a través del cual acusa recibo del oficio 20478/2022 de veintiuno de julio de dos mil veintidós, por el que se hizo de su conocimiento el acuerdo emitido en esa data. Cúmplase

  2. Incidental

    Córdoba, Veracruz, a cinco de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en la congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz; a través del cual acusa recibo del oficio 20478/2022 de veintiuno de julio de dos mil veintidós, por el que se hizo de su conocimiento el acuerdo emitido en esa data. Cúmplase

  3. Incidental

    En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable se estima que la ejecutoria se encuentra CUMPLIDA, en su totalidad sin excesos ni defectos. Es así, pues del análisis de las constancias remitidas por el Licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte, en lo que trasciende, que mediante resolución de uno de julio de dos mil veintidós, emitida dentro del proceso penal 272/2019, de su índice, en principio, dejó insubsistente la diversa determinación de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el citado proceso penal, en la que resolvió recurso de revocación interpuesto por asesor jurídico de la víctima (aquí quejosa) contra el proveído dictado en esa misma fecha. Posteriormente, en esa misma audiencia, al resolver nuevamente el recurso de revocación, prescindió de la consideración que se estimó ilegal en el fallo protector, relativa a que no podía reconocerse al asesor jurídico facultades para participar en nombre de la víctima (aquí quejosa) como coadyuvante del Misterio Público en la acusación, en términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por no haber realizado oportunamente dicha petición. Hecho lo anterior, declaró procedente el recurso de revocación de trato y, en consecuencia, reconoció el carácter de coadyuvante a *************(asesor jurídico de la víctima), en los términos del referido numeral del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de videograbación remitidos por el Juez responsable, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercero interesado; y por oficio a la autoridad con el carácter de tercero interesado, por así estar ordenado en auto.

  4. Principal

    En esa tesitura, con apoyo en las constancias de autos, datos aportados por la autoridad responsable y considerando que ninguna de las partes desahogó la vista ordenada, en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, se procede a analizar si la misma se encuentra o no cumplida. Así, de la confrontación de los efectos de la concesión del amparo y del cumplimiento dado por la responsable se estima que la ejecutoria se encuentra CUMPLIDA, en su totalidad sin excesos ni defectos. Es así, pues del análisis de las constancias remitidas por el Licenciado Marco Antonio Rodríguez Lobato, Juez de Control del Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral, con sede en congregación La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, se advierte, en lo que trasciende, que mediante resolución de uno de julio de dos mil veintidós, emitida dentro del proceso penal 272/2019, de su índice, en principio, dejó insubsistente la diversa determinación de cinco de agosto de dos mil veintiuno, dictada en el citado proceso penal, en la que resolvió recurso de revocación interpuesto por asesor jurídico de la víctima (aquí quejosa) contra el proveído dictado en esa misma fecha. Posteriormente, en esa misma audiencia, al resolver nuevamente el recurso de revocación, prescindió de la consideración que se estimó ilegal en el fallo protector, relativa a que no podía reconocerse al asesor jurídico facultades para participar en nombre de la víctima (aquí quejosa) como coadyuvante del Misterio Público en la acusación, en términos de lo dispuesto en la fracción I, del artículo 338 del Código Nacional de Procedimientos Penales, por no haber realizado oportunamente dicha petición. Hecho lo anterior, declaró procedente el recurso de revocación de trato y, en consecuencia, reconoció el carácter de coadyuvante a *************(asesor jurídico de la víctima), en los términos del referido numeral del Código Nacional de Procedimientos Penales. Por tanto, dado que la autoridad responsable cumplió con los lineamientos fijados en la sentencia amparadora, pues ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce y disfrute del derecho violado; se tiene por cumplida la ejecutoria en mención, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); insértese este acuerdo en el original y en el duplicado del incidente de suspensión, y archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 27 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el juicio principal y el cuaderno original del incidente de suspensión deberán transferirse por medio de la Administración Regional Correspondiente, una vez que transcurran tres años. Asimismo, se precisa que no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo referido, por lo que se considera que el presente expediente no es de relevancia documental. En ese tenor, se establece que el presente expediente una vez que hayan transcurrido tres años contados a partir de la emisión de este auto es susceptible de depuración, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso b), de dicho ordenamiento, en razón de que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. En el entendido que deberán conservarse la demanda y la sentencia emitida en este asunto. Por otra parte, respecto del cuaderno original del incidente de suspensión, es susceptible de depuración, una vez transcurridos tres años, conforme a lo dispuesto en el citado Acuerdo General, al encuadrar en la hipótesis prevista en el artículo 18, fracción I, inciso a), de dicho ordenamiento, pues en el incidente de suspensión se concedió la medida cautelar solicitada. Por cuanto hace al duplicado del incidente de suspensión, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del citado Acuerdo, se establece que una vez transcurridos seis meses es susceptible de destrucción, al existir el cuaderno original de dicho incidente. Finalmente, toda vez que resulta innecesario seguir conservando los discos de videograbación remitidos por el Juez responsable, devuélvanse a su lugar de origen, solicitándole el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese, personalmente a la parte quejosa y tercero interesado; y por oficio a la autoridad con el carácter de tercero interesado, por así estar ordenado en auto.

Quedan 19 actuaciones en este expediente

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