José Luis Elizalde Milan

Expediente 485/2017 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito. 8 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
485/2017
Año
2017
Actuaciones
8
Última actuación
31/10/2017

Partes del expediente

  • José Luis Elizalde Milan
  • Director de Obras Públicas de San Agustín Metzquititlán
  • Clementina Cordero Peralta

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Amparo en revisión

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA SIGNADO POR LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, MEDIANTE EL CUAL ACUSA RECIBO DE LO QUE REFIERE, PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. ASIMISMO, AL NO EXISTIR DOCUMENTO ORIGINAL QUE DEVOLVER, ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE. POR OTRA PARTE, EL EXPEDIENTE EN QUE SE ACTUA ES DESTRUIBLE Y CARECE DE RELEVANCIA DOCUMENTAL.

  2. Amparo en revisión

    AGREGUESE EL OFICIO DE CUENTA DE LA ADMINISTRADORA POSTAL PERTENECIENTE A LA SUBDIRECCIÓN REGIONAL CENTRO COORDINACIÓN ESTATAL HIDALGO, MEDIANTE EL CUAL INFORMA QUE EL ACUSE 10720 DEL INDICE DE ESTE TRIBUNAL YA FUE DEVUELTO MEDIANTE RELACIÓN DE VEINTICUATRO DEL MES Y AÑO EN CURSO, MISMO QUE YA OBRA GLOSADO EN AUTOS, LO ANTERIOR PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, POR OTRA PARTE VISTO EL ESTADO DE AUTOS Y LA CERTIFICACIÓN DE CUENTA DE LOS CUALES SE ADVIERTE QUE EL TERMINO DE TRES DIAS PREVISTO EN EL PARRAFO SEGUNDO DEL ARTICULO 104 DE LA LEY DE AMPARO HA TRANSCURRIDO SIN QUE LA PARTE RECURRENTE HAYA IMPUGNADO LA RESOLUCIÓN DE TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECISIETE, POR LA CUAL ESTE TRIBUNAL DESECHO POR IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN INTERPUESTO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE DIECISEIS DE AGOSTO DEL PRESENTE AÑO, DICTADO POR EL JUEZ SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE HIDALGO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, 568/2017-3 EN CONSECUENCIA SE TIENE POR CONSENTIDA DICHA RESOLUCIÓN LO ANTERIOR HAGASE DEL CONOCIMIENTO DEL JUEZ DE DISTRITO Y EN SU OPORTUNIDAD ARCHIVESE EL PRESENTE ASUNTO COMO TOTALMENTE CONCLUIDO, PREVIAS LAS ANOTACIONES EN EL LIBRO DE GOBIERNO CORRESPONDIENTE.

  3. Amparo en revisión

    VISTO EL ESTADO DE AUTOS DE LOS QUE SE APRECIA QUE NO OBRA EL ACUSE DE RECIBO RELATIVO AL OFICIO 10720 DIRIGIDO AL DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS DE SAN AGUSTÍN METZQUITITLAN, HIDALGO, DE TRES DE OCTUBRE DEL AÑO EN CURSO; EL CUAL FUE DEPOSITADO EL NUEVE DE OCTUBRE SIGUIENTE, PIEZA POSTAL QUE ES NECSARIA PARA ACORDAR LO CONDUCENTE; EN TAL VIRTUD REQUIERASE AL ADMINISTRADOR DE CORREOS PARA QUE EN EL TERMINO DE VEINTICUATRO HORAS CONTADOS A PARTIR DE SU RECEPCIÓN REMITA EL ACUSE POSTAL INDICADO, CON EL APERCIBIMIENTO QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO, SE LE IMPONDRA LA MEDIDA DE APREMIO PREVISTA EN EL ARTICULO 59, FRACCIÓN PRIMERA DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, DE APLICACIÓN SUPLETORIA A LA LEY DE AMPARO EN TERMINOS DE SU NUMERAL SEGUNDO.

  4. Amparo en revisión

    Visto el oficio del Juez Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, registrado en la oficialía de partes con el número 8250/2017, al que acompaña original y copia del escrito de agravios interpuesto por Ma de los Ángeles Barrera Ángeles, Subdirectora de Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal de San Agustín Metzquititlán, Hidalgo, así como el juicio de amparo indirecto 568/2017-3; fórmese expediente, regístrese y acúsese recibo. Ahora bien, respecto al recurso de revisión interpuesto por Ma de los Ángeles Barrera Ángeles, en su carácter de Subdirectora de Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal de San Agustín Metzquititlán, Hidalgo, en contra de la resolución de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, con las facultadas derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación en la Jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO, LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" de acuerdo a la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/3245/2017, de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del juicio de amparo indirecto 568/2017-3, se advierte que el medio impugnativo hecho valer deviene notoriamente improcedente, toda vez que tal determinación no le afecta directamente. Esto es así, porque de conformidad con la interpretación sistemática de los dispositivos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5°, fracción II, 81, fracción I, inciso e), 86 y 87 de la Ley de Amparo, se puede establecer que si bien las autoridades responsables judiciales son parte en el juicio de garantías, y por tal razón, pueden válidamente intervenir en el procedimiento constitucional e interponer los recursos establecidos en la ley; sin embargo, esa facultad de hacer valer recursos, al caso, el de revisión de las sentencias de amparo dictadas por un Juez de Distrito, solo es factible cuando les afecta de manera directa, esto conforme al texto del numeral 87 de la Ley de Amparo. Las autoridades responsables designadas en el juicio de amparo, tienen como característica esencial la imparcialidad en el desempeño de su función, atendiendo a que su finalidad es la búsqueda de la verdad jurídica mediante el ejercicio de la función de dar el derecho entre las partes contendientes, con la única y exclusiva pretensión de administrar justicia y garantizar los derechos de la sociedad y el interés público lo que les impide asimilarse a las partes. Por tal motivo, no puede válidamente recurrir en revisión todos y cada uno de los fallos dictados en juicios de garantías, sino solo aquellos que les afecten directamente; dicho en otras palabras, no están legitimadas cuando como en este asunto, en la parte de la determinación en la cual el juez constitucional determinó conceder el amparo y la protección de la justicia federal, al considerar que la autoridad responsable no emitió contestación a los planteamientos que formuló la quejosa, omitiendo el cumplimiento del derecho de petición establecido en el artículo 8 constitucional, que prevé que a toda petición formulada por escrito, en forma pacífica y respetuosa ante cualquier funcionario o empleado público, recaerá una contestación escrita que deberá hacerse del conocimiento del peticionario en breve término, ordenando a la autoridad responsable que una vez que quede firme la resolución antes citada, conteste la petición de que se trata y, notifique a la quejosa en el juicio de amparo indirecto subyacente, dicho acuerdo en el domicilio que se haya señalado para tal efecto, para lo cual deberá remitírsele copia certificada el ocurso de dieciséis de febrero de la presente anualidad, por lo que esa circunstancia a la Subdirectora de Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal de San Agustín Metzquititlán, Hidalgo no le afecta de un modo directo, tal como lo específica el normativo 87 de la Ley de Amparo, por lo que actuando de otra manera, se estaría demeritando con ese proceder el deber de imparcialidad que la ley le impone y violando las obligaciones legales que le incumben como autoridad, lo cual resulta contrario de los principios que la doctrina, la ley y la jurisprudencia han reconocido a favor del quejoso. Además, como el juicio de garantías únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama, por lo mismo, solo podrá seguirse por el agraviado, por su representante o, en su caso, por su defensor, también lo es en cuanto a los recursos previstos por la ley en cita, esto es, por quien una determinación adoptada en un juicio de amparo le causa un agravio personal o directo, que constituye uno de los principios fundamentales del juicio de amparo que legitima a las partes para accionar, derivado de ello, se reitera que en este asunto la Subdirectora de Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal de San Agustín Metzquititlán, Hidalgo, no tiene la legitimación de referencia en razón de que la naturaleza específica de sus actuaciones, ya que debe actuar como órgano neutral e imparcial por antonomasia, y por ello carece de interés para que modifique la resolución impugnada en esta revisión, y en esas condiciones, no tiene legitimación para impugnarlo. Sobre este tema y por su sentido, es aplicable jurisprudencia por contradicción P./J 22/2003, localizable en la página 23, del Tomo XVIII, correspondiente al mes de julio de dos mil tres, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "REVISIÓN EN CONTRA DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO E INDIRECTO. LOS ÓRGANOS JUDICIALES Y JURISDICCIONALES, INCLUSIVE LOS DEL ORDEN PENAL, CARECEN DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONERLA. Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, que propugnan por el predominio de su pretensión en aras de la finalidad de orden público que persiguen; sin embargo, esto no sucede tratándose de las atribuciones que corresponden a las autoridades judiciales o jurisdiccionales, en virtud de que la característica fundamental de su función, conforme lo establece el artículo 17 constitucional, es la completa y absoluta imparcialidad, el total desapego al interés de las partes, sean privadas o públicas, ya que sus resoluciones deben ser dictadas conforme a derecho y su actividad primordial se agota en el pronunciamiento de la sentencia. La imparcialidad del órgano jurisdiccional o judicial es una característica aceptada en el orden jurídico mexicano, aun tratándose del Juez Penal, puesto que conforme al artículo 102-A constitucional, la persecución de los delitos le corresponde al Ministerio Público -órgano administrativo- ante los tribunales; éstos tienen la función de decir el derecho entre partes contendientes de modo imparcial, y si bien es cierto que una de las funciones del Juez Penal, como la de cualquier otro juzgador, es la de velar por el interés público, esa tutela se encuentra limitada a su actuación como rector del proceso, sin que ese interés trascienda al juicio de amparo, pues en esa instancia corresponde a los órganos judiciales competentes la salvaguarda de las garantías individuales. Por otra parte, la existencia de algunos tipos penales establecidos en los artículos 215 y 225 del Código Penal Federal, como abuso de autoridad y delitos contra la administración de justicia no justifican la legitimación de los tribunales penales para interponer el recurso de revisión en contra de las sentencias que concedan el amparo respecto de sus resoluciones, ya que éstos no se configuran por el hecho de que un Juez Penal dicte resolución o sentencia, aparte de que la misma supuesta legitimación tendrían no sólo los Jueces Penales, sino los de todas las materias; con la salvedad de que si el titular -persona física- del órgano de autoridad es afectado en lo personal en la sentencia de amparo, como cuando en ella se le impone una multa, por tales afectaciones personales sí tiene legitimación para recurrir." Por lo anteriormente expuesto, y con fundamento en el artículo 91, de la Ley de Amparo, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE el recurso de revisión interpuesto por Subdirectora de Obras Públicas del Ayuntamiento Municipal de San Agustín Metzquititlán, Hidalgo, en contra de la resolución de dieciséis de agosto de dos mil diecisiete, dictada por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo, encargada del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, con las facultadas derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación en la Jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es el siguiente "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO, LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA" de acuerdo a la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/3245/2017, de veintisiete de junio de dos mil diecisiete, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del juicio de amparo indirecto 568/2017-3. Con apoyo en el artículo 26, fracción II, inciso a); y III de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese el presente acuerdo a las partes, para su conocimiento y efectos legales correspondientes. Finalmente, con fundamento en los artículos 1, 3, 9, 68, 113 y 117 y demás relativos a cada caso específico de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo del año en curso, y que entró en vigor al día siguiente, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 3° referido, la información en el presente asunto es pública y accesible a cualquier persona, siempre y cuando se cumpla con los requisitos que establece la propia ley, así como la normatividad que emita en su momento el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma.

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