José Luis Estrada Castellanos

Expediente 367/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
367/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
04/07/2018

Partes del expediente

  • José Luis Estrada Castellanos

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que establece el artículo 86, en relación con el numeral 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el acuerdo en el que se SOBRESEYÓ FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, no obstante haber quedado legalmente notificada de dicho acuerdo. Por tanto, se declara que ha perdido el derecho que debió ejercer en dicho plazo, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por lo que el auto en comento HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales a que haya lugar. Ahora, del segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo, se desprende que sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva son susceptibles de destrucción, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido, además de las directrices visibles en su página 31, que dice: Resolución del Juzgado de Distrito. En su caso, resolución del Tribunal Colegiado/SCJN

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio 1184/2018, suscrito por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, por el cual en cumplimiento al requerimiento de treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, remite copias certificadas de algunas constancias que obran en los autos del juicio de origen. Ahora, del estado que guardan los autos, se advierte que el accionante de amparo reclamó la omisión de proveer su escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral 105/4/2010; sin embargo, del análisis de las constancias que allegó la responsable, se observa que el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, dictó el acuerdo que el accionante atribuía como una omisión. En el caso, se corrobora que se reclama una omisión, pues el peticionario de amparo señaló expresamente: ".reclamo de la autoridad responsable la dilación de acordar mi escrito de fecha de presentación diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dentro del expediente laboral número 105/4/2010." En mérito de lo anterior, debe decirse que en el presente juicio de amparo resulta innecesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional y dictar sentencia en la que deba analizarse la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados por la parte quejosa, ya que no se entrará al estudio de tal cuestión, toda vez que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, lo que constituye una cuestión de orden público y estudio preferente, atento al diverso numeral 62 de le ley de la materia, y a la jurisprudencia II.1o. J/5, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, consultada en el Semanario Judicial de la Federación, donde aparecen como datos la página 95, del Tomo VII, relativa a Mayo de 1991, Octava Época, Materia Común, cuyos rubro y texto son los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En efecto, el artículo y fracción en comento textualmente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Lo anterior es así, al tomar en consideración que la omisión de proveer su escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral 105/4/2010; cesó con el dictado del mismo el treinta y uno de mayo de dos mil dieciocho, lo que se corrobora con las constancias que anexó la responsable al oficio de cuenta, a las cuales se les otorga pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. De lo antes expuesto, es claro que el estado de incertidumbre en que se encontraba la parte quejosa hasta antes de la presentación de la demanda ha desaparecido (veinte de abril del año en curso), ya que como se dijo, por lo que quien aquí provee considera que ha sido restituida en el goce del derecho fundamental que estimó violado. Asimismo, la aludida restitución es equivalente a la que hubiese obtenido la parte quejosa en el supuesto de haber obtenido sentencia favorable en el presente juicio de amparo, pues en ese caso se hubiese ordenado a la responsable que en cumplimiento a la misma, dictara el proveído respecto a la omisión de proveer el escrito presentado el diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, dentro del juicio laboral 105/4/2010. En ese sentido, resulta necesario precisar que el artículo 8º Constitucional impone a las autoridades la obligación de dar respuesta en breve término, a las solicitudes formuladas por un particular; en tanto que los artículos 14 y 17 de la Carta Magna, son rectores del debido proceso, por lo cual cuando un ciudadano eleva una solicitud dentro de un procedimiento o juicio seguido en forma de juicio, las reglas son las que derivan del debido proceso y leyes secundarias, mas no las que impone el artículo 8º Constitucional. Así, de lo antes expuesto se advierte que la omisión reclamada deriva de un procedimiento laboral seguido en forma de juicio, en el que rigen las formalidades del debido procedimiento, de ahí que no se está en presencia de una respuesta en uso de su derecho de petición, por lo cual no es aplicable darle vista en términos de la jurisprudencia 1ª/J 7/2015 (10ª), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "DERECHO DE PETICIÓN. LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO JURISDICCIONAL O ADMINISTRATIVO SEGUIDO EN FORMA DE JUICIO NO PUEDE RECLAMARSE DE MANERA AUTÓNOMA. El artículo 8o. constitucional impone a la autoridad la obligación de dar respuesta, en breve término, a la solicitud formulada por un particular; por su parte los artículos 14 y 17 constitucionales regulan el debido proceso, así como el derecho de acción, a través de los cuales se busca obtener una decisión en la que se resuelvan de forma completa las pretensiones deducidas, mediante el cumplimiento de las formalidades esenciales del procedimiento. En razón de ello, los procedimientos ventilados ante organismos jurisdiccionales o aquellos seguidos ante autoridades que realicen funciones materialmente jurisdiccionales, se rigen bajo las garantías previstas en los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; por tanto, resulta jurídicamente inadmisible que se pueda reclamar de manera autónoma la omisión de dar respuesta a una petición en términos del artículo 8o. constitucional, cuando el particular eleva una solicitud a un funcionario público dentro de un juicio o dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, puesto que las reglas que rigen estos procedimientos son tanto las previstas en los artículos 14 y 17 constitucionales, así como las que desarrollan dichos derechos en la legislación secundaria. No obstante ello, la autoridad está obligada a analizar, conforme a los principios de indivisibilidad e interdependencia previstos en el artículo 1o. constitucional, los derechos como una unidad, no de forma aislada, sino como una totalidad indisociable y exenta de jerarquía. Así, al concebirse de forma armónica, se podrá resolver de mejor manera la omisión que reclama el particular dentro del procedimiento." Considerar lo contrario, implicaría quebrantar las formalidades de debido proceso que establezcan las leyes secundarias, a través de los cuales la parte quejosa pueda controvertir los actos que se emitan en el procedimiento, pues la vista a que hace referencia la jurisprudencia invocada lo es para el caso del derecho de petición tutelado en el artículo 8° Constitucional, que no se actualiza en el presente asunto por derivar la omisión reclamada de un procedimiento seguido en forma de juicio acorde a los preceptos 14 y 17 de la Carta Magna. Por otro lado, no pasa inadvertido que la parte quejosa señaló de forma genérica como auto reclamado "tener el procedimiento inactivo"; empero, se observa que dicha inactividad la hace valer como consecuencia de la falta de respuesta al escrito de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete, tan es así que en el mismo solicitó la regularización de un dato de fecha para continuar con la secuela procesal, lo que la responsable ya acordó, de ahí que no se haga mayor pronunciamiento sobre la inactividad genérica que aduce, máxime que no se refiere a un acto concreto, pues se reitera que se hace consistir en la omisión de acordar un escrito. En tales condiciones, lo procedente es SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Lo anterior es así, ya que en la especie ningún efecto práctico tiene esperar a que se celebre la audiencia constitucional, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad de los actos reclamados, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que se ofrezcan sea desvirtuada y se tenga que emitir una resolución en sentido diverso. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX, Junio de 1999, tesis 2ª./J.59/99, página 38, bajo el rubro y texto siguiente:

  3. Principal

    ...Visto lo de cuenta, agréguese al presente juicio de amparo el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual pretende dar cumplimiento al proveído de veinticinco de mayo de dos mil dieciocho, remitiendo copia certificada del acuerdo de quince de mayo de dos mil dieciocho, dictado en el juicio de origen, constancias de notificación del mismo y oficio 933/2018 dirigido a este órgano jurisdiccional. Al respecto, se le solicitó a la autoridad responsable que remitiera copia certificada de la resolución que dictara relativa al incidente de reposición aperturado en el juicio laboral 105/4/2010 (en el cual señaló las diez horas de esta propia fecha, para la celebración de su audiencia incidental de pruebas y alegatos); o bien, en su caso el acuerdo que le recayó al escrito de diecisiete de agosto de dos mil diecisiete. En consecuencia, continúa vigente el requerimiento de veinticinco de mayo del año en curso, bajo el apercibimiento que de ser omiso en cumplir con lo anterior, se le impondrá una multa de cien veces el valor diario que tenga en esta fecha la unidad de medida y actualización, en términos de los numerales 260, fracción II, de la Ley de Amparo.

  4. Principal

    Por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para esta fecha y se fijan las ONCE HORAS DEL VEINTICHO DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, para que tenga verificativo.

Quedan 3 actuaciones en este expediente

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