José Luis de la Mora Rosado

Expediente 1058/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 16 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1058/2022
Año
2022
Actuaciones
16
Última actuación
21/07/2023

Partes del expediente

  • José Luis de la Mora Rosado
  • J.M. D.L.M. H.
  • José Luis de la Mora Rosado y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Por este medio de lista se notifica a la parte quejosa la resolución de veintiuno de julio de dos mil veintitrés, dictada en el juicio de amparo 1058/2022 del índice de este juzgado, y el acuerdo de nueve de junio de del presente año, emitido en el juicio de amparo 857/2023, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, que en lo conducente dicen: Chetumal, Quintana Roo, veintiuno de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el oficio de cuenta signado por la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, mediante el cual solicita que, de no tener inconveniente legal alguno en los autos del presente asunto, se notifique a la parte quejosa por lista de estrados de este juzgado federal, el auto de nueve de junio de del presente año, relativa al expediente 857/2023, para lo cual remite copia del mencionado auto. Ahora, toda vez que, a petición expresa por la parte quejosa, mediante auto de diecinueve de diciembre del año pasado, se ordenó que las notificaciones que se le realicen sean mediante lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, en atención a lo solicitado por la autoridad oficiante, se ordena la notificación por lista de estrados de este juzgado federal a la parte quejosa, respecto del auto de nueve de junio de del presente año, emitido en el expediente 857/2023, del índice del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, en el que se le requiere para que dentro del término de tres días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación, señale ante el juzgado competente domicilio para oír y recibir notificaciones en Toluca, Estado de México, con el apercibimiento que, de no hacerlo así las subsecuentes, aun las de carácter personal, se le hará por medio de lista que se fije en el local del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. En ese sentido, una vez realizada la notificación de referencia, envíese en copia certificada a la autoridad oficiante para los efectos legales conducentes. Cúmplase. Toluca, Estado de México; nueve de junio de dos mil veintitrés. DEMANDA POR INCOMPETENCIA Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa de la Ley de Amparo, intégrese el oficio proveniente del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, mediante el cual declina competencia para conocer de la demanda promovida por el quejoso ***, por propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales *** y ***, por los motivos que expone, y remite el juicio de amparo 1058/2022-III-B de su estadística, el incidente de suspensión derivado de dicho asunto y cuatro tomos autorizados. Se ordena acusar recibo y realizar anotaciones. Regístrese el asunto bajo el número 857/2023-I-B. Se acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del asunto. Del escrito de demanda se obtiene que el acto reclamado consiste en la sentencia interlocutoria dictada el catorce de noviembre de dos mil veintidós, en el expediente 32/2020, atribuida Juzgado Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México y otras autoridades. Se ordena crear la carátula de identificación del incidente de suspensión remitido por el juez declinante, toda vez que se advierte que en interlocutoria de trece de abril de dos mil veintitrés, se negó la suspensión definitiva. Dése la intervención que le compete a la Fiscalía Federal adscrita. Se señalan las diez horas con treinta y cinco minutos del treinta de junio de dos mil veintitrés, para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que sea necesario que la referida audiencia se desahogue por videoconferencia. Sin embargo, en caso de que alguna de las partes considere lo contrario, deberá realizar su petición motivando por qué considera necesario se realice la audiencia constitucional por medio de videoconferencia, en caso de que desee comparecer a su celebración; asimismo, deberá proporcionar usuario, número telefónico y correo electrónico, a efecto de llevar a cabo videoconferencia mediante el sistema CISCO WEBEX MEETINGS; de conformidad con lo establecido en el artículo 257, fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós. No ha lugar a solicitar los informes justificados de las autoridades responsables, toda vez que ya obra en autos; en ese orden, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por un término continuo de ocho días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Sin embargo, se hace del conocimiento a las autoridades responsables, que en términos del artículo 28, fracción I, 29, 30 y 31 de la Ley de Amparo, los acuerdos de trámite de menor trascendencia se le notificarán por lista, y los restantes por oficio. Con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b), de la ley de la materia, se advierte que le recae el carácter de tercero interesado a ***. Después de consultar el expediente electrónico 1058/2022 de la estadística del homólogo declinante, se advierte que la tercera interesada tiene domicilio en ******. En consecuencia, se ordena en enviar exhorto al Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en turno, para que en auxilio de las labores de este juzgado emplace a la tercera interesada en el domicilio indicado, le corra traslado con copia sellada y cotejada de la demanda de amparo, del presente auto, informe la fecha de la celebración de la audiencia constitucional y la requiera para que, dentro del término de tres días, señale domicilio para oír notificaciones en Toluca, Estado de México, con el apercibimiento que de no hacerlo, se le harán por medio de lista en el local de este juzgado. A efecto de que la parte quejosa tenga conocimiento de la tramitación del presente juicio ante este juzgado de Distrito, se solicita al Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, para que de no tener inconveniente alguno, en los autos del juicio de amparo 1058/2023-III-B de su índice, notifique por lista a la parte quejosa la presente determinación, para lo cual se le remite copia autorizada de la misma. Asimismo, lo requiera para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del término de tres días hábiles contado a partir del día siguiente al en que se ese surta efectos, ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en esa ciudad; con el apercibimiento que, de no hacerlo así, las subsecuentes, aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista que se fija en el local de ese juzgado, de conformidad con el artículo 29 de la Ley de Amparo, hasta en tanto señale domicilio para tales efectos. Con relación a las personas designadas como autorizadas; con fundamento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se avalan en términos amplios, siempre y cuando tengan cédula para ejercer la profesión de licenciado en derecho, salvo las excepciones que la ley disponga, de lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. Para su mejor manejo y dada la voluminosidad de las constancias remitidas, fórmense los anexos, debidamente identificados. Ahora, toda vez que la constancia recibida no pudo ser digitalizada, dese vista a las partes, para que en el caso de consultarlo, el mismo se tendrá en resguardo de la Secretaría. Se faculta a las partes emplear para la consulta electrónica del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En caso de que alguna de las partes opte por revisar el presente asunto, indíquese que para ello deberá cumplir con los artículos 257, 261 y 262 del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA LAS DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO"; preceptos que en síntesis hacen referencia a la forma en que los justiciables, podrán acudir a los órganos jurisdiccionales (desahogo de audiencias, comparecencias o revisión de expedientes, etc., para consulta electrónica y no física de éstos). De igual forma, se requiere a la Secretaria y Oficial Judicial, para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo, y con ello no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. De igual forma, se requiere a la Secretaria y Oficial Judicial, para que agenden los plazos y términos que surjan en la tramitación de este expediente, a fin de que los acuerdos respectivos se propongan a tiempo, y con ello, no se afecte el desarrollo de pronta impartición de justicia. En el mismo orden, se conmina a los actuarios para que realicen todas y cada una de las notificaciones que se deriven del presente juicio en los términos que manda la ley; además, en este acto se les instruye para que verifiquen que los oficios que deriven del presente acuerdo, así como los subsecuentes, se entreguen de manera correcta e inmediata a sus destinatarios. Aunado a lo anterior y de conformidad con los artículos 2°, fracción II y 253, del ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE ABROGA LOS ACUERDOS DE CONTINGENCIA POR COVID-19 Y REFORMA, ADICIONA Y DEROGA LAS DIVERSAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Y SOLUCIONES DIGITALES COMO EJES RECTORES DEL NUEVO ESQUEMA DE TRABAJO EN LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEL PROPIO CONSEJO, se requiere a los Oficiales Administrativos, Actuarios Judiciales y Secretarios, para que conforme al Manual de puestos y funciones, se cumpla en su integridad con el expediente electrónico que dio origen al sumario en que se actúa. Asimismo, de conformidad con el artículo 61 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de siete de noviembre de dos mil veintidós, se comisiona al actuario de la adscripción para que mediante notificación electrónica a través del Portal de Servicios en Línea, por oficio electrónico o digitalizado con firma electrónica, por lista electrónica, según corresponda realicen las notificaciones que se emitan en el presente sumario; asimismo, para que realicen todas y cada una de las comunicaciones que se deriven del presente juicio en los términos que manda la ley. De igual manera, en este acto se les instruye para que verifiquen los oficios que deriven del presente acuerdo y subsecuentes, se entreguen de manera correcta a sus destinatarios. En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, el primero signado la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con sede en Toluca, mediante el cual acusa de recibo el expediente original del juicio de amparo 1058/2022-I-B, y anexos, en razón de la incompetencia planteada por este órgano de control constitucional, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes. Ahora, vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que no existe trámite por realizar ni documentos originales por devolver; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso b) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo definitivo del presente cuaderno de antecedentes, mismo que por tener el carácter de expediente auxiliar, carecer de valor jurídico o histórico y al no considerarse de relevancia documental, es susceptible de destrucción, después de transcurridos seis meses; lo anterior, hágase constar en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese.

  3. Principal

    POR ESTE MEDIO DE LISTA Y CONFORME A LO ORDENADO EN AUTO DE DIECINUEVE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DE LA RESOLUCIÓN DE VEINTINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE DICE: Ténganse por recibidos los oficios de cuenta por medio del cual rinde informe justificado la autoridad que se señala a continuación: No. Autoridad responsable Folio 1 Juez Supernumerario Décimo Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, México. 6539 Asimismo, se tiene como pruebas de la autoridad señalada: Copias certificadas de diversas constancias constante de cuatro tomos relativas al expediente, ******************** del índice de la responsable. Asimismo, del diverso se le tiene dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante proveído de catorce de abril, e informa el domicilio de la tercera interesada *****. En consecuencia, se reserva proveer lo conducente, hasta en tanto el juzgado al que le toque conocer del asunto acuerde lo que en derecho corresponda. Ahora, dado el estado procesal que guardan los autos del presente asunto, conviene precisar lo siguiente: I.- Que mediante escrito presentado el dieciocho de noviembre de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, José Luis de Mora Rosado, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de identidad reservada, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de las siguientes autoridades responsables: (Ordenadora) Juzgado Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México. (Ejecutoras) 2. Centro de Convivencia Familiar Supervisada en esta Ciudad. 3. Centro de Convivencia Familiar Supervisada en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. 4. Centro de Convivencia Familiar Supervisada en la ciudad de Playa del Carmen, Quintana Roo de las constancias aportadas por la autoridad responsable ejecutora. Actos que hizo consistir en lo siguiente: La resolución interlocutoria de catorce de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente ********************, relativo a las controversias sobre el estado civil de las personas y del derecho familiar sobre la perdida de la patria potestad, dictado por el Juzgado Décimo Primero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, que para ese entonces el directo quejoso y los menores tenían un lugar de residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo. II. Por auto de treinta de noviembre de dos mil veintidós, el Juez Décimo Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, determinó que ese juzgado era incompetente para conocer del referido juicio de amparo indirecto por razón de territorio, por lo cual ordenó enviar la demanda de amparo al Juez de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con sede en Chetumal. III.- Por razón de turno le toco conocer del asunto a este juzgado, el que se radico bajo el número 1058/2022, y no se aceptó la competencia, por lo que se ordenó devolver el referido juicio al Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez. IV.- Sin embargo el Titular del Juzgado Décimo Sexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, insistió en carecer de competencia para conocer del asunto y ordenó remitir los autos al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, en turno a fin de que resolviera el conflicto competencial. V.- Por razón de turno le tocó conocer del asunto al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, el que en determinación de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, declaró competente a este Juzgado para conocer del asunto, en razón de que la resolución reclamada fija expresamente su ejecución en Chetumal, Quintana Roo. VI.- Sin embargo, de las constancias aportadas por la autoridad responsable se advierte que nunca se llevó a cabo la ejecución material del acto reclamado en Chetumal, Quintana Roo, pues la parte quejosa cambio de domicilio, lo que hizo del conocimiento del juez primigenio y el ocho de febrero del año en curso, el Juez Supernumerario Décimo Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, México, decretó un régimen de visitas y convivencias maternas filiales en el Centro de Convivencia Familiar de Toluca, Estado de México. INCOMPETENCIA. Ahora, resulta pertinente precisar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio está obligado a efectuar el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías, lo que se traduciría en una violación que invalida el proceso en perjuicio de los derechos sustantivos de las partes. Situación jurídicamente inadmisible, porque, se insiste, la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 21/2009, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 5, de rubro: "COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. (.)" Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 37 de la Ley de Amparo, por lo tanto, con fundamento en los artículos constitucionales y legales antes citados, se analiza la competencia legal para conocer del asunto, con el fin de no infringir las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro y texto: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Dado que la competencia constituye un presupuesto procesal de orden público, el cual se encuentra regulado en el amparo indirecto por el artículo 36 de la Ley de Amparo, si las autoridades responsables residentes en el Distrito Federal al rendir su informe justificado niegan expresamente el acto de ellas reclamado, sin que la parte quejosa aporte prueba que acredite lo contrario, se debe considerar que esas autoridades no pretenden ejecutar aquel acto; motivo por el cual el a quo, previamente a analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, debe resolver si ante dicho cuadro procesal tiene o no competencia para conocer del asunto. De no hacerlo así, es inconcuso que se violan las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías; por lo que, con apoyo en lo dispuesto por la fracción IV del artículo 91 de la Ley de Amparo, procede la reposición del procedimiento en el juicio de amparo, para el efecto de que el juez de Distrito señale nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional y, antes o en el acto de dictar la sentencia que corresponda, finque su competencia para conocer del mismo." La competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar en primer término el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el primero de los cuales dispone: "Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse." (Lo destacado es propio). El precepto constitucional transcrito, establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." (Lo subrayado es propio). Del análisis de este artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla, se encuentra prevista en el primer párrafo del señalado numeral de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la circunstancia para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. c) La tercera previsión normativa, que se contiene en el comentado numeral de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis constituye un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se hizo alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. De ahí que, como ha quedado debidamente puntualizado en párrafos precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el Juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En ese sentido, y de las constancias aportadas por la autoridad responsable se advierte que la parte quejosa el veintisiete de enero del año en curso, entre otras cosas, hizo del conocimiento del Juez Decimoprimero de lo Familiar de Tlanepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, su cambio de domicilio y el de los menores, reiteró su oposición a las convivencias de los menores de manera libre con la progenitora, planteó que dichas convivencias fueran de manera supervisada (centro de convivencias), y propuso que las convivencias se llevaran a cabo de manera supervisada en el Centro de Convivencias Familiares de la Ciudad de México, en virtud de que la progenitora de los menores tiene su domicilio en esa ciudad. En efecto, el ocho de febrero del año en curso la autoridad ordenadora Juez Supernumerario Décimo Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, decretó un régimen de visitas y convivencias materno filiales en el Centro de Convivencia Familiar de Toluca, Estado de México, el primer y tercer sábado de cada mes en un horario de las dieciséis a las dieciocho horas, convivencia que deberá durar por lo menos tres meses, y una vez analizados los dictámenes se modificará a la de tránsito, de ser procedente, a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintitrés. Es importante resaltar que de autos se advierte que no se ejecutó el acto reclamado en el Centro de Convivencias de Chetumal, Quintana Roo, pues como se verá más adelante el quejoso y los menores de edad cambiaron de domicilio, situación que el impetrante hizo del conocimiento del juez de origen. Ahora bien, dadas las consideraciones sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, al resolver el Conflicto Competencial ********************, suscitado entre el Juez Decimosexto de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, y el Secretario en Funciones de Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, en el que determinó lo siguiente: "(.) la resolución reclamada se trata de un acto que tiene ejecución material en Chetumal, Quintana Roo, México, por lo que en términos de lo que indica el primer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo, en cuanto ahí se establece que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución, se estima que la competencia para conocer del juicio de amparo se surte en favor del Secretario en Funciones de Juez Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Chetumal, por ejercer jurisdicción en el lugar en el que se ordenó se llevaran a cabo las convivencias de tránsito entre los menores de edad y su progenitora, ello dado que en la resolución reclamada se sostuvo la decisión expresa de establecer una convivencia de tránsito entre los menores y su progenitora, el último domingo de cada semana (sic), en un horario de las nueve a las diecisiete horas, en el entendido de que los menores debían ser entregados y recibidos en el Centro de Convivencia Familiar de Chetumal, Quintana Roo. (.) como se dijo, la resolución reclamada fija expresamente su ejecución en Chetumal, Quintana Roo; con lo cual debe estimarse competente para conocer de la demanda de amparo el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, pues para ello se colma la hipótesis competencial prevista en el primer párrafo del artículo 37, de la Ley de Amparo que indica que será competente el Juez de Distrito del lugar donde el acto que se reclama deba tener ejecución. (.)". Y como se destacó en párrafos precedentes, en auto dictado el ocho de febrero de dos mil veintitrés, en el expediente ********************, el Juez Supernumerario Décimo Primero de lo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, decretó la convivencia supervisada en el Centro de Convivencia Familiar de Toluca, el primer y tercer sábado de cada mes en un horario de las dieciséis a las dieciocho horas. De ahí que, al haber sobrevenido el auto que decretó el nuevo lugar en donde se ejecutará la resolución reclamada, esto es, en el Centro de Convivencia Familiar de Toluca, esta juzgadora considera que la competencia para conocer del juicio de amparo indirecto, en el caso, se surte en favor del Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, por ser quien tiene jurisdicción en el lugar de ejecución material del acto reclamado. Bajo ese contexto, esta juzgadora estima carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en virtud de que la ejecución del acto reclamado tiene verificativo en el Centro de Convivencia Familiar de Toluca. Por tanto, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, de conformidad con el numeral 48 de la Ley de Amparo, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito del Segundo Circuito, remítase el presente juicio, el cuaderno incidental, los tomos de pruebas y dispóngase los autos electrónicos de este asunto al Juzgado de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, en turno, solicitándole informe a este órgano jurisdiccional el trámite que se sirva dar a lo anterior, a fin de integrar debidamente el presente expediente. Finalmente, se deja insubsistente la fecha y hora señalada para el desahogo de la de la audiencia constitucional esto es diez horas con veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese, y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    Agréguese a los autos la versión impresa del oficio 1722 de cuenta remitido vía correo electrónico institucional por la autoridad señalada como responsable, mediante el cual informa el domicilio de la tercera interesada, el cual se reserva proveer hasta en tanto se reciba el original del oficio que contenga su transcripción. Lo anterior, dado que el artículos 3º de la Ley de Amparo, contempla que, por regla general, sólo se autorizan las promociones u oficios por escrito y se otorga a las partes o interesadas la opción de presentarlas impresa o electrónicamente; en el primer caso, físicamente en la Oficialía de Partes de este mismo Tribunal Colegiado de Circuito, y en el segundo, desde el Portal de Servicios en Línea, supuesto este último en el que deberá utilizar la firma electrónica (FIREL), conforme al Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, supuestos que no se cumplen con el oficio de cuenta. En consecuencia, requiérase a la autoridad responsable para que en el plazo de tres días remita a este órgano jurisdiccional a través de los medios legales procedentes, el oficio de referencia. Ahora, por lo que resulta de la certificación de cuenta y atendiendo al estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que es indispensable contar con el oficio 7638/2023 para acordar lo conducente, respecto del domicilio de la parte tercera interesada. En ese contexto, a fin de dar margen a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fija como nueva fecha y hora para su celebración las diez horas con veinte minutos del dieciséis de junio de dos mil veintitrés. Sin que resulte necesario notificar a las autoridades responsables, a través de oficio, el señalamiento de la nueva fecha y hora para su desahogo, pues tal como se indicó, esta determinación no tiene la transcendencia de una notificación personal, a la que equivale una comunicación por oficio, no obstante, podrá consultar la página de internet https://www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.htm?pageName=servicios/expedientes.htm, con el objeto de hacer de su conocimiento la integración de este expediente dentro de los parámetros de constitucionalidad y convencionalidad vigentes.

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