José Luis de la Rosa de Lara
Expediente 410/2023 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 8 actuaciones registradas, la última del 15 de mayo de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 410/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 15/05/2023
Partes del expediente
- José Luis de la Rosa de Lara
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, quince de mayo de dos mil veintitrés. Causa ejecutoria sentencia. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, de los que se advierte que la sentencia dictada el veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, no fue recurrida por la parte quejosa, que es a quien en todo caso le pudiera perjudicar; en consecuencia, con apoyo en el artículo 86 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Ahora bien, en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente: Destrucción. Destrúyase el presente expediente una vez transcurridos tres años de su archivo, toda vez que se sobreseyó en el juicio de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: a) Expedientes de juicios de amparo, en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Una vez que transcurra el plazo que refiere el artículo dieciocho, párrafo primero del Acuerdo General en cita, transfiérase al Centro de Documentación y Análisis. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona a la Secretaria para que verifique la digitalización de la demanda, la sentencia y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Finalmente, con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Devolución de documentos. Dado que no existen en autos documentos originales exhibidos por la parte quejosa no es necesario requerirla para que los recoja, como lo exige el artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En San Andrés Cholula, Estado de Puebla, a las trece horas con diez minutos del veinticuatro de abril de dos mil veintitrés, fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional prevista en el artículo 124 de la Ley de Amparo, en los autos del juicio de amparo indirecto 410/2023-II; ante la presencia judicial de Adriana Carmona Carmona, Jueza Séptima de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Puebla, quien actúa con Alejandra Díaz Ordaz López, Secretaria que autoriza y da fe, se procedió a su celebración sin la asistencia personal de las partes ni de sus autorizados. .... V. DECISIÓN Ante la inexistencia de los actos reclamados, se impone sobreseer en el juicio de amparo, de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 76, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se VI. RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo indirecto promovido por José Luis de la Rosa de Lara, en contra de los actos fijados en el punto III, del presente fallo, conforme a las consideraciones vertidas en el punto IV de esta sentencia. Notifíquese.
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San Andrés Cholula, Estado de Puebla, treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Autoridad informa gestiones de cumplimiento. El secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y la Dirección de Ordenamiento de Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, por conducto de su representación, da cumplimiento al requerimiento formulado en auto de veintidós de marzo pasado, en el cual se le requirió lo siguiente: (.) Informen paso a paso y de manera detallada, cuál es el procedimiento a seguir a fin de lograr la expedición del título de propiedad a la parte quejosa; Hecho lo anterior, remitan copia certificada de la norma general, manual o documento, donde se encuentre estipulado el procedimiento o trámite respectivo; Precise cuál es el nombre completo y cargo de la autoridad o las autoridades y funcionarios a los que les compete la emisión del proyecto de acuerdo de titulación; y Acredite, de manera inmediata, las gestiones efectivas realizadas de su parte a fin de expedir el título de propiedad a nombre de la parte quejosa respecto del citado predio. De lo que se toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, del informe de cuenta se advierte que la oficiante informa que la atención de la solicitud de enajenación onerosa de terrenos nacionales corresponde a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, quien deberá revisar que cumpla con los requisitos establecidos en el artículo 113 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, para emitir el acuerdo que corresponda, mismo que puede ser admitió o prevenido; en razón de ello precisa lo siguiente: Una vez admitida la solicitud, la Oficina de Representación de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano en Puebla, debe realizar la investigación de antecedentes registrales, ante el Registro Público de la Propiedad y la Oficina de Catastro de la Entidad Federativa, ello de conformidad con el artículo 102 del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad Rural, Registro; Posteriormente, de ser procedente, se autorizan los trabajos de medición y deslinde; Concluido lo anterior, debe elaborarse el aviso de deslinde que deberá ser publicado en el Diario Oficial de la Federación, Periódico Oficial del Gobierno del Estado y en el Diario de Mayor Circulación de la Entidad Federativa; Así, una vez concluidos los trabajos técnicos de medición y deslinde, la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural estará en condiciones de emitir el dictamen técnico-jurídico que determinará si el predio en cuestión es, o no, baldío, o si dentro de la superficie existen, o no, terrenos nacionales; De ser procedente, el Titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano con base en el dictamen, emitirá la resolución que declare el predio como terreno nacional, determinación que será publicada en el Diario Oficial de la Federación y se notificará personalmente al solicitante; De igual manera, la resolución emitida se inscribirá en el Registro Público de la Propiedad de la Entidad Federativa, en el Registro Público de la Propiedad Federal y en el Registro Agrario Nacional; Además, la Secretaría está facultada para verificar la posesión que exista en el predio. A su vez, determinado que el predio es enajenable, la Secretaría en cuestión determinará la vocación, precisando que si es agropecuario competerá al Comité Técnico de Valuación, o bien, de ser de otra índole, al Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales; lo anterior, a efecto de que se emita el Dictamen de Avalúo, el cuál será el monto mínimo para la enajenación. Así, únicamente informa las gestiones que realizó a fin de dar cumplimiento a la sentencia de amparo, esto es, que instruyó a diversa autoridad Directora General de Ordenamiento de la Propiedad Rural, a fin de que realice las acciones pertinentes para lograr la emisión del proyecto de titulación. Se vincula autoridad al cumplimiento de ejecutoria y se requiere. En ese sentido, a fin de lograr el cumplimiento de la ejecutoria emitida en autos, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se vincula al cumplimiento de la ejecutoria de amparo a la Dirección General de Legislación, Consulta y Pago de Predios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Requerimiento a las autoridades vinculadas al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora, en atención al contenido del oficio de cuenta, tomando en consideración el procedimiento informado por la autoridad oficiante, se requiere tanto a la Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Dirección General de Legislación, Consulta y Pago de Predios, todos de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano así como al Secretario de dicha dependencia -en su calidad de superior jerárquico- para que en un plazo no mayor a tres días, atiendan de manera precisa los requerimientos efectuados en autos, es decir, lo siguiente: Dirección General de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano remita copia certificada de: i) la totalidad del expediente administrativo tramitado ante ella relacionado con la quejosa ********************, y el predio denominado ********************; y, ii) de manera particular del proyecto de titulación y dictamen técnico-jurídico que determine si el predio en cuestión es, o no, baldío, o si dentro de la superficie existen, o no, terrenos nacionales. Dirección General de Legislación, Consulta y Pago de Predios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano informe si ya emitió su respectiva opinión y, de ser así remita copia certificada de ello; ahora, para el caso de que aún no se haya emitido dicha opinión, precise cuál es el plazo legal con el que cuenta para emitirla, y especifique el nombre completo de su titular. Información que resulta necesaria a fin de lograr el cumplimiento total de la sentencia de amparo, esto es, expedir el título de propiedad a nombre de la quejosa ********************, respecto del predio denominado ********************. Apercibimiento. Bajo ese panorama, se apercibe tanto a Román Meyer Falcón, Secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano como a Dulce María Rodríguez Cervantes, Directora de Ordenamiento de Propiedad Rural de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano y a la Dirección General de Legislación, Consulta y Pago de Predios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que de ser omisas en cumplir con el presente requerimiento, con fundamento en los artículos 193 y 258 de la Ley de Amparo, se les impondrá a cada uno una multa por la cantidad de ********************, resultado de multiplicar cien veces el valor diario de la unidad de medida y actualización, correspondiente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 M.N.). Se determina lo anterior, en atención a la actitud de indiferencia adoptada por las primeras dos autoridades sobre los requerimientos efectuados por este órgano jurisdiccional a fin de lograr el cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida, como queda evidenciado con el hecho de que, no obstante los múltiples requerimientos, no ha realizado las gestiones necesarias para lograr el cumplimiento de la sentencia definitiva. Por ende, se conmina a dichas autoridades a que cumplan el requerimiento que les fue formulado, pues derivado de sus omisiones, no se ha logrado expedir el título de propiedad a nombre de la quejosa ********************, respecto del predio denominado ********************. Haciendo énfasis que desde el veintitrés de marzo de dos mil veintiuno causó ejecutoria la sentencia y, a la fecha, no ha sido posible emitir el cumplimiento correspondiente derivado de los retrasos de las autoridades. Notifíquese; y a las autoridades requeridas vía ordinaria, estafeta y a los correos electrónicos roman.meyer@sedatu.gob.mx; dgae.docytramite@sedatu.gob.mx; uaj.oficialiapartes@sedatu.gob.mx y controlgestion.dgopr@sedatu.gob.mx.
- Principal
EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE EN EL TÉRMINO CONCEDIDO EN EL CITATORIO QUE SE DEJÓ EN SU DOMICILIO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO B Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA LA(S) RESOLUCIÓN(ES) QUE EN LO CONDUCENTE DICE(N): San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintisiete de marzo de dos mil veintitrés. Junta remite constancias. La Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Puebla, desahoga el requerimiento efectuado en acuerdo del dieciséis de marzo de dos mil veintitrés y remite copia certificada de diversas constancias relativas al juicio laboral D-4/482/2013 de su índice. Se tiene por desahogado en el requerimiento realizado por este Juzgado de Distrito y se deja sin efectos el apercibimiento con el que se le conminó. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, téngasele como prueba la documental que anexa a su oficio de cuenta misma que se admite y desahoga dada su propia y especial naturaleza, debiendo darse cuenta con ésta en la audiencia constitucional. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que en el plazo de tres días, hábiles contados a partir de la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga. En el entendido de que dar vista significa que los autos quedan en la secretaría, para que se impongan de ellos los interesados, de conformidad con el artículo 66 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
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