José Luis Escudero Díaz

Expediente 1746/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de enero de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1746/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
10/01/2018

Partes del expediente

  • José Luis Escudero Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de enero de dos mil dieciocho. Se tiene por recibido el oficio signado por la SECRETARIA DE ACUERDOS DE LA SECCIÓN DE AMPAROS MIXTA DE LA TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MORELOS, mediante el cual acusa recibo de los autos originas del toca penal 219/2015-3ª -O, así como tres discos en formato DVD ; el que se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda y surta sus efectos conducentes; sin que haya lugar a mayor pronunciamiento en razón de que mediante auto de veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete, se ordenó el archivo del presente asunto, lo que se asienta para los efectos legales a los que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Geovanni Ramírez Chabelas, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinticuatro de noviembre de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por JOSÉ LUIS ESCUDERO DÍAZ, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Por otra parte, toda vez que la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos del I; en esas condiciones, remítase a la autoridad responsable el anexo de referencia, para los efectos legales a que haya lugar, solicitando de la manera más atenta se sirva acusar de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Aletia González Huerta, Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por licencia del titular, concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio ********************de fecha veinticuatro de octubre de dos mil diecisiete, quien actúa ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de noviembre de dos mil diecisiete. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Se tiene por recibido y se ordena agregar a sus autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio 864/2017-C-I signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, con sede en esta ciudad, que contiene la sesión de diecisiete de octubre del año en curso, remitiendo los autos originales del toca penal 219/2015-3ª-O-13, del índice de la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, el cuadernillo de incompetencia relativo al amparo directo D.P. 108/2017 que contienen el original de la demanda de garantías promovida por JOSÉ LUIS ESCUDERO DÍAZ, así como las constancias de emplazamiento al Agente del Ministerio Público que interviene en el toca penal antes citado y a Sacnicte Guadalupe García Delgado; con lo anterior, se ordena formar el expediente respectivo bajo el número de orden 1746/2017-III, promovida por JOSÉ LUIS ESCUDERO DÍAZ, por su propio derecho, contra actos de la TERCERA SALA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS, debiendo realizar las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado. Se ordena acusar recibo a la Superioridad de su oficio 864/2017-C-I y anexos antes descritos, para los efectos legales a que haya lugar, informándole que este Juzgado Federal asume conocimiento de la demanda de mérito. DESECHAMIENTO. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta : Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: La parte quejosa reclama: ".4.- Resolución de fecha veintiséis de enero de 2017, dictada dentro del toca penal número 219/2015-3-O-13." A criterio del suscrito Juzgador conviene precisar que la citada resolución, no obstante de haber sido dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, en el toca número 219/2015-3-O-13, tiene efectos relativos a actos dentro de juicio, tomando en consideración que la citada autoridad ordenó el reenvió para el efecto de que el Tribunal de Juicio Oral, previo a resolver sobre la petición de SOBRESEIMIENTO, solicitado por el Agente del Ministerio Público, atienda sobre su los datos vertidos por la Fiscal son reales o no, pronunciándose sobre cada uno de los medios de pruebas ofrecidos por el Fiscal Investigador en el Auto de Apertura de Juicio Oral de fecha doce de mayo de dos mil quince; en consciencia, se advierte que los efectos de dicha resolución se encuentran comprendidos en actos dentro de juicio. A mayor abundamiento, de lo narrado en el escrito inicial de demanda se advierte lo siguiente: 1.- Con fecha seis de octubre del año dos mil quince, el Licenciado Ramón Villanueva Uribe, en su calidad de Juez Presidente dictó el sobreseimiento de la causa penal JO/57/2015, misma que tuvo el carácter de sentencia definitiva absolutoria a favor del promovente. 2.- Inconforme con dicha resolución la ofendida Sacnicte Guadalupe García Delgado, interpuso recurso de apelación, por lo que se con fecha veintiséis de noviembre de dos mil quince, le fue admitido el recurso de casación, radicado bajo el toca número 219/2015-3-O-13; y, 3.- Consecuentemente, con fecha veintiséis de enero de dos mil diecisiete, la autoridad señalada como responsable dictó la resolución que el promovente de amparo reclama en la presente instancia constitucional, por virtud de la cual en los puntos resolutivos se advierte que determinó lo siguiente: ".PRIMERO. Ha lugar a CASAR el Auto de SOBRESEIMIENTO dictado en la audiencia de debate a Juicio Oral de fecha seis de octubre de dos mil quince, dictada por el Licenciado Ramón Villanueva Uribe, Juez de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sanciones del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, en calidad de Juez Presidente, en la causa penal JO/057/2014. SEGUNDO. Se ordena el REENVIÓ, para el efecto de que el Tribunal de Juicio Oral, previo a resolver sobre la petición de SOBRESEIMIENTO solicitado por el Agente del Ministerio Público, atienda sobre si los datos vertidos por la fiscal son reales o no, pronunciándose sobre cada uno de los medios de prueba ofrecidos por el Fiscal Investigador en el Auto de Apertura de Juicio Oral de fecha doce de mayo de dos mil quince, concretamente respecto a las siguientes probanzas: La testimonial a cargo de GUADALUPE PLIEGO NAVA, de ocupación Policía Municipal dependiente de la Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano Dirección General de la Policía Municipal. La materia sobre la cual habrá de recaer su declaración, es principalmente sobre las circunstancias sobre la puesta a disposición. Respecto a esta prueba se omitió mencionar sobre la imposibilidad de poder presentarla o justificar, en todo caso, el por qué no la presentaría. La testimonial a cargo de JORGE ALBERTO ORTEGA LIRA, de ocupación Policía Municipal dependiente de la Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano, Dirección General de la Policía Municipal. La materia sobre la cual habrá de recaer su declaración es principalmente sobre las circunstancias de la puesta a disposición número 265/2010, por parte de la Secretaria de Protección y Auxilio Ciudadano, relacionada con los presentes hechos. Respecto a esta prueba se omitió mencionar sobre la imposibilidad de poder presentarla o justificar, en todo caso, el por qué no la presentaría. La testimonial a cargo de RAFAEL GUSTAVO ADOLFO BAUTISTA Y LUGO, de ocupación Policía Municipal, adscrito a la Fiscalía General del Estado. La materia sobre la que ha de recaer su declaración será principalmente sobre el acta de aviso de fecha dieciocho de agosto del dos mil diez, relacionada con el acta de levantamiento de la persona que en vida respondiera al nombre de ANTONIO ADRIÁN GARCÍA ISLAS. Prueba que omitió mencionar la fiscalía, relativo a la imposibilidad de presentarla o justificar, en todo caso, el por qué no la presentaría. La testimonial a cargo de NORMA CORTÉS VÁSQUEZ. La materia sobre la cual ha de recaer su declaración es principalmente sobre la identidad del conductor del vehículo de la marca lntemational. Prueba que omitió mencionar la fiscalía, relativo a la imposibilidad de presentarla y justificar en todo caso, el por qué no la presentaría. Así como las periciales a cargo de MIGUEL AGUAYO GONZÁLEZ, perito en materia de criminalística de campo adscrito a la Coordinación de Servicios Periciales de la Zona Metropolitana; e, IDELFONSO HERRERA RAMOS, perito en materia de fotografía, adscrito a la Fiscalía General del Estado, Coordinación Zona Metropolitana. Pruebas que omitió mencionar la fiscalía, respecto a la imposibilidad de poderla presentar o justificar, en todo caso, el por qué no la presentó en la audiencia correspondiente." (Sic) De lo anterior se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Como quedó apuntado, la parte quejosa reclama la resolución de veintiséis de enero del año en curso, dictada por la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos, en el toca penal 219/2015-3-O-13, por virtud de la cual la citada autoridad entre otras cosas ordenó el reenvió para el efecto de que el Tribunal de Juicio Oral, previo a resolver sobre la petición de SOBRESEIMIENTO, solicitado por el Agente del Ministerio Público, atienda sobre su los datos vertidos por la Fiscal son reales o no, pronunciándose sobre cada uno de los medios de pruebas ofrecidos por el Fiscal Investigador en el Auto de Apertura de Juicio Oral de fecha doce de mayo de dos mil quince; en consciencia, se reitera que dicha resolución y, sus consecuencias, encuadran en actos dentro de juicio. Ahora bien, conforme al artículo 107, fracción V, de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. Así, tenemos que la resolución reclamada por el quejoso, no se encuentra en ninguna de las excepciones establecidas por la Ley, en razón de que este, no se encuentra privado de su libertad, en tal virtud a la fecha, con la resolución materia del acto reclamado, no se le afecta de ningún modo, el derecho fundamental a la citada restricción de la libertad la cual está reconocida tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México; en consecuencia, por el momento, no produce una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues en todo caso, sólo produce una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, aunado a ello, únicamente recae sobre derechos puramente procesales, sin lesionar bienes jurídicos distintos de los que confieren las leyes adjetivas, porque la afectación recae a un derecho procesal generado por el ejercicio de la acción de la parte quejosa ante la autoridad responsable, del que no gozaba antes de la promoción del juicio primigenio, por ello, el acto reclamado no tiene el carácter de irreparable para efectos de procedencia del juicio de amparo indirecto. Tesis: 1a./J. 64/2016 (10a.) Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época 2013282 1 de 1 Primera Sala Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo I Pag. 356 Jurisprudencia(Común) En el caso, es aplicable la siguiente jurisprudencia: REPOSICIÓN DEL PROCESO PENAL. LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE LA ORDENA OFICIOSAMENTE RESPECTO DE UN IMPUTADO QUE SE ENCUENTRA EN RECLUSIÓN PREVENTIVA, CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, CONTRA EL CUAL PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver las contradicciones de tesis 377/2013 y 14/2015, respectivamente, determinó que por actos de imposible reparación deben entenderse aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos, ya sea que éstos se encuentren reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y precisó que sus consecuencias, al ser de tal gravedad, impiden en forma actual el ejercicio del derecho involucrado, por lo que con su dictado no sólo producen lesiones jurídicas de naturaleza formal o adjetiva. Asimismo, para delimitar esa irreparabilidad, se establecieron dos condiciones: 1) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto de autoridad impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente; y, 2) que esos derechos revistan la categoría de "sustantivos", expresión que resulta antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento. Con base en ello, la decisión de un tribunal de alzada que ordena oficiosamente la reposición de un proceso penal instaurado contra un imputado que se encuentra en reclusión preventiva, constituye un acto de imposible reparación contra el cual procede el juicio de amparo indirecto, toda vez que si bien es cierto que esa determinación no contiene pronunciamientos relacionados con el fondo del asunto, también lo es que derivado de ésta, la decisión del caso se pospone y la restricción a la libertad personal a la que el quejoso está sujeto de forma preventiva se prolonga, pudiéndose afectar, desde el pronunciamiento de dicha resolución, el derecho fundamental a que la citada restricción de la libertad sea por un plazo razonable, el cual está reconocido tanto en la Constitución Federal, como en diversos tratados internacionales suscritos por México. (Lo resaltado es propio de este Juzgado) Asimismo, es aplicable en lo conducente, por analogía la Jurisprudencia emitida por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo V, cuyo rubro y texto son: "PRUEBAS. SU ADMISIÓN, COMO REGLA GENERAL, CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO. Las fracciones III, VII y XI, del artículo 159 de la Ley de Amparo guardan estrecha relación entre sí, ya que en la primera se establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que afectan las defensas del quejoso, cuando no se le reciban pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley; en la segunda fracción cuando sin su culpa se reciban, sin su conocimiento, las pruebas ofrecidas por las otras partes, con excepción de las que fueren instrumentos públicos, y en la tercera, o sea en la fracción XI del mismo numeral, también se establece que son violaciones de esa índole los casos análogos a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda. Ahora bien, debe estimarse como caso análogo al previsto por las fracciones III y VII, la admisión de las pruebas ofrecidas por la parte contraria del quejoso, tomando en consideración que igual perjuicio recibe el agraviado cuando son rechazadas ilegalmente las pruebas que ofrece, como cuando a su contraparte se le reciben las que propone sin conocimiento del quejoso, en una forma contraria a lo establecido por la ley. En consecuencia, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, la violación de que se trata, sólo es reclamable mediante el amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo. Sin embargo, esta regla general sufre una excepción: cuando esa admisión y su consecuente desahogo puedan tener una ejecución de imposible reparación, ya que se viola una garantía individual que no podrá repararse, aunque la sentencia llegue a ser favorable al efecto, lo que sucede de acuerdo con la tesis jurisprudencial número 16 publicada en la página 81 del Informe de Labores del Presidente de este Alto Tribunal, correspondiente al año de mil novecientos ochenta y nueve, con el rubro de "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL.". Además, lo anterior queda claro con el criterio establecido en la jurisprudencia número 3/90 Tercera Sala, en la que se considera que la admisión de la prueba pericial contable en los libros del quejoso, ofrecida por la contraparte, es una violación reclamable en amparo indirecto, por darse esa hipótesis." Es aplicable por analogía en lo que interesa, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, P./J. 6/94 Octava Época, Abril de 1994, página 13, del tenor siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto." Además la improcedencia del presente juicio de amparo no viola los derechos humanos, pues el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, pues a través de ésta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado. Aunado a que el citado artículo 107, fracción V, de la Ley de la Materia permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, lo que en el caso concreto no acontece, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen. Lo anterior, tiene sustento en la Tesis 2a. XLVIII/2015 (10a.), de la Segunda Sala, Décima Época, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, materia común, página 1070, del tenor literal siguiente: "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE LOS DEFINE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD POR LO QUE SE REFIERE AL DERECHO AL RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. La porción referida no eliminó un derecho ni restringió el nivel de protección alcanzado en la regulación de la Ley de Amparo abrogada, debido a que en ésta no se reconocía expresamente la posibilidad de que dentro de los "actos de imposible reparación" se entendiera a los procesales que afectan en grado predominante o superior, ya que ni siquiera existía disposición alguna que definiera ese concepto para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, antes bien constituía un aspecto indeterminado. Y aun cuando la Ley de Amparo vigente, construida bajo un nuevo esquema de protección a los derechos humanos, en su artículo 107, fracción V, define lo que debe entenderse por tal enunciado, ello responde a un rediseño del juicio de amparo que permite al gobernado controvertir, a través de la vía indirecta, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la directa los actos que impliquen alguna violación procesal, con el fin de consolidar la efectividad de la institución del juicio de amparo y evitar el abuso de su promoción con el consecuente retraso u obstaculización del dictado de la resolución de fondo del asunto de origen." De igual forma, encuentra apoyo en la Tesis 2a. XLIX/2015 (10a.), Segunda Sala, de la Décima Época, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 19, Junio de 2015, Tomo I, página 1078, materia común, que se a continuación se transcribe: "RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. LA GARANTÍA DE ESE DERECHO NO IMPLICA QUE DEBAN IMPUGNARSE VIOLACIONES PROCESALES DE MANERA INMEDIATA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Aun cuando el derecho a la protección judicial reconocido por el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, establece la necesidad de que la persona cuente con un recurso sencillo, rápido y efectivo, a fin de hacer frente a las violaciones a sus derechos, lo cierto es que tales características se asocian principalmente con la "efectividad" del recurso a través del cual el gobernado pueda acudir a los tribunales competentes a obtener la reparación del derecho humano violado, pues la rapidez o sencillez del recurso, no garantiza necesariamente el resultado pretendido. En ese sentido, el hecho de que el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, establezca un concepto que permita al gobernado controvertir, a través del juicio de amparo indirecto, únicamente los actos cuya afectación a derechos sustantivos sea inminente, dejando para la vía uniinstancial los actos que impliquen alguna violación procesal, no significa que el amparo directo constituya un recurso ilusorio, en tanto que a través de esta vía cuenta con la posibilidad real de verse restituido en el goce del derecho que estima violado; máxime si se toma en cuenta que esa medida operativa permite dar coherencia y celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios, evitando el abuso en la promoción del juicio de amparo ante el Juez de Distrito, con fines dilatorios." Sin que se desconozca la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.) del rubro: "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" toda vez que en dicho criterio jurisprudencial se estableció que el análisis de la procedencia del juicio de amparo implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en dicha etapa procesal sólo constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Sin embargo, en el caso, al tratarse de una demanda de amparo intentada en la vía directa, al momento en el que se emite la presente determinación, el suscrito cuenta con la totalidad de las constancias que integran el toca penal de origen, razón por la cual la anterior convicción no cambiaría ni admitiendo a trámite la demanda, solicitando el informe justificado o con las pruebas que las partes aportasen. En consecuencia, en el caso queda actualizada en forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al diverso artículo 107, fracción V, interpretado a contrario sensu, de la Ley de Amparo, por lo que SE DESECHA DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTÍAS promovida por JOSÉ LUIS ESCUDERO DÍAZ, en términos del arábigo 113 de la Ley de la Materia. ? DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Francisco Leyva, número 9, despacho 24, colonia Centro, Cuernavaca, Morelos; asimismo se tiene como autorizados con las facultades que refiere a las personas y profesionistas propuestos para tal efecto. Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la carta magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos; además, se les indica que las promociones que dirijan a este asunto deberán contener el número de expediente y mesa de trámite. Finalmente, tomando en cuenta la voluminosidad de las constancias remitidas por la autoridad responsable como complemento de su informe justificado, fórmese el anexo I, que integran las constancias descritas en su informe, el cual queda a disposición de las partes en la Secretaría del Juzgado, no obstante a ello, una vez que quede firme el presente auto, se ordena la devolución del referido anexo, a la autoridad responsable, para los efectos legales procedentes a los que haya lugar. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma Carlos Anuar Jaimes Torres, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, que autoriza y da fe.

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