José Luis Falcón Aguilar

Expediente 532/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de Guanajuato. 5 actuaciones registradas, la última del 1 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
532/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
01/08/2019

Partes del expediente

  • José Luis Falcón Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    EL QUEJOSO NO IMPUGNÓ EN EL PLAZO CONCEDIDO EL DESECHAMIENTO A LA DEMANDA; EN CONSECUENCIA SE DECLARA QUE HA CAUSADO ESTADO...ARCHÍVESE EL EXPEDIENTE COMO DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO...EL EXPEDIENTE PRINCIPAL ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN.

  2. Principal

    QUEJOSO ES OMISO EN DESAHOGAR PREVENCIÓN. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 61, fracción Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, debe examinarse la demanda en su integridad a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que en su caso impida su admisión y conlleve al desechamiento; lo que en el caso sucede. Al respecto se materializa la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXXIII, en relación con el artículo 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo: no se podrían concretar los efectos del amparo. Los preceptos citados establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.] La fracción XXIIII del artículo 61 de la Ley de Amparo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, distinto a los que se mencionan en las veintidós fracciones que le preceden. El artículo 77 de la Ley de Amparo establece el posible efecto de las ejecutorias que concedan el amparo y la protección de la justicia de la Unión, los que serán aplicados dependiendo de la naturaleza del acto combatido, es decir, si se trata de un acto positivo, omisivo o negativo. Conforme con lo dispuesto en dicho numeral, cuando se controvierten actos de carácter positivo el efecto de la sentencia será que se restituya al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso, el quejoso reclama la omisión de celebrar públicamente las sesiones de la Comisión Mixta Tarifaria creada por el Ayuntamiento de León, Guanajuato, para analizar el aumento a las tarifas del transporte público, la prohibición para ingresar y la expulsión en dichas sesiones. Ahora bien, aun y cuando se estimara procedente su demanda y se le concediera el amparo, éste no podría culminar su objeto pues no podría restituirse al quejoso en el pleno goce del derecho, según, violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, si se toma en cuenta que el objetivo del peticionario a través de este amparo sería entrar y permanecer en las sesiones de la Comisión Mixta Tarifaria, donde se analizaría el aumento a las tarifas del transporte público, lo cual no se conseguiría. En efecto, se trae a cuenta como hecho notorio, que mediante sesión ordinaria del pasado once de julio de dos mil diecinueve, la cual se encuentra cargada en el portal de la página de internet de la Presidencia Municipal de León, Guanajuato, el Ayuntamiento de esta ciudad, ya aprobó y autorizó la actualización de las tarifas del transporte urbano en ruta fija, lo cual fue publicado el doce de julio siguiente en el número ciento treinta y nueve, página setenta y uno del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, como a continuación se ilustra: . Como puede observarse, la sesión donde se analizaría el aumento de las tarifas del transporte urbano en ruta fija, a la cual el quejoso pretendía entrar, fue celebrada el once de julio de dos mil diecinueve. De manera que el presente juicio no tiene razón de ser si, en el fondo, no podría darse el efecto deseado por el quejoso: entrar y permanecer en las sesiones donde se analizaría el aumento a las tarifas del transporte público. De ahí que ni siquiera se estime necesaria una prevención al respecto, si cualquiera que fuera el resultado, no arrojaría conclusión distinta. No pasa inadvertido que el quejoso presentó su demanda desde el pasado día veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Sin embargo, atento al contexto general de su reclamo se le formuló prevención, donde se le especificó que hasta en tanto la cumpliera, o transcurriera el plazo que se le otorgó, se proveería sobre la procedencia de su demanda en lo que se refiere a los actos que antes se especificaron. Y, no obstante, el propio quejoso permaneció inactivo al respecto. Lo que generó que hasta ahora se hiciera el pronunciamiento relativo con las consecuencias expuestas. Por lo expuesto y fundado se impone desechar de plano la demanda de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la citada ley.

  3. Principal

    En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), en relación con el diverso numeral 29 de la Ley de Amparo; se notifica a la parte quejosa, el proveído de EL AUTO DE DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECINUEVE que en resumen dice: QUEJOSO ES OMISO EN DESAHOGAR PREVENCIÓN. SE DESECHA LA DEMANDA DE AMPARO. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales, 61, fracción Como lo dispone el artículo 113 de la ley de la materia, debe examinarse la demanda en su integridad a fin de determinar si existe motivo manifiesto e indudable de improcedencia que en su caso impida su admisión y conlleve al desechamiento; lo que en el caso sucede. Al respecto se materializa la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXXIII, en relación con el artículo 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo: no se podrían concretar los efectos del amparo. Los preceptos citados establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: [.] I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y [.] La fracción XXIIII del artículo 61 de la Ley de Amparo no establece una causa de improcedencia específica, sino más bien una cláusula abierta que permite decretar la improcedencia del juicio de amparo de acuerdo con un supuesto que se desprenda del contenido de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, distinto a los que se mencionan en las veintidós fracciones que le preceden. El artículo 77 de la Ley de Amparo establece el posible efecto de las ejecutorias que concedan el amparo y la protección de la justicia de la Unión, los que serán aplicados dependiendo de la naturaleza del acto combatido, es decir, si se trata de un acto positivo, omisivo o negativo. Conforme con lo dispuesto en dicho numeral, cuando se controvierten actos de carácter positivo el efecto de la sentencia será que se restituya al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. En el caso, el quejoso reclama la omisión de celebrar públicamente las sesiones de la Comisión Mixta Tarifaria creada por el Ayuntamiento de León, Guanajuato, para analizar el aumento a las tarifas del transporte público, la prohibición para ingresar y la expulsión en dichas sesiones. Ahora bien, aun y cuando se estimara procedente su demanda y se le concediera el amparo, éste no podría culminar su objeto pues no podría restituirse al quejoso en el pleno goce del derecho, según, violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, si se toma en cuenta que el objetivo del peticionario a través de este amparo sería entrar y permanecer en las sesiones de la Comisión Mixta Tarifaria, donde se analizaría el aumento a las tarifas del transporte público, lo cual no se conseguiría. En efecto, se trae a cuenta como hecho notorio, que mediante sesión ordinaria del pasado once de julio de dos mil diecinueve, la cual se encuentra cargada en el portal de la página de internet de la Presidencia Municipal de León, Guanajuato, el Ayuntamiento de esta ciudad, ya aprobó y autorizó la actualización de las tarifas del transporte urbano en ruta fija, lo cual fue publicado el doce de julio siguiente en el número ciento treinta y nueve, página setenta y uno del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, como a continuación se ilustra: . Como puede observarse, la sesión donde se analizaría el aumento de las tarifas del transporte urbano en ruta fija, a la cual el quejoso pretendía entrar, fue celebrada el once de julio de dos mil diecinueve. De manera que el presente juicio no tiene razón de ser si, en el fondo, no podría darse el efecto deseado por el quejoso: entrar y permanecer en las sesiones donde se analizaría el aumento a las tarifas del transporte público. De ahí que ni siquiera se estime necesaria una prevención al respecto, si cualquiera que fuera el resultado, no arrojaría conclusión distinta. No pasa inadvertido que el quejoso presentó su demanda desde el pasado día veintisiete de junio de dos mil diecinueve. Sin embargo, atento al contexto general de su reclamo se le formuló prevención, donde se le especificó que hasta en tanto la cumpliera, o transcurriera el plazo que se le otorgó, se proveería sobre la procedencia de su demanda en lo que se refiere a los actos que antes se especificaron. Y, no obstante, el propio quejoso permaneció inactivo al respecto. Lo que generó que hasta ahora se hiciera el pronunciamiento relativo con las consecuencias expuestas. Por lo expuesto y fundado se impone desechar de plano la demanda de conformidad con lo previsto en el artículo 113 de la citada ley.

  4. Principal

    LEÓN, GUANAJUATO, VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE. Visto; atento a la cuenta de mérito, se provee: EXPEDIENTE Y REGISTRO. PREVENCIÓN DE LA DEMANDA. Agréguese la demanda promovida por José ************, contra actos Ayuntamiento del Municipio de León, Guanajuato y otras autoridades. Con fundamento en los artículos 103 y 107 constitucionales 108, fracciones III y IV, 110, 114, fracciones I y IV, y demás relativos a la Ley de Amparo, a fin de estar en posibilidad de proveer sobre la admisión de la demanda se estima necesario requerir al promovente a fin de que en el plazo de CINCO DÍAS contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación que del presente proveído se le haga, bajo protesta de decir verdad: Precise si señala como acto reclamado una orden de visita o inspección. Lo anterior es así, ya que en el inciso d, del capítulo de suspensión refirió: "[.] Suspenda la ejecución de la orden de visita de inspección especial o general, hasta en tanto se revise su constitucionalidad.", sin que dicho acto haya sido como señalado en el capítulo correspondiente de su demanda ni se desprende de los antecedentes narrados. De ahí que resulta necesaria la prevención para estar en condiciones de fijar la litis, proveer respecto a la procedencia del juicio y en su caso, requerir a las autoridades responsables su informe con justificación. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con el requerimiento formulado y de no exhibir copias del escrito aclaratorio para correr traslado a las partes, se proveerá respecto a la admisión de la demanda, únicamente por lo que hace a los tres actos que señaló en el capítulo correspondiente de su escrito de demanda, atento a lo dispuesto en el penúltimo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento del quejoso que la falsedad de declaraciones en el juicio de amparo constituye un delito en términos del artículo 261, fracción I, de la norma en consulta, por lo que este juzgador daría vista al agente del Ministerio Público de la Federación de acuerdo con el diverso 117 del Código Federal de Procedimientos Penales. En el entendido que tal requerimiento deberá cumplirse en forma directa por el quejoso, pues sus autorizados carecen de atribuciones para realizar tal acto jurídico, en términos de la jurisprudencia 37/2011 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la modificación de la jurisprudencia 33/2010 SE HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA REALIZAR NOTIFICACIONES. En observancia de lo dispuesto por el artículo 17 de la Constitución Federal, en aras de una impartición de la justicia pronta y expedita; con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales a cualesquiera de las partes en el juicio y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, inciso c) párrafo segundo, de la citada Ley de Amparo. DE LA TRANSPARENCIA DE LAS RESOLUCIONES JUDICIALES. Hágase del conocimiento de las partes que las determinaciones que se dicten así como los datos personales y sensibles que contengan este expediente, quedan sujetos a lo establecido por el artículo 6 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; por los numerales 1, 3, fracciones IX y X, 5, fracción I, 17, 25 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 23, 73, fracciones II y V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en el entendido que dichos datos serán protegidos bajo los lineamientos contenidos en el Acuerdo General de Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce; asimismo, se aplicará el protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito. Sin embargo, destáquese que de conformidad con lo dispuesto en los mencionados ordenamientos, las resoluciones que se dicten en este expediente así como la lista de acuerdos que se publica diariamente, se encuentran a disposición del público para su consulta. Por tanto, en términos del artículo 21 del cuerpo normativo citado en segundo término, se hace del conocimiento de las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, lo que deberán manifestar expresamente; en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las determinaciones que se dicten se publiquen sin la supresión de sus datos personales. Destáquese que las resoluciones que pongan fin al juicio se publicarán en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo los lineamientos que contiene el citado protocolo; esto es, con supresión de datos catalogados como personales o sensibles. DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27, fracción I, y 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír notificaciones el que precisa en su demanda. AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA PARA OÍR NOTIFICACIONES. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Con fundamento en los artículos 278 y 279, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídanse a las partes copia de las constancias del expediente que soliciten durante la tramitación del presente asunto, que será entregada a las personas autorizadas previa comparecencia y razón de entrega que se asiente en autos para debida constancia que se realice ante el secretario encargado del asunto; en el entendido de que dicha autorización comprende la expedición de un juego de copias certificadas, y para el caso de que el solicitante requiera más de un tanto, deberá, por escrito, acompañar las razones por las que así lo necesita. PROMOCIONES QUE NO INCIDEN EN LA PROSECUCIÓN EFECTIVA DEL JUICIO, DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva, en la medida de lo posible, la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaría judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar al expediente aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicidad de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial). En similares términos se agregarán los oficios o escritos presentados por las partes que no incidan en la prosecución efectiva del juicio, tales como notificaciones a los peritos, gestiones para hacer efectivas multas, etcétera. Lo anterior en estricta observancia al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con la finalidad de que el expediente se encuentre disponible el mayor tiempo posible para consulta de las partes. DEVOLUCIÓN DE DOCUMENTOS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 122 de la Ley de Amparo y 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la citada ley de la materia, a efecto de salvaguardar la posibilidad de las partes de objetar los documentos exhibidos en el juicio, se les hace de su conocimiento que únicamente podrán ser devueltos cuando cause ejecutoria la sentencia o determinación que ponga fin al juicio; en el entendido que, en su lugar, se dejará copia a costa del solicitante, y será certificada o cotejada posteriormente por el secretario. PROMOCIONES DUPLICADAS Y ACUSES. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria judicial proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente certificar y agregar a los autos aquellos trámites donde resulte inútil dictar acuerdo; lo anterior procederá sólo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo; y, d) solicitudes de copias (en razón de estar autorizadas desde auto inicial).

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