José Luis Cruz Olivares
Expediente 589/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de agosto de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 589/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 17/08/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- José Luis Cruz Olivares
Actuaciones
- Principal
Visto el estado de autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que la providencia de veintiséis de julio del año en curso, mediante la cual se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo fuera de audiencia constitucional, no fue recurrida; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que quedó firme. Notifíquese lo anterior a la autoridad responsable y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. Por otra parte, el presente expediente, a consideración del suscrito, será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción II, del punto vigésimo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó y no se tramitó incidente de suspensión. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO C), FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, A LA PARTE QUEJOSA: Agréguese en autos el oficio signado por la Subdelegada de Prestaciones en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención las documentales que anexa, las cuales se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Asimismo, se tienen como delegadas a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. De la lectura íntegra a las constancias que remitió como justificación a su informe la oficiante, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, a fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XXI del numeral 61 de la ley en comento, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable.", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: a) De la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que acompaña la parte quejosa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en la: Omisión en dar respuesta a la petición presentada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. b) De acuerdo a las constancias remitidas por la Subdelegada de Prestaciones en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta localidad, se desprende que mediante oficio SPE/RT/657/2016 de cinco de julio del año en curso, atendió la solicitud formulada por el impetrante mediante ocurso de cuatro de mayo pasado, y se le notificó el dieciocho de los actuales. Por tanto, es evidente que el acto tachado de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, que se tradujo en la omisión en dar respuesta a la solicitud presentada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, glósese en autos el escrito signado por el quejoso José Luis Cruz Olivares, mediante el cual aduce ampliar su demanda de amparo respecto de la resolución SPE/RT/657/2016 de cinco de julio pasado, emitida por el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de la cual determinó la cancelación inmediata de la pensión por viudez número 506257 y que se procederá a realizar las gestiones del cobro de lo indebido; al respecto, se acuerda: Dígase al peticionario del amparo que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, por dos razones: La primera, porque en líneas que anteceden se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional del presente juicio. La segunda, cuenta habida que ha sido criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando se trate de casos en los que se conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque pensiones, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos deben impugnarse por medio del recurso de revisión, o bien, del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente a promover el juicio de amparo. Máxime que no se está en ninguno de los supuestos de excepción del principio de definitividad, ya que la resolución no carece de fundamentación, no sólo alega violaciones a la Constitución ni el recurso se encuentra en su reglamento.
- Principal
Agréguese en autos el oficio signado por la Subdelegada de Prestaciones en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo. Con fundamento en el numeral 119 de la legislación en consulta, téngasele ofertando como pruebas de su intención las documentales que anexa, las cuales se admiten y se tienen por desahogadas, dada su propia y especial naturaleza. Asimismo, se tienen como delegadas a las personas que indica, en términos del arábigo 9° de la legislación en comento y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala. De la lectura íntegra a las constancias que remitió como justificación a su informe la oficiante, a las cuales se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se desprende que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción en la fracción XXI del numeral 61 de la ley de la materia, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el "efecto" es, lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. A propósito de tal causa de improcedencia, el tratadista Alfonso Noriega, en su obra titulada Lecciones de Amparo, Editorial Porrúa, Sociedad Anónima, a fojas 497 y 498, opina que de acuerdo con el contexto de la fracción XXI del numeral 61 de la ley en comento, se puede afirmar que han cesado los efectos del acto reclamado "cuando estos se suspenden o acaban, cuando la autoridad de quien emana deja de hacerlo; o bien, en otras palabras, cuando lo revoca o deroga."; luego, puntualiza que para que sea aplicable esta improcedencia es necesario "que el acto reclamado y los efectos que haya producido, sean totalmente revocados o derogados por la autoridad responsable.", puesto que el efecto legal y natural de la sentencia de amparo, es reponer a la quejosa en el goce del derecho fundamental violado, por lo que en consecuencia, para considerar que han cesado los efectos del acto reclamado "se necesita que aparezca una situación idéntica a la que habría existido, si el acto jamás hubiera nacido; es decir, el acto debe quedar insubsistente"; concluye que ".únicamente puede considerarse que han cesado los efectos de éste cuando se revoca por la autoridad responsable, o cuando se constituye una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que en virtud de la nueva situación se reponga al quejoso en el goce del derecho fundamental violado." De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo, y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse implica no sólo la detención definitiva de los de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Se sostiene que en el presente caso ha operado la causal de improcedencia señalada, porque: a) De la lectura integral de la demanda de amparo y anexos que acompaña la parte quejosa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional se hace consistir en la: Omisión en dar respuesta a la petición presentada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. b) De acuerdo a las constancias remitidas por la Subdelegada de Prestaciones en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta localidad, se desprende que mediante oficio SPE/RT/657/2016 de cinco de julio del año en curso, atendió la solicitud formulada por el impetrante mediante ocurso de cuatro de mayo pasado, y se le notificó el dieciocho de los actuales. Por tanto, es evidente que el acto tachado de inconstitucional cesó en sus efectos, ya que no es posible resolver el fondo de la litis constitucional planteada, en razón de que no se puede alcanzar el objeto que persiguió con la promoción del presente juicio, debido a la total e incondicional desaparición de sus efectos jurídicos, al haberse restituido a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado, que se tradujo en la omisión en dar respuesta a la solicitud presentada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improceder en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y se deja sin efectos el señalamiento de hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, lo cual hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes, y las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Finalmente, glósese en autos el escrito signado por el quejoso José Luis Cruz Olivares, mediante el cual aduce ampliar su demanda de amparo respecto de la resolución SPE/RT/657/2016 de cinco de julio pasado, emitida por el Encargado de la Subdelegación de Prestaciones en Guanajuato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, a través de la cual determinó la cancelación inmediata de la pensión por viudez número 506257 y que se procederá a realizar las gestiones del cobro de lo indebido; al respecto, se acuerda: Dígase al peticionario del amparo que no ha lugar a proveer de conformidad su petición, por dos razones: La primera, porque en líneas que anteceden se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional del presente juicio. La segunda, cuenta habida que ha sido criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cuando se trate de casos en los que se conceda, niegue, suspenda, modifique o revoque pensiones, en términos del artículo 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, tales actos deben impugnarse por medio del recurso de revisión, o bien, del juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, previamente a promover el juicio de amparo. Máxime que no se está en ninguno de los supuestos de excepción del principio de definitividad, ya que la resolución no carece de fundamentación, no sólo alega violaciones a la Constitución ni el recurso se encuentra en su reglamento.
- Principal
Vista la demanda de amparo promovida por **********, por su propio derecho, contra actos de la Subdelegación de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Guanajuato; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal, 48 y 52, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 1°, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, fracción II, 108, 110, 112 y 115 de la Ley de Amparo, SE ADMITE; fórmese el expediente respectivo y anótese su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado con el número 589/2016-I. Requiérase a la autoridad responsable para que dentro del término de QUINCE DÍAS, contado a partir del siguiente al en que reciba el oficio en el que se le solicita, rinda su informe justificado, al que deberá adjuntar copia certificada LEGIBLE de la totalidad de las constancias en las que se basó para la emisión del acto reclamado, o en su defecto manifestar el impedimento que tuviere, apercibiéndole que de no hacerlo así, se le podrá imponer una multa de cien a mil días de salario vigente en la Ciudad de México, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 260, fracción II, de la Ley de Amparo. De igual forma, con apoyo en el numeral 117, tercer párrafo, del mismo ordenamiento legal, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que en caso de no rendir su informe justificado se presumirá cierto el acto que se le atribuye. Asimismo, requiérase a la parte quejosa y a la autoridad responsable para que, de sobrevenir cualquiera de las causas de improcedencia o sobreseimiento previstas en los artículos 61 y 63 de la Ley de Amparo, lo informen de inmediato y remitan las constancias que lo acrediten; lo anterior con fundamento en el numeral 64 del citado ordenamiento. En términos de lo dispuesto en el artículo 251 de la propia legislación, se hace saber a las partes que en caso de que tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento y no la comuniquen a este Juzgado de Distrito, se les podrá imponer una multa de treinta a trescientos días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. Se señalan las DIEZ HORAS DEL VEINTINUEVE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS, para llevar a cabo la AUDIENCIA CONSTITUCIONAL en este juicio de amparo. No se forme incidente de suspensión porque no fue solicitado por la parte quejosa ni existe capítulo expreso en la demanda. Dese al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención que legalmente le corresponde. De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase al promovente ofreciendo como prueba las documentales que anexa, la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto, las cuales se admiten y se tienen por desahogadas en atención a su naturaleza. En términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles que resulten necesarias para la práctica de las notificaciones personales ordenadas en el juicio en que se actúa, en los casos en que deban realizarse notificaciones personales y no sea posible su práctica en días y horas hábiles, bastando solamente la razón asentada por el actuario judicial adscrito a este tribunal, en términos del artículo 27, fracción I, incisos b) y c), de la citada Ley de Amparo. Por otra parte, resulta un hecho notorio para el suscrito que en el presente circuito generalmente las autoridades responsables acusan recibo de diversas determinaciones emitidas por este órgano jurisdiccional, lo que incrementa la carga de trabajo y la voluminosidad de los expedientes obstaculizando con ello el manejo físico y estudio de los mismos; y, debido a que el propio artículo 26, fracción II, de la Ley de Amparo, dispone que las notificaciones que se practiquen a las autoridades responsables y a las diversas que tengan el carácter de terceras interesadas, se les harán por medio de oficio, el cual será entregado a través del funcionario adscrito designado, quien recabará recibo del mismo, el cual se agregará a los autos y hará las veces de acuse. Por lo que, a fin de evitar lo anteriormente señalado, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que resulta innecesario que informe cada vez que reciba comunicación proveniente de este juzgado, salvo aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado el acuse de recibo. Por otro lado, téngasele señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su demanda y como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Carlos Hurtado de León, en virtud de que obra su cédula 5712901 registrada en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, implementado por el Consejo de la Judicatura Federal. En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, dígase a las partes que para la consulta y accesibilidad del presente asunto se regirá de acuerdo a lo dispuesto en los numerales 3, 104, 113, 117, y PRIMERO y SEGUNDO, transitorios de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, divulgada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en el citado medio de transmisión oficial. Finalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo sexto transitorio del Acuerdo General Conjunto 1/2013 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, publicado en el Diario Oficial de la Federación de ocho de julio de dos mil trece, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas apruebe y publique las políticas y características para la solicitud y el uso de la FIREL y el Consejo de la Judicatura Federal emita el manual o instructivos que resulten necesarios para regular el ingreso y la consulta del expediente electrónico, se procederá a determinar con base en la reglamentación que se emita lo concerniente a la digitalización de las promociones y documentos que presenten las partes; en tanto ocurre lo anterior, continúese con la digitalización a través de la implementación del "Word SISE".
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · 8,190 expedientes
- José Luis Arroniz Navarro y Otros.319/2019
- José Luis Ávila Muñiz62/2022
- José Luis Barrera Jalpa561/2018
- José Luis Barrera Jalpa719/2018
- José Luis Cerda Moncada687/2021
- José Luis Conejo Razo643/2016
- José Luis De Julián Arvizu875/2022
- José Luis De Julían Arvizu58/2022
- José Luis Dominguez López577/2015
- José Luis Elizalde Maldonado798/2015
- José Luis Espinoza Aguilera1045/2016
- José Luis Espinoza Aguilera1062/2016