José Luis Escamilla Hernández
Expediente 226/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 6 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 226/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 20/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- José Luis Escamilla Hernández
- Todas las Partes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinte de mayo de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede, el estado procesal que guardan los presentes autos, advirtiéndose que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que ninguna de las partes hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el veintinueve de abril del año en curso, en la que se sobreseyó en el juicio de amparo; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria, la sentencia de mérito. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Ahora, vista la certificación que antecede de la que se advierte que por auto veintiuno de marzo de dos mil veintidós, se decretó la suspensión de oficio y de plano; por tanto, con fundamento en el artículo 18, incisa a, del aludido Acuerdo, este expediente es depurable una vez transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto; por ello, se conservará en el archivo de valor jurídico la demanda y sentencia respectiva, previa digitalización. Destino. Transcurridos más de tres años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, procédase a su depuración, conforme al numeral 18, fracción II, inciso c), último párrafo del aludido diverso Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno impreso y electrónico. Archivo del incidente de suspensión. Se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión y no se tramitó incidente de suspensión provisional. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese
- Principal
R E S U E L V E PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por por quejoso ***, en términos de los considerandos quinto y séptimo de esta sentencia. SEGUNDO. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el considerando último de este fallo. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos se advierte que se señalaron las diez horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de mayo próximo, para la celebración de la audiencia constitucional, en virtud de que las autoridades señalas como responsables no rindieron su informe; sin embargo los mismos ya obran en autos; en consecuencia, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de amparo, atento a su numeral 2, se deja sin efecto la citada fecha y hora y en su lugar se fijan las nueve horas con cuarenta y cinco minutos del veintinueve de abril del año en curso, para su celebración. Notifíquese
- Principal
Salina Cruz, Oaxaca, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Vista la certificación y el estado procesal que guardan los autos, se aprecia que transcurrió el término de quince días concedido a las autoridades responsables Agente del Ministerio Público adscrita a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Contra la Mujer por Razón de Género de la Región del Istmo, residente en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca; Fiscal en turno de la Fiscalía Local de Salina Cruz, Oaxaca; y, Comandante en turno, de la Agencia Estatal de Investigaciones, sede Salina Cruz, Oaxaca, para que rindieran su informe justificado, sin que lo hicieran; consecuentemente, en términos del artículo 117, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se presume cierto el acto que les reclamó la parte quejosa. Consecuentemente, con apoyo en los artículos 75, párrafo tercero de la Ley de Amparo y 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se requiere a dichas autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remitan copia certificada, legible y completa de la totalidad de las constancias de las cuales emanó el acto reclamado, apercibidas que de no dar cumplimiento a ello, dentro de la temporalidad concedida, se les aplicará una multa equivalente a cincuenta unidades diarias de medida y actualización vigente. Es aplicable al caso por analogía, la jurisprudencia P./J. 17/97, aprobada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ciento ocho, Tomo V, febrero de mil novecientos noventa y siete, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 199454, cuyo tenor literal es el siguiente: "PRUEBAS Y ACTUACIONES PROCESALES. EL JUZGADOR DE AMPARO DEBE ALLEGÁRSELAS CUANDO LAS ESTIME NECESARIAS PARA RESOLVER EL ASUNTO. De conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito deberá recabar oficiosamente pruebas que, habiendo sido rendidas ante la responsable, no obren en autos y estime necesarias para la resolución del asunto. De acuerdo con esta regla y atendiendo a la necesidad de encontrar la verdad material sobre la formal que tuvo en cuenta el legislador, debe estimarse que la reforma que sustituyó la palabra "podrá" por "deberá", se encaminó a atenuar el principio general contenido en el tercer párrafo del artículo 149 del citado ordenamiento, pues por virtud de la misma ya no corresponde exclusivamente a las partes aportar las pruebas tendientes a justificar las pretensiones deducidas en los juicios de garantías, sino también al Juez de Distrito para allegar de oficio todos los elementos de convicción que habiendo estado a disposición de la responsable, estime necesarios para la resolución del amparo, circunstancia de necesidad que no debe quedar al libre arbitrio del Juez, sino que debe calificarse tomando en cuenta la estrecha vinculación que la prueba o la actuación procesal tienen con el acto reclamado, de tal modo que de no tenerse a la vista aquéllas sería imposible resolver conforme a derecho sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto. Asimismo, no puede estimarse que la obligación a que se refiere el artículo 78 de la Ley de Amparo, pugne con lo dispuesto por el numeral 149, pues la aplicación de aquel precepto se actualiza cuando la autoridad reconoce en su informe la existencia del acto sosteniendo únicamente su legalidad, que es una situación diversa a la presunción de certeza que opera por la falta de informe, en cuyo caso corresponde al quejoso la carga de la prueba cuando el acto reclamado no sea violatorio de garantías en sí mismo, sino que su constitucionalidad o inconstitucionalidad dependa de los motivos, datos o pruebas en que se haya fundado el propio acto." Para dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, fijándose las diez horas con treinta y cinco minutos del diecisiete de mayo del año en curso, para su celebración. Notifíquese.
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