José Luis Espinoza Ruiz
Expediente 816/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 4 actuaciones registradas, la última del 7 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 07/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- José Luis Espinoza Ruiz
Actuaciones
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; siete de enero de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE EJECUTORIA. Por recibido el testimonio de la ejecutoria que envía la secretaria de acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. Acúsese el recibo de estilo. Hágase saber a la parte quejosa, que en sesión ordinaria virtual de dos de diciembre de dos mil veintiuno, dicho tribunal emitió ejecutoria en el recurso de queja laboral 160/2021, cuyo punto resolutivo es el siguiente: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por José Luis Espinosa Ruiz, contra el acuerdo de uno de julio de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza Primero de Distrito en el Estado de Hidalgo, dentro del juicio de amparo indirecto 816/2021-II-A". Háganse las anotaciones conducentes en el libro de gobierno. DESGLOSE. Por otra parte, se ordena desglosar las constancias originales que obren en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de queja interpuesto, a fin de que sean integradas al presente sumario. ARCHIVO Y VALORACIÓN. Con fundamento en el dispositivo 214 de la Ley de Amparo, en su oportunidad, archívese el presente sumario como concluido. 07/09/22 17:16:44 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.bf.1f FRANCISCO ALBERTO GARCIA RAMIREZ 2 Con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente expediente es destruible, toda vez que se desechó la demanda de amparo que le dio origen. DEPURACIÓN Y DESTRUCCIÓN DEL CUADERNO DE ANTECEDENTES. Asimismo, el cuaderno de antecedentes es susceptible de destrucción, al ubicarse en el supuesto contemplado en la fracción III, del artículo vigésimo del referido acuerdo.
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; veintitrés de agosto de dos mil veintiuno. ACUSE DE RECIBO. Téngase a la secretaria del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, informando que se admitió el recurso de queja que hizo valer la parte quejosa, mismo que quedó radicado bajo el número 160/2021, de su índice...II
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Pachuca de Soto, Hidalgo; doce de julio de dos mil veintiuno. QUEJA. Con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso e), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo: 1. Se tiene a Juan Manuel Rodríguez Doniz, en su carácter de apoderado de José Luis Espinosa Ruiz, interponiendo recurso de queja contra el auto de uno de julio de dos mil veintiuno. 2. Una vez que se notifique al recurrente el presente auto y sin necesidad de acuerdo previo, envíense a la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados del Vigésimo Noveno Circuito, (I) el informe sobre la materia de la queja; (II) el original del escrito de agravios; y, (III) original del expediente en que se actúa. 3. Fórmese cuaderno de antecedentes....II
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo; uno de julio de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Y EXPEDIENTE. Con la demanda promovida por José Luis Espinoza Ruiz, por conducto de su apoderado Juan Manuel Rodríguez Doniz, contra un acto del Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Hidalgo. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno, con el número 816/2021-II-A.PERSONALIDAD. Se tiene por reconocida la personalidad del promovente, en términos de la cart poder de siete de abril de dos mil veintiuno que se exhibe, en términos del numeral 10 de la Ley de Amparo.DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda, al advertirse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo.Cabe hacer mención que la razón del numeral citado en segundo término radica en evitar que los juzgadores de amparo continúen con un juicio que no va a rendir frutos cuando se actualicen causales cuyas características puedan advertirse desde la presentación de la demanda y no requieran de mayor prueba para su demostración.Al examinar la demanda, se advierte que se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción VIII, del propio ordenamiento, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, y El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 17/2015, emitió criterio en relación con la interpretación del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo. En la ejecutoria que dio origen a esa jurisprudencia, el Pleno del Máximo Tribunal refirió: En efecto, este Alto Tribunal considera que la norma en cuestión, no podría interpretarse literalmente y aseverar, como se dijo, que por el sólo hecho de que el legislador omitió hacer mayor precisión al respecto, el juicio de amparo procederá siempre e indefectiblemente cuando se reclamen actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, soslayando para ello los principios rectores del juicio de amparo constitucional y legalmente previstos, entre los que destacan, que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y que el mismo cumpla con el principio de definitividad, pues de interpretarla de esa manera, se podrían desencadenar consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y se contravendría la regularidad constitucional que busca preservar dicho medio extraordinario de defensa. En ese contexto, al no ser posible acudir a la interpretación gramatical de la norma, por las razones dadas; entonces, el método para definir el alcance que debe dársele al artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo vigente, en relación con la procedencia del juicio de amparo contra actos de autoridad en los que se determine declinar o inhibir la competencia, no puede ser otro que el que sea más acorde con los principios fundamentales previstos en la Constitución Federal y que rigen al juicio de amparo. Esto, pues no puede pasarse por alto que en el artículo 107 constitucional están instituidas las bases que deben reglamentarse en la legislación secundaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, encomendándose al Congreso de la Unión la obligación de desarrollar con toda precisión en la ley secundaria las instituciones y principios constitucionales que rigen el amparo, con la única condición, como se dijo, de mantener intactos sus principios y fines, es decir, sí puede desarrollarlos y ampliar su contenido, pero siempre que ese ulterior desarrollo o ampliación no pugne con el espíritu constitucional que los creó. En tal virtud, si el legislador al crear la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, únicamente introdujo como hipótesis de procedencia del juicio de amparo indirecto: Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto", sin hacer mayores especificaciones al respecto; luego, es necesario acudir, como se dijo, a la aplicación del principio de interpretación de la ley conforme a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico. Así, considerando que en la Constitución Federal se clasificaron las reglas establecidas para regular la procedencia del juicio biinstancial en contra de actos dictados en un juicio o en un procedimiento, según su carácter sustantivo y material, en oposición a su carácter adjetivo y formal, a que produzcan una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado y que dicho acto goce de definitividad, en congruencia con el principio de concentración de violaciones procesales antes mencionado previsto en la Ley de Amparo; entonces, es de colegirse que por más que en la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, de manera destacada el legislador introdujo la posibilidad de combatir actos de autoridad en los que se determine inhibir o declinar la competencia, ello no significa, de facto, que el juicio de amparo resulte procedente, pues antes debe superar un test de procedibilidad establecido no sólo en el artículo 107 de la Ley de Constitución Política de este país, sino en diversas disposiciones constitucionales y reglamentarias. Situados en la parte en la que debe definirse si el acto de que se trata produce una afectación real, actual y de manera inmediata en la esfera jurídica del gobernado, debe constatarse si dicho acto es definitivo. De lo anterior, se desprende que ya sea que una autoridad o tribunal se declare incompetente para conocer de un determinado asunto, o bien, que ello sea consecuencia de la formulación de una cuestión competencial, como las referidas, en cualquier caso existe un trámite que debe llevarse a cabo dentro del procedimiento o juicio e incluso, existen medios de defensa ordinarios que deben agotarse (cuando estén previstos), y no será hasta que la primera de las condiciones se actualice o, en su caso, se interpongan y se resuelvan los recursos correspondientes cuando podrá considerarse que el acto de que se trata es definitivo y, por ende, ponderar si produce una afectación personal, real y directa en la esfera de derechos del interesado, lo que se actualizará, en el caso a examen, hasta que la autoridad a favor de la cual se declina competencia, la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Ello, pues como se vio, en una cuestión de competencia están involucradas al menos dos autoridades, y cada una de ellas puede determinar si acepta o rechaza la competencia que le fue planteada por la otra; y el hecho de que el numeral en examen expresamente no lo determine así, no significa que sea posible impugnar cada una de las decisiones que las autoridades van tomando en el trámite de esas cuestiones, porque ello implicaría asumir una interpretación que no es congruente con los principios rectores del juicio de amparo contenidos en la Carta Magna, ni así tampoco con uno de los fines que previó el legislador en la reforma en materia de amparo, que tiene que ver, precisamente, con la necesidad de no obstaculizar el desarrollo de los procedimientos ordinarios. Así, cuando una de las partes en un procedimiento ordinario tiene la pretensión de que sea una determinada autoridad u órgano jurisdiccional el que conozca del asunto, y no otra, la afectación se produce cuando la autoridad correspondiente llega a la determinación de que es competente y acepta la competencia declinada, o bien, acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto. Esto es, en la cuestión de competencia por declinatoria, cuando la autoridad correspondiente considera que, efectivamente, no es competente, emitirá una declaratoria. Y en el caso de la inhibitoria, si la autoridad o tribunal que no está conociendo del asunto estima que sí es competente, solicitará a la que conozca de aquel que se inhiba. No obstante, la declaratoria o la solicitud en uno u otro caso, no constituyen aún determinaciones susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, ya que ello se estaría supeditando a un acto cuya afectación no se ha materializado, porque las decisiones mediante las cuales una autoridad declina competencia a favor de otra, o requiere a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto, no tiene como consecuencia forzosa la aceptación de la competencia, sea por declinatoria o inhibitoria, porque bien podría darse el caso de que se rechace aquélla y será hasta en ese momento cuando se produzca una afectación personal y directa a la esfera de derechos del gobernado. En conclusión, será hasta ese momento cuando la incidencia en los derechos de los gobernados cobre una especial relevancia, con independencia de que la incompetencia sea por razón de la vía, del fuero, de la materia o del territorio, ya que si bien alguna de ellas podría traer como consecuencia que un procedimiento o juicio se tramite no sólo por una autoridad incompetente sino con base en reglas distintas a las del fuero al que originalmente corresponde; la afectación personal y directa que representa una cuestión competencial, en los términos indicados, se produce precisamente cuando tales actos en los que se determinen declinar o inhibir la competencia o el conocimiento de un asunto, sean aquellos en los que la autoridad a favor de la cual se declina competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando el órgano requerido se inhibe en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria) y no antes. De tal ejecutoria derivó la jurisprudencia P./J. 17/2015 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, página 5, que es del siguiente tenor: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas. Como se ve, para que sea procedente el juicio de amparo, tratándose de cuestiones de competencia, no basta con que una autoridad la decline, o bien, pida a otra que se inhiba en el conocimiento de algún asunto; sino que, la afectación que produzca tal determinación debe ser definitiva. Cabe precisar que se tratará de un acto definitivo la determinación en que el órgano al que se declinó la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria); o bien, aquella en el que la autoridad acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria). Pues sería hasta entonces cuando se producen todas las consecuencias del acto reclamado y, por tanto, se ha causado una afectación personal y directa a la esfera de la parte interesada. En el caso, el quejoso reclama el auto de siete de junio de dos mil veintiuno, emitido en el expediente 250/2021, en el cual el Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Hidalgo, se declaró incompetente para conocer del asunto exclusivamente por cuanto hace al despido injustificado, y declinó la competencia a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad. Como se observa, en el caso no se actualiza la hipótesis de procedencia del juicio de amparo, ya que la determinación adoptada por el Tribunal Laboral Federal de asuntos individuales en el Estado de Hidalgo no es definitiva. Se asevera de esa forma, porque la resolución en la que la autoridad responsable declinó la competencia a favor de Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad no tiene como consecuencia necesaria que dicho órgano acepte el conocimiento del asunto. En efecto, ante la declinatoria realizada a favor de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad se pueden presentar los siguientes supuestos: a) Que acepte la competencia declinada, y b) Que la rechace. De ocurrir el primer supuesto, se estaría ante la presencia de un nuevo acto; y de rechazarla, podría generarse un conflicto competencial, por lo que, sería lo resuelto en el mismo, lo que, en su caso, constituiría el acto definitivo. Además, de acuerdo al sistema de competencias que rige en la Ley Federal del Trabajo, cuando el conflicto competencial se suscita entre órganos jurisdiccionales de fueros distintos, quien debe dirimirlo es el tribunal colegiado de circuito correspondiente, en este caso el del Vigésimo Noveno Circuito, con residencia en esta ciudad. Por lo anterior, se estima que la resolución combatida en la presente vía constitucional no puede considerarse como un acto definitivo, pues ello ocurrirá hasta que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad determine si acepta el conocimiento del asunto. De ahí que la resolución combatida no ha producido una afectación personal y directa a la esfera de derechos del quejoso que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Sin que obste a lo anterior, lo referido por el promovente en el sentido de que de no admitirse su demanda, se dividiría la continencia de la causa, porque el juicio ante el tribunal laboral federal continuaría por las prestaciones de seguridad social, mientras que el relativo a las prestaciones por despido injustificado se desfasaría si su reclamo resulta fundado. Al respecto debe decirse, que la fracción VIII del artículo 107 de la Ley de Amparo, prevé la procedencia del juicio de amparo respecto de una violación de carácter procesal, como un supuesto de excepción, por las consecuencias que genera el hecho de que no se determine anticipadamente a quién le corresponde la competencia para conocer de un asunto. Por tanto, como norma de excepción, su interpretación y aplicación son estrictas, razón por la cual los supuestos que se prevén no pueden hacerse extensivos a otros diversos, pues no puede sustituirse, ampliarse o complementarse la voluntad legislativa. De manera que si el referido numeral no prevé excepciones sobre las excepciones, como sería el caso de la declaración de incompetencia parcial, no hay motivo para considerar que, en el caso de nuestra atención, pueda sumarse a la hipótesis de procedencia del juicio de amparo otro supuesto que no está previsto en la citada porción normativa. Con fines meramente ilustrativos, se invoca la tesis aislada del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, página 754, Quinta Época, de rubro y texto siguientes: "LEYES DE EXCEPCIÓN. Las leyes que establecen excepciones, son de estricta interpretación, y, por tanto, no pueden aplicarse por analogía, a caso alguno no comprendido en ellas." Así, al quedar acreditada de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia contemplada en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción VIII, del propio ordenamiento, interpretado a la luz de la jurisprudencia P./J. 17/2015; procede desechar de plano la demanda presentada por José Luis Espinoza Ruiz. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADOS. Se tiene como tal el ubicado en calle Río Yaqui número 127, colonia ISSSTE, en esta ciudad. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Mirsha Iraís Bautista Pérez y Damián Ramírez Bautista, y únicamente para recibir notificaciones a José Soto Jasso, Salvador Mayorga Robledo y Elena Donis Bautista, toda vez que no se encontraron inscritos en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales (REGPROF). De igual forma se tienen como autorizados para recibir notificaciones a Santiago Romero Mejía e Irving Sánchez Sánchez, por así haberlo solicitado. CONTINUIDAD DEL TRABAJO A DISTANCIA O TELETRABAJO. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuara´ laborando de manera remota a través de medios electrónicos y solo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente, sobre la base que para la atención al público no se dispone de la plantilla completa del personal. ATENCIÓN DE MANERA PRESENCIAL Y CON PREVIA CITA. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine genere la cita correspondiente y b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. EXHORTO A LAS PARTES PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. SE EXHORTA A LAS PARTES A MEJORAR LA COMUNICACIÓN PARA FACILITAR EL TRÁMITE DEL JUICIO. Se exhorta a las partes para que soliciten el acceso al expediente electrónico en el presente asunto y que las notificaciones se le practiquen vía electrónica, para lo cual deberán señalar el «nombre de usuario» que al efecto se le proporcione al registrarse en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, acorde a los artículos 16, 17, 18, 35 y 55 del Acuerdo General 12/2020 relacionados con el diverso 22 del Acuerdo General 21/2020. PUBLICACIÓN DE LISTAS. Dado que aún no se permitirá la entrada normal de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet, adicionalmente este juzgado remitirá por correo electrónico a la administración las listas a publicar las cuales serán colocadas en la entrada del edificio para consulta de los interesados. MEDIOS PARA ESTABLECER COMUNICACIÓN NO PROCESAL CON LAS PARTES. Por certeza jurídica las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, ya sea correo electrónico o número telefónico, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO MÓVIL Y CORREO ELECTRÓNICO. Con fundamento en la fracción I del artículo 5 del acuerdo general de referencia, se requiere a las partes para que, dentro del término de tres días, proporcionen un número de teléfono móvil y una cuenta de correo electrónico a fin de que personal de este juzgado federal establezca contacto, en caso de ser necesario, en la inteligencia de que, por certeza jurídica, las notificaciones únicamente se practicarán por lista o de manera electrónica, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; sin embargo, en caso de considerarlo necesario, se entablará comunicación no procesal con las partes, cuyo contenido deberá registrarse y de ser necesario incorporarse al expediente previa certificación, en términos de lo dispuesto por el artículo 22, fracción II, del Acuerdo General 21/2020, por lo que para tal efecto se tomarán en consideración los datos de contacto proporcionados por las partes, para acordar previamente la práctica de notificaciones personales o diligencias, siempre que ello se estime pertinente para el éxito de éstas y la seguridad de quienes intervengan en la misma, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 23, fracción I, del Acuerdo General 21/2020. MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con la Circular 12/2009, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza tanto al promovente como a su autorizada el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, a efecto de imponerse para oír y recibir notificaciones de los acuerdos dictados en el presente juicio. GLOSA DE PROMOCIONES SIN ACUERDO. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena a la secretaria que proceda, bajo criterio limitado y hábil, únicamente a certificar y agregar a los autos aquellas promociones donde resulte inútil dictar acuerdo. Lo anterior procederá solo en las siguientes hipótesis: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes o comunicaciones recibidas; c) acuses de recibo. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con fundamento en el numeral 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para efectuar las notificaciones que se ordenen realizar en el presente juicio de amparo....II
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