José Luis Diaz Ontiveros
Expediente 96/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 96/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 06/04/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · Coahuila
Partes del expediente
- José Luis Guevara Lombraña
- José Luis Diaz Ontiveros
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que la parte promovente, no impugnó el auto en el que se desechó la demanda que dio origen al presente juicio; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo en vigor, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno que se lleva para tal efecto ante este Juzgado; y, hecho que sea lo anterior, archívese el expediente como asunto totalmente concluido. En el caso, toda vez que se tuvo por desechada la demanda de amparo, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
I. Cumple prevención. Agréguese a los autos el escrito aclaratorio presentado por Carlos Jiménez Ramírez y José Fidencio López Martínez, apoderados jurídicos especiales de José Luis Díaz Ontiveros, Juan Pedro Rodríguez, Roberto Acosta Chavarría, Cecilio Rolando Vázquez Martínez, Francisco Javier Cortés Díaz, José Luis Guevara Lombraña, Raúl de Luna Cedillo, Severo Guevara Lombraña, Juan Manuel Chavarría Acosta, José Guadalupe de La Cruz Rodríguez, Relvi Garza Peña, José Luis Facio Vargas, Alfonso Salvador Hernández Garza, Gabriel Iván García Sotelo, Pablo Guerrero Sánchez, Arnulfo García Juárez, José Eduardo Ramos Durán, Erico Antonio Torres Herrera, Santos Gabriel Cortez Flores, Jaime Garza Peña, Antonio Hernández Acosta, Jose Guadalupe Alemán Hernández, Marco Antonio Hernández Flores, Juan Antonio Rivera Rivera, Juan Rivera Rivera, Francisco Luis Rivera Rivera, José Argemiro Rivera Rivera, Homero Flores Martínez, Sabaz Luna Flores, Magdaleno Rosales Navarro y Guadalupe González Hernández; con el que dan cumplimiento a la prevención que se les realizó por auto de diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. II. Desechamiento. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que el acto reclamado por la parte promovente en esta instancia, consiste en: ". . . ACTO RECLAMADO: el Auto de fecha 14 de Enero del año 2016 dentro del expediente principal 376/2010/SAG, mediante la cual la JUNTA LOCAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DE PIEDRAS NEGRAS, COAHUILA, y Presidente Ejecutor en forma ilegal e indebidamente ordenaron el remate para el día 16 de febrero del 2016 a las 13:30 horas cuando de autos se desprende que ordenan remate de bienes propiedad de la empresa a favor de CARLOS ENRIQUE CARDIN HERNANDEZ, quien es dueño y Presidente del consejo de administración de LADRILLERA CRISTO REY S.A. DE C.V., haciéndose pasar como "trabajador" y SU PROPIA EMPRESA LADRILLERA CRISTO REY S.A. DE C.V. realizaron un CONVENIO con fecha 15 DE DICIEMBRE DE 2010, para fijar A SU FAVOR pagos de cantidades exorbitantes en forma arbitraria y caprichosa, con el deliberado fin de defraudar en perjuicio de los hoy quejosos al aparentar un supuesto crédito "laboral", y su ilegal notificación por el C. Actuario de la misma, ya que realizo la notificación a las 13:46 horas del día de ayer 15 de febrero, y para ocultar tal circunstancia no entrego copia de traslado que contenga la cedula de notificación donde se estampe su nombre, firma, fecha y hora de la notificación, con ello no se respeta el plazo previo de 24 horas establecido por la Ley Federal del Trabajo en vigor, siendo obvia la mala fe de la C. ACTUARIO ya que en la notificación que se glosa al expediente dolosamente pone un horario de 13:20 horas, así como de los actos, hechos y abstenciones que deriven de tales actos reclamados. Ahora bien, el precepto 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las fracciones I y II del numeral 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En efecto el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone la obligación al Juez de Distrito de examinar con todo detenimiento el libelo actio de amparo y, de encontrar motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano, para lo cual, en principio, deben tomarse en consideración únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que, en su caso, se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por la parte promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Proceder que tiene como base constitucional el contenido del artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso, la suscrita Juzgadora estima que contra el acto aquí reclamado, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, tercer párrafo, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, los preceptos señalados a la letra dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.)XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. . Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior" La fracción XXIII del artículo 61 de la ley de la materia, establece la improcedencia del juicio de amparo, cuando derive de disposiciones contenidas en la Ley de Amparo o de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que implica que los supuestos de improcedencia establecidos en las primeras veintidós fracciones, no son las únicas causas por las que se puede declarar la improcedencia de la vía constitucional. Es decir, el catálogo de causas de improcedencia legal no es limitativo sino enunciativo, puesto que la fracción XXIII en comento, contempla la posibilidad de considerar otras distintas que surjan de la propia ley. Por su parte, el diverso artículo 107, fracción IV, señala que el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de dos tipos de actos: 1).- Los ejecutados fuera de juicio; y 2).- Los ejecutados después de concluido. Ahora bien, tratándose de los actos ejecutados después de concluido el juicio, debe analizarse qué tipo de acto es el que concretamente se está reclamando, pues de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo tercero de la fracción en análisis, tratándose del procedimiento de remate, el amparo únicamente podrá promoverse en contra de la última resolución en ese procedimiento, que es aquella que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, lo cual, en su interpretación en contrario, se entiende claramente que, cuando no se reclame la última resolución en el procedimiento de remate, no procede el juicio de amparo. Dicho en otras palabras, cuando se reclamen resoluciones u actos intermedios, emitidos en el procedimiento de remate no podrá promoverse el juicio de amparo, sino que en todo caso, éstas podrán reclamarse como violaciones al procedimiento cuando se reclame el citado otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados. Con el propósito de esclarecer lo que debe entenderse como la última resolución a que se refiere el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha señalado que por esa resolución debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o en su defecto, aquella en que se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Es oportuno indicar que si bien el párrafo tercero de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, señala que tratándose de actos de ejecución de sentencia dentro del procedimiento de remate, el juicio de amparo indirecto deberá promoverse contra la resolución definitiva en que se otorgue la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, debe aclararse que la Suprema Corte de Justicia determinó que existen excepciones a esa regla general de procedencia del juicio de amparo, verbigracia, cuando el quejoso se ostenta tercero extraño al procedimiento de ejecución o cuando los actos reclamados afecten de manera directa, derechos sustantivos del promovente, en cuyo supuesto, es procedente el ejercicio de la acción constitucional, independientemente de que constituya o no la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución en el remate de los bienes embargados o hipotecados. Esto es así, ya que la razón de limitar la procedencia del juicio de amparo a la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución de sentencia, tiene como propósito evitar el abuso del ejercicio del juicio de amparo, con el que se entorpezca la ejecución de las sentencias, ya que ello se considera de orden público, de ahí que dicha ejecución no debe ser entorpecida ni siquiera por la parte que haya resultado vencedora en la contienda del juicio natural que dio origen a la sentencia que se pretende ejecutar. Además, cabe agregar que, como los procedimientos de remate por regla general tienen como propósito dar cumplimiento a una sentencia que ordena el pago de una cantidad determinada, el párrafo tercero de la fracción en análisis, también limita la procedencia del juicio de amparo a la resolución definitiva en que se otorgue la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, lo cual implica que cualquier violación intermedia cometida en el procedimiento de remate, necesariamente podrá invocarse cuando se reclame la resolución definitiva antes referida. Así las cosas, como ya se dijo, el amparo indirecto procede cuando se está en la hipótesis de procedimiento de remate, únicamente en contra de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento. Es decir, que es requisito inexorable que el amparo se promueva contra la última resolución en el procedimiento de remate, en el que también podrá reclamar las violaciones procesales cometidas durante el mismo; por lo que, si en el caso concreto se reclama el auto de catorce de enero de dos mil dieciséis, emitido dentro del juicio laboral 376/2010/SAG, promovido por los aquí quejosos, en contra de Ladrillera Cristo Rey, Sociedad Anónima de Capital Variable, en la que se fijaron las trece horas con treinta minutos del dieciséis de febrero del año en curso, para llevar acabo la audiencia de remate. De ahí que, debe decirse que dicho acto no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de remate, porque no es aquella en que se ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación, y la entrega de los bienes rematados; además de que dicho acto no se encuentra en ningún caso de excepción de los relatados en el cuerpo de esta resolución, pues el mismo no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa y son actos encaminados a la ejecución del laudo ejecutoriado. De igual modo, la parte quejosa no es tercera extraña al procedimiento de remate, pues en su demanda de amparo manifiesta que se le notificó el quince de febrero del dos mil dieciséis, el acto reclamado, con lo cual se le introdujo a la relación jurídico-procesal en el juicio laboral del cual emana el acto reclamado, por ende, perdió la calidad de extraño al mismo, para efectos del juicio de amparo. Inclusive, en sus conceptos de violación, alega cuestiones encaminadas a supuestas violaciones intraprocesales cometidas dentro del procedimiento de remate. Por tal motivo, si el acto reclamado no es aquel en el que se ordena otorgar la escritura de adjudicación y la entrega del bien rematado, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente. Pues hasta ese momento es cuando podrá combatir en la demanda correspondiente, las demás violaciones cometidas durante esa fase, ya que la intención del legislador fue evitar que se obstaculizara la ejecución de las sentencias que constituyen cosa juzgada, mediante el abuso del ejercicio de la acción constitucional, lo cual se logra prolongando la impugnación hasta la emisión de esos actos en un solo acuerdo o por separado, se advierte que aun cuando el remate de bienes embargados o hipotecados, se integra por varios procedimientos, el cumplimiento de la obligación de pago consignado en la sentencia, se colma con la orden específica y directa de otorgar la escritura pública y la entrega de la posesión de los bienes rematados. De modo que, será hasta que se decreten ambas determinaciones coetánea o no cuando se esté ante la última resolución pronunciada en dicho procedimiento de ejecución, y resulte procedente entonces la acción constitucional para impugnarla. Es decir, para que proceda el juicio de amparo indirecto contra la última resolución en la etapa de remate, tiene que impugnarse aquella resolución en la que se ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, bien sea que se ordene en un solo acuerdo o en diferentes, pero obligatoriamente, tendrán que estar ambas determinaciones para su procedencia, lo que en el caso aun no acontece. En esas condiciones, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, tercer párrafo, interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es desechar la demanda de amparo, en términos del diverso precepto 13 de la misma legislación. III. Protección de datos personales. Hágase de conocimiento del quejoso, que las sentencias dictadas por los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, constituyen información pública; sin embargo, independientemente de que exprese o no su oposición a dicha publicación, se ordena suprimir en este asunto los datos personales de éste, así como la información reservada. Lo anterior, en términos del artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con los artículos 5, 6, 7 y 8, del reglamento del reglamento de la Suprema Corle de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de dicha ley; y en atención a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a le información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por Carlos Jiménez Ramírez y José Fidencio López Martínez, quienes se ostentan como apoderados jurídicos especiales de los quejosos mencionados, contra actos de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 96/2016, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Ahora bien, previo a acordar lo que en derecho corresponda este Juzgado Federal procede a analizar la demanda de garantías en su integridad y de forma oficiosa la personalidad de Carlos Jiménez Ramírez y de José Fidencio López Martínez, quienes se ostentan como apoderados jurídicos especiales de José Luis Díaz Ontiveros, Juan Pedro Rodríguez, Roberto Acosta Chavarría, Cecilio Rolando Vázquez Martínez, Francisco Javier Cortés Díaz, José Luis Guevara Lombraña, Raúl de Luna Cedillo, Severo Guevara Lombraña, Juan Manuel Chavarría Acosta, José Guadalupe de La Cruz Rodríguez, Relvi Garza Peña, José Luis Facio Vargas, Alfonso Salvador Hernández Garza, Gabriel Iván García Sotelo, Pablo Guerrero Sánchez, Arnulfo García Juárez, José Eduardo Ramos Durán, Erico Antonio Torres Herrera, Santos Gabriel Cortez Flores, Jaime Garza Peña, Antonio Hernández Acosta, Jose Guadalupe Alemán Hernández, Marco Antonio Hernández Flores, Juan Antonio Rivera Rivera, Juan Rivera Rivera, Francisco Luis Rivera Rivera, José Argemiro Rivera Rivera, Homero Flores Martínez, Sabaz Luna Flores, Magdaleno Rosales Navarro y Guadalupe González Hernández, ello en razón de que se trata de un presupuesto procesal indispensable con que debe contar todo gobernado para poder acudir a exigir sus pretensiones al juicio de amparo. En mérito de lo anterior, con fundamento en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor, requiérase a la parte promovente, para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día en que surta sus efectos la legal notificación de este proveído, acredite con las constancias fehacientes la personalidad que ostentan como apoderados jurídicos especiales de los quejosos antes señalados. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, se tendrá por no presentada la demanda, por falta de aclaración. Se reserva proveer respecto de la autorización en términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, al profesional señalado en su demanda de amparo, hasta en tanto cumpla con la prevención; sin embargo, sí se le tiene señalado domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica en el ocurso de cuenta. Para mejor proveer en el presente juicio de garantías, quedan facultados los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se le ordenen en el asunto, aún en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, con el propósito de evitar dilaciones innecesarias.
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